* Nueve policías muertos y más de 10 heridos dejó una ola de ataques de pandillas el fin de semana en Guatemala.
** El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, decretó Estado de Sitio en el país por 30 días para retomar el control.
*** Aldo “El Lobo” Duppie Ochoa, cabecilla de la Mara 18 recluído en una cárcel de máxima seguridad, estaría detrás de los atentados, según el Ministerio de Gobernación.
Marysabel Aldana / Expediente Público
Una jornada marcada por la violencia y el caos sacudió a Guatemala la mañana del domingo 18 de enero, cuando una serie de motines en tres cárceles de alta seguridad derivó en ataques armados sincronizados contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Los atentados dejaron nueve policías muertos y más de diez heridos, según cifras oficiales preliminares. En respuesta, el presidente Bernardo Arévalo de León decretó un estado de sitio por 30 días en todo el país y anunció tres días de duelo nacional para honrar a los efectivos asesinados.
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El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, señaló que los ataques fueron una operación concertada en represalia por el avance de los operativos dentro de los penales y por la captura de importantes líderes de pandillas como Aldo “El Lobo” Duppie Ochoa, uno de los cabecillas de la Mara 18, quien había sido trasladado recientemente a un centro de máxima seguridad.
Ochoa, de 41 años, tiene una condena de 2.000 años de prisión y está casado con María Marta Castañeda Torres, sobrina de la exprimera dama de la Nación (2008-2012), Sandra Torres, excandidata presidencial.
El presidente Arévalo hizo alusión a esa conexión en cadena nacional. «Las torres de corrupción e impunidad que por décadas han sostenido al crimen organizado están cayendo ante la fuerza y la acción contundente de un pueblo y un gobierno que ya decidieron vivir en paz», afirmó.
Motines simultáneos en cárceles
La crisis inició el sábado 17 de enero con motines coordinados en tres centros penitenciarios: Renovación I, Fraijanes II y el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18. Autoridades del Ministerio de Gobernación atribuyeron los disturbios a miembros de la pandilla Barrio 18, organización que exige condiciones más favorables y la liberación o traslado de algunos de sus cabecillas desde hace meses.
Según informes oficiales de la PNC, los reos tomaron al menos a 46 guardias como rehenes, incluyendo a funcionarios del Sistema Penitenciario y un psicólogo. Los motines derivaron en incendios dentro de las instalaciones y un clima de incertidumbre sobre la seguridad de los rehenes y la integridad del sistema carcelario.
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El Gobierno respondió con una operación conjunta entre la Policía Nacional Civil y el Ejército para retomar el control de las cárceles. La madrugada del domingo, las fuerzas de seguridad lograron recuperar parte del orden en Renovación I, donde fue liberado un grupo de guardias y neutralizados algunos cabecillas implicados en los disturbios.
Ataques armados contra polícias
Mientras se restablecía el control en los centros penitenciarios, se reportaron ataques armados coordinados contra agentes de la PNC en varias zonas urbanas del país, especialmente en la Ciudad de Guatemala y municipios cercanos. Al menos 18 ataques se registraron en diferentes puntos, según fuentes policiales, dejando un saldo preliminar de siete policías asesinados y diez heridos.
Los enfrentamientos ocurrieron en áreas como El Limón, Zona 18, Bárcenas en Villa Nueva, Zona 10 y Zona 7 de la capital, Villa Lobos 2, Castañas en Zona 11, Villa Canales y Zona 13, generando alarma en la población.
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Estado de sitio y duelo nacional
Ante la escalada de violencia, el presidente Bernardo Arévalo emitió un decreto extraordinario de estado de sitio en todo el país por un período inicial de 30 días. La medida fue anunciada el domingo por la tarde en cadena nacional y tiene como objetivo restablecer el orden público, garantizar la seguridad de los ciudadanos y facultar a las fuerzas de seguridad para actuar de manera conjunta con el Ejército.
Arévalo aseguró que se utilizarán “todas las herramientas del Estado para enfrentar a las pandillas y grupos criminales responsables de la violencia”, y destacó que la medida permitirá fortalecer las operaciones de seguridad en zonas sensibles.
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Asimismo, el mandatario declaró tres días de duelo nacional en homenaje a los policías que perdieron la vida en los ataques.
El estado de sitio deberá ser ratificado por el Congreso de la República en su próxima sesión. Varios diputados como Samuel Pérez, Nery Ramo, Andrea Villagrán, entre otros, ya expresaron su apoyo a las acciones del Ejecutivo.
Hacia un enfoque integral de la seguridad
Analistas nacionales señalan que la violencia desatada este fin de semana es un reflejo de un fenómeno histórico complejo que ha marcado a Guatemala durante décadas: el poder e influencia de las pandillas, especialmente Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), que han consolidado un control territorial dentro y fuera de los centros urbanos, utilizando tácticas violentas para intimidar tanto a la población como a las autoridades.
El experto en seguridad pública Luis Fernando García, afirmó a Expediente Público que “la reacción coordinada desde el interior de las cárceles demuestra la alta capacidad organizativa de estas redes criminales, que se extiende más allá de los muros penitenciarios y es capaz de movilizar ataques armados en múltiples puntos del país”.
Para García, director del centro de estudios sobre violencia (CESVI), la crisis es un síntoma del “vacío de control que persiste en el sistema penitenciario y la falta de estrategias integrales de reinserción”.
Por su parte, la politóloga y analista de conflictos, María Elena Rodríguez señaló que se necesitan políticas de seguridad más acertadas.
“El estado de sitio puede ser una herramienta necesaria en el corto plazo, pero no sustituye la necesidad de reformas profundas en el sistema de justicia y seguridad. Sin un enfoque integral que incluya prevención social, rehabilitación y reinserción, la violencia continuará siendo utilizada como una forma de presión por parte de estos grupos”, aseguró a Expediente Públlico.
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Respuesta de la sociedad y medidas de seguridad
La violencia de este fin de semana ha generado reacciones de preocupación y condena en diversos sectores de la sociedad guatemalteca. Organizaciones de derechos humanos han hecho un llamado al Gobierno para garantizar que las acciones de seguridad respeten los derechos fundamentales, incluso bajo estado de sitio.
Mientras tanto, el Ministerio de Educación anunció que se suspendieron las clases en todo el país para este lunes, 19 de enero, para proteger a estudiantes, docentes y familias.
Asimismo, se establecieron patrullajes conjuntos entre la PNC y el Ejército en puntos estratégicos de Ciudad de Guatemala y departamentos aledaños para evitar más ataques y restaurar la normalidad.
