*El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha confiscado edificios y cuentas bancarias de al menos 28 universidades y 3,300 organizaciones civiles sin que se conozca a quiénes se traspasaron.
**Solo el diario LA PRENSA y el Canal 100% Noticias que fueron confiscados, estaban valorados en 15 millones de dólares. Otros 58 medios de comunicación han sido expropiados.
***Nicaragua apenas tiene 8 años de no requerir del “Waiver de propiedad”, pero las nuevas confiscaciones podrían hacer que Estados Unidos nuevamente bloquee al régimen de fondos y asistencia.
Expediente Público
No existe una cifra ni una cuantificación de las nuevas confiscaciones del régimen de Nicaragua. La mayoría de las 316 personas declaradas apátridas son jóvenes activistas y dirigentes sociales, pero hay también miembros de prominentes familias y empresarios, además, de los recursos, bienes e inmuebles apropiados de 28 universidades o asociaciones de educación superior y muchas de las 3,300 organizaciones civiles canceladas que tenían patrimonio.
Después de desterrar a 222 presos políticos el 9 de febrero de 2023, la Sala Penal Uno de Apelaciones de Managua ordenó el 14 de marzo confiscarles «todos los bienes inmuebles”. Y el nueve de junio reiteró “la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles».
El 15 de febrero también hizo lo mismo con 94 desnacionalizados, cuya mayoría estaba en el exilio.
“Son bienes que fueron adquiridos de manera transparente y el sacrificio, el sudor de la frente de mi familia, de mi padre y mis hermanos y que de pronto sea arrebatado por una aberración, exceso en la fuerza de poder de Daniel Ortega, indudablemente tiene un efecto fuerte”, reconoce el periodista Aníbal Toruño, director de Radio Darío a Expediente Público.
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Golpe a la aristocracia criolla
Una de las figuras más importantes desnacionalizadas es Gerardo Baltodano Cantarero, de Café Soluble S.A., una de las industrias alimenticias más importantes de Nicaragua. Su primo José Baltodano Cabrera no está entre los 316 declarados apátridas, pero sus cuentas fueron congeladas desde junio de 2021.
La Fiscalía de Nicaragua investigó a la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), el centro de pensamiento independiente ligado al precandidato presidencial opositor Juan Sebastián Chamorro, que es uno de los 222 desterrados del vuelo del 9 de febrero de 2023, a la que pertenecía Baltodano Cantarero.
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Cuando se abrió causa a Funides fueron congeladas las cuentas de otros once empresarios.
Además de los Baltodano, también estaban Juan Carlos Sansón Caldera, director ejecutivo y gerente general del Banco de América Central (BAC); Edwin Alejandro Mendieta Chamorro, secretario del Banco Avanz; Martha Jeannette Duque-Estrada Gurdián, abogada y propietaria de una empresa de servicios y tercerización y Humberto Belli Pereira, directivo de Editorial La Prensa.
Daniel Ortega sin piedad
También Alfredo José Marín Ximénez, directivo del Matadero San Martín; Roberto Martino Salvo, gerente general de El Eskimo; Aurora Mercedes Gurdián Ubago, empresaria de bienes raíces, hermana de Eduardo, director del Banpro; Mario José Arana Sevilla, directos de Invercasa, negocios en valores; José Evenor Taboada Arana, abogado corporativo; y Jaime Javier Montealegre Lacayo, empresario del sector financiero y bienes raíces.
Luis Rivas, presidente de Banpro que es uno de los banco más importantes del país centroamericano , fue encarcelado y desterrado dentro del grupo de 222. Sus cuentas bancarias también fueron congeladas, pero se desconoce, como en todos los demás casos, el monto.
Entre los 94 desnacionalizados también está Federico Sacasa Patiño, director de Factoring Nicaragüense S.A., una empresa de valores.
Del mismo modo, entre los presos políticos encarcelados y desterrados se encuentran siete miembros del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
Voracidad imparable
Bajo anonimato, un empresario nicaragüense, expuso a Expediente Público que el régimen está investigando dos propiedades familiares donde había tenido acciones.
«Tengo indicios e información de familiares que tienen alguna relación o alguna comunicación con gente en los juzgados y que específicamente me dijeron que me iban a confiscar dos propiedades, entre ellas una finca de la que nunca fui dueño, pero me relacionan con ella porque fui su gerente”, manifestó.
Deslice para más información
El precandidato presidencial de 2021 Félix Maradiaga contó a Expediente Público que fue confiscado desde 2018, pero no era la primera vez que su familia vivía este drama, pues en la década de los 80 también los confiscaron.
Maradiaga: Daniel Ortega nos robó
Fueron apropiadas las cuentas de una empresa de consultoría y asesoría en materia de energía renovable y una segunda empresa de estudios ambientales, que incluso tenía infraestructura en varios departamentos.
«Nos robaron las instalaciones de las estaciones meteorológicas, donde no era solo mi patrimonio, era incluso el patrimonio de mis socios que no se habían metido con nadie, que eran empresarios que habían confiado en este proyecto de temas ambientales”, dijo.
“Yo no he hablado nunca en público, esta es la primera vez en público que hablo de mi patrimonio personal y no lo había hecho, porque era muy difícil hacerlo en medio de una situación que la gente estaba perdiendo la vida, la libertad”, indicó.
Maradiaga no precisó la cifra de bienes y valores perdidos, pero señala que es “significativa”, porque se trata de 20 años de trabajo como emprendedor, ahorros familiares, al lado de su esposa Berta Valle.
Medios confiscados
Desde 2018 la ocupación y usurpación de medios independientes fue general, aunque el diario La Prensa, cuya razón social era la Editorial La Prensa SA, llegó hasta agosto de 2021.
El gerente de la empresa Juan Lorenzo Hollman Chamorro indicó en el momento de la confiscación de facto que los bienes de la empresa rondaban los 10 millones de dólares.
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Los socios de esta empresa editorial son los descendientes de Pedro Joaquín Chamorro Zelaya, abuelo de Cristiana, Pedro Joaquín y Carlos Fernando Chamorro Barrios, también desnacionalizados.
En el caso de Carlos Fernando Chamorro, sus pérdidas se estiman en cientos de miles de dólares con la confiscación de los medios Confidencial y Esta Semana en diciembre de 2018.
Miguel Mora, director del canal 100% Noticias también calculó en un momento 5 millones de dólares en propiedad y equipos de su medio ocupados ilegalmente por la policía.
Hasta septiembre de 2022 el régimen también había ordenado el cierre de 54 medios de comunicación privados e independientes. Entre ellos hay empresas privadas o ligadas a las iglesias católicas y evangélicas que, aunque no fueron confiscadas, significan una pérdida económica para sus propietarios porque las obligaron a desmantelarlas de la noche a la mañana.
¿Reforma agraria anticampesina?
Un productor nicaragüense, en condición de anonimidad, aseguró a Expediente Público que trató de vender sus vehículos para poder empezar una nueva vida en el destierro, pero ya estaban registrados a nombre de la Policía Nacional.
Del mismo modo sus cuentas fueron congeladas tras la desnacionalización, pero, además el acecho a su familia es constante.
“Acechan constantemente a mi familia y las propiedades, buscan los registros y documentos, no sé qué están preparando, pero es un constante asedio, no sabés qué va a pasar con lo que tiene uno en Nicaragua y es lo que te ayuda a subsistir para los que están allá, como a mí aquí”, sostuvo.
Familiares, daño colateral
“Tenemos información que los secretarios políticos pasan un informe de la situación de nosotros y eso pasa a dificultarte en cumplir los requisitos para funcionar como cualquier persona natural en Nicaragua, también tengo familiares que les negaron la salida o tienen retardación de justicia por estar vinculado a un expreso político”, dijo.
Entre los 316 declarados apátridas hay 22 campesinos, la mayoría que iniciaron la lucha desde 2013 en oposición a la concesión canalera a una empresa china.
El líder campesino Medardo Mairena, explicó a Expediente Público que “la ambición de la dictadura de expropiar a los campesinos es desde el 2013 con la Ley 840 que entregó la concesión de la construcción del canal interoceánico a la empresa china HKND Group «y a estas alturas esa ambición no ha caducado”.
Pese a la oposición campesina, el régimen continuó con el proyecto canalero, pero en este momento, “no sabemos exactamente qué va a pasar, todavía la mayoría de mis hermanos campesinos, hermanos de lucha disfrutan un poco de su familia, de sus tierras y pueden producir”.
Entre los desterrados, la preocupación mayor es la reunificación familiar después de cinco meses, sostuvo Mairena.
No repetir Piñata
El catedrático Ernesto Medina, incluido en la lista de los desnacionalizados, dijo a Expediente Público que el propietario de una casa que el año pasado vendió con sus hermanos quedó en el limbo jurídico cuando pretendió registrar a su nombre el bien inmueble.
“No sé por qué razón el dueño no la inscribió y cuando quiso hacerlo después de la famosa sentencia de febrero de este año, se encontró con el problema de que no le daban la solvencia municipal porque supuestamente yo no existía”, refiere el catedrático nicaragüense.
La historia se está repitiendo y los nicaragüenses más jóvenes pueden desconocer la historia de confiscaciones en la década de los 80, primero bajo el manto de una reforma agraria y en 1990 con la derrota sandinista, bajo tres leyes expeditas que pasaron estas propiedades confiscadas a organizaciones y miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
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Daniel Ortega contra los campesinos
“Hemos estado luchando cívica y pacíficamente para evitar un derramamiento de sangre como lo que pasó en la década de los 80 (…) Hemos enfrentado a las fuerzas terroristas militares sandinistas para exigir el respeto a nuestros derechos humanos, el derecho a la propiedad privada, el derecho a los recursos naturales y por supuesto, que nos dejen vivir en paz con nuestra familia, en nuestras tierras”, sostuvo el líder campesino.
En la década de los 80, dijo, cuando la famosa «piñata», empezaron a expropiar a los campesinos, estos fueron los que se opusieron y se armaron a través de la Resistencia Nicaragüense para enfrentar y evitar la confiscación de propiedades en ese entonces».
Mairena recordó también que para contrarrestar la lucha campesina en los 80 “triste y vergonzosamente utilizaron a los jóvenes en ese entonces, los armaron para enfrentarnos y eso trajo luto y dolor. Los sandinistas han tenido claro que los campesinos nunca hemos creído en ellos, en su proyecto «robolucionario», por eso se ensañan contra nosotros”.
¿Un nuevo waiver?
La confiscación a los 316 desnacionalizados, el cierre de más de 3,300 organizaciones, 28 universidades o fundaciones de educación superior, el cierre de medios, así como tomas de propiedad, plantearían un reto a un futuro Gobierno de transición porque se repite lo ocurrido en 1990.
Con la derrota electoral del primer régimen sandinista de la década de los 80, entre el 29 de marzo y el 2 de abril de 1990, la Asamblea Nacional controlada por el régimen aprobó las leyes 85, 86 y 88, que entregarían miles de propiedades estatales en manos de organizaciones y miembros del partido FSLN, lo cual se conoce coloquialmente como “la piñata”, se presume que unos 125,000 lotes fueron repartidos.
El mismo comandante de la revolución Jaime Wheelock, ejecutor de la reforma agraria, consideró que unas 28,000 propiedades fueron confiscadas durante el primer régimen del FSLN, según publicó en 1991 en “La verdad sobre La Piñata: los cambios en la propiedad agraria, julio 1979-abril 1990”.
Deuda heredada por el primer régimen de Daniel Ortega
El Gobierno de Violeta Barrios (1990-1997) creó los Certificados y Bonos de Pago por Indemnización (CBPI y BPI) para responder a las demandas de Estados Unidos por restituir a sus ciudadanos afectados por la política de usurpación de los sandinistas, emitiendo el equivalente a 100 millones de dólares en estos valores.
La sección 527 de la Ley de Autorización de las Relaciones Internacionales de 1994, prohibió la asistencia económica internacional a los países que no brindaran mecanismos adecuados para reclamos relativos a propiedad, producto de confiscaciones a ciudadanos de Estados Unidos.
En 1997 el problema de la propiedad obligó al Gobierno de Arnoldo Alemán a pedir una nueva ley que reorganizara el marco legal dejado por los sandinistas, la Ley Sobre Propiedad Reformada Urbana Y Agraria, No. 278, que se apoyó también en la emisión de los BPI.
La indemnización a 1,015 ciudadanos norteamericanos sobre 2,120 propiedades (68% de las reclamadas) significó un esfuerzo de 850 millones de dólares hasta 1997. Cálculos actuales indican que los nicaragüenses pudieron pagar unos 2,200 millones de dólares por esta maniobra de los sandinistas.
Algunos desnacionalizados pertenecían a la Cámara de Comercio Nicaragüense-Norteamericana (Amcham), misma que fue cerrada en 2022 como parte de la cancelación de personalidades jurídicas, y que agrupaba a más de 300 empresas.
La última actualización sobre los CBPI y BPI del Banco Central de Nicaragua son del cierre de 2020, donde aún estos valores significaban el 13.2% de la deuda pública interna, unos 161.3 millones de dólares.
No repetir historia
El analista político desnacionalizado Eliseo Núñez, considera que el cálculo político del régimen de Ortega a esta nueva serie de confiscaciones es porque ya tiene las leyes NICA y Renacer que ponen el voto de Estados Unidos en contra por la violación a los derechos humanos.
“El tema de las indemnizaciones posteriores al régimen se debe ver desde el punto de vista de justicia, normalmente termina pagando el pueblo de Nicaragua y no quienes se beneficiaron de esos bienes confiscados y eso tiene que cambiar esta vez”, sostuvo Núñez a Expediente Público.
Maradiaga sostuvo que “tenemos que cerrar filas con este tema de las expropiaciones y no permitir que Nicaragua vuelva a ver otra vez una piñata impune”.
Indicó que lo ocurrido en el pasado no se atendió con el rigor adecuado, los que se robaron estos bienes prácticamente fueron compensados por el Estado con el sudor de los impuestos de los nicaragüenses y no por aquellos que habían robado los bienes.
“No debe ser el pueblo nicaragüense nunca más, el que pague ese patrimonio expropiado (…) No puede haber una sociedad libre sin respeto a la propiedad privada. Yo creo que esta es una lección que los nicaragüenses tenemos que tenerla al mismo nivel, (…) no podemos luchar por la libertad individual, no podemos luchar por la justicia y descuidar el máximo respeto a la propiedad privada”, sostuvo.
