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Honduras: ¿Podrá un nuevo gobierno reducir la corrupción?

*Las elecciones del 28 de noviembre en Honduras han generado una gran expectativa en torno a un tema crucial para la ciudadanía: ¿Habrá un cambio de gobierno que decida combatir la corrupción ampliamente enquistada en el sistema político?

**Una continuación del Partido Nacional enturbia esa expectativa y los partidos con posibilidades de ganar no ofrecen mayores cambios del sistema, mientras Estados Unidos observa con desconfianza la contienda electoral

Expediente Público

Durante los ocho años del mandato de Juan Orlando Hernández, se estima que se perdieron unos 20 mil millones de dólares como consecuencia de la corrupción. Con un próximo gobierno ¿Continuará Honduras siendo uno de los países más corruptos del mundo? ¿Es posible un cambio?

Actualmente, este país centroamericano enfrenta los niveles más altos de corrupción en su historia. Reprobado en las evaluaciones internacionales de transparencia, el gobierno de Hernández es definido por muchos analistas como una administración cleptocrática.

La situación es crítica, Honduras es el segundo país más desigual de América Latina y se encuentra dentro del tercio de las naciones más corruptas del mundo. Sin embargo, después de ocho años, el próximo 28 de noviembre se elegirá un nuevo presidente en Honduras. ¿Generan esperanza estas elecciones?

En total son 14 los candidatos presidenciales, de los cuales solamente tres tienen opciones reales de llegar al poder, Nasry Asfura por el Partido Nacional, Xiomara Castro por el Partido Libertad y Refundación (Libre), y en menor medida, Yani Rosenthal del Partido Liberal.

¿Qué se puede esperar de estos tres candidatos en materia anticorrupción? Considerando sus antecedentes y sus propuestas de gobierno, hay dudas al respecto. Rosenthal fue condenado en Estados Unidos por lavado de activos, Asfura arrastra serios cuestionamientos por corrupción, mientras Xiomara Castro fungió como primera dama de un gobierno que no se caracterizó precisamente por ser transparente.

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Rosenthal, el condenado

Por sus antecedentes penales, el candidato liberal resalta sobre los demás presidenciables. Hace apenas dos años, Yani Rosenthal se encontraba preso en Estados Unidos por el delito de lavado de activos para el grupo narcotraficante de Los Cachiros. Tras recuperar su libertad, su regreso a la arena política evidenció la crisis de liderazgo que enfrenta su partido.

Hijo de uno de los patriarcas del Partido Liberal, en 2005 Yani fue el coordinador regional de la campaña del exmandatario Manuel Zelaya Rosales, quien el año siguiente lo nombró ministro de la Presidencia. También fue diputado del Congreso Nacional (2010-2014) y precandidato presidencial en 2012.

Sin embargo, su caída política se dio en Estados Unidos, cuando frente a la corte del Distrito Sur de Nueva York, se declaró culpable de las acusaciones interpuestas. El fiscal acusador lo describió como «un prominente político y empresario hondureño quien sirvió como agente para lavar dinero en nombre de una organización criminal despiadada».

La sentencia fue de tres años en prisión, tres millones de dólares en sanciones financieras y una multa de 2,5 millones de dólares.

El veredicto significó el desplome del imperio económico y político de la familia Rosenthal en Honduras, un grupo que en los años ochenta llegó a representar el 6,3% del capital financiero del país.

La narcoeconomía

El poder de los Rosenthal consistía en un entramado de empresas cuya cabeza era el Grupo Continental, con inversiones en los sectores bancario, financiero, servicios, bienes inmuebles, agricultura, construcción, turismo y medios de comunicación.

Con empresas en Estados Unidos y otras offshore en las Islas Vírgenes, el Grupo Continental fue señalado en 2015 por el departamento del Tesoro de Estados Unidos de efectuar transacciones ilícitas a través del banco y las subsidiarias internacionales.

En 2016, las autoridades hondureñas atendieron la demanda estadounidense y clausuraron las actividades del Grupo Continental en Honduras, interviniendo todas sus empresas.

De acuerdo al sociólogo guatemalteco Harald Waxenecker, especializado en las redes de poder en Centroamérica, el caso de los Rosenthal ejemplifica el financiamiento ilícito en la política hondureña y su relación orgánica con el crimen organizado.

«Fueron cinco años largos de destierro. Hace apenas dos meses yo vivía en una celda de tres metros por dos metros, y hoy estoy aquí como candidato a la presidencia, demostrando que en Honduras todo es posible», expresó Yani recientemente durante su campaña política.

De ganar las elecciones, Yani Rosenthal se convertiría en el segundo mandatario centroamericano que llega al poder después de cumplir una condena penal. Su referente es el actual presidente guatemalteco Alejandro Giammattei, aprehendido en 2010 por abuso de autoridad, asesinato y ejecución extrajudicial.

Sobre la candidatura de Yani, el exvocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, se pregunta, «¿cómo alguien con esos antecedentes puede ser candidato a la presidencia? ¿Qué pasaría con las relaciones de Estados Unidos y Honduras si esa persona llegase a la presidencia? Yo creo que él no tiene ni visa. Los partidos políticos no han hecho su trabajo, debe haber una depuración a lo interno».

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Nasry Asfura, ¿diferente?

El Partido Nacional apuesta por Nasry Asfura Zablah para continuar con su hegemonía presidencial tras el golpe de Estado de 2009. Tras ocho años como alcalde de Tegucigalpa, este empresario de la construcción alcanzó su candidatura en medio de acusaciones por corrupción.

Proveniente de una familia de emigrantes palestinos, Nasry lleva 30 años como funcionario público en Honduras. Su primer puesto fue como asistente de la alcaldesa capitalina Nora Gúnera de Melgar (1990-1994).

Luego se desempeñó como miembro del equipo del alcalde César Castellanos (1998-2002) y regidor en la administración de Ricardo Álvarez (2006-2010).

En 2010, este bachiller fue electo diputado en el Congreso Nacional (2010-2014), puesto que despuso para dirigir el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS). Cuatro años después, ganó las elecciones para administrar la alcaldía capitalina, reeligiéndose en 2017.

Acusaciones

En plena campaña política, Nasry Asfura fue acusado por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) de desviar 1.2 millones de dólares de la municipalidad a cuentas personales y de terceros.

Como lo señaló Expediente Público, el alcalde Asfura figura como socio de las empresas a donde presuntamente se desviaron los fondos públicos. La UFERCO también demostró que otros montos fueron enviados a cuentas personales de las hijas del edil.

Sin embargo, seis meses después de la acusación de la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio sin lugar el caso y frenó la investigación.

Cabe recordar que ocho de los quince magistrados de la CSJ son nacionalistas.

Conocido como «Papi a la orden», el candidato Nasry Asfura también fue señalado por ser dueño de una empresa de recolección de basura que en 2011 recibió 8.1 millones de dólares de la corporación municipal de San Pedro Sula, sin dar ningún servicio.

Recientemente también se reveló en el escándalo de los «Pandora Papers» que Asfura fue accionista mayoritario de una sociedad offshore en Panamá que luego terminó en manos de miembros de la familia Atala Faraj, dueña del grupo financiero FICOHSA.

Como designado presidencial, Nasry Asfura completa la planilla con Leonidas Rosa Bautista, quien en 2005 fue designado por los nacionalistas al frente del Ministerio Público. Como fiscal general, Bautista congeló todos los casos de corrupción que se investigaban.

Como lema, Asfura repite que él es diferente al actual mandatario Juan Orlando Hernández. Sin embargo, la planilla del movimiento Unidad y Esperanza, la cual es coordinada por el también cuestionado David Chávez, incluye el núcleo duro del Partido Nacional, el mismo que ha sido beneficiado en los dos gobiernos de Hernández.

Exprimera dama de un gobierno cuestionado

De los tres principales candidatos, Xiomara Castro es la única que no ha sido formalmente acusada por actos delictivos. De ella solamente transcendió en 2011 un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) donde señala que cuando ella fue primera dama se detectó un gasto realizado en Nueva York sin documentación soporte por 8,9 mil dólares, hecho con una tarjeta de crédito asignada a ella.

Además, durante el mandato de su esposo (2006-2009) esta exprimera dama administró dinero del Estado, a pesar que ser esposa del presidente no le convertía en funcionaria pública.

Antes del golpe de Estado de 2009, esta presidenciable dirigió la Red Solidaria -que en un inicio se llamó «Manuel Zelaya Rosales»-, donde manejó los fondos de la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP).

Bajo su dirección, la estrategia adquirió un carácter asistencialista, perdiendo una oportunidad histórica para implementar una política social del Estado.

Cabe recordar que, al llegar al poder en 2006, su esposo Manuel Zelaya, quien en su momento aceptó haber ganados las elecciones de manera fraudulenta, conformó un gobierno altamente cuestionado por corrupción.

En el gabinete de Zelaya participaron varios políticos señalados por corrupción, como Elvin Santos (vicepresidente), Yani Rosenthal (ministro de la Presidencia), Orison Velásquez (ministro de Salud), Ricardo Martínez (ministro de Turismo), Jorge Méndez (gerente del SANAA), Saro Bonano (ministro de SOPTRAVI), German Espinal (director de Migración y Extranjería), Rasel Tomé (gerente de Conatel), Jacobo Regalado y Roberto Chimirri (ambos gerentes de Hondutel).

Según el Índice de Percepción de la Corrupción de la organización Transparencia Internacional (TI), en 2007 Honduras fue ubicado como el país más corrupto de Centroamérica, con una calificación de 2.5 sobre 10. En 2008 mejoró levemente a 2.6, pero bajó de nuevo a 2.5 en 2009. Cabe recordar que actualmente el país tiene su puntuación histórica más baja, con 2.4. Su mejor calificación fue en 2015 con 3.1.

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De acuerdo a la calificación de TI, si se compara con las tres administraciones nacionalistas que le subsiguieron, el gobierno de los Zelaya no fue diferente en temas de corrupción.

El improvisado plan liberal

De los tres candidatos presidenciales, Nasry Asfura es el único que no tiene un plan de gobierno. El de Yani Rosenthal es un documento improvisado de cinco páginas. Solamente la candidata del Partido Libre tiene una propuesta formal.

Para Rosenthal la solución a los graves problemas de Honduras presupone la celebración de elecciones libres y transparentes, el fortalecimiento del estado de Derecho, la independencia de la Justicia, la simplificación administrativa y el combate a la corrupción.

De los catorce y escuetos puntos que propone el Partido Liberal, tres están relacionados a combatir la corrupción. El primero pretende que el gobierno no administre los recursos para la reconstrucción del país luego del paso de las tormentas Eta e Iota.

«Que estos sean manejados directamente por las agencias de los países cooperantes o por entidades no controladas directa o indirectamente por los miembros del gobierno», señala el documento llamado Plan de Alivio de Yani.

Por otra parte, la propuesta del candidato liberal es cerrar las instituciones no funcionales y emitir una ley que suprima los salarios desproporcionadamente elevados.

Además, supuestamente transparentaría la información sobre las compras, contrataciones, inversiones, salarios y viáticos del gobierno.

«Exigimos la aplicación de la ley a los responsables de la corrupción», menciona vagamente el documento. Como era de suponer, la propuesta de este exconvicto no menciona en algún momento la lucha contra el narcotráfico.

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Un Papi sin plan

Con 45 años de experiencia en el sector privado y tras ocho años como alcalde de la capital de Honduras, el candidato presidencial del Partido Nacional no tiene un plan de gobierno. Cuando de manera informal expone sus propuestas, el tema de la lucha contra la corrupción no es prioritario.

«Necesitamos un Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que tenga sucursales en todo el país, para que le ayuden a los alcaldes con el manejo de fondos. No necesitamos que el tribunal nos señale, sino que nos ayuden. ¿De qué sirve es que nos señalen? Lo que necesitamos es que nos enseñen», comenta.

En su primer periodo como edil, Asfura manejó 67 millones de dólares como presupuesto, cuatro años más tarde los fondos se ampliaron a 208 millones.

«Si dios me da la oportunidad de administrar el país, lo haré como lo he hecho en todos mis anteriores trabajos. Mi carta de administración es la alcaldía», explica Asfura.

Sobre los señalamientos de la UFERCO en su contra, este candidato explica que, «tenemos que rendir cuentas y no hay ningún problema, estamos expuestos, siempre y cuando todo siga el procedimiento de la ley. Pero muchos cuestionamientos se hacen con sesgo político. En el MP he pedido que sigan el debido proceso y respetemos la ley».

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Propuesta de Libre

La candidata presidencial del Partido Libre es la única que presentó formalmente un plan de gobierno. El encargado de elaborarlo fue el aspirante a diputado Hugo Noé Pino, quien tituló el documento como «Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y Construcción del Estado Socialista y Democrático».

En su propuesta, Libre considera que los graves problemas que enfrenta el país se originaron después del 2009, incluso señala que la instalación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en 2016 fue originalmente exigida por el expresidente Zelaya durante su gobierno (2006-2009). Expediente Público no encontró alguna información que lo confirmara.

«La corrupción es un mal que está haciendo una alarma en el mundo por el régimen que está gobernando al país y en ese campo Xiomara tiene una propuesta para invitar a Naciones Unidas para que la ayude a conformar una comisión contra la impunidad y la corrupción», expresó el exmandatario Manuel Zelaya a Expediente Público.

Bajo ese sentido, Libre propone la creación de una comisión internacional anticorrupción, bajo la asesoría de las Naciones Unidas. Crítico con la Organización de Estados Americanos (OEA), el documento señala que, «nos aseguraremos el apoyo de las Naciones Unidas, que cuenta con una mayor experiencia para fortalecer el circuito anticorrupción».

Sin embargo, la administración de Biden en Estados Unidos, país que fue el principal auspiciador tanto de la MACCIH como de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dejó claro que no apoyará la instalación de otras en Centroamérica.

«Las comisiones toman mucho tiempo y necesitamos acción ahora», sostuvo el director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional y principal asesor de Biden en su política hacia Latinoamérica, Juan González.

Propuestas desde el Congreso

La candidata Xiomara Castro también propone promover una alianza legislativa que derogue lo correspondiente a la corrupción en el reciente Código Penal, para fortalecer las penas, definir con precisión las medidas sustitutivas y proteger el derecho a la denuncia, que se investigue y se castigue al corrupto y al corruptor.

Entre otras leyes, también proponen derogar la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, conocida como Ley de Secretos, que fue creada en 2015 y permite tener bajo clasificación información pública hasta por 25 años.

«Si la Corte sigue obedeciendo órdenes políticas y de sectores particulares, no hay forma de combatir la corrupción; si el sistema de coimas, de corruptores y corruptos, si eso no se combate, tampoco se podrá combatir la corrupción, entonces lo primero es establecer un régimen de transparencia, la democracia solo tiene un sentido esencial que es la rendición de cuentas frente al pueblo y aquí en Honduras no existe esa rendición de cuentas», explicó Manuel Zelaya a este medio.

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¿Se reducirá la corrupción?

«En el caso de Honduras, se habla de una corrupción sistémica, que muchos definen como una cleptocracia. Tienen un sistema construido por un pequeño pero poderoso grupo que se enriquece a costa del pueblo y que se asegura impunidad. Debilitarlos necesita de una estrategia a largo plazo», explica Adriana Beltrán, quien también fue directora del programa de seguridad ciudadana para la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).

Con o sin planes de gobierno, los tres candidatos coinciden, por lo menos en la retórica, en la necesidad de enfrentar la corrupción en los próximos cuatro años. Todos saben que el discurso anticorrupción puede ganar elecciones.

«Al venir a Honduras me dijeron “vas a ir al país donde tiene la clase política más astuta de la región, una clase política profesional, que vive del presupuesto público. Lo que vi comprobó eso, son políticos que nunca te dicen no, pero que hacen lo que quieren», recuerda Juan Jiménez Mayor, exministro de Justicia de Perú y exvocero de la MACCIH.

En el próximo periodo se elegirá a los magistrados de la CSJ y al fiscal general del MP. Como ocurrió con los órganos electorales, los liberales y nacionalistas pretenden mantener su control en estos dos espacios, mientras Libre busca su cuota.

Así, sin la despolitización partidista del sistema de Justicia, considerada por Jiménez Mayor como «el pecado original del país», difícilmente se avanzará en la lucha contra la corrupción en Honduras.

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