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Piden sancionar al Ejército de Nicaragua y presionar por elecciones libres

Los especialistas Deborah Ullmer del National Democratic Institute (NDI) y Ryan Berg del American Enterprise Institute, analizaron ante el Senado de Estados Unidos los desafíos de la democracia en América Latina y el Caribe, entre ellos, la realidad de Nicaragua, Honduras y Venezuela.

EXPEDIENTE PÚBLICO


Estados Unidos debería aplicar más sanciones al Ejército de Nicaragua por su participación directa en la represión de abril de 2018, que según organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, dejó más de 300 civiles muertos, pidió el experto en gobernabilidad Ryan Berg del American Enterprise Institute ante el Comité de Relaciones Internacionales del Senado.

También debido a las constantes violaciones de derechos humanos en el país y el cierre de los espacios democráticos, el especialista incluso solicitó al Senado considerar si Nicaragua debería seguir siendo parte del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana por ser un país “que no practica la democracia y es considerado no libre”.

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En mayo de 2020, el general Julio César Avilés Castillo, de 63 años y jefe de las Fuerzas Armadas desde el 2010, fue sancionado por Estados Unidos debido al involucramiento de esa institución en la represión, persecución y ataque a civiles. Varios reportajes investigativos publicados por Expediente Público confirmaron el papel activo del Ejército en la represión contra civiles.

En ese entonces, el secretario de Estado, Mike Pompeo, argumentó que Avilés fue sancionado por su significativo respaldo al “régimen” del presidente Daniel Ortega, para “reprimir y desmantelar las instituciones democráticas” de Nicaragua. Según el Departamento de Estado, como jefe de las Fuerzas Armadas, Avilés “apoyó” a los grupos paramilitares que actuaron al margen de la ley y los derechos humanos después de abril de 2018. A pesar de esto, Avilés y el Ejército han mantenido su incondicional respaldo a Ortega.

Por su parte, Deborah Ullmer directora regional del National Democratic Institute (NDI) para Latinoamérica y el Caribe, recomendó también durante la audiencia, identificar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos en América Latina, en especial los países donde se ha reducido la libertad y democracia como el caso de Nicaragua, Venezuela y Honduras.

También “se deben promover resoluciones que garanticen los derechos humanos y elecciones libres en la región”, afirmó la especialista con más de veinte años de trayectoria en estudios sobre la democracia en América Latina.

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Durante la sesión sobre el estado de la democracia en América Latina y el caribe, Ullmer afirmó que “Nicaragua vive una crisis sociopolítica desde el 18 de abril que comenzó en 2008 cuando se manipularon las elecciones presidenciales. El Gobierno de Daniel Ortega actúa chantajeando y presionando a la sociedad, hay fuerzas paramilitares actuando con libertad y se fabrican acusaciones contra opositores”.

Presión para elecciones creíbles

“Es esencial que Estados Unidos presione para que se cumplan al menos las mínimas condiciones para que haya elecciones creíbles en Nicaragua (previstas para noviembre próximo), lo que incluye la plena participación de la oposición sin restricciones, la transparencia mediante observadores nacionales e internacionales y la rendición de cuentas en todos los niveles del proceso electoral”, pidió la experta.

Sobre el mismo tema, Berg afirmó que este año “es la última oportunidad que tiene Nicaragua de tener elecciones libres y justas, pero si hay una reelección de Daniel Ortega, se consolidará su dictadura”.

Recaída de la democracia

“Al lidiar con regímenes autoritarios, EEUU debe usar todas sus herramientas políticas disponibles, incluida la Ley de Transparencia Corporativa para poner fin a la capacidad de los actores corruptos de ocultar fondos robados”, reforzó Ullmer.

En un documento entregado a los senadores, Ullmer afirmó que “aunque en América Latina se sigue experimentando recaída de la democracia, sigue siendo “la región más democrática emergente en el mundo, sólo detrás de Europa Occidental y los Estados Unidos” según el estudio más reciente de “The Economist” sobre el estado de la democracia. Este punto pone en relieve el potencial continuo que tiene el hemisferio occidental para seguir progresando en la libertad, las oportunidades y la prosperidad y para profundizar sociedades productivas con Estados Unidos”.

La especialista estimó que Nicaragua constituye un “déficit para la democracia” en la zona explicando que a finales de 2020 el régimen de Ortega aprobó “una serie de leyes draconianas” como la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley de Ciberdelitos que violan las libertades fundamentales y socavan aun más el estado de derecho de los ciudadanos. En su escrito, Ullmer explicó que en América Latina, Cuba, Venezuela y Nicaragua son clasificados por el Informe del 2021 sobre Libertad en el Mundo de Freedom House, como países “sin libertad”, por lo que se debe dar seguimiento al retroceso democrático de estas naciones.

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Destrucción de instituciones

Por otra parte, detalló que a inicios de este año el régimen de Nicolás Maduro asumió el control sobre las últimas instituciones democráticas que quedaban en Venezuela a través de elecciones legislativas rechazadas por la comunidad internacional por ser ilegítimas. “El autoritarismo de Maduro es responsable del descenso del país hasta un colapso económico. La Asamblea Nacional apoyada por el régimen está discutiendo 33 anteproyectos de ley para consolidar el poder de Maduro reduciendo aún más la libertad de expresión, restringiendo la cooperación internacional y estableciendo menos controles económicos que permitirán a los compinches del régimen operar con más libertad”, reveló.

Dijo que la crisis humanitaria en Venezuela también se ha intensificado como resultado de la destrucción de los servicios básicos, la escasez de gasolina, los bajos salarios y el alto costo de la vida exacerbado por la pandemia del Covid-19. Se estima que al menos 5.5 millones de venezolanos han huido a países vecinos en América Latina y las Naciones Unidas estiman que la población de refugiados venezolanos aumentará a 8.1 millones a finales de este año.

Durante la audiencia, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó ante el comité del Senado que:

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Políticas de transparencia

Estimó que se deben apoyar a los “gobiernos para que tengan más políticas de transparencia y que dejen menos margen de corrupción. Se debe modernizar los sistemas de justicia para terminar con la impunidad”.

Sobre Honduras, afirmó que “pagamos el precio de denunciar las irregularidades en las elecciones en Honduras” efectuadas en 2017 y calificadas en ese entonces por la OEA como “de muy baja calidad técnica y carente de integridad” con la salida de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) a la que el gobierno hondureño le canceló su trabajo en el país.

“Tenemos problemas estructurales en Latinoamérica”, reconoció Almagro. “Es la región con más inequidad social y la región más insegura. Tiene mucha corrupción y crimen organizado. Muchos de sus gobiernos han sido más eficientes en destruir sus democracias que en mejorar los gobiernos. Hay factores regionales y hemisféricos que influyen como Cuba que ha trabajado muy fuerte promoviendo su sistema en Latinoamérica. Es un sistema fallido que nunca funcionó y no está funcionando en Venezuela. La presencia de Cuba en Venezuela es un gran problema. Durante los pasados años, Cuba solo ha sido parte de los problemas y no será parte de la solución”, denunció.

Entre los senadores estadounidenses que participaron y consultaron sobre la situación de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Honduras, estuvieron los republicanos Mitt Romney, Christopher Young, Bill Hagerty y los demócratas Robert «Bob» Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Benjamin Louis Cardin y Brian Emanuel Schatz.

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