Cuba

¿Es posible un nuevo consenso en la política de EE.UU. hacia Cuba?

Por Aimel Ríos Wong. Especialista en asuntos cubanos.
Artículo publicado originalmente en Diario de Cuba y se reproduce con permiso del autor.

Expediente Público


En menos de una semana, siete senadores estadounidenses de ambos partidos han presentado dos proyectos legislativos relacionados con Cuba. El 5 de febrero, el senador demócrata de Oregón Ron Wyden, presidente del Comité de Finanzas del Senado, presentó junto a sus colegas Patrick Leahy de Vermont, Richard Durbin de Illinois y Jeff Merkley, también de Oregón, el proyecto de Ley de Comercio EEUU-Cuba 2021 que busca poner fin al embargo a Cuba y normalizar las relaciones comerciales con la Isla.

El día 9, sus colegas Bob Menéndez, demócrata de Nueva Jersey, y presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, el republicano de la Florida, Marco Rubio, el ya mencionado Durbin y Ben Cardin, demócrata de Maryland, presentaron un proyecto de resolución expresando solidaridad con el Movimiento San Isidro y otros artistas y activistas que han sido víctimas de represión por parte del gobierno cubano por sus reclamos de mayor libertad artística y de expresión en Cuba.

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A simple vista, parecieran proyectos totalmente disímiles, pero una mirada a sus textos y firmantes nos muestra interesantes coincidencias que avistan oportunidades para la elaboración de una nueva política hacia Cuba basada en un consenso bipartidista.

Por un lado, el proyecto de Ley de Comercio EEUU-Cuba 2021, en la Sección 5, inciso a, numeral 2, propone que “el presidente deberá tomar todos los pasos necesarios para avanzar las negociaciones con el gobierno de Cuba…con el propósito de asegurar la protección de los derechos humanos internacionalmente reconocidos”. De igual modo, la Sección 6, inciso a, numeral 1 del documento establece que “es el sentir del Congreso que los Estados Unidos promueva el cambio democrático y la reforma económica al normalizar las relaciones con Cuba”.

La resolución de solidaridad con el Movimiento San Isidro también expresa este sentir del Congreso, al llamar a las autoridades cubanas a “cesar las violaciones a los derechos humanos”, la “derogación inmediata de los Decretos 349 y 370 y otras leyes violatorias a la libertad de expresión”, e “instar al Secretario de Estado a condenar la persecución, amenazas e intimidación a artistas y periodistas cubanos”.

O sea, ambos proyectos, con sus propósitos y enfoques diferentes, comparten un elemento clave de lo que debería ser la política de Estados Unidos hacia Cuba: la defensa de los derechos humanos universales y la promoción de un cambio democrático.

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Los documentos también tienen un autor en común, el senador demócrata del estado de Illinois, Richard Durbin Durbin, quien ha sido un abierto defensor de la política de Obama hacia Cuba al mismo tiempo que ha criticado la represión en la isla, ha adoptado en esta ocasión una postura que rompe con las posiciones encontradas que ha marcado la política de Estados Unidos hacia la Isla: oponerse al embargo y favorecer un proceso de negociación con el gobierno cubano para normalizar las relaciones bilaterales o apoyar la política de sanciones hacia Cuba y condenar las violaciones de derechos humanos y sin medias tintas solidarizarse con las víctimas y los actores de la sociedad civil que luchan por una sociedad más democrática.

Resulta igualmente interesante que Bob Menéndez y Marco Rubio, senadores cubanoamericanos de diferentes partidos políticos pero conocidos por su posición crítica hacia el régimen cubano, sean coautores de una resolución que inste a las “autoridades cubanas a llevar a cabo un proceso de diálogo genuino con los miembros del Movimiento San Isidro y otros artistas y activistas”.

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Este llamado al diálogo, que si bien está dirigido a los actores internos (gobierno cubano y activistas prodemocracia) reconoce que el gobierno cubano es un interlocutor válido en cualquier proceso de negociación política. Alienta el diálogo como herramienta legítima para dirimir los conflictos que sostiene el régimen cubano con su propio pueblo. Entonces, siguiendo esa lógica, ¿podría también el diálogo servir como marco de las relaciones del gobierno de los Estados Unidos con Cuba para discutir todas sus diferencias de forma firme y directa con el gobierno cubano?

Es importante explorar estos puntos de coincidencia en las posturas hacia Cuba, pues en base a ellos se podría forjar gradualmente una nueva política hacia la Isla basada en el consenso bipartidista que no sacrifique la firma exigencia por el respeto a los derechos humanos y la promoción de un cambio democrático en aras de un acercamiento con La Habana.

La comunidad prodemocrática cubana, tanto dentro como fuera de la Isla, debería alentar la búsqueda de consensos a la hora de formular políticas hacia Cuba por parte de todos los actores relevantes de la comunidad internacional.

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