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El Gobierno de Hernández quiso mantener a oficiales señalados por sus vínculos con “narcos”

*La lista inicial de la depuración policial presentada por el entonces ministro de Seguridad, solo incluía a oficiales de rango medio, asegura Eric Olson, director de políticas e iniciativas estratégicas de la Fundación Internacional de Seattle (SIF, por sus siglas en inglés). 

** Durante el Gobierno de Juan Orlando Hernández se consideró “cerrar” la Policía de Honduras, mientras se militarizaba la seguridad pública. 


Expediente Público  

Como ocurrió en los demás procesos, la depuración de 2016 emanó de un escándalo policial, cuando el periódico estadounidense The New York Times reveló que 25 policías, incluida la cúpula, estaban detrás de los asesinatos de los exmiembros de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, Arístides González y Alfredo Landaverde.  

Aunque la depuración podía generarse desde la misma Policía, no hubo la suficiente confianza en ellos. Por eso se vio la necesidad de integrar una Comisión, por designación del entonces presidente Juan Orlando Hernández, quien escogió a personajes de su entera confianza: su ministro de Seguridad, Julián Pacheco; la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Vilma Morales; el pastor Alberto Solórzano, presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH); y Omar Rivera, coordinador de incidencia política de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Capítulo de Transparencia Internacional en Honduras (TI). 

Una purga general 

«El expresidente Hernández tuvo la voluntad de permitir que el proceso se diera, se encontraba presionado por la sociedad civil y por los medios de comunicación para que se limpiaran las filas de la Policía», recordó a Expediente Público el abogado Omar Rivera, ahora director del Foro Nacional de Convergencia (FONAC), una organización de la sociedad civil creada para dar seguimiento a un Plan de Nación. 

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La supuesta voluntad del expresidente Hernández, actualmente acusado en Estados Unidos por traficar droga a gran escala, fue abordada en una investigación del centro de pensamiento Wilson Center de Estados Unidos, la cual señala que el Gobierno hondureño intentó controlar la depuración policial.    

«En la primera reunión de la Comisión el exministro de Seguridad, el general Pacheco presentó una lista de la gente que quería depurar. En ese momento, todos los comisionados amenazaron con renunciar si el Gobierno interfería políticamente», explicó a Expediente Público Eric Olson, coordinador del estudio publicado por el Wilson Center y actualmente director de políticas e iniciativas estratégicas de la Fundación Internacional de Seattle (SIF, por sus siglas en inglés).  

La lista que habría presentado el general Pacheco omitía a todos los miembros de la cúpula policial señalados por los informes publicados en el New York Times en 2016 de haber participado en los crímenes de los exmiembros de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, Arístides González y Alfredo Landaverde. En su momento, Pacheco presentó una lista donde incluyó solamente a 32 oficiales, en su mayoría de rango medio.  

«El apoyo de Estados Unidos fue esencial, especialmente porque nos blindó y evitó que estuviéramos sometidos a presiones políticas o a amenazas por parte del crimen organizado», recuerda Rivera, quien al igual que los demás comisionados recibió constantes intimidaciones durante el proceso, al punto que el Gobierno asignó su protección a la Policía Militar del Orden Público (PMOP). 

Después de lograr apartar al 43% de la élite policial, la Comisión evaluó a todos los demás miembros de la carrera policial, que en 2016 ascendía a 13,657 policías.  

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Para evitar manipulaciones de la PNH, los depuradores solicitaron información sobre los policías a la ahora extinta Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y al Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh). 

«La embajada estadounidense también ofreció la información que tenían sobre muchos policías involucrados en actos ilícitos. Estados Unidos vio el proceso como una oportunidad no solo para depurar, sino para fortalecer a la Policía», añade Olson. 

Costó US$41 millones 

Durante el primer año, la Comisión separó a 1,776 policías; en 2017 a 2,442; y en su último año, en 2018, a 460 personas. Otros 641 efectivos desertaron durante esos tres años. En total, la PNH perdió a 5,319 policías en ese periodo, el 38% de su personal. 

De los 4,678 policías separados durante el proceso de depuración (excluyendo los agentes que desertaron), 8.5% eran oficiales de alto rango, 4.5% tenían un rango medio y 87% eran agentes de escala básica. 

No todos los policías fueron depurados por la presunta comisión de un delito. Se estima que el 66% salió por incumplir con los requisitos de idoneidad, es decir, por tener una edad avanzada o sobrepeso, por mostrar un mal temperamento, por analfabetismo o por no presentar las habilidades policiales básicas. 

Para indemnizar a los depurados, el Estado hondureño gastó unos mil millones de lempiras (unos 41 millones de dólares) en prestaciones. En promedio, sin considerar su cargo, cada policía separado recibió 214 mil lempiras (8,6 mil dólares).  

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«El dinero de las prestaciones se canceló con los recursos ahorrados por los despidos, esto no le costó ni un centavo más al Estado», asegura Rivera, quien como depurador representó a la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), una organización señalada de haberse alineado políticamente con el Gobierno de Hernández. 

A pesar de las numerosas bajas, durante los tres años del proceso de depuración, la institución policial contrató a 6,865 efectivos. Es decir, en ese periodo, el personal creció 16.3%, pasando de 13,657 policías en 2016 a 15,894 en 2018.  

¿Un mecanismo de control? 

El director de la PNH, comisionado Gustavo Sánchez, considera que muchos policías tenían que ser depurados, pero otros «eran muy buenos, con mucha capacidad y experiencia, personas que podían ser un obstáculo para quienes realmente cometían los actos ilícitos adentro de la institución». En su caso, él fue ratificado en su cargo por la Comisión de Depuración y Transformación de la Policía Nacional. 

Según Sánchez, la depuración pudo realizarse desde lo interno de la PNH, sin una comisión externa. «La institución tenía los mecanismos legales para hacerlo, pero siempre ha habido interés de mantener a la Policía en zozobra». 

Para Omar Rivera, uno de los cuatro excomisionados depuradores, la Policía tenía los mecanismos legales, pero no tuvo el interés de utilizarlos. «La prueba es que no lo hicieron, si la sociedad civil los depuró es porque ellos no tenían la voluntad para hacerlo. Aunque también hubo muchos elementos policiales que se pusieron a la disposición para que el proceso fuera integral».  

En su momento, el exfiscal general del Estado y actual ministro de Transparencia, Edmundo Orellana, declaró que era «absurdo» que la Policía se autodepurara. En esa misma línea, la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos opinó que «la institución nunca se depura a ella misma porque todos los policías se conocen entre ellos». 

De acuerdo con Eric Olson, si en 2016 se hubiese dejado la depuración en manos de los líderes de la Policía, el proceso habría fracasado. «La Policía tiene sus propios mecanismos de control interno, pero la depuración no se puede limitar solamente a ellos, porque esos controles muchas veces están debilitados a propósito». 

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Una prueba de que los mecanismos internos no siempre funcionan como órganos depuradores fue la experiencia de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP). Entre 2012 y 2016 esa instancia apenas removió a 227 policías, todos de escala básica. A pesar de sus pobres resultados, el Estado gastó 221 millones de lempiras (8,7 millones de dólares) para su funcionamiento. 

Dado el fracaso de la DIECP, una de las primeras decisiones de la Comisión Depuradora fue crear la División de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL), responsable actualmente de investigar las faltas de los policías. 

La remilitarización de la Seguridad 

Según Sánchez, además de controlar a la Policía, el Gobierno de Hernández utilizó la depuración para remilitarizar la seguridad pública a través de la PMOP, donde se contrató a 5,000 soldados para realizar tareas policiales y de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), «que fueron las paralelas que se crearon a la Policía». 

El excomisionado Rivera rechaza las declaraciones del director de la PNH y argumenta que la depuración policial no estuvo ligada a la remilitarización de la seguridad pública. «El protagonismo de los militares venía desde hace varios años atrás, no relaciono una cosa con la otra». 

En lo que coinciden Sánchez y Rivera es que el Gobierno de Hernández consideró abolir la institución policial. «Hubo un momento donde sí se pensó, a muchos se les ocurrió que en medio de tanta corrupción había que destruir la PNH. No sé si al presidente, pero muchos lo pensaron. Afortunadamente no se hizo», señala el excomisionado. 

Aún si la Policía sobrevivió a las intenciones de su cierre, esta fue relegada durante las administraciones del ahora expresidente Hernández. «Él entró a la Presidencia entendiendo que no podía confiar en la Policía, consideró que los policías tenían la posibilidad de desestabilizar su Gobierno», comenta a Expediente Público el periodista y analista Óscar Estrada. 

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En plena crisis policial y también como parte de una tendencia latinoamericana de militarizar la seguridad pública, en 2013 se creó la PMOP, una policía adscrita a las Fuerzas Armadas que llegó a contar con cinco mil efectivos. Ese mismo año también se estableció la FUSINA, una unidad militar que coordinaba labores policiales.  

La remilitarización se evidenció en las asignaciones presupuestarias. Para el caso, antes de 2013 el gasto en Seguridad era mayor que el de la Defensa. Sin embargo, la creación de la PMOP y de la FUSINA cambió la tendencia a partir de 2014, primer año de gobierno de Hernández, mostrando que la prioridad de la seguridad pública pasó a la Secretaría de Defensa.  

A pesar de la remilitarización de la seguridad pública, el destierro de la Policía durante los ocho años de Juan Orlando Hernández fue relativo, ya que el presupuesto de la Secretaría de Seguridad se incrementó 70%, pasando de 4 millones de lempiras (US$164 millones) a 6.8 mil millones de lempiras (U$$278,7 millones) anuales. Este aumento se dio a pesar de que la PNH perdió varias de sus responsabilidades.    

En su plan por desmantelar lo heredado por la administración de Hernández, la presidenta Xiomara Castro le ha devuelto a la PNH sus funciones, entre ellas el resguardo de las 25 cárceles que operan en Honduras, así como el manejo de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP) y de la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano (FNSTU), responsabilidades que recaían en los militares. 

Desmilitarizar la seguridad pública es una decisión respaldada por la sociedad civil y por la cooperación internacional. De hecho, ni los militares se oponen a regresar a sus cuarteles, «porque no han perdido sus privilegios ni sus negocios, los limpios y los sucios», añade el investigador Óscar Estrada.  

En 2012 la CRSP también recomendó desmilitarizar a la propia PNH, al considerar que, desde su creación en 1998, la institución policial arrastra en su naturaleza, formación y funcionamiento, elementos de la doctrina militar.  

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