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Pobreza y corrupción policial alimentan las extorsiones en Honduras

*En el 2021 se recibieron 1,850 denuncias por extorsiones en la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas.

**Para el profesor Mark Ungar, experto en crimen organizado, los factores clave para que este negocio prospere son: pobreza, desconfianza de la población en sus autoridades y falta de control en las cárceles, entre otros. 

***Las maras y pandillas han tomado el control de gran parte del territorio nacional, creando inseguridad y afectando la economía de la clase trabajadora.  


Expediente Público

En los últimos años las maras y pandillas se han apoderado de gran parte del territorio hondureño, generando miedo, inseguridad, pobreza y desplazamientos forzados. Uno de los mecanismos que estas mafias criminales utilizan para financiarse es la extorsión, una realidad con la que miles de hondureños deben vivir, o morir, todos los días.  

Expediente Público conversó con un vendedor de pan en la capital Tegucigalpa, el cuál por motivos de seguridad pidió omitir su identidad.  

“Yo tenía solo dos meses de vender y rápido se me acercaron a cobrarme el famoso ‘impuesto de guerra’”, relató el comerciante.  

En la ruta donde distribuye su producto, son aproximadamente 60 vendedores y cada uno paga al menos 900 lempiras (37 dólares), semanalmente.

“Yo al principio solo pagaba 600 lempiras semanales (25 dólares), pero luego de un tiempo me empezaron a cobrar 900 lempiras a la semana”, contó.  

“A mí me cobra la MS, (Mara Salvatrucha), porque la zona que más circulo ellos la controlan. Si no se les paga usted ya sabe lo que pasa” dijo la fuente, haciendo referencia a que las personas que no pagan la extorsión se enfrentan a la muerte.  

La primera vez que lo abordaron estaba aparcado frente a una “pulpería”, una típica tienda de abarrotes. “De repente se me acercaron dos muchachos, bien cipotes (jóvenes). Para ser sincero, no me imaginé que eran de la pandilla, y me dicen ‘ya sabemos que trabajás en nuestra zona, así que si querés seguir tranquilo nos tenés que pasar 600 varas (lempiras) a la semana, comenzando por hoy’ (…) A mí no me quedó de otra y tuve que pagar, ahí en el momento”, detalló el entrevistado.  

“Ahora todos los últimos de mes hago la entrega de ese dinero. Siempre me esperan entre las 10 y 11 de la mañana, no siempre es la misma persona, pero uno ya sabe más o menos quienes son” explicó.  

“La policía no hace nada, eso es mentira porque ellos (miembros de pandillas) se la pasan por sus zonas como si nada y usted verá patrullas a cada rato, pero no los atrapan. La cosa cada vez se pone peor para nosotros, los comerciantes” expresó.  

“Yo solo vendo para conseguir el pan de cada día y es injusto que los delincuentes nos quiten ese dinerito”, agregó.

Maras, pandillas e imitadores 

Las medidas para el combate de este delito por parte del Estado parecen no tener resultados. La crisis ha venido en aumento, traduciéndose en docenas de muertos, pérdidas millonarias para miles de transportistas y pequeños comerciantes; pero también en un negocio que reporta ganancias desproporcionadas al crimen organizado, y del que incluso se benefician los bancos y otros actores del sistema financiero. 

El crimen de la extorsión es una situación que afecta a toda la población, pero en especial al sector transporte y comercial, pequeños, medianos y grandes empresarios, quienes se ven amenazados por diversas estructuras criminales e incluso por “imitadores”, explicó, Mark Ungar, profesor de Ciencias Políticas y Justicia Criminal de la Universidad de Nueva York en una entrevista con Expediente Público.  

“La realidad cotidiana de las personas en la región es que la extorsión es parte de la vida de todos los días. Los negocios pequeños, medianos y grandes tienen que pagar extorsión a maras y pandillas. Un gran impacto de la extorsión es en el sector transporte, (donde) cada empresa de buses públicos, taxis, mototaxis, tienen que pagar a las maras para entrar a barrios en sus rutas”, explicó Ungar, quien actualmente realiza una investigación sobre las extorsiones en el Triángulo Norte. 

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“Allá por el año 2012 se empezaron a experimentar los primeros sucesos relacionados a este ilícito, cometido por miembros de organizaciones criminales. Esta es una actividad criminal que se empezó dando en países como México, Guatemala, luego aquí en Honduras y de forma simultánea en El Salvador”, dijo a Expediente Público, Mario Fu, portavoz de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP), dependencia de las Fuerzas Armadas. 

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Según la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas, en Honduras se destaca la presencia de dos organizaciones criminales que operan las redes de extorsión: la Mara Salvatrucha MS-13 y el Barrio 18, conocido también como Pandilla 18. 

Los departamentos de Cortés, en el Caribe, y Francisco Morazán, en el centro del país, son los que registran mayor presencia de maras y pandillas debido a que por ser los más poblados tienen una mayor actividad comercial, elemento clave para que las estructuras criminales puedan operar.  

También existen personas de bajos recursos que no pertenecen a ninguna organización criminal y se dedican al cobro de extorsiones por su cuenta, a quienes les denominan “imitadores” (…) «Piden extorsión diciendo que son miembros del crimen organizado o de las maras para dar miedo” y obligarlos a que paguen, explicó Ungar.  

Aseguró que muchos “son personas humildes (…) personas pobres haciendo extorsión a otras personas” igual de pobres.  

La FNAMP los llama “desertores”, porque generalmente han pertenecido a algún grupo criminal y quedan extorsionando, pero de manera “independiente” o buscan crear nuevas estructuras, o “células del crimen”. 

Pobreza, desplazamiento forzado y extorsión van de la mano 

La tasa de pobreza en Honduras se disparó a partir del año 2019, agudizándose en 2020 debido a la pandemia por covid-19. A esto se sumaron los desastres naturales y las pérdidas que dejaron Eta y Iota, dos de las tormentas más fuertes registradas en Centroamérica en décadas.  

La tasa de pobreza incrementó al pasar del 59.3% de hogares pobres en el 2019 a un aproximado del 70% en 2020, según el boletín económico número 15 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), publicado en abril del 2021.  

Según las investigaciones realizadas por el profesor Ungar, una de las razones por las que muchos se dedican a extorsionar es para sostener a sus familias, por la falta de oportunidades en el país.  

“Un oficial hondureño dijo que la extorsión es un delito de pobres contra pobres. Con el nivel de pobreza en Honduras, de más del 70%, la extorsión es entrada y actividad de la gente (…) Muchas familias, generaciones de familias en Honduras, dependen de la extorsión. Los jóvenes son miembros de las maras y son asignados para recoger dinero de la extorsión”, detalló Ungar. El pago “que reciben es fuente importante de ingresos para sus familias”.  

Otra de las consecuencias de la extorsión es el desplazamiento forzado. Entre julio de 2016 y julio de 2021, el estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) documentó 4,711 quejas por este problema, según el informe de Situación de Desplazamiento Forzado en Honduras. De esas quejas, el 51% fueron de hombres y el 49% de mujeres.  

“Dicen que antes de salir del país, un hondureño se mueve dentro del país más de 5 veces, pero hay poca documentación del desplazamiento forzado”, dijo el profesor Ungar. Explicó que pudo registrar el problema de la extorsión y su vinculación con el desplazamiento forzado, no solo en las ciudades grandes, San Pedro Sula y Tegucigalpa, sino en municipios rurales de los departamentos de Choluteca y Santa Bárbara.  

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Migdonia Ayestas reconoció que la extorsión es factor fundamental para el incremento de la migración.  

“Muchos tienen que irse del país, porque se ven amenazados, primero los amenazan y luego, si tienen una empresa y no pueden pagar, cierran el negocio, pero los siguen buscando para que sigan pagando, y por eso muchos tienen que emigrar”, dijo la directora del Observatorio de la Violencia. 

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La Policía y el crimen organizado  

Una de las principales causas para que no se perciban resultados en la lucha contra la extorsión es por el involucramiento de algunos policías y militares con las bandas criminales.  

“Hay mucha manipulación, mucho encubrimiento de la policía en esquemas de extorsión, como parte de sus alianzas con las maras. Por esa razón la gente no quiere hacer denuncias, no tiene confianza en la policía”, dijo Ungar. Según datos del experto, menos del 30% de las extorsiones se denuncian.  

“En muchos barrios, por ejemplo, de Choloma, en el norte de Honduras, la gente no quiere ir a la policía. Dicen que, en las sedes locales de los policías, muchas veces no hay nadie en la estación policial, no quieren hablar con la policía. Entonces, hay una brecha casi completa entre la población y la policía”, agregó. 

Los señalamientos contra las fuerzas del orden persisten, pese a que solo en el 2017 hubo una depuración de 5,867 elementos policiales, desde comisionados generales hasta auxiliares, según un informe del centro de pensamiento Woodrow Wilson.  

El general en condición de retiro y experto en seguridad, Luis Alonso Maldonado Galeas, dijo a Expediente Público que el personal que labora en el sistema penitenciario es uno de los que más se presta a cooperar con el crimen organizado, lo que contribuye a ejecutar extorsiones desde las cárceles. 

Para el profesor Ungar, el vínculo entre criminales y guardias penitenciarios es un reflejo de toda la corrupción que existe en el Estado. Confirmó que muchos líderes de maras y pandillas encarcelados coordinan redes de extorsión y dirigen a sus subalternos en las calles. “Las cárceles son centros de extorsión con la colaboración de los guardias y de la administración estatal, que refleja un nivel muy grande de corrupción en el Estado”, señaló.  

Para Migdonia Ayestas los delincuentes se empeñan en tener de su lado a funcionarios de seguridad y justicia, porque creen que eso les garantiza información y protección. Asumen “que los van a ayudar cuando estén judicializados” sus casos, dijo la académica.  

Las cifras de la FNAMP 

En el 2021 la FNAMP recibió solamente 1,850 denuncias, que se tradujeron en 1,750 capturas de mareros y pandilleros dedicados a la extorsión, indicó el portavoz Mario Fu. De enero a abril del año 2022, esta institución ha registrado 550 denuncias por extorsión y se han efectuado 250 capturas de miembros de organizaciones criminales.  

Para el portavoz este es un “logro” de la institución que ha permitido “neutralizar” la incidencia delictiva. También se saca “de circulación un sinnúmero de armas de fuego (…) en poder de estas estructuras criminales y con las cuales generaban hechos violentos” puntualizó.  

Aunque los expertos señalan que no existe una fuerza estatal comprometida en la lucha contra el crimen organizado y la extorsión, y esto crea inseguridad y desconfianza en la población, para el portavoz de la FNAMP, la ciudadanía sí está confiando y denunciando. “En este caso vemos lo cerrado que es la brecha entre el número de denuncias y número de capturas”, dijo Fu.

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