* Entre los 59 aspirantes a nuevo Fiscal General, están el Ministro de Gobierno, el Procurador General y tres jueces cercanos al presidente Arévalo.
* El Fiscal General lleva los procesos penales contra altos funcionarios con fuero de corte, entre ellos, Arévalo.
* Organizaciones civiles exigen que se evalúe si los candidatos tienen conflictos de intereses.
Expediente Público
El proceso para elegir al nuevo Fiscal General de Guatemala es uno de los eventos políticos más relevantes del país. Con 59 candidatos inscritos ante la Comisión de Postulación, este proceso marcará el rumbo de la justicia, la lucha contra la corrupción y la estabilidad institucional de los próximos cuatro años.
Entre los aspirantes, hay cinco perfiles que sobresalen por su cercanía con el presidente Bernardo Arévalo y por su experiencia en cargos públicos.
Estos son: Marco Antonio Villeda, actual ministro de Gobernación; Julio Roberto Saavedra Pinnetta, actual procurador general de la Nación; Irma Elizabeth Palencia Orellana, magistrada del Tribunal Supremo Electoral; Blanca Odilia Alfaro Guerra, también magistrada del Tribunal Supremo Electoral; y Roberto Manuel Ángel Flores Rivera, juez penal.
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Este grupo es visto por analistas y fuentes del propio Ejecutivo como los posibles favoritos de Arévalo.
Funcionarios cercanos al primer mandatario, que pidieron no ser citados, afirmaron a Expediente Público que el Ejecutivo “espera que estos aspirantes pasen con éxito las evaluaciones formales de la Comisión de Postulación para poder agregarlos a la nómina final que será remitida al presidente”.
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Bernardo Arévalo tendrá la última decisión
La Comisión de Postulación se encuentra revisando los 59 expedientes de los candidatos. Los criterios que se evalúan son la experiencia profesional, la solvencia moral, los antecedentes penales y policiacos, la idoneidad, los cursos realizados y el grado académico.
La Comisión de Postulación tiene 18 integrantes, que son decanos de las facultades de Derecho de las universidades y representantes del Colegio de Abogados y Notarios. La Comisión deberá enviar una lista de seis aspirantes al Ejecutivo.
El presidente Arévalo será el encargado de elegir al nuevo Fiscal General de entre esos seis candidatos. La posesión del nuevo jefe del Ministerio Público (MP) está prevista para el próximo 15 de mayo.
El Fiscal General tiene un rol clave en casos de alto perfil, pues tiene a su cargo los procesos judiciales contra altos funcionarios que cuentan con fuero, entre ellos, el propio Arévalo.
El nombramiento de esta autoridad también influye directamente en la percepción internacional del país respecto al Estado de derecho y la independencia judicial.
Julio Roberto Saavedra Pinnetta ya fue ungido
Julio Roberto Saavedra Pinnetta es el actual procurador general de la Nación. Fue Arévalo el que lo eligió para este cargo, en enero de 2024. Como jefe de la Procuraduría, Saavedra representa al Estado en litigios y protege los intereses del país ante instancias legales nacionales e internacionales.
Saavedra es abogado con experiencia en asesoría jurídica en áreas civiles, mercantiles y laborales. Además, ha trabajado con organizaciones no gubernamentales en proyectos de justicia social y gobernanza.
Arévalo ha resaltado en diversas ocasiones su “compromiso con el Estado de derecho y su valentía para enfrentar casos complejos”, calificativos que lo posicionan como uno de los favoritos dentro de la lista de aspirantes.
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El analista Álvaro Pimentel, especialista en seguridad regional, comentó a Expediente Público que Saavedra representa una opción que combina experiencia institucional y cercanía política con el Ejecutivo, elemento que podría facilitar la coordinación entre el MP y el Gobierno.
Para el experto, el gran desafío de Saavedra sería demostrar independencia total ante posibles presiones políticas en el ejercicio de sus funciones.
Marco Antonio Villeda, la mano dura de la seguridad
Marco Antonio Villeda, actual ministro de Gobernación, es otra figura que ha surgido con fuerza en el proceso. Su candidatura enfrentó recientemente un intento de exclusión porque faltaba su firma en la documentación presentada, pero la Comisión de Postulación decidió mantenerlo en la contienda.
Como ministro, Villeda ha defendido la actuación de las fuerzas de seguridad para reducir la violencia en el país. Su cercanía con Arévalo ha sido señalada por expertos como un factor que le da ventaja en su candidatura.
Algunos analistas sostienen que su experiencia en seguridad pública podría aportar una perspectiva distinta al MP, especialmente en casos vinculados a crimen organizado, aunque también advierten sobre el riesgo de mezclar funciones administrativas con roles judiciales.
“Es evidente que Villeda es de los favoritos del presidente. Él lo colocó en el cargo, no solo por capacidad, sino porque ve en él un punto para rescatar al MP”, comentó a Expediente Público, Daniela Rivera, analista en legislación y seguridad.
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Roberto Manuel Ángel Flores Rivera, amigo de juventud
El juez penal Roberto Manuel Ángel Flores Rivera ha ganado notoriedad por su actuación en casos que involucraron a figuras políticas de alto nivel. Emitió órdenes de investigación contra el expresidente Otto Pérez Molina en 2015 y la exvicepresidenta Roxana Baldetti en 2016.
Tres fuentes de la Presidencia de República aseguraron a Expediente Público que Flores es uno de los candidatos favoritos de Arévalo, pues es su amigo desde la juventud.
La especialización de Flores en área penal y su participación en casos emblemáticos lo convierten en un aspirante idóneo para el MP, según analistas.
Sin embargo, algunos sectores, como el Consejo de la Carrera Judicial y la organización civil Guatemala Nunca Más, advierten sobre la necesidad de evaluar con cautela las decisiones judiciales de Flores que han tenido serias consecuencias políticas, por ejemplo, la orden de prisión contra Baldetti, quien ha protagonizado escándalos de corrupción y recibido sentencias penales.
Irma Palencia Orellana y Blanca Alfaro Guerra, juezas y coidearias
Las magistradas del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia Orellana y Blanca Odilia Alfaro Guerra, han participado en procesos judiciales claves para la democracia del país, particularmente en el marco de las elecciones generales de 2023.
Las magistradas participaron en movilizaciones, hicieron conferencias de prensa y emitieron comunicados, sosteniendo que se tenía que defender la democracia en los comicios donde fue electo Arévalo.
Su propuesta de trasladarse del ámbito electoral al MP ha generado debate entre analistas. Benjamín Castro, especialista en materia electoral, comentó a Expediente Público que la trayectoria de las magistradas demuestra su capacidad para liderar organismos complejos y garantizar procesos administrativos sólidos.
Por otro lado, Andrea Lima, experta en derecho, afirmó a Expediente Público que la experiencia exclusivamente electoral de estas dos aspirantes podría no ser suficiente para hacer frente los temas que maneja el MP como corrupción, lavado de dinero, crimen organizado y alto impacto político.
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Críticas y desafíos: un proceso bajo lupa pública
El proceso de selección no está exento de críticas. La organización civil Guatemala Visible ha señalado la necesidad de mayor transparencia y participación ciudadana. Ha criticado que continúen personas señaladas de corrupción dentro de los procesos, entre ellos, la actual fiscal general Consuelo Porras.
Guatemala Visible exige que se hagan revisiones exhaustivas a posibles conflictos de interés.
Otras organizaciones, como Fundación Mirna Mack y Mujeres Sobrevivientes, también han advertido sobre la importancia de garantizar la independencia del Fiscal General frente a presiones políticas.
“No podemos seguir dependiendo de personas como Consuelo Porras para que investiguen porque solo investigan lo que a ellos les convenga”, comentó Adriana Figueroa, representante de Mujeres Sobrevivientes, a Expediente Público.
Además, la inclusión de perfiles con vínculos políticos ha generado debates sobre si la elección será realmente una oportunidad para fortalecer la independencia del MP o si se trata de una continuación de las tensiones históricas entre el Ejecutivo y la Fiscalía.
