* La petición de las Fuerzas Armadas de acceder a las actas presidenciales “es una grave extralimitación de sus funciones”, advirtó Transparencia Electoral.
** Ante esta inédita petición, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, recalcó la subordinación constitucional de las Fuerzas Armadas a la autoridad electoral.
*** Expertos constitucionalistas advierten la urgencia de desmilitarizar el proceso electoral.
Sharon Ardon / Expediente Público
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, emitió un oficio este 28 de octubre que busca delimitar el rol de las Fuerzas Armadas de Honduras, las cuales pretenden acceder a las actas de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) correspondientes al nivel presidencial en las próximas elecciones del 30 de noviembre.
A través de un oficio remitido a los otros dos consejeros del CNE, Hall recordó que durante el proceso electoral la institución castrense queda bajo subordinación constitucional del CNE y que ningún otro poder del Estado puede contradecir o revocar sus instrucciones.
El comandante general de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, solicitó el acceso a las actas electorales a la presidenta Hall de manera verbal, el 23 de octubre pasado, durante una reunión de trabajo.
Suscríbase al boletín de Expediente Público y reciba más información
El general Hernández justificó su petición el domingo pasado, durante un acto público. “Hemos hecho esa solicitud de manera respetuosa. No es una injerencia, sino facultades que le da la Constitución. Fue un diálogo que se tuvo y donde dimos a conocer nuestro punto de vista, por lo que no es injerencia. Es ser garantes del proceso”, manifestó.
Al respecto, aún no existe un pronunciamiento oficial del pleno del CNE.
Le puede interesar: Consejo Electoral de Honduras organiza elecciones en medio de crisis
¿Qué dice la Constitución?
Hall fundamentó su posición con el artículo 272 de la Constitución de la República, que es el centro del debate.
Este artículo define a las Fuerzas Armadas como “profesional, apolítica, obediente y no deliberante”.
Y agrega: “A efecto de garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de la seguridad del proceso, el Presidente de la República, pondrá a las Fuerzas Armadas a disposición del Tribunal Supremo Electoral, desde un (1) mes antes de las elecciones, hasta la declaratoria de las mismas”.
Petición inédita
La consejera propietaria Cosette López dijo a medios televisivos que le parecía extraña la petición de las Fuerzas Armadas, pues a su criterio da la impresión deque los militares buscan hacer un conteo de votos propio.
Explicó que el CNE dispone de mecanismos de divulgación e interconexión con los partidos políticos mediante los cuales las propias Fuerzas Armadas pueden ver las actas.
¿Extralimitación de funciones?
Para el director de programas de la organización civil Transparencia Electoral, Jesús Delgado, esa petición no solo “es una grave extralimitación de las funciones asignadas a las Fuerzas Armadas”, sino que además “podría interpretarse como una forma de injerencia indebida en las competencias exclusivas del CNE”.
Además, el experto electoral advirtió a Expediente Público que permitir un conteo paralelo no solo violentaría los principios de neutralidad y subordinación al poder civil, sino que atentaría contra la integridad y la legitimidad del proceso electoral.
Asimismo, abogados constitucionalistas explicaron a Expediente Público que el artículo 272 de la Constitución delimita claramente el papel del Ejército a la custodia, seguridad y traslado del material electoral, sin ningún rol protagónico en el conteo o manejo de resultados.
Para el abogado constitucionalista Carlos Arévalo, el tema se vuelve “confuso y lúgubre” en medio de un ambiente completamente polarizado donde todos pretenden tener la razón.
No obstante, “es muy básico y esencial poner en práctica lo que está escrito en la Constitución en su artículo 272”, manifestó a Expediente Público.
“Las prohibiciones que da la Ley Electoral son muy claras y dentro de ellas cabe que no pueden tener ningún tipo de injerencia las Fuerzas Armadas en la participación ciudadana”, subrayó.
Deslice para más información
Desconfianza en las Fuerzas Armadas
De su lado, el constitucionalista Rodil Rivera afirmó a Expediente Público que la interpretación que las Fuerzas Armadas están haciendo de su rol es “forzada e inoportuna”.
Agregó que, con el cuestionamiento y controversias en que se han visto involucradas las Fuerzas Armadas, “es completamente inconveniente atizar eso”.
Puede leer: Consejo Electoral de Honduras cierra primarias sin esclarecer fallas del sistema
El abogado se refirió a lo ocurrido el 9 de marzo, cuando se registraron varias irregularidades en el proceso electoral primario como el retraso en la llegada de las maletas electorales en algunos centros de votación del Distrito Central.
La excandidata presidencial del Partido Liberal Maribel Espinoza recordó a Expediente Público que las Fuerzas Armadas fallaron a los hondureños al no cumplir su deber constitucional de custodiar y transportar el material electoral y “pusieron en peligro a los ciudadanos su derecho a ejercer el voto”.
De su parte, el exmagistrado electoral Denis Gómez aseguró a Expediente Público que los uniformados “tienen responsabilidad que el partido de gobierno las ha minimizado y con la ayuda también del Ministerio Público”.
Ningún miembro de la institución castrense fue procesado por esos hechos.
El Ministerio Público presentó requerimientos fiscales solo contra exfuncionarios del CNE y representantes de la empresa contratada para el transporte del material, acusados de fraude y obstaculización dolosa en la entregar de documentos electorales.
“Sobre ese caso ya se presentó un requerimiento Fiscal. El caso está en los tribunales” dijo a Expediente Público, Yuri Mora, jefe de la oficina de Relaciones Públicas del Ministerio Público.
Además: Los ‘intocables’ burlan la justicia en Honduras
¿Suplantar autoridad del CNE?
La diputada liberal Maribel Espinoza también rechazó la petición de las Fuerzas Armadas.
“Están realizando actos preparatorios para cometer un delito, porque pretenden suplantar la autoridad del Consejo Nacional Electoral, que es el único ente que puede hacer el recuento de votos y declarar ganadores”, manifestó a Expediente Público.
El constitucionalista Carlos Arévalo alertó que la petición del general Hernández “abre un precedente peligroso” y que espera que no sea que estén tratando de darle participación o autoridad a las Fuerzas Armadas en la toma de decisiones políticas del país.
