* Los congresistas estadounidenses María Elvira Salazar y Chris Smith plantearon un proyecto de ley para sancionar al régimen nicaragüense.
** La propuesta se llama Ley de Restauración de la Soberanía y los Derechos Humanos en Nicaragua y busca estrangular las finanzas de la dictadura.
*** La iniciativa pretende aumentar el rigor de la política exterior estadounidense para que Managua cese la violación sistemática de los derechos humanos.
Eric Lemus / Expediente Público
Una iniciativa de ley presentada ante el Congreso de los Estados Unidos propone aumentar la presión internacional contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en Nicaragua, neutralizando todo tipo de asistencia financiera internacional, incluidas las canalizaciones a través del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Los congresistas María Elvira Salazar y Chris Smith, republicanos por Florida y Nueva Jersey, respectivamente, presentaron este 15 de enero ante la Cámara de Representantes el proyecto de Ley para el Restablecimiento de la Soberanía y los Derechos Humanos en Nicaragua de 2026 (Ley HR 7055).
Salazar, quien es presidenta del Subcomité para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, exigió rendición de cuentas de la dictadura “por sus crímenes contra la Iglesia Católica, el clero y el pueblo de Nicaragua”.
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El BCIE es el principal acreedor público externo del régimen nicaragüense desde 2018, según reveló una investigación de Expediente Público. Entre enero y septiembre de 2025, el Banco desembolsó US$ 420,31 millones a Nicaragua.
Por otra parte, la Inversión Externa Directa (IED) neta continúa siendo principalmente de EE. UU., pues hasta el tercer trimestre de 2025 se totalizó US$ 1.220,7 millones.
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) ya impuso sanciones comerciales a Nicaragua, el 10 de diciembre pasado, por la violación a los derechos humanos. Impuso un arancel gradual, que llegará al 15% en 2028, a productos no protegidos por el Tratado de Libre Comercio que mantiene Estados Unidos con Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR).
Rendir cuentas a corto plazo
El congresista Smith, autor de la Ley Frank R. Wolf de Libertad Religiosa Internacional, quien ha presidido cuatro audiencias en el Congreso sobre la crisis política en Nicaragua, exhortó a que esta iniciativa de ley ofrezca un alivio rápido al país centroamericano ante los atropellos del régimen.
“El pueblo nicaragüense —incluidas las personas de fe, los miembros y líderes de partidos de la oposición y otros presos políticos— ha sufrido por mucho tiempo bajo el gobierno opresivo del régimen de Ortega-Murillo”, declaró Smith.
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Por su parte, la congresista por Florida arremetió contra la violación sistemática de derechos humanos cometidos en este país centroamericano.
“Daniel Ortega y Rosario Murillo son dictadores despiadados que han secuestrado a Nicaragua y aterrorizado a su propio pueblo (…). Encarcelan a opositores políticos, silencian a la Iglesia, aplastan la libertad de expresión y destruyen la democracia”, señaló Salazar.
Cerrar el grifo del financiamiento
La iniciativa legislativa amplía la Ley de Condicionalidad de Inversiones en Nicaragua (Ley Nica), que data de 2018, y la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (Ley Renacer), de 2021, con el objetivo de endurecer el bloqueo financiero para que el mismo gobierno estadounidense deje cualquier inversión, incluida la canalizada a través del BCIE.
En un comunicado, ambos políticos enfatizan que el nuevo proyecto de ley reautoriza y enmienda tanto la Ley Nica como la Renacer.
Su objetivo es aumentar “los criterios para las sanciones, el fortalecimiento de las penalidades económicas, la prohibición de la asistencia financiera e inversión de EE. UU. en Nicaragua, y el refuerzo de la importancia de la protección de los derechos humanos y las elecciones libres y justas en el país”.
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La masacre de 2018
Además, las sanciones están dirigidas a sectores de la economía nicaragüense que generan ingresos para la familia Ortega “tras el arresto, enjuiciamiento, condena y/o sentencia de cualquier individuo bajo cargos por motivos políticos; violaciones graves de los derechos humanos de los presos políticos; y el apoyo a la invasión rusa contra Ucrania”.
La acción de los congresistas es la respuesta a la crisis en Nicaragua, tras la sublevación de abril de 2018 que cobró la vida de más de 300 víctimas civiles, la cárcel a opositores políticos, severas violaciones a los derechos humanos y la persecución a la prensa independiente.
