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CIDH ante la OEA: Nicaragua celebrará elecciones con imposición de un «Estado policial de facto»

*Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluye en su informe que presidente Daniel Ortega socavó la institucionalidad paulatinamente para seguir en el poder desde la firma del pacto con el expresidente Arnoldo Alemán (año 1999).

**El estado policial impuesto por el régimen mantiene suspendidos o severamente limitados derechos fundamentales como la libertad de expresión y asociación en Nicaragua.

***El embajador Bradley Freden, representante de Estados Unidos ante la OEA, señaló que su gobierno seguirá usando la vía diplomática para que Nicaragua vuelva a ser un Estado democrático.


Expediente Público

Las elecciones generales en Nicaragua de este 7 de noviembre se realizarán bajo un contexto de completo debilitamiento del Estado de derecho y un progresivo deterioro en materia de derechos humanos, concluye un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentado ante la Organización de Estados Americanos (OEA) este 3 de noviembre.

Los representantes de los países que integran este foro regional recibieron el informe de la CIDH titulado “Concentración de Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua”, que resume la forma en la que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se ha perpetuado en el poder.  

El informe aborda la grave crisis política, social y de derechos humanos en Nicaragua, explicó la comisionada Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH, durante la sesión ordinaria celebrada este miércoles y que fue incluida en la agenda del día a petición del secretario general de la OEA, Luis Almagro.  

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“La concentración de poder por el Ejecutivo ha facilitado que Nicaragua se transforme en un Estado policial de facto donde el gobierno tiene instalado un régimen de supresión de todas las libertades, mediante el control y vigilancia de la ciudadanía y la represión a través de las instituciones de seguridad estatales y paraestatales avalado por los demás poderes del Estado”, señaló Urrejola durante su presentación en la sesión virtual de la OEA.  

Elecciones libres se han «evaporado»  

Daniel Ortega, quien busca mantenerse en el poder a cualquier costo hasta 2026, ha instalado un “régimen de terror y de supresión de todas las libertades”, eliminando toda posibilidad de resurgir de la oposición, resume el informe de la CIDH.  

El régimen a través de las instituciones de seguridad estatales y paraestatales ejerce un estricto “control y vigilancia de la ciudadanía”.  

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En el informe publicado el 27 de octubre de 2021 la CIDH concluye que las elecciones de este domingo en Nicaragua buscan perpetuar en el poder a Ortega indefinidamente para “mantener sus privilegios e inmunidades, en un contexto de corrupción, fraude electoral e impunidad estructural por graves violaciones a los derechos humanos”.  

El embajador Bradley Freden, representante de Estados Unidos ante la OEA, aseguró que a estas alturas se ha «evaporado» toda posibilidad de realizar elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua.

EE.UU. sigue presionando

El representante de Estados Unidos ante la OEA avaló el informe de la CIDH y afirmó que las elecciones generales se realizan en un contexto de represión, donde todas las personas opositoras que anunciaron su interés de participar en los comicios fueron detenidas.

«Me duele decir que con la decisión del gobierno de Ortega y Murillo de prohibir al último partido legítimo de oposición, las elecciones programadas para este domingo han perdido toda credibilidad y son simplemente una mentira», señaló.

La resolución de la OEA aprobada el 20 de octubre de 2021, según Freden, reafirma el compromiso de este foro regional de no tolerar los «actos de Ortega».

«Instamos al gobierno de Ortega y de Murillo a cesar la represión de las expresiones democráticas, que pongan en libertad a todo los presos políticos que han sido detenidos por defender sus derechos humanos.

Estado autocrático, dice Canadá

El informe de la CIDH señala que las condiciones anteriores hacen inviable un proceso electoral íntegro y libre, en detrimento del ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía.

El embajador de Canadá ante la OEA, Hugh Adsett, señaló que el régimen de Ortega ha convertido una democracia viable que podía desarrollarse en Nicaragua en un «Estado autocrático».

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Solo en 2021, la CIDH ha emitido 32 medidas cautelares para personas beneficiarias, en su mayoría, defensoras, líderes de opinión y/o opositoras al gobierno, líderes y lideresas de movimientos sociales, periodistas, mujeres defensoras y personas precandidatas presidenciales perseguidas por el régimen.

Elecciones son una parodia

«No podemos guardar silencio frente a un régimen que detiene a sus opositores y oprime a los representantes de sociedad civil. El evento que está por realizarse en 7 de noviembre es una parodia de elecciones y nosotros como organización debemos reflexionar sobre la forma de trabajar con Estados que conllevan y ponen en peligro los principios democráticos que están en la base de la Organización de Estados Americanos», agregó Adsett.

La embajadora Alejandra Solano, representante ante la OEA de Costa Rica, país que ha acogido a miles de nicaragüenses que están en el exilio abogó por un retroceso en el actuar de Ortega y Murillo para que puedan realizarse elecciones libres, justas y transparentes.

El informe de la CIDH, según Solano, hace un llamado al gobierno de Ortega a «poner fin a la represión y a las detenciones arbitrarias, así como las violaciones de los derechos humanos» que siguen dándose en el país centroamericano.

La base histórica para perpetuarse en el poder

El informe que fue presentado por la comisionada Urrejola hace una referencia histórica de lo que ocurrió en Nicaragua en la última década, hechos que han facilitado la concentración del poder.  

Según la CIDH, Ortega comenzó a allanar su camino a la “perpetuación en el poder” a partir del pacto que firmó en 1999 con Arnoldo Alemán, en ese entonces presidente del país.  

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Fruto del pacto en el año 2000 se redujo de 45% a 40% el porcentaje requerido de votos válidos para ser elegido presidente y vicepresidente de la República, estableciendo incluso la posibilidad de asumir la presidencia con un mínimo del 35% de los votos válidos cuando se supere a los candidatos que obtuvieron el segundo lugar por una diferencia mínima de cinco puntos porcentuales.  

Con la reforma constitucional de 2014 se eliminó la segunda vuelta y dispuso la mayoría simple de votos para ganar las elecciones.  

La Asamblea Nacional, controlada por diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en 2014 eliminó el artículo 147 de la Constitución que prohibía la reelección inmediata al cargo para presidente y habilitó la reelección presidencial indefinida.  

Esos hechos permitieron que Ortega, el caudillo que busca asentarse en el poder por cinco años más, continúe en el poder desde 2007. 

Estado-partido controlado por Ortega

“La reelección indefinida, o periodos extensos de ejercicio de la presidencia por la misma persona en determinados contextos donde no existan salvaguardas o garantías adecuadas para la independencia de la institucionalidad democrática pueden ofrecer algunos riesgos para el sistema de democracia representativa, pilar fundamental del Sistema Interamericano”, refiere el documento de la CIDH.  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), otro órgano judicial autónomo de la OEA, también considera que la habilitación de la reelección presidencial indefinida es “contraria a los principios de una democracia representativa”.  

Esos hechos permitieron a Ortega mantener concentrado el poder incluso en los diferentes órganos públicos como la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Consejo Supremo Electoral (CSE) y la Fiscalía General de la República, designando a personas afines al partido de gobierno, argumentó la CIDH.  

Una profunda crisis sin resolverse  

Las manifestaciones de hace tres años, que tuvieron su origen en unas reformas al sistema del Seguro Social, marcaron el inicio de una profunda crisis que persiste con diferentes niveles de intensidad y donde impera la “impunidad sobre los graves hechos de violencia que tuvieron lugar”. 

Esa concentración del poder se consolidó a partir de la crisis de derechos humanos de abril de 2018.  

La Comisión observa con preocupación que tanto la Policía Nacional como el Ejército de Nicaragua son parte importante del proceso de concentración y mantenimiento del poder, mediante la “manipulación, control y desvío de las funciones” de estos órganos.  

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“Las protestas iniciadas desde abril de 2018 fueron reprimidas mediante el uso de la fuerza letal por grupos policiales y parapoliciales bajo el mando de la presidencia, como jefe supremo de las mismas”, refiere el informe. En 2019 esta organización estimó en 328 los muertos en el marco de las protestas, más de 2,000 heridos y más de 100,000 exiliados. 

La CIDH concluye que todos los poderes están alineados con el Ejecutivo y no imponen límites para el ejercicio del poder ni impiden las arbitrariedades.  

“Las elecciones generales programadas para noviembre de 2021 ocurren en este clima de represión y cierre de los espacios democráticos en el país”, señala el organismo de derechos humanos.  

Nicaragua rechaza informe de CIDH

El 22 de octubre de 2021 el régimen de Nicaragua presentó sus observaciones a la CIDH sobre el informe, previo a su aprobación final, y aseguró que es una “recopilación de hechos falsos, tergiversados y manipulados que no reflejan la realidad” del país centroamericano.  

Según el régimen en una “franca obediencia y replica de los designios lesivos e injerencistas del imperio norteamericano”, la CIDH busca “lesionar nuestra soberanía y autodeterminación, de cara a su próximo proceso electoral”.  

Durante la sesión virtual, el representante de Nicaragua ante la OEA, Michael René Campbell Hooker, refirió que las conclusiones a las que llegó la CIDH solo son parte de un «guion malvado manipulador y notoriamente sesgado», por lo que optó por retirarse de la misma.

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