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En Honduras acusados por corrupción se benefician de amnistía

*Entre los beneficiados están el exministro de la Presidencia Enrique Flores Lanza y el exgerente de Hondutel Marcelo Chimirri.  

**Flores Lanza recibió sobreseimiento definitivo en los cinco procesos penales que enfrentaba por once delitos de malversación de caudales públicos y se apresta a regresar a Honduras tras un exilio de siete años en Nicaragua.

***Chimirri fue liberado de responsabilidad penal en los delitos de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y fraude. 

Expediente Público

Los primeros beneficiados en Honduras con el decreto de amnistía aprobado por el Congreso Nacional no son ambientalistas ni defensores de derechos humanos ni perseguidos políticos, sino exfuncionarios acusados por delitos de corrupción. 

Con la misma prontitud con que fue aprobado el decreto, sin mucha discusión y con la dispensa de dos debates, el exministro de la Presidencia Enrique Flores Lanza y el exgerente de Hondutel Marcelo Chimirri, ambos en el Gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009), se acogieron a la amnistía política publicada en La Gaceta el 4 de febrero, dos días después de su aprobación. 

Como resultado, Flores Lanza recibió sobreseimiento definitivo en los cinco procesos penales que enfrentaba por once delitos de malversación de caudales públicos en el caso conocido como “El Carretillazo”, que consistió en el retiro de unos 40 millones de lempiras (1.6 millones de dólares) de las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH), y se apresta a regresar a Honduras después de trece años. 

“Después de tanta lucha, de tanto juicio, de tanta persecución, por fin ahora vamos a poder volver a la patria”, declaró Flores Lanza a radio Globo. 

Chimirri fue liberado de responsabilidad penal en los delitos de enriquecimiento ilícito, por el que se le acusó al no poder justificar más de 16 millones de lempiras (más de 652 mil dólares), y abuso de autoridad y fraude relacionado con el soborno a funcionarios por parte de la empresa Latin Node.

Ambos casos han dado la razón a los diversos sectores que denunciaron la amnistía como un nuevo “pacto de impunidad”. 

“Para mí siempre estuvo claro el propósito de ese decreto y por eso muchas personas lo denunciamos cuando salió y fuimos severamente criticadas porque, claro, por la forma en que se redactó era muy sencillo confundir a quienes sí fueron perseguidos políticos y a quienes no”, dijo a Expediente Público el analista político Rafael Jerez. 

Esa confusión en la redacción “facilitaba que la narrativa pública de este tema disfrazara de alguna manera a las personas que sí habían cometido actos de corrupción y también querían salir en libertad, y muchos de las personas que podían utilizar este camino lo han utilizado en las últimas semanas”, añadió el analista. 

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Anuncian proyecto de reforma 

Las críticas al decreto no solo provinieron de la sociedad civil y el sector empresarial, sino de uno de los tres partidos de la alianza que llevó a Castro al poder, el Partido Salvador de Honduras (PSH), en la que varios diputados han anunciado un proyecto de reforma para darle claridad a la ley e impedir que siga beneficiando a imputados por actos corrupción. 

“Hoy solo queda la rectificación y por ello la próxima semana se presentará iniciativa de ley para reformar dicho decreto”, publicó el 3 de marzo en su cuenta de Twitter la diputada Maribel Espinoza.

“Sí es necesario reglamentar la figura de la amnistía por lo menos para que haya parámetros y el Congreso tenga un catálogo de delitos políticos y comunes conexos que no permita que haya discrecionalidad como la hubo con este decreto”, opinó Jerez. 

Para el analista, “va a ser interesante ver cómo se replantea la relación legislativa” entre el PSH y el Partido Libertad y Refundación (Libre), “porque si quieren seguir con una agenda en común, no pueden aprobar cosas a ciegas. Aquí es donde queda claro que tener mayorías parlamentarias no es justificación para aprobar legislación que en realidad viene a contribuir al declive del Estado de derecho”. 

La amnistía beneficia a las personas que se desempeñaron como funcionarios, empleados o autoridades electas en la administración de Zelaya “y que fueron víctimas del Golpe de Estado”, el 28 de junio de 2009, que han ejercido su derecho a la protesta social y a quienes han realizado actos en defensa de la democracia, territorios y fuentes de agua, entre otros. 

En ese contexto, el perdón incluye 14 delitos de corrupción, 42 delitos comunes y uno relacionado al lavado de activos y financiamiento al terrorismo, y apenas cinco delitos políticos, según un análisis del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA). 

Otro punto polémico es que, en el caso de los defensores, exige una constancia emitida por la Secretaría de Derechos Humanos en coordinación con el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh). 

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En desacuerdo con tipos penales en la amnistía 

La polémica en torno al decreto de amnistía ha generado rechazo en algunos sectores que podrían beneficiarse del mismo. 

“Confirmamos la inocencia de la gente que representamos, en principio vamos a pelear para que el sistema de justicia hondureño le reafirme su inocencia al margen de esas medidas”, dijo a Expediente Público el abogado Víctor Fernández, del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ). 

Además de la defensa del pueblo indígena tolupán, entre las causas del MADJ está también la de Pajuiles, una comunidad del norte de Honduras donde un grupo de defensores ha librado desde 2017 la defensa del río Mezapa, lo que le ha generado causas penales. Así mismo, el de varios miembros de la comunidad de Azaculpa, en el occidente de Honduras, que enfrentan procesos judiciales por su defensa del ambiente frente a una empresa minera estadounidense. 

El primer criterio para no acogerse al decreto es que “consideramos que los compañeros y compañeras que representamos nunca cometieron delito”, y el segundo, son “los tipos penales que se incorporaron en la amnistía de manera genérica y que hoy tienen una situación de mucha crítica en cuanto a la coherencia a ese tema”, explicó Fernández. 

Para el profesional del derecho, los defensores que representa el MADJ “necesitan que la justicia les resuelva como siempre les debió resolver (…) así que no ocupan un favor del Estado, ocupan justicia del Estado y el derecho a ser reparados en el momento oportuno”.  

La amnistía u otra medida que les favorezca será considerada por el juez o en caso de “que pudiéramos no prosperar” en el intento de que la justicia absuelva a los defensores. 

“Eso lo hemos hablado con la gente que representamos, sobre todo por la confusión de la amnistía con algunos casos que son casos problema, digamos, y no queremos que nuestra gente caiga en eso mismo”, agregó Fernández en alusión al halo de impunidad que rodea el decreto. 

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Amnistía no liberó a los detenidos de Guapinol 

Aunque durante su toma de posesión la presidenta Castro prometió libertad para los defensores del río Guapinol (norte de Honduras), presos más de dos años pese a llamados nacionales e internacionales para su liberación, esta no se produjo por la ley de amnistía como se había informado inicialmente. 

“No fue necesario acogerse al decreto, gracias al amparo que salió favorable antes de que ocupáramos la amnistía”, declaró a Expediente Público la abogada Kenia Oliva, integrante del equipo legal de los defensores José Daniel Márquez, Kelvin Alejandro Romero, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Ewer Alexander Cedillo y Orbin Nahún Hernández, de los que seis permanecían presos y fueron puestos en libertad el pasado 25 de febrero. 

Encuentran limitaciones  

Oliva dijo que solicitaron la amnistía para un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) enjuiciados a raíz de unas protestas en 2017. 

Informó que también los defensores de Reitoca (zona central), criminalizados por la defensa del río Petacón, tienen interés en someterse a la amnistía; “sin embargo, no hemos logrado hacer la solicitud” por algunas limitantes en el decreto, entre ellas la obligatoriedad de solicitar un certificado a Cofadeh, organización que no conoce de ese caso.

El artículo 4 “dice que la constancia debe ser emitida por la Secretaría de Derechos Humanos en coordinación con el Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos, es decir que las dos organizaciones están amarradas, ni la Secretaría ni el Cofadeh pueden emitir una constancia si no es en coordinación”. 

En ese sentido, dijo que tal disposición es excluyente porque hay muchas organizaciones reconocidas por el Estado y por la Ley de Protección a los defensores, e inconstitucional porque según la Constitución no habrá discriminación ni clases privilegiadas. 

“Es la primera vez que yo veo un decreto así”, añadió la abogada, quien recordó que en la amnistía aprobada en el 2010 tras el golpe de Estado, era el juez quien “verificaba si la persona estaba dentro de los supuestos que establecía la ley” y no una organización. 

Decreto es ambiguo 

“Muchísimas personas no acudieron al Cofadeh” ni a la Secretaría de Derechos Humanos “por la desconfianza que había en el Gobierno”, dijo también la profesional del derecho, para quien el decreto es además ambiguo, porque la ley no deja claro quiénes deberán solicitar esa constancia. 

“Yo no sé en qué parte del decreto dice que los funcionarios públicos no se les va a dar ese documento, porque se supondría que el decreto es igual para todos”, dijo Oliva. 

También el analista Rafael Jerez opinó que “es importante replantearnos la participación de las organizaciones que no son instituciones públicas otorgando constancias para acreditar que una persona es perseguido político”.  Aunque reconoció que existen organizaciones con la información y el prestigio para tal función, para Jerez “al recurrir a este mecanismo en realidad se debilitan las instituciones del Estado porque al no confiar en el criterio y la independencia de las instituciones públicas recurrimos a terceros” y al desmontar al Estado “pierde sentido tener una democracia”.

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