* El Estado de Honduras es el principal inversionista del aeropuerto Palmerola, pero este podría ver beneficios hasta dentro de 28 años, según el Consejo Nacional Anticorrupción. La concesión vence en 30 años.
** El 22 de mayo la terminal se inundó. Uno de los objetivos de la investigación es ver qué pasó con la supervisión de la obra.
Expediente Público
Una comisión especial del Congreso Nacional de Honduras investigará el contrato de concesión del Aeropuerto Internacional de Palmerola, una obra cuya inversión supera los 200 millones de dólares, pero que el pasado 22 de mayo se inundó después que un tubo de captación de aguas lluvias cedió durante una tormenta y mostró la vulnerabilidad de las instalaciones que fueron inauguradas en octubre de 2021.
La comisión especial multipartidaria fue nombrada el 27 de mayo y está integrada por ocho diputados, tres de Libertad y Refundación (Libre), dos del Partido Salvador de Honduras (PSH), uno del Partido Liberal, otro del Partido Nacional y uno de la Democracia Cristiana.
Aunque la filtración de aguas lluvias no paralizó las actividades en la terminal aérea, ubicada en el departamento de Comayagua (Centro), a unos 80 kilómetros al norte de la capital de Honduras, vino a precipitar una investigación que ya había sido anunciada en diciembre de 2021 por la entonces presidenta electa Xiomara Castro, quien calificó el contrato de “ilegal”.
Objetivos de la comisión
En declaraciones a la emisora Radio Progreso, el presidente de la comisión especial nombrada en el Congreso Nacional para investigar Palmerola, Ramón Barrios, dijo que serán tres los objetivos.
“Investigar, número uno, el contrato; número dos, qué tan lesivo para la sociedad y el contribuyente hondureño son los términos del contrato, cuál ha sido la supervisión que hubo sobre la construcción, ya miramos las consecuencias por la falta de supervisión; y tercero, llevar todo lo encontrado al pleno del Congreso para tomar alguna decisión al respecto”.
El trabajo de la comisión iniciaría en este mes de junio, dijo Barrios, aunque el Legislativo tendrá asueto ese mes.
El diputado aclaró además que la investigación no va dirigida “sobre una persona en particular”, en referencia al empresario Lenir Pérez, propietario del Grupo EMCO Holding, la empresa concesionaria de la terminal aérea.
El principal inversionista de Palmerola
La construcción del aeropuerto inició en diciembre de 2016, bajo el impulso del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, quien aseguró que Palmerola “nos pondrá en el ojo del mundo, atraerá la inversión y cambiará la vida de los habitantes de Comayagua y sus alrededores para siempre”.
La inauguración, tras cinco años, se produjo pese a que la obra multimillonaria aún estaba inconclusa, lo cual fue evidente en las condiciones físicas de la terminal aérea y en el hecho de que los primeros vuelos comenzaron hasta diciembre de 2021, dos meses después del evento de apertura.
El proyecto de Palmerola, estructurado bajo un esquema de asociación público privada, es desarrollado por el Grupo EMCO Holding a través de Palmerola International Airport (PIA), con el acompañamiento del Munich Airport International.
La moción presentada para crear la comisión especial manda también interpelar a los miembros de la Superintendencia de Alianzas Público Privadas (SAPP).
El costo inicial era de 163 millones de dólares, de los que 87 serían de parte de los inversionistas, 22 millones de dólares del Presupuesto General de la República y 54 millones de dólares de la reconversión de deuda con España, es decir, básicamente fondos nacionales.
No obstante, “incluso después de haber sido aprobado el contrato, (se hicieron) unos adendum para ampliarle más recursos provenientes del Estado para poder culminar esa obra”, dijo a Expediente Público la diputada Fátima Mena, quien integra la comisión especial del Congreso Nacional.
Una de las adendas se aprobó en junio de 2019 y consistió en un incremento en la inversión del Estado de 49 millones de dólares, con lo que el total del costo alcanzó los 212 millones de dólares.
“Entonces desde ahí se encienden las alarmas de cuáles fueron los motivos y justificaciones para que se siguiera erogando más dinero, cuando supuestamente era una inversión privada”, señaló Mena.
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Condiciones desfavorables para el Estado
La construcción del aeropuerto generó controversia ya que supuso la suspensión de los vuelos internacionales desde el Aeropuerto Internacional Toncontín, ubicado en la capital hondureña, para obligar a usar Palmerola.
Además, por las condiciones del contrato de concesión que, como señala un análisis jurídico realizado en agosto de 2020 por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), fue una “mala negociación” con la que se “gestaron condiciones que son ampliamente favorables para los inversionistas, ya que el Estado de Honduras asume la mayor cantidad del costo del proyecto”, pero que “representa un riesgo” para las finanzas estatales.
Entre esas condiciones desventajosas para el Estado hondureño está que “el concedente (el gobierno) se hace responsable del mantenimiento, rehabilitación y mejora de las obras viales de acceso al aeropuerto de Palmerola”.
Además, permite y habilita la exoneración de ciertos impuestos durante la vida de este proyecto.
Asimismo, se establece el pago de canon por salida de pasajero internacional del 10 % al Estado de Honduras al superar los 600 mil pasajeros internacionales anuales, una cantidad “surrealista”, según el CNA, ya que “es extremadamente difícil de alcanzar en el corto plazo”, mientras que el concesionario de Toncontín pagaba el 34.4 % de todos los ingresos percibidos trimestralmente y que entre 2014 y 2019 ascendió a unos 24.5 millones de dólares.
El CNA estima, según proyecciones, que el flujo de pasajeros aumentaría en un 3 % anual, por lo que hasta dentro de 28 años “el Estado de Honduras comenzaría a recibir ingresos por concepto de canon”. La concesión vence en 30 años.
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Maestros en desacuerdo con las inversiones
En los últimos días del Gobierno de Juan Orlando Hernández, Palmerola International Airport recibió tres desembolsos millonarios provenientes del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema).
El primero y el segundo fueron realizados el 20 y el 24 de enero de 2022, por un monto de 50 y 40 millones de dólares para emisión de deuda; y el tercero, de 20 millones de dólares, fue hecho el 26 de enero para compra de acciones comunes, según detalló la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), al anunciar que determinará si los miembros de la Comisión Especial de Transición y Normalización del Inprema cumplieron “con la debida diligencia y lo establecido de conformidad con el Reglamento de Inversiones emitido por esta entidad supervisora, para los Institutos Públicos de Previsión Social”.
Y es que la inyección millonaria se realizó aun cuando el 11 de enero la Comisión Especial del Inprema había anunciado que la inversión quedaría en pausa, tras varias protestas de los docentes.
“Palmerola tenía unos préstamos en la banca privada que significaban más o menos 90 millones de dólares a un porcentaje alto y el Inprema se los prestó para que pagara esa deuda a un interés más bajo, o sea, para la administración del aeropuerto fue un negocio bueno”, dijo a Expediente Público el presidente del Colegio de Pedagogos de Honduras (Colpedagogosh), Celso Flores.
Por el contrario, la empresa EMCO, sostiene que solo en intereses, el Inprema cuadruplicaría sus ingresos cada año al invertir en Palmerola.
Para hacer uso de los millonarios recursos del Inprema, con inversiones a las que se oponía la dirigencia magisterial, “hicieron una intervención y mandaron tres especialistas puestos por el (anterior) Gobierno y prácticamente ellos llegaron a hacer los negocios”, explicó Flores.
De hecho, precisó que esas inversiones incluyeron también a Alutech, que es la compañía más grande de EMCO Holdings.
Para Flores, los tres especialistas puestos por el Gobierno de Hernández “sabían perfectamente que se les desautorizó” para hacer la transacción con Palmerola, pero la hicieron y “logramos entender que ahí había algo de por medio y que estaban urgidos por hacer ese negocio”.
Precisó que la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), dependencia especializada del Ministerio Público, se llevó toda la información sobre la operación millonaria “porque nosotros estábamos viendo la posibilidad de encontrar algún vicio de nulidad, algún trámite que no se hizo de forma correcta”; sin embargo, “hasta el día de hoy no hemos recibido ningún tipo de informe de parte de ellos”.
Según la página web de PIA, el Inprema recibió el 8 de abril de 2022 un primer pago anticipado equivalente a 1.5 millones de dólares, lo que para Flores “nos da cierta tranquilidad”.
Sin embargo, dijo que “existe preocupación” a raíz de la inundación registrada en Palmerola el pasado 22 de mayo, ya que la inversión de Inprema es millonaria, “pero que al final uno evalúa la infraestructura (y) se da cuenta que nos estafaron”.
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El Congreso puede invalidar contrato
El analista político Raúl Pineda Alvarado dijo a Expediente Público que el Congreso Nacional no tiene facultades para rescindir el contrato de Palmerola, “pero puede hacer recomendaciones y emitir resoluciones ordenando que se proceda a los trámites para la resolución o la invalidación” a través de los organismos legales del Estado, como la Procuraduría General de la República o el Poder Ejecutivo.
Explicó que la facultad contralora del parlamento le permite alguna participación, pero en caso de conflicto la situación escapa de su ámbito de competencia, “y en consecuencia todo podrá limitarse a un informe, a un señalamiento de responsables, pero los resultados prácticos de una revisión del contrato, esos no los puede manejar legalmente el Congreso de la República porque no es ningún tribunal”.
Conflicto con defensores
El propietario del Grupo EMCO Holding es el empresario hondureño Lenir Pérez, dueño a su vez de Inversiones Los Pinares (antes EMCO Mining Company), que cuenta con proyectos mineros en el departamento de Colón, al norte de Honduras, y contra la cual se alzaron los emblemáticos defensores del río Guapinol.
En 2012, la Secretaría de Recursos Naturales (Serna) halló que uno de los proyectos mineros, conocido como Buena Vista 1, “causó deforestación excesiva, contaminación del suministro de agua y la desaparición de peces de los ríos debido a que los residuos mineros no se desecharon adecuadamente”, señala un informe de la Delegación Internacional de Verificación de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería.
“Lenir Pérez es un empresario vinculado anteriormente a la ejecución de contratos de construcción ilegalmente otorgados por el Gobierno del presidente Hernández”, según la oenegé internacional Global Witness.
