* La falta de consenso en el CNE para planificar las elecciones presidenciales de noviembre podría llevar a una gran crisis de gobernabilidad como en 2017.
** El oficialismo busca imponer que una empresa venezolana ligada al chavismo instale un sistema informático, sin intervención humana, para el conteo rápido.
*** Con las encuestas en contra, el líder oficialista Manuel Zelaya ha dirigido a los colectivos, grupos de presión callejera, para atacar a opositores.
Expediente Público
A menos de cuatro meses de las elecciones generales previstas para el 30 de noviembre, Honduras atraviesa una de las crisis electorales más graves de su historia reciente. El país se enfrenta a una serie de obstáculos estructurales y políticos que obstaculizan el proceso, alimentando la desconfianza ciudadana y el riesgo de violencia postelectoral.
A poco de finalizar el gobierno de la presidenta Xiomara Castro (2022-2026), el proceso electoral está actualmente paralizado por una combinación de factores, entre ellos, la polarización política, la debilidad institucional, la falta de acuerdos entre los principales partidos políticos y la creciente intervención de otros órganos del Estado en los asuntos electorales.
Analistas como el investigador social y político Manuel Torres Calderón advierten que, si la situación no se resuelve pronto, el país podría repetir o incluso superar la crisis postelectoral de 2017, cuando los comicios fueron cuestionados por su falta de transparencia y estuvieron marcados por una ola de protestas en todo el país.
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El saldo fue de al menos 22 muertos como resultado de la represión estatal, según contabilizó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Repetir un escenario similar al del 2017 sería devastador para el país.
Los siguientes comicios, del 2021, fueron pacíficos, aunque no exentos de denuncias de irregularidades, sobre todo en el nivel electoral de diputados. Cuatro años después, los problemas se profundizaron.
Las elecciones primarias e internas del 9 de marzo de este año no aportaron credibilidad al proceso, pues se evidenciaron las debilidades del Consejo Nacional Electoral (CNE), como su incapacidad logística y su ineficiencia para resolver las denuncias.
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Los conflictos han escalado en los últimos meses, al punto de poner en riesgo el actual proceso hondureño, en cual están llamados 6,3 millones de electores a votar.
Polarización y desconfianza en el CNE
Para Manuel Torres, la principal debilidad de la democracia electoral hondureña radica en la profunda politización del CNE. En lugar de funcionar como un organismo imparcial, esta entidad está integrada por consejeros de los tres principales partidos políticos del país. Cossette López representa al Partido Nacional; Ana Paola Hall, al Liberal; y Marlon Ochoa, al oficialista Libertad y Refundación (Libre).
«Sus magistrados no actúan como funcionarios independientes, cada uno responde a los intereses de su partido y no a los de la ciudadanía ni a los principios democráticos», señala Torres. Esta dinámica, advierte, impide que el CNE ejerza un verdadero rol de árbitro neutral en el proceso electoral.
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Los tres consejeros del CNE ni siquiera logran consensuar decisiones clave para el proceso, como qué sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) se utilizará el 30 de noviembre.
El TREP, el punto de quiebre
El TREP es un sistema que permite digitalizar, transmitir y publicar rápidamente los resultados preliminares de las elecciones, permitiendo que desde las Juntas Receptoras de Votos (JRV) se envíen los primeros recuentos hacia el centro de cómputo del CNE. Aunque no refleja los resultados definitivos, este conteo rápido es clave para generar confianza y transparencia en el proceso, ya que brinda una visión inmediata de las tendencias de votación.
Para este proceso electoral, la consejera liberal Ana Paola Hall propuso revisar el TREP antes de su implementación. Hall planteó que haya revisión humana en las actas que presenten errores. Su propuesta fue respaldada por la consejera nacionalista Cossette López, pero rechazada por el consejero de Libre, Marlon Ochoa, y por las principales figuras del oficialismo, que acusan a los otros dos partidos de orquestar un posible fraude electoral.
El partido Libre quiere imponer que se utilice un sistema automatizado con inteligencia artificial, sin intervención humana, como se realizó en las elecciones primarias de marzo. Para ello, promueve de nuevo la contratación de Smartmatic, una empresa venezolana vinculada al chavismo.
La candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, el presidente del Congreso, Luis Redondo, y el propio Ochoa insisten en que el TREP debe ser idéntico al implementado en las elecciones de 2021, a pesar de que, en ese proceso, el sistema fue objeto de críticas. Una auditoría ordenada por el propio CNE determinó que hubo falta de verificación del software, ausencia de registro de cambios e, incluso, exclusión de partidos políticos.
El plazo legal para adjudicar el contrato del TREP venció el pasado 29 de julio sin que se alcanzara una resolución, dejando el proceso en un limbo técnico y político. Esto aumenta el riesgo de un proceso electoral sin un mecanismo de transmisión de resultados confiable, similar a lo ocurrido en la conflictiva elección de 2017.
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La disputa alrededor del TREP es parte de una crisis mayor adentro del CNE, donde predomina la ausencia injustificada de los consejeros electorales en sus sesiones, las denuncias por obstrucción, presiones y protestas públicas.
Esta pugna provocó que la consejera liberal Ana Paola Hall presentara su renuncia al Congreso Nacional el 16 de julio, pero este no la aceptó. La magistrada aduce que desde que asumió el cargo ha sido objeto de intensas presiones políticas y ataques personales, como campañas contra ella y su familia.
El conflicto alrededor del TREP es el punto de quiebre de una crisis estructural, donde predomina la falta de transparencia en las decisiones dentro del CNE y los incumplimientos del cronograma electoral A esto se suma la interferencia de instituciones como el Congreso Nacional, donde su presidente Luís Redondo se ha posicionado a favor de las demandas de Libre.
Denuncias penales y presiones políticas
Como si el conflicto no fuera lo suficientemente complicado, el Ministerio Público, bajo control del partido oficialista, incautó documentación clave relacionada con denuncias de conspiración, extorsión y otras irregularidades entre los propios consejeros del órgano electoral, por supuestas irregularidades en las elecciones primarias del 9 de marzo.
Incluso el exrepresentante de Libre ante el CNE, el sociólogo Julio Navarro, declaró al periódico El Heraldo, que la intervención de la Fiscalía en este momento «no ayuda, sino que puede entorpecer el ánimo de las personas que trabajan, porque pueden sentirse amenazadas y vigiladas».
La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, señaló en sus redes sociales que la intervención del Ministerio Público representa una amenaza directa al equilibrio institucional. «El escenario postelectoral podría ser peor que en 2017 si todos los partidos reclaman victoria», advierte.
La oposición denuncia que la persecución no viene solo del Ministerio Público, sino del aparato judicial en general. Afirma que contra ellos se han registrado citaciones y requerimientos fiscales por delitos como traición a la patria, abuso de autoridad y prevaricato administrativo.
La oposición también ha denunciado que el gobierno está usando instituciones públicas clave, como las Fuerzas Armadas, a su favor. El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Leonel Hernández, ha sido señalado por asumir posturas en beneficio del oficialismo.
Bajo el mando del general Hernández, las Fuerzas Armadas les quitaron la seguridad a las consejeras nacionalista y a la liberal, en el momento en que colectivos de Libre irrumpieron en uno de los edificios del CNE, el día en que se debían recibir las ofertas para adjudicar el TREP.
En aquella ocasión, los colectivos permitieron solo el ingreso de los representantes de la empresa venezolana Smartmatic.
Manuel Zelaya y sus «colectivos»
El expresidente Manuel Zelaya Rosales, figura central del partido gobernante y esposo de la actual presidenta Xiomara Castro, ha sido señalado como uno de los principales promotores de la crisis. Desde la oposición lo acusan de promover el colapso del proceso con el objetivo de alterar el equilibrio interno de fuerzas en el CNE y consolidar su control.
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Zelaya denuncia que los partidos Nacional y Liberal han formado una alianza “de facto” para imponer su mayoría dentro del CNE y bloquear las iniciativas de su representante Marlon Ochoa.
Su ofensiva se ha intensificado ante los resultados negativos de algunas encuestas. El ERIC-SJ (el centro de estudios de los jesuitas en Honduras), ubica a Libre en el último lugar de las preferencias electorales.
El reciente sondeo de opinión del ERIC-SJ, difundido en mayo pasado, reflejó que el 23.2% de los consultados se inclina por el Partido Nacional, el 17.1% por el Partido Liberal y el 15.9% por Libre. La encuesta también estableció que ocho de cada diez hondureños afirmaron que sí votarán, mientras que el 8.1% dijo que no lo hará y el 10.8% está indeciso.
Como parte de su estrategia, Zelaya moviliza a los llamados «colectivos» de Libre, un grupo de presión callejera conformado por militantes y empleados públicos, similares a los que utiliza el régimen orteguista en Nicaragua.
Los colectivos realizan tomas de edificios, marchas y enfrentamientos con adversarios políticos, como sucedió el día que el CNE debía recibir las ofertas para el TREP.
En su cuenta de X, la presidenta del CNE, Cossette López, denunció que la acción de los colectivos de Libre para impedir la entrega de las ofertas constituyó un atentado contra el proceso electoral y un intento de «secuestrar la democracia hondureña».
Para la socióloga Julieta Castellanos, el riesgo de violencia electoral es altísimo: «Libre ya ha anunciado que tiene listos a sus colectivos para defender sus intereses en las calles. Si todos los partidos reclaman victoria, ¿cómo se resolverá ese desafío si el CNE ha perdido credibilidad?», se preguntó.
¿Se puede salvar el proceso?
A diferencia de procesos anteriores, la sociedad civil hondureña enfrenta esta coyuntura sin las redes nacionales de observación e incidencia que en el pasado jugaron un papel clave.
La ausencia de observadores electorales nacionales fuertes y la falta de foros ciudadanos reduce la presión por elecciones transparentes. En este contexto, cobra mayor relevancia el papel de la observación internacional, que podría ofrecer legitimidad a un proceso desde ya fuertemente cuestionado.
La crisis electoral hondureña ha provocado preocupación en la comunidad internacional. El Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés) anunció la semana pasada que enviará una misión a Honduras del 4 al 8 de agosto, para evaluar las condiciones preelectorales.
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A pesar del panorama sombrío, técnicos y expertos coinciden en que todavía es posible organizar unas elecciones legítimas. Pero la solución depende de que los políticos abandonen sus posiciones intransigentes y prioricen el interés nacional sobre sus agendas partidistas.
Con voluntad política, acuerdos básicos y apoyo técnico nacional e internacional, el país podría superar el momento crítico. Si no, la historia de Honduras demuestra que ignorar las advertencias puede tener consecuencias devastadoras.
