* Expediente Público conversó con periodistas exiliados luego de publicar investigaciones sobre casos de corrupción y violación de derechos humanos.
** Al menos 55 periodistas abandonaron el país centroamericano este año, mientras el gremio ha reportado 314 agresiones.
*** La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) alerta por el aumento de las amenazas, el estrangulamiento financiero y el acoso gubernamental.
Eric Lemus / Expediente Público
Víctor regresaba a casa en su carro, cuando unos sujetos le cerraron el paso y le obligaron a frenar. “Me apuntaron con fusiles automáticos. Pensé: ‘hasta aquí llegué’, pero uno llegó a mi costado y me estrelló la cacha en la cabeza diciéndome: ‘¡Por necio!’. Eran policías, pero sin sus identificativos”, relató la víctima a Expediente Público.
Víctor trabajaba en un medio de comunicación en El Salvador. Contó su historia a condición de reservar su verdadero nombre por seguridad. Sufrió el ataque en agosto de este año, luego de haber publicado investigaciones que mostraban la infiltración del narcotráfico y el crimen organizado en la Policía Nacional Civil (PNC).
Tras la advertencia, huyó a Norteamérica junto con su familia, pues sabía que su vida corría peligro.
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La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), que funciona en el exilio, publicó el informe “La curva del silencio”, en octubre pasado, en el cual detalla que 43 reporteros salvadoreños salieron del país centroamericano entre el 1 de enero y 9 de junio de 2025.
Sin embargo, el número ha ido en aumento. La Red Centroamericana de Periodista contabilizó 53 periodistas salvadoreños exiliados este año, hasta septiembre.
Y Expediente Público ubicó dos casos adicionales que no son parte de ninguno de esos informes, incluido el de Víctor. Por eso, al menos 55 reporteros han salido de manera forzada del país.
Expediente Público conversó con periodistas en el exilio que huyeron a destinos disímiles en busca de protección de su integridad física y de sus familias, ante la escalada de detenciones del gobierno de Nayib Bukele, ejecutadas por la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil (PNC).
Exilio masivo tras amenazas
Sergio Aráuz, presidente de la APES, dijo a Expediente Público que “lo sucedido en El Salvador es grave porque es el contexto más violento y represivo nunca visto desde la firma de los acuerdos de paz en 1992”.
El titular de la gremial confirmó que los profesionales empezaron a salir a cuentagotas, de forma preventiva, a medida que sufrían situaciones de vigilancia policial tras sus publicaciones.
Agregó que el exilio fue masivo después de que detuvieron a dos representantes de la cooperativa El Bosque, que reclamaban al Gobierno la restitución de sus tierras.
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La noche del 12 de mayo de este año, familias de campesinos se concentraron afuera del complejo residencial privado donde está la residencia particular Bukele, en busca de su atención para que no los expropien en un caso de conflicto de propiedad de tierras.
En lugar de la atención del mandatario, miembros de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) de la PNC y elementos de la Policía Militar acudieron al lugar a disolver la concentración, que terminó con la detención del presidente de la asociación cooperativa, José Ángel Pérez, de 55 años, y del representante legal, Alejandro Henríquez, de 29.
Aunque la manifestación fue pacífica, ambos fueron acusados de “resistencia agresiva” y “desórdenes públicos”, y una jueza los envió a detención provisional.
La organización Human Rights Watch denunció el caso porque consideró que “las autoridades criminalizan la protesta pacífica” y que “el mensaje para la sociedad es inequívoco: guardar silencio o enfrentar la cárcel”.
A este episodio le siguieron las detenciones de Ruth Eleonora López, jefa de la unidad anticorrupción de la organización no gubernamental Cristosal, en mayo, y del abogado constitucionalista Enrique Anaya, un mes después.
Esto prendió las alarmas de los periodistas especializados en investigación gubernamental y violación de derechos humanos.
Estrangulamiento financiero a periodistas
Un miembro de la Alianza Periodística Intermedios (API), una iniciativa que surgió en mayo de este 2025 con medios digitales y comunitarios, explicó a Expediente Público que al estrangulamiento financiero, que ya vivían por la aplicación de la Ley de Agentes Extranjeros impulsada por Bukele, le siguió la persecución policial.
El periodista, que pidió reservar su nombre por seguridad, recordó que, por esa norma, los medios independientes estaban sujetos a sanciones de US$100,000 a US$250,000 si recibían fondos desde el exterior y no estaban inscritas en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) del gobierno.
“Una organización periodística que recibe donaciones no puede operar sin la autorización del Gobierno, aparte del 30% de impuesto que impone la ley. Pero, cuando hubo todas estas capturas, significó que el régimen no iba a tener contemplaciones con nadie”, opinó.
El silencio de las periodistas
El hostigamiento digital, la vigilancia y las amenazas predominan contra las mujeres que ejercen el periodismo, según una investigación sobre violencia digital basada en género elaborada por la APES.
Las periodistas especializadas en temas de género, salud y derechos de la mujer fueron blanco de ataques difamatorios que incluso vulneraron información de sus entornos privados.
Expediente Público conversó con tres de ellas bajo la condición de que no se publiquen sus nombres porque temen que eso afecte a sus familias, que siguen en el país.
Para ellas, el exilio implica silencio. “No quiero arriesgar más a mi familia”, “no estoy preparada para conversar del tema” y “recurrí al bajo perfil” fueron sus reflexiones.
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De la situación que viven las periodistas, la historia más visible es la de Mónica Rodríguez, del medio comunitario Bálsamo Radio TV.
Su testimonio forma parte del informe de la APES. Su experiencia muestra el patrón de seguimiento de autoridades oficiales a los reporteros que cubren temas relacionados con comunidades rurales y medio ambiente.
Inicialmente, la Policía y la Fiscalía allanaron el domicilio de Rodríguez en diciembre de 2024, con el argumento de que hubo una denuncia anónima. En aquel momento, ella estaba dando seguimiento periodístico al litigio por la propiedad de unas tierras a nombre de la cooperativa El Bosque.
La noche del 12 de mayo, cuando los cooperativistas organizaron la manifestación pidiendo la atención de Bukele, ella transmitió en sus redes sociales el momento en que la UMO y la Policía Militar cercaron a las personas y detuvieron a sus representantes.
Rodríguez siguió el caso en los juzgados, hasta que fuentes confidenciales alertaron al editor de su medio que hubo una reunión del gabinete de seguridad del gobierno donde la perfilaron con el objetivo de capturarla.
“Salí con mi bolsón y nos movieron por tres días al oriente del país”, contó Rodríguez a la APES. Luego, salió del país evitando un paso fronterizo.
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La propaganda versus el silencio
El periodismo independiente salvadoreño vive su peor momento desde el fin de la guerra civil en 1992, en opinión de Angélica Cárcamo, presidenta de la Red Centroamericana de Periodistas.
En una visita al Parlamento de Catalunya, el pasado 25 de noviembre, exhortó a que la comunidad internacional ponga atención en lo que sucede en su país de origen.
Cárcamo ahora es una de las personas exiliadas tras la puesta en marcha de la Ley de Agentes Extranjeros y las detenciones contra defensores de derechos humanos y críticos de Bukele.
El mandatario goza de aceptación popular en su sexto año de gobierno, según el último estudio de opinión de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. La investigación mostró que el 72.5% de los encuestados respondieron que Bukele les provoca emociones positivas como confianza, esperanza y admiración.
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Para Cárcamo, la gestión del mandatario tiene un gran costo para la institucionalidad. “En El Salvador estamos viendo un rápido deterioro de su frágil democracia y la consolidación de un régimen autoritario, algo que la comunidad internacional debe conocer. Estamos siendo perseguidos y criminalizados”, declaró en la sede del Congreso catalán.
Por su lado, el periodista que habló en nombre de la API, añadió a Expediente Público que “lo que es más preocupante y duele es que la población salvadoreña sufre un silencio atronador por la disminución de la producción periodística independiente y solo puede consumir la propaganda oficial”.
En este sentido, el presidente de la APES, Sergio Aráuz, insistió en que la gremial ahora duplicó su trabajo con las nuevas circunstancias.
“Estamos en contacto permanente y seguiremos con nuestro centro de monitoreo y nuestra clínica de auxilio jurídico en El Salvador y atentos a las vulneraciones que ocurran en el contexto del trabajo que hacen los periodistas, mientras acompañamos a quienes están afuera”. Y advirtió: «El silencio no es una opción”.
