* El Salvador incumplió el plazo de la reforma previsional exigida por el FMI, condición para un préstamo de US$1400 millones.
* La Mesa por una Pensión Digna advierte que la reforma elevaría la edad de retiro, el tiempo de servicio y las cotizaciones.
* Sin reforma, la Cuenta de Garantía Solidaria podría agotarse en 2027, obligando al Estado a asumir pensiones sin tener los recursos necesarios.
Eric Lemus / Expediente Público
El Salvador está atrasado en la reforma al sistema de pensiones. El acuerdo que el Gobierno firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2025 impuso un plazo que venció el pasado 10 de febrero.
El FMI pidió a El Salvador una reforma de pensiones que reduzca el déficit actuarial, que contenga el crecimiento de la deuda previsional y que fortalezca la sostenibilidad fiscal a largo plazo, como una de las condiciones obligatorias para un préstamo de US$1400 millones.
La administración de pensiones en El Salvador está a cargo del sector privado. El modelo cambió en 1998 cuando el expresidente Armando Calderón Sol (1994-1999) lo convirtió en un sistema de capitalización individual gestionado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), siguiendo la experiencia chilena.
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Desde esa modificación, los gobiernos de turno han efectuado préstamos del dinero previsional para subsidiar proyectos sociales o el presupuesto nacional, y esta deuda ha ido en aumento. El Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador publicó este enero de 2026 que la obligación ascendía a US$11,333.45 millones.
Prestar y no pagar
El representante de la Mesa por una Pensión Digna, Patricio Pineda, dijo a Expediente Público que la interrogante es cómo el Gobierno del presidente Nayib Bukele reformará el sistema de pensiones para cumplir con la solicitud del FMI.
“Lo que va buscando la reforma son dos cosas: que el Estado no caiga en una catástrofe social por dejar de pagar pensiones y que el Fondo Monetario Internacional tenga garantías de pago del préstamo que le está otorgando”, explicó Pineda.
“Si las personas creen que la reforma será para mejores pensiones, están equivocadas. No se van a aumentar porque sencillamente no hay recursos. Lo que sí va a pasar es que aumentarán la edad de retiro, el tiempo de servicio y el monto de la cotización”, agregó.
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La Mesa por una Pensión Digna es una plataforma ciudadana que aglutina a economistas, abogados y académicos, entre otros, que impulsa una reforma previsional con el objetivo de rescatar el fondo de pensiones con autonomía.
En El Salvador, de un total de 223,500 personas jubiladas, según el Estudio Actuarial de Pensiones, 137,000 vienen del sistema de AFP. Es decir, que la mayoría depende de cuentas individuales que podrían agotarse en pocos años, trasladando la carga al fondo solidario.
El diagnóstico del FMI
Para el economista César Villalona, la administración Bukele debe poner atención en el informe del FMI, que efectuó un estudio actuarial sobre las pensiones de El Salvador junto con el marco fiscal de mediano plazo.
A criterio del economista, el FMI pide una reforma porque el sistema salvadoreño es financieramente insostenible ya que, como la deuda previsional crece rápido, se prevé que el fondo solidario se agotará en pocos años y el Estado no podrá cumplir sus obligaciones si no hace cambios.
Villalona dijo a Expediente Público que, a partir de los hallazgos del documento del FMI, difundido por la Superintendencia de Pensiones, se evidencia otro factor preocupante.
“En 2027 habrá una presión considerable sobre la Cuenta de Garantía Solidaria e, incluso, los activos se agotarían”, observó el economista.
En su análisis, el problema es que la mayoría de las personas que se jubilaron en 2024 se quedarán sin dinero en su cuenta individual en dos años y, cuando eso pase, el Estado tendrá que empezar a pagarles usando el fondo colectivo llamado Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), que también se está quedando sin dinero.
La CGS es una cuenta constituida en cada Fondo de Pensiones para financiar las prestaciones de aquellos pensionados cuya cuenta individual se ha agotado.
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A partir de ese escenario, Villalona se pregunta si el Gobierno “comenzará realmente a pagar en 2027 y a tomar medidas como subir la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA), o si tendrá que eliminar carteras del Estado o eliminar los subsidios para recortar gastos”.
“Cuando Bukele andaba en campaña para las elecciones de 2019, dijo en un mitín en la Universidad de El Salvador que empezaremos una verdadera reforma del sistema de pensiones (…) para empezar a desmontar el modelo neoliberal. O sea, prometió eliminar a las AFP y crear un sistema público”, recordó Villalona.
El Salvador firmó en febrero de 2025 un acuerdo con el FMI para obtener un préstamo por US$1,400 millones. Como condición, además de las reformas al sistema previsional, el organismo demandó ajustes fiscales, mecanismos de transparencia y la eliminación del Bitcoin como moneda de curso legal. El Gobierno ya recibió un primer desembolso de US$114.2 millones.
El estudio del FMI estuvo elaborado a partir de “las disposiciones legales actuales del sistema de pensiones, así como la información y proyecciones financieras, macroeconómicas y demográficas previstas al mes de diciembre de 2024”, según informó la Superintendencia del Sistema Financiero.
Señales de alerta con fondo de pensiones
El Salvador emite dos tipos de títulos que son adquiridos obligatoriamente por las AFP para adquirir deuda. Uno son los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) y Certificados de Financiamiento de Transición (CFT).
Pineda afirma que la ciudadanía debe seguir con atención la emisión de los COP porque “son el mecanismo con que el Estado sigue tomando fondos prestados para sufragar las obligaciones previsionales, pero comprometiendo las finanzas del mismo Estado”.
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Una población que envejece
El especialista opina que las autoridades salvadoreñas deben tener en cuenta el acelerado envejecimiento de la población salvadoreña y las edades de la población trabajadora cotizante del sistema al compararlo con el VII Censo de Población y VI de Vivienda de 2024.
El último censo nacional reflejó cambios en la pirámide poblacional salvadoreña. “Es importante destacar que estos datos demográficos apuntan hacia un proceso de envejecimiento poblacional y una transformación en la base de la pirámide”, puntualiza el informe del Censo.
El estudio agrega que El Salvador, además del envejecimiento poblacional, sufre una disminución de la natalidad y un ensanchamiento en los grupos en edad productiva (conocido como bono demográfico).
“Desde el comportamiento demográfico que mostró el censo de 2024, opino que el bono demográfico se está desperdiciando si el Estado busca sostener el pago de pensiones en el tiempo”, afirmó Pineda.
Informalidad laboral y pensiones
El informe actuarial del FMI advierte que, si bien dos de cada tres salvadoreños de entre 30 y 54 años tienen una cuenta en el Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP), existen diferencias sustanciales de cobertura.
Hay ciudadanos que tienen cuenta SAP, pero contribución irregular debido al alto nivel de informalidad laboral en el país.
“Los afiliados hombres tienen una cobertura proporcional baja al comienzo de su carrera laboral, con un número bajo de beneficiarios de pensiones por vejez”, reconoce el documento.
En ese sentido, Pineda insiste en que, si la administración Bukele busca reformar el sistema actual, debería pensar en un sistema de pensiones mixto, porque opina que quienes ahora están “más beneficiados son el Estado y las AFP, gracias a los ahorros de los trabajadores”.
El sistema mixto propuesto consiste en que la mayor parte del dinero que aportan los trabajadores vaya a un fondo común manejado por el Estado (pilar público solidario) para asegurar pensiones más altas y estables, mientras que el resto llegue a cuentas individuales, como un ahorro personal extra del pensionado.
