* A pesar de una cierta renovación generacional, el Partido Nacional retoma el poder en Honduras sin una depuración interna.
** De los 49 diputados nacionalistas, al menos 20 estarían ligados directa o indirectamente a supuestas redes de corrupción o narcotráfico.
*** El presidente Nasry Asfura no asumió los temas de seguridad y corrupción como prioridad nacional, en su campaña.
Ariel Torres / Especial para Expediente Público
En su plan de gobierno, Juntos vamos a estar bien 2026-2030, el presidente electo Nasry Asfura menciona la corrupción tres veces y el narcotráfico una. Esta escasez de referencias sugiere el abordaje que ambos temas tendrían en su agenda.
Para los nacionalistas, la seguridad y la corrupción no son solo asuntos complejos, sino campos minados. «Sobre todo porque después de doce años en el poder, muchos de sus dirigentes han pasado por los tribunales o siguen bajo investigación», recordó a Expediente Público la socióloga Julieta Castellanos, exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Ella alude a las administraciones de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y Juan Orlando Hernández (2014-2022); tres periodos marcados por escándalos de corrupción y por la penetración del narcotráfico en el poder político. El desgaste fue tal que Asfura perdió la Presidencia hace cuatro años por un voto masivo de castigo contra su partido.
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Ahora, este partido conservador no solo recuperó la Presidencia, sino que se consolidó como la principal fuerza política al obtener 49 de los 128 escaños en el Congreso y el control de 151 de los 298 municipios, retomando un amplio poder político y administrativo.
Expediente Público analizó los recorridos de sus candidatos nacionalistas electos en los últimos comicios. Encontró 20 diputados vinculados directa o indirectamente a señalamientos por corrupción o narcotráfico. A la lista se suma el propio presidente electo, quien también tiene procesos abiertos por presunta malversación de fondos públicos.
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Un giro en el relato
Tanto Lobo como Hernández sostuvieron una retórica de «mano dura» en seguridad, pese a que los juicios en Nueva York revelaron la complicidad de sus gobiernos con el narcotráfico.
Con Asfura como presidente, el nacionalismo evita la confrontación retórica con el crimen organizado y la corrupción, reemplazando las promesas de mano dura o reformas estructurales por consignas como «servir con amor».
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Según el analista político Miguel Cálix, Asfura no apostó en su discurso por la seguridad o la corrupción porque estas no son las principales preocupaciones del electorado. Ante esto, aseguró el analista a Expediente Público, el principal desafío del nuevo presidente será enviar señales contundentes ante el primer escándalo.
La diputada nacionalista Johanna Bermúdez, quien suma tres períodos consecutivos en el Congreso Nacional, aseguró a Expediente Público que la ausencia del tema de la corrupción como bandera de campaña nacionalista fue una decisión política, pues la transparencia no se planteó como un eje aislado, sino que atraviesa toda la propuesta del nuevo gobierno. “Por eso no fue una propuesta específica”, afirmó.
¿Un partido renovado?
Bermúdez asegura que el liderazgo de Nasry Asfura encarna los “nuevos tiempos” del Partido Nacional. “De los 49 diputados que obtuvimos, 29 son jóvenes que se formaron en nuestras filas”, subrayó.
Pese a esta renovación, el Partido Nacional conserva en sus filas a ciertas figuras presuntamente vinculadas a redes de corrupción, economías criminales o clanes familiares con historial delictivo. El caso del municipio de Yoro ilustra esta lógica.
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Su alcaldesa electa, Diana Patricia Urbina Soto, comparte los apellidos de uno de los clanes con mayor influencia en el país. Su historial familiar está marcado por la violencia y el narcotráfico: su padre fue asesinado en 1992; su hermano Arnaldo fue extraditado a Estados Unidos en 2023 por tráfico de drogas; y otros dos permanecen prófugos, a la espera de ser extraditados.
«Solo somos personas luchadoras, ganaderos y agricultores que tienen una propiedad de cinco mil manzanas de bosque», respondió la excongresista Urbina en una entrevista televisiva en 2015, cuando la Fiscalía le atribuyó a su familia el asesinato de 137 personas y 45 desaparecidos.
Pese a estos antecedentes, el Partido Nacional respaldó su candidatura. Lejos de ser una excepción, su caso es un patrón que se repite en distintas regiones del país, donde otros políticos cuestionados resultaron electos.
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Falta de fiscalización a los partidos
Para Migdonia Ayestas, directora del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV), el problema radica en la falta de fiscalización a los partidos. Si existiera una institución capaz de investigar a fondo el financiamiento político, el narcotráfico tendría muchas más dificultades de infiltrarse, afirmó a Expediente Público.
La congresista Bermúdez admite que “limpiar” los partidos de personas ligadas al narcotráfico no es una tarea sencilla. “Esa gente opera como células; la única forma de combatirlas es fortaleciendo la Unidad de Política Limpia”, explica.
En Copán, la representación legislativa incluye a Roy Cruz Pérez, primo hermano del expresidente del Poder Judicial (2016-2023), Rolando Argueta, figura clave durante el gobierno de Hernández. Su suplente, el exalcalde de La Jigua (Copán), Germán Guerra Echeverría, es señalado por medios internacionales como presunto colaborador de redes de narcotráfico en la región.
En ese mismo departamento, Juan Carlos Lagos llegó al Congreso tras haber renunciado en 2014 como gobernador, luego de autorizar ilegalmente un concierto del grupo mexicano de narcocorridos K-Paz de la Sierra en La Entrada, uno de los corredores clave del narcotráfico en el occidente hondureño. El promotor del evento fue asesinado en 2021.
Los bienes del narco
Ocotepeque reeligió a Tania Pinto Pacheco. Una investigación de Expediente Público publicada en 2020 reveló que ella había recibido una vivienda de parte de testaferros de la banda narcotraficante «Los Cachiros» en 2006, cuando era congresista suplente.
Cinco años después, el inmueble habría sido transferido a su hermano César Pinto Pacheco, yerno del expresidente del Congreso, Mauricio Oliva. En ese momento, César Pinto era el suplente de Antonio Rivera Callejas y ahora regresará al hemiciclo junto con la diputada de Francisco Morazán, Lissi Matute Cano.
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En Olancho, la candidata más votada fue Karla Figueroa Cardoza, hija del exalcalde de Catacamas (Olancho), Lincoln Figueroa, también nacionalista, señalado como el presunto autor intelectual del asesinato del ambientalista Carlos Luna en 1998. Una investigación de Infobae también lo vinculó con la construcción de las llamadas «narcocarreteras» en Olancho. En las últimas elecciones fue electo regidor del municipio.
Más escándalos ligados al narco
El bloque legislativo incluye además al veterano congresista de Santa Bárbara, Mario Alonso Pérez, señalado en un informe de 2012 de la Dirección Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico (DNLCN) por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Pérez es también abogado del diputado reelecto por Yoro, Milton Puerto Oseguera, mencionado en el juicio por narcotráfico contra Antonio «Tony» Hernández en Nueva York. En 2019, Devis Leonel Rivera Maradiaga, jefe de «Los Cachiros», declaró dentro de ese proceso judicial que había financiado su carrera política.
En Francisco Morazán fue electa Nancy Santos Ríos, esposa del exalcalde de Talanga (Francisco Morazán), Roosevelt Avilez. Ambos fueron acusados en 2021 por lavado de activos ligados al narcotráfico, tras no justificar un patrimonio de 321 millones de lempiras (US$ 12.4 millones).
Absuelta en 2023, Santos recuperó su libertad tras pagar una fianza de 60 millones de lempiras (US$ 2.3 millones). La familia mantendrá su poder político cuatro años más, con su hijo Roosevelt Avilez Santos al frente de la alcaldía de Talanga.
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En Yoro, un escaño quedó en manos de José Bonilla Cabrera, quien en 2014 fue suplente de Diana Urbina Soto, la alcaldesa del municipio de Yoro.
En Valle, Lesly Flores Méndez llega al Congreso tras haber sido la diputada suplente de Marcos Antonio Velásquez, impulsor en 2018 de una reforma penal que permitió a acusados de narcotráfico defenderse en libertad.
Los señalamientos a Nasry Asfura
El presidente Nasry Asfura lidera los funcionarios nacionalistas con señalamientos por corrupción. En un proceso que continúa abierto, fue acusado de haber participado en 2017 en un esquema de presunto desvío de 29 millones de lempiras (US$ 1.1 millón).
Asfura también apareció en 2021 en los Pandora Papers como accionista de una sociedad offshore creada en Panamá en 2006, que posteriormente pasó a manos de la familia Atala Faraj, propietaria del grupo financiero Ficohsa.
El actual presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, fue acusado en 2018 por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), de promover una reforma ilegal para blindar a legisladores investigados por corrupción. Ese mismo año fue sobreseído.
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En Colón, Ariana Banegas Cárcamo renovó su escaño pese a ser acusada en 2025 de integrar una presunta red de corrupción que habría causado un perjuicio de 88.3 millones de lempiras (US$ 3.5 millones) al Estado. Aunque existió una orden de captura en su contra, enfrenta el proceso en libertad.
Comayagua llevó al Congreso a Adrián Martínez Soler, presentado como uno de los «nuevos» rostros del nacionalismo, aunque es hijo de José María Martínez, un exdiputado cercano a Hernández y señalado en 2014 por fraude electoral.
La “Red de Diputados”
En Cortés, Alberto Chedrani Castañeda logró la reelección tras haber sido acusado en 2022 en el caso «Red de Diputados» por el desvío de 19 millones de lempiras (US$ 730 mil). Fue sobreseído ese mismo año. Su suplente, Allan Aguiriano, votó en 2012 a favor de la destitución ilegal de cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
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Choluteca estará representado por Javier Mendieta Servellón, exsuplente de Juan Oliva, hijo del expresidente del Congreso, Mauricio Oliva. En su fórmula figura Marco Laínez Ordóñez, exviceministro de Recursos Naturales, sindicado en 2018 por haber otorgado licencias ambientales irregulares para represas en comunidades indígenas, entre ellas, Agua Zarca, por la que fue asesinada la ambientalista Berta Cáceres. Fue sobreseído en 2025.
En Francisco Morazán, Sara Estrada Zavala obtuvo una curul mientras su empresa constructora fue favorecida en 2025 con un contrato de 60 millones de lempiras (US$ 2.3 millones) por la alcaldía de San Pedro Sula, pese a no cumplir los requisitos mínimos. Su suplente es Nancy Santos Ríos, acusada en 2021 por presunto lavado de dinero ligado al narcotráfico.
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En ese mismo departamento, Antonio Rivera Callejas mantuvo su escaño tras haber sido acusado en 2017 por la MACCIH en el caso «Pacto de Impunidad» por presunta falsificación de documentos públicos. Fue absuelto en 2019.
El caso “Pandora”
La Paz eligió a Dunia Martínez Osorio, acusada en 2024 por el presunto desvío de materiales de electrificación, en complicidad de la diputada electa del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), Gladis Aurora López, señalada en 2019 por el Departamento de Estado de Estados Unidos por corrupción.
En Lempira, Wilson Pineda Díaz conservó su curul tras haber sido acusado en 2018 por la MACCIH en el caso «Pandora» por el desvío de 282 millones de lempiras (US$ 10.8 millones) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para financiar campañas políticas del Partido Nacional entre 2009 y 2013. Fue sobreseído en 2022.
Santa Bárbara envió al Congreso a Mario Reyes Mejía, exsuplente de Mario Pérez durante el periodo en que este fue acusado por la MACCIH en el caso «Fe de Errata» por manipular ilegalmente la Ley de Presupuesto.
En ese mismo departamento, Marcos Paz Sabillón renovó su mandato pese a haber tenido como suplente a Norman Noriega, a quien en 2022 se le incautaron bienes por su presunto vínculo con una red de corrupción ligada a Hilda Hernández Alvarado, hermana fallecida del expresidente Hernández, acusada de supuestamente haber drenado 101 millones de lempiras (US$ 3.8 millones) de la Casa Presidencial.
¿Qué esperar del nuevo gobierno?
La fotografía difundida en los medios, en la que Asfura abraza a la alcaldesa Urbina Soto es un símbolo elocuente: el Partido Nacional vuelve al poder sin haber limpiado del todo su propia casa.
La imagen abre preguntas inevitables: ¿investigará el gobierno a sus propios dirigentes señalados? ¿Podrá enfrentar el crimen organizado y la corrupción si no los asume como prioridad nacional?
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Migdonia Ayestas espera que los nacionalistas hayan aprendido de sus errores y que esta vez actúen distinto, porque, advierte, «al país ya no le queda margen para más saqueos y violencia».
A juicio de Miguel Cálix, los nacionalistas deberán hacer todo lo necesario para limpiar el nombre y la reputación del partido. Sostiene que el éxito del gobierno de Asfura no dependerá únicamente de una buena gestión, sino también de su capacidad para marcar distancia con las anteriores administraciones de su partido.
La legisladora Johanna Bermúdez se muestra optimista. “Yo espero que, en esta nueva oportunidad del Partido Nacional, la transparencia sea realmente transversal”, afirma y argumenta que existe una diferencia entre el liderazgo de Asfura y el de Hernández: “El expresidente era más estratégico e impositivo, el nuevo presidente es mucho más cercano a la gente, nada autoritario”.
