Las que en algún momento fueron pandillas juveniles, la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, se han transformado en organizaciones criminales que administran empresas y cuentas bancarias millonarias gracias a negocios turbios, como la venta de drogas y, especialmente, el cobro de la extorsión. También existen otras bandas y los “imitadores”, delincuentes que extorsionan por su cuenta.
Los transportistas (buses, taxis, mototaxis) estiman que ellos pagan unos 2 millones de dólares mensuales, a lo que se deben sumar otras cantidades que entregan miles de microempresas de diversos rubros, para que les permitan trabajar.
En la última década, decenas de operarios del transporte y microempresarios han perdido la vida; negocios han sido cerrados; y muchos hondureños han tenido que migrar a causa de este negocio criminal, todo esto ante la vista y paciencia de las autoridades de seguridad, cuyas estrategias hasta ahora han demostrado ser poco efectivas.
Expediente Público habló con víctimas de extorsión, especialistas en seguridad, en crimen organizado, y con oficiales de las fuerzas de seguridad pública de Honduras para radiografiar, en tres reportajes, la dura realidad que viven miles de ciudadanos. Pero también se plantean soluciones, a la espera de que las actuales autoridades tomen las mejores decisiones.
