* La National Endowment for Democracy (NED) reunió en Washington DC a víctimas y expertos de la represión de la dictadura de Daniel Ortega.
** Especialistas sostienen que los países de acogida de nicaragüenses deben generar mecanismos de protección especial, pues el régimen nicaragüense ejerce coacción transnacional.
*** El asesinato del exmilitar y opositor nicaragüense Roberto Samcam puso en evidencia cómo funciona el sistema represivo de la dictadura más allá de sus fronteras.
Expediente Público / Washington
La nicaragüense Claudia Vargas se ha convertido en la voz de las víctimas de la represión de la dictadura nicaragüense luego de afrontar el asesinato de su esposo, Roberto Samcam, en San José, Costa Rica.
Cuando se perpetró el crimen, el 19 de junio pasado, la resistencia en el exilio no dudó de que se trataba de la coacción transnacional del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“El proceso ha sido bastante complejo porque nos enfrentamos a un duelo doble que tiene una dimensión privada –la pérdida del padre, la pérdida del esposo, la pérdida del compañero–, pero que también entendemos la dimensión política de este duelo y el impacto político que tiene en cada uno de los nicaragüenses y los refugiados políticos”, reflexionó Vargas en entrevista con Expediente Público en Washington DC.
En esta ciudad, Vargas participó junto con otros nicaragüenses en un encuentro realizado en la National Endowment for Democracy (NED), la semana pasada. Expuso la situación que atraviesan los opositores de su país exiliados en Costa Rica, así como en otros países debido a la represión transnacional.
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Testimonios de la represión transnacional
El asesinato de Samcan trascendió por su alto perfil. Era mayor retirado del Ejército nicaragüense y estaba refugiado en Costa Rica desde 2018. En abril y mayo de ese año, había participado en las protestas contra el régimen que provocaron una ola de desplazados. En febrero de 2023 fue desnacionalizado junto con 93 opositores.
El recuento de la violencia sistemática del régimen nicaragüense se cuenta en varios casos en Costa Rica y Honduras que acogen a la mayor cantidad de disidentes perseguidos.
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El caso más sonado antes de Samcam fue el del opositor Joao Maldonado, un ingeniero informático y fundador de la Unidad de Exiliados Nicaragüenses (UEN) que sobrevivió a dos atentados, en los que recibió 13 disparos. El primero ocurrió en septiembre de 2021 y un segundo, en enero de 2024. Tras los ataques, Maldonado salió de Costa Rica hacia otro país desconocido para garantizarle su seguridad.
Manuel, nombre ficticio, comentó a Expediente Público que luego de participar en un evento en línea para denunciar al régimen de Ortega y Murillo, un familiar suyo fue interceptado en Managua sin ninguna causa, lo tuvieron detenido algunos días y antes de liberarlo le advirtieron que estaban al tanto de los movimientos de su pariente fuera del país.
“Hay un miedo real, a veces no sólo por la seguridad de uno mismo, como unas declaraciones o participar en algo puede poner en alto riesgo a los familiares que se han quedado en el país”, sostuvo Manuel.
Estos y otros hechos han planteado la urgente necesidad de redefinir la figura de protección para opositores exiliados nicaragüenses en Costa Rica y otros países.
El exprecandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro, encarcelado por el régimen Ortega – Murillo en 2021 y entregado junto con más de 200 prisioneros a Estados Unidos en febrero de 2023, dijo a Expediente Público que la escalada de represión transnacional plantea más retos.
“Ciertamente esto supone un cambio de momento, un punto de inflexión para la oposición”, pues además de luchar por los derechos y libertades del pueblo nicaragüense dentro y fuera del país para recuperar la democracia «ahora tenemos que también estar trabajando por nuestra propia integridad física”, manifestó Chamorro.
La denuncia internacional ayuda
Las primeras capturas en el caso de Samcam indican que el complot para el asesinato se habría valido del oscuro mundo del hampa para encontrar sicarios a sueldo en Costa Rica y hacer parecer el crimen como de simple inseguridad ciudadana.
“Es una operación claramente bien diseñada, donde se utilizaron elementos costarricenses delictivos, costarricenses rateros y asesinos a sueldo en Costa Rica para supuestamente no dejar huellas y hacer creer que es una pasada de cuentas o un conflicto de otra naturaleza”, afirmó Chamorro.
Para la viuda de Samcam, el aparato fiscal y de justicia de Costa Rica ha actuado con diligencia para esclarecer el caso, con las primeras capturas y trazando líneas en la investigación.
“Esos avances también han sido posibles gracias a la presión de los medios de comunicación, de los organismos de derechos humanos, de la denuncia enorme que tuvo el caso de Roberto también, y de embajadas, países, pronunciamientos de expresidentes que han denunciado lo que está pasando con los refugiados políticos precisamente en Costa Rica”, señaló.
Un documental contra la represión
En el encuentro de la NED también se presentó el documental “Terror fuera de las fronteras”, realizado por Darío Medios y producido por el periodista Hansell Vásquez. La película analiza el impacto de la represión que genera el régimen sandinista sobre los exiliados nicaragüenses en Costa Rica.
El filme, en el que participan la expresidenta Laura Chinchilla, expertos en inteligencia y algunas víctimas de la represión como Claudia Vargas, aborda la desprotección de los afectados y el reto para Costa Rica de asegurar sus capacidades para hacer frente al aparato represivo de su vecino que salta las fronteras en busca de opositores.
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Organismos internacionales, en alerta
En una entrevista reciente realizada por Expediente Público, un equipo de expertos de Freedom House abordó la presión transnacional y los riesgos para los refugiados perseguidos por regímenes autoritarios.
Los investigadores de Freedom House Brian Tronic director del programa por la libertad de presos políticos, y Alejandra Argueta, subdirectora para América Latina y el Caribe, expusieron algunas líneas de preocupación sobre el problema.
Tronic manifestó que los países de acogida y sus gobiernos muchas veces “reaccionan muy reactivamente en lugar de proactivamente (…) a la vez que se envía un mensaje a los opositores “que no están a salvo, no importa donde estén”.
Para Argueta, Costa Rica y otros países donde se refugian nicaragüenses deben reconocer “el hecho de que el régimen Ortega – Murillo tiene la capacidad, la inteligencia y los recursos para poder continuar persiguiendo e intentar silenciar cualquier crítica”, de disidentes incluso fuera de su país.
Organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional han advertido que muchos nicaragüenses exiliados, se ven reprimidos incluso fuera de sus fronteras por opinar sobre la situación del país, pues pone en riesgo a sus familias que han quedado dentro del territorio.
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Seguridad integral para los exiliados
Claudia Vargas dice que los activistas exiliados en Costa Rica y otros países no piden tener un guardia de seguridad custodiando la puerta de sus casas para sentirse seguros, pero sí tener más acompañamiento y generar algunas dinámicas que promuevan la protección colectiva.
“Necesitamos que nos den talleres, que nos brinden orientaciones. La Oficina de Protección a la Víctima (en Costa Rica) podría acercarse y brindar algunas asesorías puntuales sobre cuáles son las características de una casa segura o de un lugar seguro, cuáles son las medidas de precaución que debemos tomar al salir a la calle”, apunta.
Y agrega que “es fundamental el tema de no ver la seguridad nada más como un chaleco antibalas o como un candado de seguridad de nuestras puertas.
La seguridad es integral. También la seguridad emocional, la salud mental, es crucial para las personas que están viviendo violencia y que se sienten amenazadas aun estando en países de asilo o de refugio”.
Esta activista dice que, luego del atentado mortal contra su esposo, ha pasado de ser defensora de derechos humanos y de buscar justicia para otros a estar en la cola para pedir también que el asesinato de su cónyuge no quede en la impunidad. “Hoy yo soy una de ellas y eso yo nunca pensé que podía pasar”, afirmó.
Denuncia ante la ONU
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) presentó un informe ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el 23 de septiembre pasado, durante una sesión especial sobre Nicaragua en Ginebra, Suiza.
En el acto, el GHREN advirtió sobre la escalada represiva contra los opositores nicaragüenses y que trasciende las fronteras del país.
“El Gobierno de Nicaragua está expandiendo la represión contra quienes percibe como opositores mucho más allá de sus fronteras, atacando a ciudadanos nicaragüenses en el extranjero como parte de una campaña cada vez más intensa para silenciar a los críticos en el exilio”, dijo el grupo de expertos a la ONU.
El GHREN destacó que, además de la violencia física con casos letales, la represión del régimen Ortega – Murillo ha agudizado sus severas medidas como la privación arbitraria de la nacionalidad.
A eso se suma prohibir la entrada al país, negar pasaportes en el exterior, confiscar bienes, hacer vigilancia digital, enviar amenazas, así como la intimidación y el castigo de los familiares que permanecen en Nicaragua, detalló el reporte.
Reed Brody, miembro del GHREN, dijo que “un clima de miedo se ha extendido entre la diáspora nicaragüense ya que ningún lugar del mundo parece seguro para quienes se oponen a Daniel Ortega y Rosario Murillo”.
Y agregó: “Una mano invisible persigue a los exiliados por todas partes: les niega pasaportes, los amenaza a ellos y a sus familias, los separa de su patria”.
