Expediente Público conversó con nicaragüenses desnacionalizados sobre su odisea tras la apatridia.
También analizó la nueva piñata que se está dando con la confiscación de sus bienes, como los de organizaciones, universidades y opositores.
Un denominador común es que la desnacionalización de 316 nicaragüenses es la cúspide de un proceso previo de persecución y anulación paulatina de derechos civiles.
Además, resultan afectados no solo ellos, sino, familiares, socios y personas del entorno, entre ellos menores de edad.
Más allá de las pérdidas económicas y patrimoniales, un elemento nuevo es la confiscación de su nacionalidad y de sus derechos ciudadanos.
Pero no es la primera vez que el derecho a la propiedad es pisoteado por Ortega y el sandinismo. Tras la derrota electoral de 1990, en tiempo récord (dos meses) no solo se prepararon para entregar el poder, sino, para quedarse con miles de propiedades estatales, las cuales fueron repartidas a sus gremios y simpatizantes.
El problema es que gran parte de estas propiedades no eran tan públicas, sino, habían sido expropiadas o confiscadas a particulares en la década de los 80. Los nicaragüenses tuvieron que pagar más de dos mil millones de dólares para indemnizar a los verdaderos propietarios.
Un nuevo proceso de restitución podría significar nuevamente, por culpa del sandinismo, una enorme carga fiscal para los nicaragüenses.
