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«Hay mucho en juego» en las elecciones presidenciales de Honduras

Gerardo Berthin, director para América Latina de Freedom House, analiza el panorama democrático de Honduras, Nicaragua y El Salvador, donde sus gobiernos son señalados de prácticas autoritarias.

EXPEDIENTE PÚBLICO


Gerardo Berthin, director para América Latina del organismo internacional Freedom House, estimó que para las próximas elecciones presidenciales en Honduras, previstas en noviembre del 2021, «hay mucho en juego» para la democracia y sus ciudadanos, por lo que ese organismo estará monitoreando el proceso electoral «en particular esta intersección entre la tecnología, la integridad de las elecciones y también los derechos humanos».

Los comicios generales del país centroamericano para elegir al presidente de la República, diputados y alcaldes, se pronostican conflictivos por falta de acuerdos entre los partidos políticos para una nueva Ley Electoral, la violencia, la corrupción e incluso, hasta el fenómeno del narcotráfico.

Unos 14 partidos políticos participarán en las elecciones del 28 de noviembre, entre ellos las principales agrupaciones políticas: Nacional (extrema derecha), Liberal (derecha) y Libre (liberalismo de izquierda).

El informe «Libertad en el mundo 2021» de Freedom House presentado esta semana, aborda con especial atención el caso de Honduras porque «ha sido uno de los países que ha mostrado una deterioración gradual en los últimos años», dijo Berthin.

En el año 2011, Honduras tenía 52 puntos en la escala de libertades de 0 a 100 de Freedom House. Hoy tiene solamente 44 puntos. Si se analizan los quince años anteriores, la situación se torna todavía más grave porque Honduras pasó entonces, de 66 a 44 puntos, perdiendo un total de 22 puntos.

«Lo que pasa en Honduras es un poco lo que está pasando en algunos países en Centroamérica. Si bien tiene elecciones libres, tiene instituciones muy débiles, bastante corrupción, violencia en contra de grupos específicos como los ambientalistas, periodistas y lo que muchos han llamado, el segundo Covid-19, la segunda pandemia, los feminicidios y el tema de la impunidad tienen importante peso», dijo Berthin.

Debilidad institucional y corrupción

El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) calcula que entre 2014 y 2018, la corrupción le costó a Honduras unos 10 mil millones de dólares, lo que supone el 10 % y el 12,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) respectivamente.

Los análisis del monitoreo de Freedom House sobre la situación democrática de ese país centroamericano, concluyen que la debilidad institucional, la corrupción, la violencia y la impunidad socavan la estabilidad general del sistema democrático hondureño.

Por ejemplo, en 2019, las protestas contra el gobierno por el anuncio del presidente Juan Orlando Hernández de reformas impopulares en los sectores de salud y educación, se encontraron con un uso excesivo de la fuerza policial que dejó al menos seis personas muertas.

Posteriormente, fiscales estadounidenses identificaron al presidente Hernández y a su predecesor Porfirio Lobo Sosa como conspiradores en una operación de tráfico de drogas dirigida por el hermano del mandatario, Juan Antonio Hernández, quien fue condenado por un jurado de Nueva York en 18 octubre de 2019. La condena exacta podría ser anunciada este próximo 23 de marzo.

Sumado a esto, según un reportaje de Expediente Público, entre abril y julio de 2020, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), presentó una serie de ocho informes titulados  «La  corrupción  en  tiempos  de  Covid-19»,  que  evidenciaron  situaciones  como:  incumplimientos  contractuales  por  obras  inconclusas  y  de  mala  calidad; inconsistencias en los procesos de adquisición de equipos y materiales; favoritismos estratégicos para beneficiar a familiares; condiciones ventajosas para empresas proveedoras; y ejecuciones de procesos de adquisición contrarios a los principios que establece la Ley de Contratación del Estado, entre otros hallazgos.

Pero estas denuncias no parecen preocupar al presidente Hernández ni al Partido Nacional que han ido desmantelando las pocas defensas anticorrupción existentes, incluyendo la eliminación de su mayor «riesgo», la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), creada en 2016 a través de un acuerdo entre el gobierno y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La investigación en unos pocos casos de corrupción en los que estaban implicados altos funcionarios y parlamentarios, selló la suerte de la Maccih. Su mandato tenía que ser renovado en enero de 2020, pero el Gobierno no accedió, con la «tolerancia» de la Secretaría General de la OEA que no opuso mayor resistencia.

Los análisis de este organismo coinciden en que la falta de oportunidades socioeconómicas junto a los altos niveles de delincuencia y violencia limitan la movilidad social de la mayoría de los hondureños y exacerban la desigualdad de ingresos económicos. El alto desempleo juvenil y los bajos niveles de educación, contribuyen también a perpetuar el ciclo de delincuencia y violencia en ese país.

El caso de Nicaragua

«El Índice de libertades se mide por dos pilares que son los derechos políticos y las libertades civiles. Si uno analiza el índice de los derechos políticos, Honduras tiene solo tiene 19 sobre 40. Costa Rica tiene 38 sobre 40. En el tema de las libertades civiles, Honduras está a 25 sobre 60. Costa Rica tiene 53 sobre 60. Entonces, depende mucho de lo que ocurrirá antes y después de las elecciones. Honduras tiene un importante desafío que es parar esa tendencia que ya es consecutiva desde hace 15 años de deterioro lento, pero seguro», valoró Berthin.

Al analizar el estado de las naciones centroamericanas, Honduras aparece con solo 44 puntos, pero el caso de Nicaragua es más preocupante porque tiene solo 30 puntos de los 100 puntos de calificación del informe.

«Cuando hablamos de Centroamérica, estamos hablando de siete países. En el informe de este año Costa Rica, Belice y Panamá, son considerados libres. Hay tres países que son considerados parcialmente libres que son El Salvador, Guatemala y Honduras y hay un país que ha sido calificado como no libre, que es Nicaragua», afirmó Berthein.

Estimó que el caso de Nicaragua es muy similar a la situación política venezolana. «Para entender lo que pasa en Nicaragua, uno debe ir a lo que pasaba hace diez años. En ese entonces, Nicaragua tenía un puntaje de 54, ahora tiene treinta. En 10 años bajó 24 puntos y quince años atrás, Nicaragua tenía 63 puntos. Entonces ha experimentado uno de los principales declives que hemos visto en la región después de Venezuela», dijo el representante para América Latina de Freedom House.

En 2021 hay también elecciones en Nicaragua programadas para el 7 de noviembre, pero las aprobadas leyes de Agentes Extranjeros, de Ciberdelitos y de Odio, «apuntan a un cierre del espacio cívico y por ende este año ha disminuido un punto adicional. Definitivamente las condiciones de libertades políticas y derechos civiles está realmente bastante preocupante en Nicaragua», estimó.

Hace 25 años, recordó Berthin, Venezuela era uno de modelos democráticos en la región y hoy es uno de los países con un deterioro altísimo de las libertades, y Nicaragua no está muy detrás.

 «En este momento (Nicaragua) ocupa el sexto lugar de deterioro democrático después de la república africana central, Burindi, Tailanda y de Malí. El tema electoral en Nicaragua y Honduras es importantísimo para renovar aquellos valores que voy parecer perdidos y que son la base fundamental de la democracia».

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Dijo que hay algunos elementos y condiciones de la crisis que vivió Centroamérica hace 40 años como el deterioro económico, la desconfianza con los gobiernos, mucha gente tratando de irse a otros países, las violaciones de derechos humanos y el avance de la corrupción y falta de transparencia.

Desbalance de poderes

Sobre el caso de El Salvador, estimó que en el informe de Fredom House, bajó tres puntos y el año pasado pasó de ser un país libre, a ser un país parcialmente libre.

«Lo que ha pasado en El Salvador tiene que ver con los derechos políticos, que el último año ha habido un desbalance del poder Ejecutivo y Legislativo, el uso de la fuerza, definitivamente abusos a la libertad de expresión en particular a periodistas y si son mujeres, esa agresión ha sido mucho más severa», agregó Berthin.

En El Salvador, el presidente Nayib Bukele sorprendió en febrero de 2020 al ordenar la entrada de tropas del Ejército en el Parlamento en un intento de asegurar fondos adicionales para las fuerzas de seguridad, lo que provocó una oleada de críticas de líderes políticos nacionales e internacionales y una preocupación por el rumbo democrático de la nación centroamericana.

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El 28 de febrero de 2021, Nuevas Ideas, el partido de Bukele, arrasó en las elecciones legislativas, lo que le permitirá gobernar con mayoría absoluta y podría plantear hasta reformas constitucionales sin ningún obstáculo político.

La victoria política de Bukele, desapareció el histórico bipartidismo entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), al lograr casi la mayoría de los escaños del Parlamento.

Un llamado de atención

El Covid-19 ha afectado mucho a El Salvador, con casi 2 mil muertos y más de 60 mil casos registrados desde marzo de 2020, pero «la cuarentena y la emergencia tuvieron un tratamiento tan severo que en efecto, se empezó a reducir la libertad de los ciudadanos».

«Un tema importante en el caso de El Salvador es el tema del acceso a la información donde en un momento de emergencia sanitaria, el acceso de información oportunidad y fidedigna es importante y esto vimos que el año pasado disminuyó. El Salvador tiene 63 puntos de 100 y esperamos que esto sea un llamado de atención porque El Salvador hasta hace poco era un país libre y un país que estaba básicamente en una orientación a fortalecer sus instituciones y fortalecer los derechos políticos», expresó el investigador.

Sin embargo, Berthin es positivo y estima que «hay ejemplos en la región que mejorado su escala democrática como el caso de Ecuador que subió dos puntos, y Belice un punto.

“Chile tuvo un deterioro, se recuperó y ahora tiene el segundo puntaje más alto en la región. Tenemos casos de países que han mejorado como Costa Rica y  Uruguay, pero hay que seguir fortaleciendo los derechos políticos y las libertades civiles y recuperar la pérdida de confianza en los gobiernos», indicó.

En Chile, luego de las protestas de 2019 contra la desigualdad que incluyeron destrucción de propiedad y violencia policial, una abrumadora mayoría de votantes aprobó la creación de una convención Constituyente encargada de reemplazar la vigente, que originalmente fue redactada bajo la dictadura de Augusto Pinochet.

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El informe de Freedom House señaló que «por muchos meses durante el 2020, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, restó importancia a los efectos y daños del coronavirus, dejando a los ciudadanos con menos acceso a información y recursos para salvar sus vidas».

Mientras tanto, el informe destacó que en Cuba el año pasado las autoridades desataron olas de intimidación, detenciones arbitrarias e ilegales arrestos domiciliarios contra periodistas independientes y grupos artistas  disidentes con quienes irónicamente había prometido que dialogaría.

Por su parte, las elecciones legislativas de Guyana se vieron empañadas por el sesgo de los medios de comunicación y problemas en los datos que en un primer momento favorecieron al gobierno en funciones, aunque luego del recuento ordenado por la Corte Suprema, finalmente se confirmó la victoria del  partido de oposición llamado A New and United Guyana.

Perú fue sacudido por el juicio político de su presidente Martín Vizcarra por parte del Congreso por motivos dudosos, seguido una semana después por la renuncia de su reemplazo, Manuel Merino bajo una intensa presión pública. Los caóticos eventos, que fueron vistos como un golpe a los esfuerzos anticorrupción, resultaron en un declive del estatus de un país «libre» a «parcialmente libre».

Los peligros de extender el control

En un desarrollo más positivo, Surinam dejo atrás el Gobierno dominante del presidente Dési Bouterse, luego de que fuera derrocado en las elecciones de mayo del 2020, y la nueva administración ha operado con mayor transparencia.

De manera similar, las elecciones presidenciales en Bolivia fueron administradas de manera imparcial y los resultados fueron reconocidos por los partidos en competencia. Así culminó un período de grave agitación política desde noviembre de 2019 que terminó con la renuncia del entonces presidente Evo Morales, luego de cuestionarse los resultados de las votaciones presidenciales de ese año.

Un guiño a aplicar sanciones

La investigación valoró que «cuando los líderes cambian las reglas del límite de mandato por sí mismos, esto debería desencadenar en una revisión general automática de toda la asistencia al país y los elementos de esa asistencia que benefician al jefe en mando y los escalones superiores del Gobierno, deberían suspenderse».

Afirmaron que el Departamento de Estado de Estados Unidos debe liderar una revisión de los acuerdos comerciales preferenciales, la inversión en infraestructura o la venta de armas y otras formas de cooperación militar.

 «Luego, los responsables de la formulación de políticas de alto nivel deberían decidir qué combinación apropiada de beneficios se pueden suspender. El secretario de Estado debe anunciar públicamente esta política para que pueda servir de disuasión. Otras democracias deberían condicionar la ayuda exterior de manera similar», estimaron en el documento.

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Explicaron que durante las últimas dos décadas, decenas de líderes de todo el mundo —en Rusia, China, Bolivia, Nicaragua, Azerbaiyán, Irak, Uganda, Camerún y otros lugares —han tratado de evadir los límites de sus mandatos y extender su control en el poder.

Sin embargo, la sección 7008 de los proyectos de Ley de asignaciones anuales del Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados (PL 116-260) de Estados Unidos, bloquea el financiamiento solo «para el Gobierno de cualquier país cuyo jefe de gobierno debidamente elegido sea depuesto mediante un Golpe de Estado o Decreto Militar», hasta que el Secretario del Estado «pueda certificar que un Gobierno elegido democráticamente ha asumido el cargo», por lo que esta disposición debería enmendarse para incluir violaciones de derechos humanos o cambios a los límites de mandato que permitan a los líderes en funciones extender su tiempo en el cargo.

En Venezuela, donde se ha experimentado una vertiginosa disminución de 40 puntos de nivel democrático en los últimos 15 años, surgió alguna esperanza en 2019 cuando el líder opositor de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó parecía presentar un serio desafío al dictador Nicolás Maduro.

En ese entonces, la oposición nombró a Guaidó como presidente interino según la Constitución, citando la ilegitimidad de la elección presidencial que mantiene a Nicolás Maduro en el poder. Inmediatamente muchos gobiernos democráticos reconocieron a Guaidó, pero en 2020, la oposición siguió enfrentando ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, que hicieron recuperar a Maduro la ventaja política. En el 2021, Guaidó prepara una nueva coalición antichavista que pueda forzar elecciones libres y transparentes en Venezuela.

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