*Daniel Ortega consiguió el control político de la Policía Nacional a través de chantajes, presiones, compras de lealtades, premios, castigos y la voluntad expresa de sus principales jefes, al frente de quienes estaba Aminta Granera Sacasa.
**Tras casi 12 años al frente de la institución, Aminta Granera sale en silencio del cargo en medio de una masacre perpetrada por policías y paramilitares contra el pueblo al que juraron defender.
Expediente Público
“En nombre de nuestro pueblo le entrego el bastón de mando para que al frente de esta institución, respetada y querida por nuestro pueblo, le brinde todas las seguridades a los nicaragüenses y las nicaragüenses”, expresó Daniel Ortega, la noche del cinco de septiembre de 2011 al regresarle el bastón de mando a la primera comisionada Aminta Granera. Ortega, con vestimenta informal, camisa blanca con mangas arremangadas, y Granera, impecable con su uniforme de gala azul oscuro y todas sus condecoraciones en el pecho.
—Presidente, recibo este bastón de mando revestida por el lema honor, seguridad y servicio —respondió Granera.
—Primera Comisionada Aminta Elena Granera Sacasa, ¿jura ante Dios, ante el Pueblo, ante la Patria, servir a todas las familias nicaragüenses, dispuestos a dar la vida misma por la seguridad de este pueblo, por la seguridad de nuestra nación?
—¡Sí juro, presidente!
Para muchos esa noche fue el punto de quiebre en la carrera de Granera. Ortega la mantuvo en el cargo contra prohibición expresa de la Ley 228 de la Policía Nacional. Ella aceptó. Un amigo que la conoce desde León no se explica por qué aceptó la propuesta de Ortega. “Ella aceptó el segundo término violando la ley. No sé por qué Aminta no le pudo decir no a Ortega. La ley dice esto, cinco años y me voy. Y es extraño porque a pesar de ser una persona sensible, amable y cariñosa, también es una persona dura y no tuvo el valor, el coraje, de decirle a Ortega no”, lamenta.
Descomposición policial
Aminta Granera no es una víctima del asalto que Daniel Ortega hizo en la Policía Nacional. Granera acompañó y facilitó el proceso de desnaturalización al que fue sometido el cuerpo policial nicaragüense y, por lo tanto, responsable de los crímenes que se cometieron en el camino y todos aquellos que se deriven de esa desfiguración.
En el proceso de control de Ortega sobre la Policía tuvo dos momentos antes de 2018, considera la investigadora y experta en seguridad ciudadana, Elvira Cuadra. “Un primer momento fue un proceso acelerado de cooptación de los mandos de primera línea y de nivel intermedio a través de promociones de cargos y rangos adelantados, cuando no les correspondía, entrega de prebendas y participación en negocios oscuros. Fue cooptando cuadros y lealtades, pervirtiendo a la institución”, dice.
Tan pronto Ortega asumió el poder en 2007, se le ordenó a la Policía coordinar acciones con los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), organismos políticos partidarios que el gobierno creó para el control social en los barrios y comunidades. “Algunos jefes comenzaron a hacer eso a regañadientes, pero otros lo hicieron de buena gana, muy gustosos”, señala Cuadra.
El otro momento es cuando hicieron la reforma a la Constitución y se aprueba la nueva ley de la Policía, Ley 872, Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional. “Ya el control no es con premios y castigos, sino que ya está definido en el marco jurídico y en el marco institucional. A Aminta le tocó eso”, dice.
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Huellas de sangre en descomposición policial
La nueva ley le da poderes a Ortega para que maneje la Policía a su criterio. Puede disponer de las fuerzas y medios de la Policía, recibir su informe anual, nombrar a los subdirectores generales y al inspector general, convocar a los oficiales retirados para reincorporarlos por contrato y mantener, si así lo desea, al director general, aunque ya se le haya vencido su término. Ortega los usó todos. El 5 de julio de 2016 no nombró nuevo jefe policial como correspondía y mantuvo a Aminta Granera en un tercer período, hasta el 31 de julio de 2018, cuando a través del Acuerdo Presidencial 113-A-2018 la mandó a retiro.
No hubo mayor resistencia al avance de Ortega. Para ese tiempo, la mayoría de los oficiales de los niveles altos e intermedios estaban contentos con la contra reforma y transformación que estaba sufriendo la Policía y los cambios operacionales que la nueva situación exigía.
“Lo otro es que ya estaban funcionando las estructuras paralelas y la Policía comenzó a mostrar signos bastantes claros de ser un aparato de represión, de vigilancia y de coerción política. Ahí hay una serie de casos que comenzaron a ocurrir que van desde, por ejemplo, la matanza en El Carrizo (San José de Cusmapa, noviembre 2011), el asalto de Ocupa Inss (Managua, junio 3013), que fue claramente político, y el caso de Juan Lanzas (Matagalpa, diciembre de 2017), que no tiene que ver con un asunto político, pero te muestra un patrón de desinstalación de las prácticas institucionales y de principios de derechos humanos con que funcionaba la institución”, expone Cuadra.
Entrega entusiasta
Un análisis ligeramente distinto hace la otra fuente, cercana a Aminta Granera en esos años. Dice que hubo una intención manifiesta de Granera de acercarse a Ortega y ponerse bajo su control. “Comenzó a llamarle ‘jefe supremo’ de la Policía, aún antes de que tal denominación apareciera formalmente en las reformas legales del 2014 e hizo un esfuerzo denodado para sacar a la Policía de Gobernación y establecer una especie de teléfono rojo, una línea directa, sin intermediarios, con Daniel Ortega”.
Ana Isabel Morales fue ministra de Gobernación durante 10 años, desde enero de 2007 hasta enero de 2017. La coincidencia de Morales como ministra y Aminta Granera como directora de la Policía fue desafortunada, pues según esta fuente, ambas “eran piedras que chocaban, eran dos nubes de cargas inversa y salían truenos y rayos”. Granera hizo de todo para sacar a la Policía del paraguas de Gobernación donde también estaban Migración, Bomberos y el Sistema Penitenciario. Hubo hasta un intento de crear un Ministerio de la Policía, como un “bypass” para eludir a Gobernación en el camino a la Presidencia.
Con la nueva ley aprobada en 2014, sin embargo, la Policía sale de Gobernación y pasa a ser controlada directamente por el presidente de la República. Desde el año anterior, en medio de esas sordas diferencias, la Policía apareció ya con presupuesto independiente y no como parte del presupuesto de Gobernación. “Con Daniel y la Aminta se juntaron el hambre con las ganas de comer. Daniel buscaba control total y la Aminta que la Policía tuviera más presencia, más beligerancia, más reconocimiento institucional, porque siempre aparecía como la prima pobre del Ejército. La reforma a la Ley 228 no sale del Carmen, sale de Plaza El Sol”, señala la fuente.
Lejos de advertir el peligro que entrañaba, la nueva ley de la Policía fue acogida con entusiasmo por sus mandos, ya que legalizaba lo que estaba ocurriendo de hecho. “El último capítulo de la ley da manos libres al ISSDHU (Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano) para que comience a hacer negocios. Esa era una aspiración que los oficiales de primera línea tenían. Decían ‘por qué el Ejército podía y la Policía no’. Si revisás la letra de la ley, ahí efectivamente le abren el gran lazo para que ellos comiencen a crear empresas, hacer negocios, inversiones y todo lo demás. Para que comiencen a mover plata de la institución. De las prebendas, que del 2007 al 2014 eran más a título individual y que eran para captar lealtades individuales, ya después se pasó a la ley, que era una cosa más institucional”, explica la experta Cuadra.
Al mismo tiempo que la Policía se subordinaba a Ortega, se fue cerrando la estrategia de puertas abiertas con que Aminta Granera había llegado a la jefatura. Periodistas y organizaciones que antes se reunían y entrevistaban con los altos mandos, comenzaron a encontrar las puertas cerradas. Tal es el caso de Elvira Cuadra, que para entonces era directora del Instituto de Estudios Estratégico y Políticas Públicas (IEEP). “Yo me acuerdo que la última vez que el IEEPP pudo hacer un encuentro con la Policía fue por el 2015, y después de eso no se pudo hacer nunca más porque les dieron la orden de cerrar las puertas. Y así, a una serie de organizaciones. Fue un proceso bastante acelerado, sobre todo a raíz del 2014, cuando ya se formalizó la aprobación de la nueva ley de la Policía y la subordinación”.
Para entonces, la toma o entrega de la Policía ya estaba concluida, y esa situación se puso en evidencia violentamente en 2018, cuando la población vio asombrada cómo la institución que estaba obligada a defenderla, más bien se asoció con los delincuentes que la reprimían.
2018: el fin de la Policía “Nacional”
Las imágenes de policías en uniforme, con armas de guerra en sus manos, operando junto a civiles encapuchados que disparaban a matar contra manifestantes desarmados, causaron estupor dentro y fuera de Nicaragua. Daniel Ortega, el ya entonces jefe supremo de la Policía Nacional, ni siquiera supo explicar la presencia de esas personas que acompañaban a la Policía y que la población y los expertos en derechos humanos denominaron “paramilitares” o “paraestatales”. Primero Ortega negó la existencia de paramilitares en sus filas, alegando que esos hombres encapuchados, con armas de guerra y banderas del Frente Sandinista que mostraban las fotografías, eran en realidad opositores. Luego dijo que eran simpatizantes sandinistas que se estaban defendiendo de las agresiones, y finalmente concluyó que los civiles eran “policías voluntarios”.
Lo que quedó claro entonces es que aún con Aminta Granera como directora, ya no había Policía Nacional, sino una organización que usaba sus uniformes, recursos y emblemas para funcionar como la guardia personal y partidaria del grupo de poder alrededor de Daniel Ortega.
Lo que sucedió en 2018 fue la cosecha de una siembra que se hizo muchos años atrás. Alguien que trabajó de cerca con la Policía esos años, y que por seguridad pide anonimato para evitar la cárcel que en Nicaragua se receta por ley contra opositores y críticos al régimen, asegura que desde la institución veían a las pandillas en dos grupos diferentes. Le llamaban “pandilla” a los antiguos grupos que se mantenían independientes, cometiendo delitos, y “grupos juveniles en situación de riesgo” a los grupos sobre los que la Policía tenía algún control. “Para esos dos grupos se diseñaron dos políticas diferentes, una para cada grupo. Cuando Ortega comienza a usarlos como fuerza de choque, se comienza a desnaturalizar el trabajo, porque la información de estos grupos (independientes) y sus líderes, se la tiene que haber dado la policía a El Carmen”.
Asimismo, dice la fuente, “la inteligencia policial fue desnaturalizada de su función original que era simplemente inteligencia en relación al delito y se convirtió en una inteligencia política, y ya le valen los puestos de distribución de narcomenudeo y están más pendiente de quiénes están en las redes sociales hablando chochadas”.
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Policía responsable de las matanzas
Darwin Manuel Urbina, un joven de 29 años, fue el primer muerto confirmado como consecuencia de la represión policial y paramilitar a las protestas sociales de abril de 2018. Fue asesinado de un balazo en el cuello el 19 de abril en el sector de la Universidad Politécnica (Upoli). Ese mismo día murieron dos jóvenes más: Richard Pavón, estudiante, y Hilton Rafael Manzanares (policía). Para el domingo 23 de abril ya eran 23 los muertos por la protesta, la mayoría asesinados a balazos en las jornadas de represión policial, según los datos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).
Tres meses más tarde, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que entre el 18 de abril y el 30 de julio de 2018, o sea, hasta el último día oficialmente en funciones de la primera comisionada Aminta Granera, se acumulaban ya 44 muertos “por la violencia sociopolítica en Nicaragua”, de los cuales 21 era policías y 23 niños, niñas y adolescentes.
Los datos del gobierno de Daniel Ortega para esa misma fecha diferían en el número, pero resultaban igual de perturbadores: 195 muertos.
La CIDH registró finalmente en enero de 2019 un total de 328 asesinados, más de 2,000 heridos y 88 mil nicaragüenses que se fueron al exilio para proteger su vida como consecuencia de la represión durante 2018, cuando se produjeron marchas multitudinarias que exigían la salida de Daniel Ortega del poder.
Con el mismo propósito de las marchas, se levantaron tranques (barricadas) que prácticamente paralizaron el país. La respuesta del régimen fue brutal. Fuerzas combinadas de grupos paramilitares y policías atacaron a balazos con armas de grueso calibre las manifestaciones y desmontaron a sangre y fuego las barricadas, apenas protegidas con morteros artesanales y una que otra arma corta o de cacería.
Durante las protestas, en otras ocasiones, la Policía apoyaba a los simpatizantes del régimen que eran enviados a dispersar violentamente las manifestaciones.
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“Se trata de la represión de la protesta por medio de grupos de choque afines al gobierno que llegan al lugar de la manifestación y agreden a los manifestantes para disolver la actividad de protesta. En esta modalidad represiva, la Policía Nacional interviene controlando la zona, haciendo cordones, desviando el tránsito, usando gases lacrimógenos, sin encabezar directamente la agresión, pero dejando que sucedan y omitiendo detener a agresores”, registró en su informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado por la OEA a Nicaragua. “El GIEI pudo determinar que la mayoría de los asesinatos y lesiones graves son responsabilidad de la Policía Nacional, cuyos efectivos actuaron directamente y también de manera coordinada con grupos armados paraestatales”.
“Este nivel de articulación entre las distintas áreas de la Policía Nacional, de manera reiterada, solo se puede explicar por una decisión tomada por las máximas autoridades y mantenida en el tiempo, por lo que el GIEI recomienda se investigue la responsabilidad en los hechos del Presidente de la Nación, Daniel Ortega, como Jefe Supremo de la Policía Nacional, de quienes revistieron como Directores Generales (Aminta Granera y Francisco Díaz), los subdirectores generales Ramón Avellán y Adolfo Marenco, encargados de las áreas operativas y de inteligencia e integrantes de la Jefatura Nacional; las autoridades de las distintas Delegaciones Departamentales y Regionales; de las autoridades de la Policía de Managua, comisionados Sergio Gutiérrez, Fernando Borge y Juan Valle Valle, del Departamento de Vigilancia y Patrullaje, y el jefe de la DOEP, Justo Pastor Urbina y los jefes de las unidades especializadas que integran la DOEP, entre otros funcionarios”, concluyó el grupo de expertos.
La represión de 2018 definió lo que la Policía sería de ahí en adelante. La vieja campaña de “modernización y profesionalización” con que se presentaba desde 1990, fue abandonada. Cada vez con más frecuencias se comenzaron a ver símbolos partidarios en edificios, actos, entrenamientos y hasta en los uniformes de los agentes y oficiales. La función de la Policía es, hasta hoy, principalmente política, y está dedicada a acosar y perseguir a opositores, y desalentar con represión y patrullaje, cualquier protesta ciudadana, aun cuando para lograrlo se violen las leyes y se conculquen derechos de los ciudadanos.
Para que la Policía llegara a este punto extremo, hubo un jefe que la entregara. Ese papel le correspondió a la primera comisionada Aminta Granera.
El cerco y “retiro” de Granera
Elvira Cuadra dice que la línea de mando que actualmente controla la Policía, es una que durante la transición de los años noventa estuvo ajena al debate que ese momento vivió la institución. “Ahí había un conflicto abierto y fuerte con Daniel Ortega y había un grupo de la jefatura de la Policía que decía que había que seguir la línea partidaria y otro grupo que decía que no, que había que preservar a la institución, que era una institución nacional y que, incluso, si lo que se quería era proteger el derecho de los sandinistas a protestar en la calle, lo mejor era preservar a la institución. Al final se impuso la segunda línea y eso fue lo que dio lugar al proceso de modernización y profesionalización”.
Los altos jefes que promovían la línea partidaria se fueron a retiro, primero, y luego quienes impulsaron su modernización. Abajo venían empujando varias cohortes de oficiales menores, como el actual director de la Policía comisionado Francisco Díaz, o el comisionado Juan Ramón Avellán, que no fueron parte de los debates que menciona Cuadra y que vieron en Ortega el regreso de los años de la revolución sandinista. “Ellos fueron coaptados fácilmente”, dice Cuadra. “Salía un jefe y se iba un grupo de oficiales. Así se fueron como tres o cuatro tandas. Los que estaban cuando llegó Daniel Ortega al poder eran gente proclive a él”.
Aminta Granera fue cercada por varias vías. La primera y más visible es el chantaje y presión que recibió desde El Carmen. Rosario Murillo acabó de un tajo con su estrategia de comunicación que tanto proyectó su imagen. La mandó a callar. Y Aminta calló sin resistencia.
Por otro lado, funcionaba una jefatura paralela que se convirtió en el poder real dentro de la Policía. “En la Policía quien realmente mandaba era el comisionado general Róger Ramírez, el que era jefe de la policía de Managua, porque era el enlace entre Néstor Moncada Lau (cercano a Daniel Ortega) y la Policía”, explica la fuente cercana a Granera.
Según especialistas en temas de seguridad consultados por Expediente Público, bajo reserva sus identidades por razones de seguridad, Néstor Moncada Lau era entonces, y sigue siendo ahora, el verdadero jefe de la institución policial: “Lau es el director y poder tras bambalinas porque él era el delineador de las órdenes de Ortega para la institución”.
En otras palabras. Moncada Lau, también sancionado por Estados Unidos en noviembre de 2018, ejerció un control intimidante que amenaza incluso la vida de los oficiales que ellos pudieran percibir como desleales.
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Arrinconada y cercenada de su círculo
“Poco a poco la Aminta va perdiendo poder de decisión porque las decisiones se toman en El Carmen y las trasmite a Ramírez, que lo sacaron por un caso de corrupción, Ortega lo salvó y lo mandó de viceministro de Gobernación cuando ya la Policía no estaba adscrita al ministerio de Gobernación”. Después de Ramírez, el enlace con El Carmen fue el comisionado general Adolfo Marenco, subdirector de la institución.
Al mismo tiempo, los cercanos a Granera fueron pasando a retiro, hasta quedar prácticamente sola. Llegó a tal punto su soledad que comenzó a apoyarse en el comisionado Francisco Díaz, a sabiendas que esa era la figura destinada a sustituirla, porque es consuegro de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“A la Aminta la fueron cercando, pasando a retiro a su gente y dejándola sola. Lo más grosero que hicieron fue con (los comisionados generales) Juan Ramon Gradiz y Javier Maynard”, agrega la fuente. El 27 de octubre de 2014, el presidente Ortega mandó sorpresivamente a retiro y sin avisarles de previo a los comisionados generales Juan Ramón Grádiz, inspector general, muy cercano de Granera, y Javier Maynard, y en su lugar colocó a dos oficiales leales a la estrategia de El Carmen: Pablo Emilio Ávalos y Elizabeth Rodríguez.
“En esa condición de chantaje del régimen, Aminta comenzó a mostrarse más complaciente y leal con ellos”, dice Cuadra. “Hubo una época, antes que la destituyeran, en la que tuvieron recluida en su casa. Una patrulla permanecía frente a su casa y no la dejaban salir. Fue en una época en que se decía que había desaparecido. Estaba dirigiendo de hecho la institución Francisco Díaz y ya después es quien se hizo el nombramiento de manera oficial”.
¿Y Granera en el 2018?
De Aminta Granera se dice que renunció a su cargo en abril de 2018, poco después que comenzara la masacre en la que participó la Policía Nacional. “La verdad es que no hay evidencia clara. Ya antes de que estallaran las protestas en abril de 2018, ella estaba fuera de su oficina en ese periodo que la tuvieron encerrada en su casa y no la dejaban salir. Es probable que ella tuviera la intención, incluso que lo haya hecho, pero no hay evidencias claras. Por lo menos para, para efecto de análisis e investigación académica, el punto culminante es cuando la destituyen a ella y nombran a Díaz”, señala Elvira Cuadra.
Aminta Granera entró reluciente, por la puerta grande, a la Dirección de la Policía Nacional el 5 de septiembre de 2006 y salió, vergonzosamente, por la puerta de atrás el 31 de julio de 2018. Atrás dejaba una institución desnaturalizada y subordinada que contradice a la Policía Nacional que dice ser. Desde ese día no se sabe prácticamente nada de ella. Salvo algunas esporádicas apariciones en misas, hospitales y centros comerciales, reportadas por cibernautas, no se sabe más de ella. El 6 de julio de 2019, sin embargo, se le vio a la orilla de la carretera, con pañoleta rojinegra al cuello y tirando besos al bus en que viajaba Daniel Ortega y Rosario Murillo, en el tradicional recorrido sandinista conocido como El Repliegue.
“No se sabe nada de ella. Está totalmente fuera de foco. Creo que la tienen en condición de rehén, porque ahí hay cosas gruesas, de crimen organizado y de información que ella maneja, y es alguien que no pueden soltar fácilmente. La mantienen muy contralada y restringida en sus movimientos”, dice la fuente que trabajó con ella.
Otra fuente que también habló con EP, a condición de no ser mencionada, dijo que el involucramiento del esposo de Aminta Granera y parientes en una diversidad de negocios que fueron hechos desde su condición de jefe de la policía, es un elemento que también debe ser tomado en cuenta a la hora de explicar su silencio.
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Aminta ¿empresaria?
Oswaldo Gutiérrez, un leonés conocido en su juventud como “El Conejo” y esposo de Aminta Granera, apareció como “asesor” de la empresa Farmacéuticos y Conexos SA (FARCOSA), en una sentencia emitida por el Juzgado Quinto de Distrito Civil de Managua. Dicha sentencia estableció el crecimiento exponencial del capital de esa empresa de 20 a 60 millones de córdobas en apenas un poco más de un año.
Medios de prensa de ese país señalaron en su momento que la ex directora de la Policía Nacional estaba vinculada a FARCOSA por medio de su esposo. Se supo que, aunque Gutiérrez aparecía como asesor de la misma, en realidad era quien tomaba decisiones. De allí que FARCOSA se convertiría en la principal suministradora de equipos y medicinas para el Hospital de la Policía Nacional y uno de los proveedores del ISSDHU.
Otra empresa a la que estaría vinculado Gutiérrez es Agrodesarrollo SA, poseedora de unas 12 mil manzanas de monocultivo de palma africana, ubicada en el sector de la comunidad miskita de Alamikamba, en el municipio de Prinzapolka, Región Autónoma del Caribe Norte (RACN).
Agrodesarrollo SA es manejada por el esposo de la ex Primera Comisionada y el hermano mayor de ésta, Jorge Granera, conocido en León, su ciudad natal, como “El Negro Granera”. En mayo del 2013, cuando éste realizaba una exploración aérea en el sector de Las Tablas, en Alamikamba, el helicóptero Robinson 44 en el que viajaba sufrió un accidente y se precipitó a tierra con el resultado de una persona fallecida y tres heridos. Entre los heridos estaba Jorge Granera. En Alamikamba, a la finca de Agrodesarrollo SA, donde se ubica la plantación de palma africana, se le conoce como “la finca de Aminta”.
Puede que haya habido presiones, amenazas, chantajes y zancadillas, pero nadie exime de responsabilidad a Aminta Granera en la deformación que sufrió la Policía, y en los crímenes que se derivan de ello. Ni siquiera su amigo, quien dice haber perdido comunicación con ella, la libera de culpa. Dice que no se explica cómo aceptó el segundo periodo que era ilegal y tampoco cómo es que apareció en el Repliegue tirando besos a Ortega y a Murillo.
Sabe que los policías que le manejan y la protegen, al mismo tiempo, la controlan. Sabe que está recluida en su mansión de Intermezzo del Bosque, Managua, totalmente amurallada y que dice estar valorada en 4.5 millones de dólares. “No sé de dónde podrá haber salido esa plata, porque su pensión de retiro no debe ser gran cosa y la herencia no puede ser tanta”, valora.
Dice que la última vez que conversó con Granera fue después de su salida. “Vos estás en deuda con el pueblo de Nicaragua, y tenés que buscar como pagar esa deuda”, le recriminó en tono amistoso. “Ella lloró. Es una persona muy sensible”, dice.
