La oposición acusa al gobierno de retrasar la dotación de fondos al CNE para adquirir tecnología a fin de hacer las elecciones más transparentes.

Bloqueo al presupuesto para órgano electoral ensombrece proceso de elecciones en Honduras

*La oposición acusa al gobernante Partido Nacional de retrasar la dotación de fondos al Consejo Nacional Electoral, que permitiría adquirir tecnología para hacer más transparente las elecciones. La comunidad internacional demanda que se apruebe. 


Expediente Público 

Las elecciones para presidente, alcaldes y diputados en Honduras se realizarán el 28 de noviembre de 2021 y el Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo encargado de llevar adelante el proceso, necesita una ampliación presupuestaria superior a los 800 millones de lempiras (unos 33.7 millones de dólares) para adquirir tecnología que permita una mayor transparencia a las votaciones y al escrutinio. La aprobación de esos recursos está estancada en el parlamento hondureño.

El Congreso Nacional aprobó el presupuesto general de 2021 en diciembre de 2020 por un monto de 1,760 millones de lempiras (73.4 millones de dólares) y allí incluyó los gastos necesarios para la operatividad del CNE. Sin embargo, el 25 de mayo pasado los diputados hondureños aprobaron una nueva Ley Electoral que modificó partes del proceso, especialmente en lo referente a la tecnología para hacer más creíble el acto de votar y contar. 

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Por ejemplo, la Ley impuso como obligatorio el uso de un lector de huellas digitales, necesario para confirmar que quien está votando sea quien dice ser, pues en todos los procesos electorales de Honduras, en los últimos 40 años, se ha señalado que “votan los muertos” y que incluso una misma persona lo hace en más de una ocasión.  

También ahora la Ley exige la instalación de un sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), procedimiento que permitiría brindar resultados unas tres horas después de las elecciones, según la comisionada presidenta del CNE, Ana Paola Hall.  

El TREP siempre ha existido, pero en los comicios primarios de marzo del 2021, el CNE optó por anularlo, argumentado que se prestaba al fraude y anunció que habría una transmisión de datos “hecho en casa”, al estilo de Honduras. Ese sistema no funcionó y el fantasma del fraude y la figura de los “votos helio” o inflados, se instaló en un proceso cuestionado por organizaciones sociales y los partidos opositores por las irregularidades que se presentaron.

Las autoridades del CNE urgieron en una carta a los legisladores que aprueben el presupuesto para adquirir e instalar el sistema de transmisión y el lector de huellas digitales. 

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Pero el tiempo apremia, porque según la misma ley, la contratación de la empresa que manejará el TREP debe realizarse a más tardar cuatro meses antes del día de las elecciones, es decir el próximo 27 de julio. Para estos propósitos es la ampliación del presupuesto solicitado por el Consejo Electoral hondureño.

Debido a que  faltan pocos días para que se cumpla el plazo de adjudicación del contrato TREP, el Legislativo también debe aprobar un decreto para que se hagan compras de emergencia, sin licitación, procedimiento que ha originado graves acusaciones de corrupción al presente gobierno, especialmente por la compra de equipos y hospitales en época de pandemia del Covid-19. 

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Atrasan aprobar fondos

El Partido Nacional (PN) es mayoritario en el Congreso hondureño (son 61 de los 128 diputados en total), ocupa los principales cargos directivos y, por ende, son quienes convocan a las sesiones y ponen los temas en agenda. 

Sin embargo, dirigentes de este partido envían mensajes contradictorios en torno al proceso electoral, de un lado aseguran que quieren transparencia, confianza y credibilidad, pero de otro, ponen objeciones cuando se coloca el tema de la ampliación presupuestaria solicitada por el CNE.  

El presidente del Comité Central del Partido Nacional, David Chávez Madison, dije que no debe haber ningún atraso para aprobar los recursos, pero se opone al uso de dispositivos electrónicos para la transmisión de las actas y se decanta por el tradicional uso de actas de papel. Incluso ya acuñó el término “tabletazo” en alusión a un posible fraude derivado del uso inapropiado de esos dispositivos. 

En la reunión sostenida este lunes 12 de julio de 2021, entre los representantes de las tres fuerzas políticas mayoritarias en el Congreso Nacional (Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Libertad y Refundación) con los miembros del CNE, la discusión se trabó en torno a las tabletas electrónicas y la conectividad de internet. El Partido Nacional pide que le hagan un mapeo de cómo funcionará cada uno de estos aspectos, y el tema de la ampliación presupuestaria ni siquiera se abordó, y se convocó a otra reunión para seguir “ilustrando” sobre el uso de las tabletas electrónicas. 

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El Secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró tras la reunión que las dudas persisten sobre el uso de la tecnología. Indicó que hay un 25 por ciento del territorio nacional que los técnicos del órgano electoral no pudieron explicar qué alternativas hay para transmitir datos desde esas regiones. 

“Tendríamos que esperar a que nos traigan esta semana la alternativa que tiene el CNE para esa porción que no tiene conectividad porque no podemos impulsarlo si no hay absoluta claridad”, señaló Zambrano.

Además, plantearon el escenario de un posible fallo de la empresa que manejará el TREP, “porque no nos podemos matricular con solo una empresa y por eso les pedimos cual es el Plan B en este caso”, acotó. 

La posición de los nacionalistas fue reforzada por el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, al afirmar que “hay que asegurarse de que las cosas funcionen bien”, al referirse a la ampliación del presupuesto solicitado por el CNE y las tabletas electrónicas.  

“Toda medida que está para volver más transparente el proceso, más legítimo y fácil, está bien, pero tienen que ver las cosas que son realizables por el corto tiempo, esas variables deben estar presentes”, afirmó Hernández en sus redes sociales. Los oficialistas aducen que el tiempo corre en contra del uso de las tabletas electrónicas. 

El Partido Nacional ha sido señalado por la oposición en Honduras de cometer fraude en los dos últimos procesos mediante la manipulación de actas en físico. Por ejemplo, el 27 de noviembre de 2013 la candidata presidencial del izquierdista Libre (Libertad y Refundación), Xiomara Castro, declaró literalmente que le “robaron el triunfo”. 

En las elecciones de 2017, el Tribunal Supremo Electoral en sus primeros resultados daba una amplia ventaja al entonces candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura,  Salvador Nasralla sobre el actual mandatario Juan Orlando Hernández. En un primer corte, realizado 9 horas después del cierre de urnas, Nasralla tenía casi 94,000 votos más, con un 57 por ciento de escrutinio.  La diferencia era de cinco puntos.  Repentinamente los funcionarios del Tribunal Electoral pararon el conteo porque argumentaron que faltaba incluir las “actas rurales”, de sitios donde no había transmisión electrónica.  

Luego de varias “caídas” del sistema y de la inclusión de esas “actas rurales”, los resultados se fueron modificando hasta favorecer a Hernández, un presidente señalado por la justicia estadounidense de recibir financiamiento de narcotraficantes a cambio de protección. Al final Hernández logró la relección con un 42.95 por ciento sobre Nasralla, que quedó con 41.42 por ciento de los votos. 

Sistema recibe rechazo y apoyo a la vez 

Para David Chávez, quien es diputado, jefe de bancada y actual candidato a alcalde de la capital Tegucigalpa, adquirir esas tabletas sería un “despilfarro” y señala que de llegar al país lo mejor sería entregárselas a los niños. 

Su compañero de cámara, Antonio Rivera Callejas, uno de los vicepresidentes del Congreso Nacional, también de filiación nacionalista, aseguró que el  lunes 12 de julio, “vamos a tratar de aprobar” la ampliación presupuestaria, pero no fue así. 

Rivera Callejas dijo que no tiene sentido las acusaciones de la oposición de que estarían retrasando a propósito la adquisición de la tecnología que daría transparencia a las elecciones, porque fueron ellos quienes aprobaron la ley que ordena su uso. 

Se refiere a una Ley Electoral que estuvo engavetada durante unos 7 meses y que fue aprobada bajo fuertes presiones de la cooperación internacional el 25 de mayo de 2021 y entró en vigencia horas antes de que se hiciera la convocatoria a elecciones, el 27 de mayo.

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Rivera Callejas, más bien acusó a los funcionarios del Consejo Nacional Electoral de ser los responsables del atraso por mandar la solicitud del presupuesto hasta el mes de julio. 

“¿Qué hicieron en marzo, abril, mayo y junio?”, se preguntó. El organismo electoral aclaró que la solicitud se mandó el 18 de junio, adaptándose a las nuevas condiciones que la ley imponía desde finales de mayo. 

Contrario a la celeridad con que se aprueban los decretos que envía el Poder Ejecutivo, Rivera Callejas, justificó como otra causal de atraso para aprobar la ampliación presupuestaria, las consultas que deben hacer a la Secretaría de Finanzas para determinar si realmente existen fondos en las arcas públicas y en base a eso determinar cuánto le pueden aprobar al Consejo Electoral. 

Finalmente manifestó su preocupación de que el personal que manejará el equipo de transmisión electrónica, específicamente las tabletas, no esté capacitado y volvió a culpar al CNE de este posible inconveniente. 

Ante los señalamientos en contra, el diputado Luis Redondo, quien además es ingeniero en informática, salió en defensa de la tecnología.  

“Es falso y hasta ridículo aseverar que el  sistema de transmisión de resultados electorales por medio de tabletas se puede caer”, indicó.  

Refirió que si el software está bien diseñado no fallará  como no sucede con millones de celulares que utilizan la misma tecnología.

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“Sus argumentos faltos de conocimiento solo reflejan que están empecinados en no aprobar el presupuesto para poder seguir haciendo fraude”, expresó Redondo en sus redes sociales.

Explicó  que se deben instalar varias aplicaciones para realizar diferentes tareas y de esta manera la posibilidad de “hacer fraude como se está acostumbrado en las mesas, se reduce enormemente”, y esa sería la razón por la que el oficialismo en Honduras “no quieren aprobar el presupuesto”, enfatizó. 

Sobre el problema de la no conectividad de ciertas comunidades, Redondo dijo que hay soluciones, como centralizar la transmisión en un lugar del municipio donde sí hay internet. Otra alternativa sería instalar antenas con Wifi. 

Poco tiempo para cumplir

La comisionada presidenta del CNE, Ana Paola Hall, sin dar nombres, sostuvo que “quieren llamar ‘tabletazo’ a lo que es transparencia, quieren enlodar y poner en duda la legitimidad de este órgano que ustedes mismos crearon”. 

Insistió en que al utilizar un lector de huellas quedarán en el pasado los “fantasmas de que en Honduras votan los muertos” y explicó que las tabletas son necesarias porque allí se conectarán los lectores de huellas, así que “para mí, el que está en contra de las tabletas está en contra del lector de huellas”. 

La funcionaria insistió en que están contrarreloj y que cada momento que pasa incide en el proceso de compras y contrataciones porque los plazos fatales están demasiado cercanos. 

Jorge Cálix, diputado del izquierdista partido Libertad y Refundación, pidió al Partido Nacional no seguir poniendo más excusas para aprobar el presupuesto. Ejemplificó que en el pasado reciente gastaron 48 millones de dólares en la compra de 7 hospitales móviles para atender la emergencia por la pandemia que no fallaron y que constituyen uno de los grandes fraudes en la historia reciente de Honduras. 

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“Para eso no le preguntaron a Finanzas si había dinero o no. De hecho, si la memoria no me falla, esa compra se hizo por adelantado, sin contrato, sin autorización, sin ley de emergencia que permitiera la compra directa de los hospitales. Fueron 48 millones de dólares, un monto parecido al que el Consejo Nacional Electoral está pidiendo para que podamos tener elecciones libres y transparentes”, insistió Cálix. 

Los atrasos incluso han generado que organismos internacionales emitan sus puntos de vista. Alice Schackelford, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Honduras, sostuvo que “todos y todas queremos elecciones transparentes, creíbles y pacíficas” y destacó que el proceso electoral es “crítico” para fortalecer el estado de derecho y para trabajar en la reducción de la pobreza y la desigualdad en Honduras. 

“La Ley Electoral ha puesto expectativas muy altas alrededor del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares y toda una serie de elementos que los organismos electorales tienen que cumplir, y para esto se necesitan recursos. El Congreso tiene que encontrar la manera de asegurar que estas elecciones se lleven a cabo de una manera transparente, con un sistema que permita construir una confianza que se ha perdido en las elecciones precedentes”, reseñó la funcionaria de origen italiano y quien en el pasado ha trabajado en Costa Rica, Malawi, Pakistán, India, Colombia y la ex Yugoslavia.  

Luis León, director del Instituto Holandés para la Democracia señaló que la semana anterior llegó a Honduras una comisión de la Unión Europea para evaluar las condiciones en que se está desarrollando el proceso electoral, y en base a la información recabada podrían o no acompañar las elecciones como observadores.  

“Sería desastroso que la cooperación internacional decida no acompañar el proceso electoral porque sienten que no existen las condiciones internas y es allí el llamado al Congreso Nacional de la República a aprobar el presupuesto al Consejo Nacional Electoral”, concluyó. 

Desde la sociedad civil, la Red por la Equidad Democrática en Honduras (REDH), una coalición de diversas organizaciones que toman el pulso al proceso electoral, emitió una alerta sobre el tema en debate, indicando que, a cuatro meses del proceso electoral general, la clase política de nuevo está “jugando con fuego” al no aprobar el presupuesto de los órganos electorales a tiempo, acción que puede provocar una crisis social-electoral que desgastaría aún más, la débil democracia del país centroamericano, que  todavía no se recupera de las crisis político sociales de 2009 y 2017. 

“Que la falta de presupuesto no se vuelva “moneda de canje” o una herramienta de “manipuleo” para que la clase política de nuevo busque favorecer sus intereses partidarios tal y como ocurrió en las elecciones primarias”, advierte la REDH, al afirmar que en la medida que se apruebe en tiempo y forma la ampliación presupuestaria al CNE, se cierran las posibilidades de que actos irregulares sean justificados por temas financieros. 

La REDH es del criterio que después de las elecciones primarias, persisten la incertidumbre y la desesperanza en los procesos electorales, se fortalece la desconfianza, y crece el desestimulo para la participación de las y los ciudadanos en las elecciones generales. 

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