* Impulsan ley ante las denuncias de irregularidades, violencia política y posibles intentos de manipulación de las primarias en Honduras.
** Eduardo Núñez, del Instituto Nacional Demócrata, valora positiva la propuesta por su respaldo bipartidista en el Congreso de EE. UU.
*** El excanciller hondureño Enrique Reina calificó como “injerencia” la propuesta de ley.
Sharon Ardon / Expediente Público
Las alertas de posible fraude y manipulación electoral que se viven en Honduras, alimentadas por los propios discursos de las autoridades, ya cruzaron las fronteras y pusieron en alerta a legisladores de Estados Unidos.
En Washington, varios congresistas están impulsando acciones para vigilar de cerca las elecciones generales hondureñas.
Una de estas medidas es la “Ley de Protección de la Democracia Hondureña”, un proyecto presentado ante la Cámara de Representantes estadounidense el 26 de junio del 2025 por una coalición bipartidista liderada por la congresista republicana María Elvira Salazar.
La propuesta busca asegurar la presencia de observadores internacionales en los comicios del próximo 30 de noviembre y evitar posibles maniobras de manipulación por parte del oficialismo.
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“Es una iniciativa que busca que las elecciones de Honduras sean monitoreadas, y que el (sistema) de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) sea ejecutado por una firma confiable de buena reputación”, dijo a Expediente Público el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla.
Crisis política y electoral en Honduras
Precisamente, el sistema TREP es actualmente el centro de tensiones en el Consejo Nacional Electoral (CNE), ante denuncias y presunciones de fraude promovidas desde el oficialismo.
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Bipartidismo de EE. UU preocupado por Honduras
La congresista Salazar en varias ocasiones ya se ha manifestado su preocupación por la situación política y democrática en Honduras.
Recientemente, el 3 de abril del 2025, un mes después de los accidentados comicios primarios en el país, Salazar emitió un comunicado público en donde solicita apoyo al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio para exigir elecciones libres y justas en Honduras.
No obstante, en esta iniciativa de ley no está sola, sino que cuenta con el respaldo bipartidista de otros representantes estadounidenses, entre ellos la demócratas y republicanos.
Para Eduardo Núñez, director para Guatemala y del programa de Seguridad Pública para Centroamérica del Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés) el alcance bipartidista de la resolución le parece muy positivo porque denota interés.
“Es importante porque refleja que Honduras constituye una prioridad de atención para ambos partidos representados en el Congreso de los Estados Unidos”, valoró Núñez a Expediente Público.
¿En qué consiste la ley?
“Honduras suscita serias preocupaciones sobre la imparcialidad del proceso electoral (…) existe la necesidad de que Estados Unidos apoye los esfuerzos para asegurar que las elecciones en Honduras sean libres y justas”, dicta el documento de la ley.
Para responder a esto, la iniciativa propone establecer una estrategia de monitoreo internacional a través de organismos reconocidos como la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, las Naciones Unidas y observadores de la sociedad civil.
Ante los señalamientos de violencia contra candidatos y las acciones emprendidas por las fuerzas de seguridad y defensa, el objetivo de dicha ley también es proteger a los candidatos de posibles hostigamientos o persecuciones políticas.
Además, la propuesta contempla sanciones directas contra funcionarios o personas vinculadas al gobierno hondureño que interfieran en el proceso electoral.
Las sanciones incluyen la negación o revocación de visas, así como la prohibición de ingreso a Estados Unidos para quienes obstaculicen candidaturas, financien actos de intimidación o participen en violencia política.
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¿Injerencia?
El excanciller Enrique Reina consideró la propuesta como una violación al principio de soberanía y un claro acto de injerencia externa.
“Es trasladar el órgano electoral a la supervisión de un país externo. No creo que ningún país en el hemisferio vería ese mecanismo como un precedente positivo”, advirtió Reina a Expediente Público.
Según Reina, cada nación debe definir sus procesos electorales de manera soberana y sin intervenciones extranjeras, por lo que agregó que “habrá que ver con mucho cuidado eso (la ley)”.
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Cooperación de modelos democráticos
En contraste, el experto en temas internacionales Graco Pérez valoró a Expediente Público que esta propuesta “da una visión de que lo que se trata es de apoyar la democracia”, y de cooperación principalmente en estos momentos en los que ha estado “abandonada”.
“Al ser ley en Estados Unidos, esto garantizaría que tuviéramos elecciones más democráticas, libres, transparentes, porque nuestro modelo de democracia es Estados Unidos, no es Venezuela, Cuba, Nicaragua, menos China y Rusia”, aseveró Pérez.
A su juicio, esto no debería interpretarse como una injerencia porque “cuando ellos (el gobierno) traen asesores cubanos, venezolanos, el apoyo de Rusia, de China con recursos, con equipo y personas” no lo califican como intervencionismo.
Doble discurso
El exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), Arístides Mejía consideró a Expediente Público, que la crítica de injerencia a la iniciativa estadounidense sería de doble discurso.
Lo anterior porque recuerda que, en el pasado, los mismos del actual gobierno pidieron intervención internacional en el Golpe de Estado del 2009. Y cuestionó que, cuando había elecciones que no les favorecían, “¿no estaban acaso ellos mismo pidiendo observación internacional?”.
“Ahora no porque les afecta”, dijo el exmagistrado, “porque ellos (Libre) son autoritarios y quieren crear una autocracia aquí en Honduras y no quieren que se les diga nada ante los atropellos al sistema democrático que están haciendo y ante todas las tentativas de quedarse en el poder por la fuerza”.
Además, para Mejía, la propuesta de ley en el senado estadounidense se justifica como un mecanismo de presión para evitar fraudes y abusos de poder, en un país donde la justicia interna no funciona con independencia.
Ejemplificó el caso de las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025. Mejía considera que en este momento “ya debería haber una intervención contra aquellos que participaron en el atentado contra la democracia ese día”.
Y añade: “cuando eso falla, entonces se tiene que recurrir a apoyos externos. ¿Por qué hay extradición en Honduras? Porque sencillamente la justicia nacional no tiene la capacidad por su corrupción e ineptitud de combatir los casos de narcotráfico”.
Financiamiento
De su lado, Pérez también ve con buenos ojos el financiamiento que contempla la propuesta, ya que podría fortalecer la capacidad de observación electoral en el país en estos momentos en los que más se necesitan.
En la iniciativa se estipula que se autoricen un presupuesto de un millón de dólares anuales para los años fiscales 2026 y 2027.
“Si hay esos recursos y lo hacen directamente con organizaciones de Estados Unidos o trabajando con organizaciones locales, eso, por supuesto, fortalece la observación electoral y agrega transparencia para que finalmente los resultados de las elecciones reflejen la voluntad de la mayoría de los hondureños”, puntualizó el experto.
Pérez agregó que espera que la propuesta de los legisladores estadounidenses se convierta en ley. “Ojalá se implementara lo más pronto posible porque, si ya se hace solo el día de las elecciones, prácticamente eso no tiene ningún impacto”, señaló.
Viabilidad de que sea aprobada
La iniciativa ya fue remitida al Comité de Asuntos Exteriores y al Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y se espera que sea discutida en los próximos días.
En esa línea, para el experto de la NDI, la viabilidad de la propuesta dependerá en gran medida de la capacidad de diálogo de las fuerzas representadas en ellos “al tenor de estas sociedades profundamente polarizadas que caracterizan en nuestra época los parlamentos”.
“Naturalmente va a depender mucho de qué otro tipo de iniciativas sean presentadas en el Congreso, va a depender mucho de los tiempos políticos internos, la política interna de los Estados Unidos, etcétera”, explicó.
Sin embargo, Núñez reiteró que, el que se trate de una iniciativa bipartidista respaldada tanto por republicanos como demócratas, le genera “un buen piso de viabilidad” frente a otras resoluciones presentadas de forma unilateral.
