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La Fuerza Armada del “poder popular”solo consolida al régimen de Maduro

*Luego de dos décadas de participación política, la institución militar venezolana se alejó del carácter “revolucionario” que planteaba Hugo Chávez para reafirmarse como una entidad conservadora, que rechaza con violencia todo intento de cambio de la dictadura chavista.

EXPEDIENTE PÚBLICO


El 23 de febrero del 2021 en horas de la tarde, corrió la alarma entre los conductores que intentaban salir de Caracas: individuos vestidos con pantalones cortos y zapatos tenis, pero armados con fusiles de asalto, restringieron el tránsito en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, principal vía para trasladarse a la ciudad satélite de Guarenas, al este de la capital de Venezuela.

La situación sorprendió, a pesar de que los integrantes de grupos armados prooficialistas, denominados colectivos, son conocidos porque a menudo llevan vestimenta deportiva.

Sin embargo, en este caso los hombres y mujeres que participaban en el bloqueo vial fueron identificados a la postre como funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), una dependencia del Ministerio de la Defensa venezolano que tiene a la tortura y los tratos crueles como procedimientos sistemáticos, de acuerdo con los informes presentados por la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas.

El motivo de esta repentina movilización de la Dgcim fue el esfuerzo por recapturar al primer teniente del Ejército Franklin Caldera Martínez, solicitado desde diciembre de 2019 por el asalto al 513 batallón de infantería de selva Mariano Montilla, con sede en la población de Luepa, estado Bolívar, a 800 kilómetros al sur de Caracas.

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Disidencia militar duramente castigada

De acuerdo con la información suministrada en esa oportunidad por el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, en esa incursión participaron cinco desertores de la Fuerza Armada, entre los que estaba Caldera, junto a un grupo mayoritario de indios de la etnia pemona.

Tras cargar con un lote de armas, que luego abandonarían, los oficiales subalternos huyeron a Brasil. Posteriormente, explicaron su propósito en una proclama divulgada por Youtube.

Caldera aparecía en la toma, al lado derecho del primer teniente Josué Hidalgo (quien leía un texto) y el teniente Russo Cárdenas. Aclararon que esa acción estaba “exenta de cualquier participación política nacional o internacional”.

“Venezuela pasa por momentos difíciles, siendo los políticos los únicos responsables de estos hechos, sumiendo al pueblo en la miseria para que solo un pequeño grupo se enriquezca”, afirmaron en su proclama.

Más allá del respaldo de los reservistas indígenas, la acción de estos oficiales (graduados durante la era de Hugo Chávez) no contó con mayor simpatía popular. Los representantes de los partidos tradicionales tampoco se pronunciaron sobre este caso. Y solo sería recordada ocasionalmente a propósito de las denuncias sobre las duras condiciones de reclusión de los pemones, que cayeron en poder de la Dgcim.

En febrero del 2021, pocos reconocieron a Caldera como el hombre que huía de sus captores. Aparecía con el cabello teñido de amarillo y más largo, y portando con ropa civil. Los propios perseguidores difundieron su imagen entre los cuerpos policiales que participaban en la búsqueda.

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Caldera fue recapturado poco después. Sin embargo, de acuerdo con el activista opositor en el exilio Villca Fernández, en ese breve lapso de libertad envió un mensaje telefónico, como una especie de fe de vida.

Casi un mes después, los padres de este oficial enviaron un mensaje. “Pueblo venezolano, organizaciones a nivel mundial: me están matando a mi muchacho”, expresó Franklin Caldera padre.

Según Fernández, este líder de la operación Aurora se había movilizado desde Brasil hasta Cúcuta, ciudad colombiana fronteriza con Venezuela. Allí supuestamente fue “secuestrado” por elementos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y entregado a funcionarios de la Dgcim en la frontera. Fue llevado llevado a la sede del órgano militar, en la zona industrial Boleíta Norte.

Maduro cabalga sobre hombros militares

El caso de Caldera y sus compañeros de armas ejemplifica la desconexión existente entre los militares y la sociedad civil.

Por una parte, estos oficiales disidentes habían manifestado que emprendían su cruzada sin contar con el liderazgo político opositor. Del otro lado, una ciudadanía políticamente desmovilizada y aquejada por la emergencia humanitaria compleja parecía más pendiente de lograr un sustento diario antes que un cambio político.

Paradójicamente, todo esto sucede en momentos en que el gobernante Nicolás Maduro padece los niveles más elevados de impopularidad y rechazo a su gestión.

El dictador venezolano mantiene estos niveles de desaprobación desde 2018, cuando renovó su mandato mediante unas elecciones calificadas de fraudulentas por la mayoría de la comunidad internacional. Y el 91% de los ciudadanos tiene una percepción negativa de la situación general del país. Una cifra tan elevada que también abarca a quienes dicen simpatizar con el oficialismo.

El poder otorgado a Padrino

Nicolás Maduro pareciera avanzar en la concreción de su agenda política contando con el respaldo de la cúpula militar, representada por el general en jefe (Ejército) Vladimir Padrino, junto al almirante en jefe Remigio Ceballos Ichaso, jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Este apoyo se ve reflejado en numerosas declaraciones de orden político. El 5 de enero, por ejemplo, el general Padrino se refirió a la instalación del nuevo Parlamento, escogido el 6 de diciembre mediante unas elecciones en las que no participó la oposición mayoritaria liderada por el diputado Juan Guaidó, por considerar que no estaban dadas las condiciones mínimas.

Para este oficial, sin embargo, estos comicios tuvieron un carácter “justo y transparente”.

Padrino, además, manifestó su rechazo al doble rol de Guaidó como máximo representante del Poder Legislativo y al mismo tiempo presidente interino, debido al desconocimiento internacional de la elección de Maduro. En ese comunicado, dijo que eso solo obedece a la “absurda intención de autoproclamar y usurpar poderes del Estado”.

El general Padrino fue designado para la posición que hoy ostenta en julio de 2014. Desde entonces, ha sido ratificado en seis oportunidades. Algo que nunca había sucedido en la historia del país, según el exdiputado y analista de temas militares Luis Manuel Esculpi.

“El ministro de la Defensa debió pasar a retiro hace siete años. El no dirige la parte operativa de la Fuerza Armada Nacional. Sin embargo, ese liderazgo lo hace permanecer”, afirmó Esculpi.

Pero el poder del titular de Defensa no se restringe solo a temas castrenses. En julio de 2016, Maduro lo nombró también máxima instancia de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, encargada de asegurar los suministros de bienes y servicios en una circunstancia de creciente escasez.

Y ese mismo año lo designó presidente de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), que coordinaría las actividades extractivas del país, en especial en el denominado Arco Minero, el yacimiento aurífero más importante del territorio nacional.

En la actualidad, Padrino también ejerce la vicepresidencia sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz. Pareciera ser el hombre fuerte de Maduro a lo interno de la Fuerza Armada Nacional, y de acuerdo con el general de brigada retirado del Ejército Antonio Rivero, no se le ve un sustituto en el corto plazo.

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Convertido al socialismo con todo y uniforme

Rivero conoce a Padrino desde los tiempos en que ambos eran estudiantes de la Academia Militar. Ambos son parte de la promoción egresada del centro de estudios del Ejército en 1984.

Con Padrino, la cúpula militar tiene en la actualidad a otros cinco generales en jefe (incluidos los primeros de la Guardia Nacional y la Aviación), así como a dos oficiales de la Armada con grado equivalente (almirante en jefe). Según Rivero, no hay condiciones para que esta cúpula militar vaya contra Maduro, a pesar de todos los cuestionamientos formulados desde la comunidad internacional.

Este general solo ve alguna posibilidad en los grados inferiores de la pirámide castrense. Las señales al respecto surgieron con mayor fuerza desde 2019.

El fracaso de abril

El 30 de abril de 2019 en horas de la madrugada, un grupo de oficiales de la Guardia Nacional, policías y agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia, entre otros, liberó del encierro al máximo líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, y al comisario general jubilado de la policía judicial Iván Simonovis. Ambos se encontraban bajo arresto domiciliario en viviendas ubicadas en el municipio Chacao (Caracas).

López fue conducido hacia la base aérea de La Carlota, que había sido tomada por militares afectos a su causa, mientras que Simonovis emprendía un largo camino al exilio. Todo ello con el respaldo de funcionarios de la policía política, encabezados por el director para esa oportunidad, el general de brigada del Ejército Manuel Christopher Figuera.

Sobre lo ocurrido ese día quedan aún muchas incógnitas, en especial referidas a la presunta participación del general Padrino y del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, tal y como lo aseguraron poco después el propio López, el secretario de Estado estadounidense del momento, Mike Pompeo, y el asesor de Seguridad de la Casa Blanca John Bolton.

La idea, según el general Rivero, era dar un “golpe incruento”, y que el poder político fuese asumido por una junta de gobierno de cinco integrantes, entre ellos Padrino y Guaidó.

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Planes abajo

“¿Cuál era la propuesta? Que los directores del Sebin y de la Dgcim obligaran a Maduro a salir del poder (…) Lo más factible era a Rusia, Cuba o al Medio Oriente. Sacarlo del país, y dominar al otro hombre fuerte, que era Diosdado Cabello. Esta era la piedra en el zapato”, recordó Rivero.

Añadió que Cabello fue informado de la asonada en curso a las 4:00 a.m. por el general de Brigada (GN) Elio Estrada, para el momento director de la Policía Nacional Bolivariana. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela se comunicó entonces con el comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral de la capital, general de división José Antonio Rodríguez, y le ordenó la retoma de la base aérea ubicada en Caracas.

“Por supuesto, cuando llega un superior de ese nivel, todos los subalternos dicen que no hay nada que hacer. Luego, todos se retraen. Empiezan a acobardarse y se escondieron. A Padrino lo vimos prácticamente a las 11:00 a.m.”, relató.

La jornada del 30 de abril no contó con respaldo popular, porque de acuerdo con Rivero era el producto de un acuerdo entre factores de poder. Solo unos pocos curiosos se asomaron al distribuidor Altamira de la autopista Francisco Fajardo para presenciar lo que sucedía. Ya en horas de la tarde, Leopoldo López había logrado refugiarse en la residencia oficial del embajador de España, Jesús Silva. Y el general Christopher, que dirigía el Sebin, al igual que Simonovis emprendía un escape hacia la frontera con Colombia.

Ese movimiento fue quizá la culminación de un conjunto de negociaciones para lograr la salida de Maduro. Pero eso no detenía el descontento en las bases de la pirámide militar.

Una insubordinación más aplastada

Tres meses antes, en enero de 2019, veinte sargentos pertenecientes a unidades de seguridad ciudadana de la Guardia Nacional tomaron un comando de guardaparques ubicado en Cotiza (municipio Libertador), en una medida desesperada para dar a conocer las precarias condiciones en las que se encontraban.

El líder del grupo, el sargento mayor Alexander Bandres Figueroa, envió dos mensajes a través de las redes sociales para exhortar a la población a que tomara las calles en apoyo a sus peticiones. Nada de esto sucedió. El efectivo de tropa y su grupo permanecen detenidos.

Los uniformados ni siquiera contaron con el respaldo abierto del líder opositor Juan Guaidó, quien se limitó a enviarles un mensaje para recordarles que no debían disparar contra la población durante las manifestaciones callejeras.

El político, en cambio, pediría el apoyo de los militares un mes después, a propósito del intento para introducir a Venezuela un cuantioso cargamento de ayuda humanitaria, acumulado en la población colombiana de Cúcuta.

Esto se tradujo en un nuevo desencuentro entre los profesionales de armas y quienes estaban llamados a liderar una transición política en Venezuela.

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“No escuchamos”

El 23 de febrero de 2019, parecía abrirse una nueva oportunidad para que los militares venezolanos y el pueblo opositor aceleraran el cambio político del país. El evento concreto era la introducción al territorio venezolano de numerosos camiones con insumos para paliar la emergencia humanitaria compleja. Los vehículos permanecían estacionados en la población de Cúcuta, ciudad colombiana en la frontera con Venezuela.

Había señales auspiciosas: en los días previos, y durante esa misma jornada oficiales y efectivos de tropa, esencialmente de unidades acantonadas en los estados limítrofes, abandonaron sus puestos y cruzaron la frontera para ponerse a la orden del entonces presidente del Parlamento Juan Guaidó.

Uno de los activistas civiles que también se trasladó a la ciudad colombiana para recibir a los uniformados fue Villca Fernández, quien estuvo preso por dos años en los calabozos de la policía política, hasta que acordó con el gobierno su salida hacia Perú, en 2018.

Fernández inició su militancia anti oficialista desde que cursaba el bachillerato en un liceo de Mérida. En 2007 protagonizó una alianza con otros líderes estudiantiles, forjada en las protestas contra el cierre de Radio Caracas Televisión, el canal de TV más popular del país. Esta conjunción de esfuerzos hizo posible que Chávez fuese derrotado en el referéndum para aprobar su proyecto de reforma constitucional, realizado en diciembre.

En febrero de 2019, Fernández presenció cómo más de 600 efectivos militares y policiales llegaron a Cúcuta. De acuerdo con su testimonio, aunque este evento tuvo cierta planificación, nunca se pensó que los llamados de Guaidó tendrían tanta acogida.

Los vehículos de carga no pudieron trasponer la frontera. Pero los militares quedaron en la ciudad de Norte de Santander, en la espera de una decisión de Guaidó sobre cuál sería el nuevo paso. El presidente del Poder Legislativo abandonó el lugar y nunca volvió. Los militares y policías quedaron en campamentos, hospedajes y hoteles alquilados por el gobierno colombiano y Acnur.

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“Lo de Cúcuta no se supo manejar. Creo que le quedó grande (a Guaidó). El error en Cúcuta fue dar responsabilidades a personas que no tenían ni idea de lo que iban a hacer, que nunca tuvieron trato con militares. A los militares no puedes tratarlos como quien trata al señor del quiosco de periódicos”, afirmó.

Según Fernández, otra equivocación fue “no escuchar” a quienes solicitaban una rectificación o sugerían alternativas para esa situación.

Guaidó, además, nunca nombró a un oficial de alta jerarquía para el manejo de los asuntos referidos a la Fuerza Armada. Simonovis fue designado Comisionado de Seguridad, pero cuando se le consultaba sobre temas castrenses eludía cualquier pronunciamiento.

“Eres presidente de la República y nombraste a un Canciller. Entonces ¿por qué no nombraste a un ministro de la Defensa en el exilio? Con tantos generales que hay por ahí, que te pueden recoger a todos estos militares”, señaló. Para Fernández, todos estos desencuentros reflejan que al tema militar “nunca le dimos la importancia que merecía”.

“Ese también es un mensaje para los que todavía están en la FANB”, advirtió Fernández.

Luego del episodio de la ayuda humanitaria, algunos militares que habían cruzado la frontera se reagruparon en torno al general de brigada retirado del Ejército Clíver Alcalá Cordones, un oficial que se alejó del oficialismo cuando Maduro llegó al poder. Desde 2013 permanecía residenciado en Barranquilla, ciudad en el Atlántico de Colombia.

Alcalá fue noticia nuevamente en marzo de 2020, a propósito de una rápida sucesión de hechos. En primer lugar, el fiscal general estadounidense William Barr dio a conocer una acusación en la que lo involucraba junto a Maduro y otros prominentes oficialistas en una prolongada conspiración para traficar drogas junto a las FARC, llamada Cartel de los Soles. Esto llevó al ofrecimiento de diez millones de dólares por su captura.

Dos días después, la Policía Nacional colombiana reportó la incautación de un lote de fusiles que era trasladado por tierra a Riohacha, en la Guajira, para posteriormente llevarlos a Venezuela.

Eran las armas que usarían los participantes en la operación Gedeón, una fallida intentona de sesenta exmilitares, policías y civiles para incursionar por agua y llevar a cabo la captura de Maduro o de algún prominente oficialista.

Alcalá se entregó en marzo de 2020 a la Fiscalía colombiana, y fue puesto a las órdenes de las autoridades estadounidenses. Sin embargo, Gedeón continuó su curso, hasta que el 2 de mayo de ese mismo año fue reportada la matanza de seis ocupantes de una lancha que había llegado a las playas de Macuto (Vargas).

Los militares no son confiables

Los casos referidos en este reporte, así como otros previos, solo han contribuido a alimentar la desconfianza mutua entre los sectores descontentos de la Fuerza Armada y la dirigencia civil opositora.

Ella representa la organización Familiares de Presos Políticos Militares en Venezuela. Aunque está en el exilio, intenta construir algunos canales de comunicación entre el mundo castrense y la sociedad civil. Junto a la fundación Casla, ha logrado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emita medidas cautelares para el resguardo de los oficiales y tropas que, como su hermano, padecen torturas y duras condiciones de reclusión.

En su criterio, las exhortaciones a los militares para que en términos genéricos se pongan “al lado de la Constitución”, tal y como sucedió en Cúcuta, no han sido realistas, y generalmente han puesto en evidencia la falta de solidaridad de los líderes políticos hacia los uniformados. Sostuvo que los cambios en el régimen deben ser adelantados directamente por la sociedad civil, sin esperar cooperación de los profesionales de armas.

“El llamado ha sido equivocado. Tiene que haber el cambio para que entonces (los militares) se replieguen. Tiene que haber ese cambio primero”, dijo.

Esto no es sencillo. Desde el gobierno de Chávez, y ahora cono Maduro, se ha forjado la creencia de que no es posible un cambio político en Venezuela sin la iniciativa o el concurso directo de los militares, ya sean los venezolanos o de alguna fuerza extranjera.

El expresidente estadounidense Donald Trump alimentó esta esperanza, cuando afirmó que “todas las opciones” estaban sobre la mesa. Según el director de la encuestadora Delphos, Félix Seijas, el escenario de una intervención militar extranjera todavía es objeto de medición.

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Para el experto en las relaciones entre los sectores civiles y militares en Venezuela, Luis Alberto Buttó, las permanentes solicitudes, abiertas o veladas, hacia el sector militar, “constituyen un error garrafal”.

“Es una manera de entender los cambios políticos, apostándolos a un solo factor. Cualquier proceso de transición es muy complejo, donde intervienen diversas fuerzas, múltiples interacciones que se dan, y cuando se colocan los huevos en una sola canasta, pensando que uno de los factores es determinante, se obtendrá una gran frustración. Al momento de no operar ese factor, se siente que ese proceso no se va a desarrollar exitosamente”, explicó.

Para este docente, la jornada del 30 de abril de 2019 no podía tener éxito pues era el producto de una “aventura”. Indicó que los procesos de cambio político deben ser el producto de una conjunción de factores en los que prevalezca la movilización civil.

En la actualidad, existe una permanente presencia de la ciudadanía en las calles, reclamando sus derechos, incluso con mayor frecuencia que la registrada durante las protestas de 2014, cuando se planteó el proyecto conocido como La Salida, tal y como lo reflejan las cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Pero esas acciones carecen de conducción política.

“Si no tienes a la gente convencida de la necesidad de este proceso, es muy difícil que lo puedas sostener”, advirtió.

Buttó sostiene que, desde los cambios a la Constitución en 1999, la FANB pasó a ser abiertamente un actor político, al transformarse de mero ejecutor a diseñador y coordinador de las políticas públicas del país. En esto, añadió, las dirigencias de los partidos han cometido un largo “error de lectura”. Ahora, la institución militar y su ministerio del Poder Popular, ha contribuido a la promoción de una “nueva institucionalidad”, con lo cual abandonó el carácter revolucionario pretendido por Hugo Chávez para volver a su tradición conservadora

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