*Gustavo Porras, de los principales operadores del FSLN, continúa en el cargo como presidente de la junta directiva del Parlamento e insistió que la función de los nuevos diputados será defender la “soberanía del país”.
**Los diputados están convocados para asistir esta tarde a la toma de posesión de Daniel Ortega y Rosario Murillo, un gobierno que carece de “legitimidad”.
Expediente Público
Los 91 diputados de la Asamblea Nacional (Parlamento) electos en los polémicos comicios del 7 de noviembre de 2021 quedaron en posesión de sus cargos este 9 de enero para el período legislativo 2022-2026, previo a la toma de posesión de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes este 10 de enero iniciarán un nuevo mandato como gobernantes del país centroamericano pese a que su gestión es desaprobada por gran parte de la comunidad internacional.
La sesión solemne de la Asamblea Nacional fue presidida por los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), quienes, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tomaron la promesa a los diputados y eligieron la nueva junta directiva del Parlamento, que quedó nuevamente presidida por Gustavo Porras, diputado sandinista sancionado por el del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos el 21 de junio de 2019.
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Según comunicación del Departamento del Tesoro, Porras fue sancionado porque desde la Asamblea Nacional promulgó «acciones o políticas significativas que socavan los procesos o instituciones democráticas en Nicaragua”.
Porras es diputado desde el 2002 y es uno de los principales operadores del régimen y de los hombres cercanos al círculo del poder que apoyan la promulgación de leyes represivas contra los opositores y a exaliados de Ortega.
PLC hizo comparsa al FSLN
La junta directiva quedó integrada en su mayoría por diputados fieles al partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
El artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que la directiva electa este 9 de enero funcionará durante los dos primeros años del mandato constitucional, es decir 2022 y 2023.
El artículo 38 de la misma ley refiere que la segunda junta directiva comenzará su período el 9 de enero del tercer año del período legislativo, fecha de su elección y concluirá el nueve de enero del quinto año del período legislativo.
Por otro lado, establece que la tercera junta directiva del período legislativo funcionará por un año a partir de 2026.
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Porras fue elegido por unanimidad, es decir contó con el voto a favor de los 91 legisladores que conforman la Asamblea Nacional, para ocupar el cargo de presidente en la nueva junta directiva que funcionará para las dos primeras legislaturas y que es el resultado del pacto que sigue vivo entre el FSLN, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y los demás partidos colaboracionistas.
El diputado sandinista Edwin Castro y Roberto Lira Villalobos, por el PLC, propusieron a Porras para el cargo de presidente del Parlamento nicaragüense.
El 9 de enero de 2017 fue la primera vez que Porras asumió el cargo como presidente de ese poder del Estado, después de la muerte del también sandinista René Núñez, ocurrida el 10 de septiembre de 2016.
La diputada propietaria del FSLN por el departamento de Chinandega, Arling Patricia Alonso Gómez, sustituyó a Maritza del Socorro Espinales en el cargo como primera vicepresidenta de la junta directiva.
Alonso Gómez también fue elegida por unanimidad con el voto de los 91 legisladores, tras ser propuesta para el cargo por su aliada sandinista por el departamento de León (occidente), Benita Arvizú Medina.
La diputada sandinista Gladys Báez y la liberal María Haydeé Osuna, repitieron en el cargo para este periodo como segunda y tercera vicepresidenta, respectivamente.
Osuna destacó el año pasado por actuar en contubernio con los magistrados electorales y ser la principal operadora para sacar del proceso de elecciones a la opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL).
Desde 1998, cuando se firmó el pacto entre el PLC con el FSLN, ha sido el partido que más ha ayudado a Ortega a perpetuarse en el poder. El pacto lo firmó el expresidente liberal Arnoldo Alemán con Ortega, quien hoy tiene como presa política a la esposa del exmandatario María Fernanda Flores.
La también exlegisladora fue destituida del cargo en noviembre del 2020 por solicitud de antigua aliada, María Haydée Osuna, y en junio del 2021 fue detenida por la Policía quien la mantiene en casa por cárcel siendo acusada por «incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras». Son las mismas acusaciones contra el resto de líderes opositores, entre ellos siete aspirantes presidenciales que son parte de los más de 160 presos políticos en Nicaragua.
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La primera secretaría quedó en la sandinista Loria Raquel Dixon Brautigam, quien consiguió 91 votos para mantenerse en el cargo.
Mientras que los diputados Wilfredo Navarro, por el FSLN, y Alejandro Mejía Ferreti por la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), fueron reelectos como segundo y tercer secretario de la junta directiva, respectivamente.
Porras: defender la “soberanía”
Tras tomar posesión de su cargo, Gustavo Porras pronunció unas breves palabras manteniendo la misma línea de confrontación del régimen de Ortega y Murillo.
“Nuestra guía va a ser siempre buscar la independencia, defender la soberanía de nuestro país y la autodeterminación del pueblo nicaragüense, buscar la soberanía económica, la soberanía en todos los sentidos”, dijo el legislador sancionado.
El 21 de diciembre de 2020 la Asamblea Nacional, presidida por Porras, aprobó la Ley de Defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz que le permitió a Ortega y Murillo anular por completo la competencia política en las votaciones celebradas en noviembre de 2021.
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La Ley 1055, que fue aprobada en pleno periodo vacacional, contó con 70 votos de los legisladores sandinistas y abrió la posibilidad de procesar penalmente a los opositores por «traidores a la patria”.
Los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz y Félix Maradiaga fueron detenidos y acusados bajo la Ley 1055.
Sandinistas con más escaños
Después del proceso de elección en la que el CSE otorgó el triunfo al FSLN, el régimen consiguió ampliar la lista de diputados en el Parlamento nicaragüense al obtener 75 escaños en la distribución parlamentaria.
La ocupación de la mayoría de los curules le permitirá al sandinismo la aprobación de leyes sin ninguna dificultad, pues los partidos de oposición que alcanzaron una silla quedaron reducidos, pero suelen plegarse a las decisiones del oficialismo.
El PLC, aliado del régimen, consiguió 10 escaños para continuar en el Parlamento, incluyendo la del candidato presidencial Walter Espinoza.
El Partido Liberal Independiente (PLI) y la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), dos cada uno; mientras que la Alianza por la República (Apre) y Yatama, uno para cada partido.
Edwin Castro, Wálmaro Gutiérrez, José Figueroa, Wilfredo Navarro, Filiberto Rodríguez, Gladys Báez y el mismo Gustavo Porras son legisladores que han repetido en el cargo en varias legislaturas.
