* La abogada y comunicadora social en un panel organizado por el Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina enfatizó el aumento del riesgo de los periodistas.
** En Nicaragua los periodistas son aliados claves para documentar las restricciones a la libertad religiosa.
Expediente Público
En Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ataca constantemente la libertad de prensa, expresión y religión, la labor de los periodistas acompañado del proceso de documentación que realizan los defensores de derechos humanos es un punto de partida para “probar judicialmente” a nivel nacional como internacional las graves acciones en las que incurre el Estado.
Durante un panel organizado por el Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina, la abogada y comunicadora social, Cindy Espitia, señaló que los órganos internacionales “han reconocido la importancia que tiene el periodismo y la defensa de derechos humanos en una sociedad democrática”.
“La documentación, por ejemplo, que se hace a través del trabajo que adelanta el periodista y defensores de derechos humanos, tiene un intrínseco valor probatorio (…) “, expresa.
Agrega que la “documentación que adelantamos no solamente nos puede servir para hacer nuestras tareas del día a día, sino que puede ser el punto de partida para de pronto, probar incluso judicialmente, tanto a nivel nacional como internacional, hechos de violaciones a derechos humanos”, mencionó Espitia.
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Masacre de La Cantuta
Espitia recordó el caso de la masacre de La Cantuta, que ocurrió el 18 de julio de 1992, durante la presidencia de Alberto Fujimori (1990-2000).
Miembros del Ejército peruano y los paramilitares del Grupo Colina, secuestraron y desaparecieron a un profesor universitario y nueve estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle .
En este hecho, donde “no se sabía nada y eran muy pocas las vías que se tenían de acceso a la información” fueron los periodistas los que comenzaron a documentar los primeros hechos. Con sus investigaciones se descubrió la fosa común clandestina donde arrojaron los cuerpos de las 10 personas de esta universidad.
“Lo cierto es que esta documentación periodística fue un elemento esencial para que este caso fuera llevado tanto a los tribunales nacionales como a tribunales internacionales (…) Pasamos de un documento periodístico regional a tener una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre La Cantuta”, refirió Espitia.
El 29 de noviembre de 2006, la Corte Interamericana emitió una sentencia en la que encontró al Estado responsable por los hechos de La Cantuta.
«Cuando la Corte dice, estos son los hechos, las fuentes que tiene en cuenta la Corte Interamericana son hechos recolectados por periodistas», afirmó Espitia.
El papel de periodistas y defensores
En Nicaragua donde persisten las graves violaciones de derechos humanos y el régimen sigue cancelando personerías jurídicas, persisten los allanamientos, las amenazas, vigilancia y persecución, los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil juegan un rol importante de denuncia y documentación de los ataques a la libertad de prensa, expresión y religión.
“El primer punto de partida es la documentación, es clave para nuestro ejercicio de defensa de derechos humanos y del periodismo (…) Una pieza periodística, una investigación, puede ser clave para el acceso a la justicia de muchas de las víctimas de nuestros Estados”, señaló Espitia.
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Desde el exilio, periodistas nicaragüenses y defensores de derechos humanos documentan las agresiones del régimen Ortega Murillo. Un número de 355 personas asesinadas en las protestas antigubernamentales de 2018, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Observatorio de Agresiones a la Libertad de Prensa de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) estima que al menos 218 periodistas están en el exilio desde 2018.
Las personas defensoras de derechos humanos se han visto forzadas a exiliadas por esta escalada represiva.
La fe bajo ataque en Nicaragua
En el escenario nicaragüense también se cuenta la represión en contra de la Iglesia, líderes religiosos y feligreses.
Debido a su rol de mediación en el Diálogo Nacional en 2018, y su papel crítico al denunciar las violaciones a los derechos humanos están prohibidas las celebraciones religiosas y los servicios religiosos se han criminalizado.
En los últimos años se han cerrado medios de comunicación religiosos, la confiscación de bienes y cuentas bancarias, la expulsión de órdenes religiosas y otros hechos de represión y represalia.
Durante la Cumbre Internacional de Libertad Religiosa en Washington D.C, bajo anonimato, un sacerdote nicaragüense describió cómo el régimen lo arrestó, insultó y golpeó. Según el sacerdote, en Nicaragua “casi la mitad del territorio ha quedado sin obispos, y con escasos sacerdotes; parroquias enteras, sobre todo en el campo están abandonadas”.
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Frente a realidades como la del país centroamericano “el ejercicio del periodismo y de la defensa de derechos humanos”, hay un inminente riesgo.
“Se ha incrementado el riesgo de sufrir violaciones a derechos humanos, entre otras, a la vida, a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la integridad personal (…) El Estado tiene que adoptar medidas razonables para evitar la consumación de un riesgo”, agregó Espitia.
La abogada y comunicadora social señala que, si hay una “persona defensora de derechos humanos que está amenazada, el deber del Estado es adoptar medidas de manera directa y efectivas a fin de evitar que se consume esa amenaza”.
El Estado debe brindar condiciones
Espitia, quien es también consultora e investigadora en derechos humanos y justicia transicional, señaló que un Estado “no puede violar derechos de periodistas y personas defensoras”, sino que su labor deber estar dirigida a «prevenir violaciones”, investigar y sancionar a los culpables para garantizar el derecho de reparación de las víctimas.
“El Estado tiene que brindar las condiciones para ejercer libremente la tarea de defensa de derechos humanos y la tarea de documentar periodísticamente y difundir contenidos de hechos que ocurren en la realidad nacional, entonces, tiene que brindar condiciones de libertad y condiciones en las que pueda llevarse a cabo este ejercicio sin ser coaccionado y ser libre de violencia”, añadió Espitia.
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En Nicaragua, el régimen declaró apátridas a más de 316 ciudadanos por denunciar las medidas las arbitrariedades.
Entre ellos están incluidos 222 presos políticos, a quienes luego de ser excarcelar, los desterró a Estados Unidos, incluyendo periodistas, sacerdotes y defensores de derechos humanos.
La comunidad religiosa, especialmente la católica, sigue siendo el blanco de represalias estatales.
El 14 de enero de 2024, tras permanecer más de 500 días en una cárcel, el régimen desterró al Vaticano al obispo nicaragüense Rolando Álvarez junto a otros líderes religiosos, una situación documentada por los medios de comunicación y los defensores de derechos humanos.
Historias respetuosas de derechos humanos
Por regla general, según Espitia, los Estados también deben garantizar que los ciudadanos puedan “acceder a toda la información pública”.
“El ejercicio, el periodismo se ha entendido como un asunto de interés público, nos interesa protegerlos porque también es una piedra angular del sistema democrático (…) Los Estados deben consolidar sistemas fuertes y sólidos en materia de protección a periodistas y personas defensoras”, agrega Espitia.
Esas historias, según la abogada y comunicadora social se deben construir en el marco del respecto de derechos humanos, procurando identificar a los presuntos responsables, la conducta infligida y además identificando el derecho vulnerado a la víctima.
