* El presidente hondureño, Nasry Asfura, extenderá la política de militarización de la seguridad con la que trabajó su antecesora, Xiomara Castro.
* Transportistas y expertos muestran que esa estrategia no es efectiva para combatir la extorsión.
* Un informe de Expediente Abierto muestra que el presupuesto de Honduras destinado a la seguridad en 2026 es el más alto de los últimos cinco años.
Yarely Madrid / Expediente Público
“Creí que me iba a matar; no sé hasta el día de hoy por qué no lo hizo”. Al pronunciar estas palabras, la mirada de Juan —a quien llamaremos de esta forma por razones de seguridad — se nubla. Es un taxista de la tercera edad que recorre diariamente las calles de la capital de Honduras.
Narró a Expediente Público cómo fue secuestrado por un pandillero tras negarse a pagar el denominado «impuesto de guerra», una cuota que las estructuras criminales exigen a la gente para dejarla trabajar e, incluso, vivir.
El hombre que lo raptó era joven e iba vestido con traje formal, contó Juan. Era su único pasajero en ese momento. De pronto, le mostró un arma de fuego y le ordenó conducir hacia una zona aislada. Lo dejó atado de pies y manos, y con una soga en la boca. Le advirtió que tenía que pagar el impuesto o no iba a haber una próxima vez. Se llevó su vehículo y desapareció.
“Estuve atado horas, hasta que se me ocurrió empujar la cuerda con la lengua y gritar por ayuda”, relató.
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Días antes del ataque, en el punto de taxis donde trabajaba Juan, los pandilleros habían entregado unos celulares a los conductores para comunicarles que debían pagar el impuesto o, de lo contrario, los asesinarían.
Al no tener respuesta, los grupos criminales comenzaron a realizar disparos al aire en las estaciones para presionar por el pago.
Actualmente, Juan y sus colegas deben entregar cerca de 1,000 lempiras (US$38) a la semana a tres pandillas diferentes para que les permitan trabajar. «Es el precio por vivir», relata el transportista.
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Esta realidad es compartida por múltiples rutas. Wilmer Cálix, dirigente del transporte, afirmó a Expediente Público que el sector, que incluye a taxis y buses, paga unos 5 millones de lempiras mensuales en extorsión (US$192 mil).
Cálix denuncia que esto «acera la economía del sector» y evita que existan mejoras reales en el servicio y las unidades.
Nasry Asfura extiende la militarización
El dirigente señaló que participaron en varias mesas de diálogo en la administración de la expresidenta Xiomara Castro para tratar de frenar la extorsión, pero que los diálogos no llegaron a nada.
Aseguró que no hubo medidas concretas a parte del estado de excepción que Castro decretó en 2023 y duró tres años, hasta el fin de su gobierno.
Esa medida terminó con la llegada del nuevo presidente, Nasry Asfura. Sin embargo, este continuará con la estrategia de militarizar la seguridad ciudadana. El ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, anunció que extenderá el Plan de Seguridad Contra el Crimen Etapa III, diseñado en la administración de Castro.
La estrategia consiste en el despliegue masivo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y se caracteriza por la intervención en áreas críticas, sobre todo del Distrito Central y de San Pedro Sula.
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También incluye otras acciones como la integración de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), para el decomiso de drogas y la intervención de centros penales a nivel nacional.
Para Cálix, la militarización fue una medida infructuosa. “La extorsión no incrementó, pero tampoco disminuyó. Entonces, al final, solo fue una herramienta más fallida de otro gobierno más que pasa, que finaliza, y la extorsión continúa incrustada en el país”, apuntó.
Más pagos, menos muertes
A pesar de los operativos, los datos de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) revelan una realidad cruda. En 2025, el 11% de los hogares hondureños reportaron ser víctimas de extorsión.
La cifra se mantiene alarmante. La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas (DIPAMPCO) informó a Expediente Público que el 2025 cerró con 420 denuncias de extorsión y en lo que va del 2026 ya existen 95.
Sin embargo, las denuncias no reflejan bien la realidad. La investigación de la ASJ muestra que solo el 15% de las víctimas de extorsión deciden interponer una denuncia formal.
Cálix detalló que en 2024 se registraron 82 muertes violentas de conductores y propietarios en el sector transporte y que en 2025 la cifra se redujo a 49 víctimas. El dirigente atribuyó la reducción a que el sector «prefiere pagar para no morir».
«Cuando usted paga, no le van a quitar la vida; el problema viene cuando usted deja de pagar», explicó.
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El presupuesto más elevado
De acuerdo con el informe “Presupuesto, fuerza y eficacia: resultados del gasto en seguridad y defensa en Centroamérica (2020-2026)”, del centro de pensamiento Expediente Abierto, Honduras es uno de los países que más recursos asigna a seguridad y defensa en la región.
La evolución del gasto en seguridad y defensa en Honduras muestra un crecimiento acelerado desde el inicio de la década. En 2020, el presupuesto para seguridad pública era de US$235 millones, una cifra que comenzó a escalar rápidamente.
Para el año 2022, la inversión en seguridad subió a US$327 millones y en 2024, el gasto conjunto alcanzó un pico histórico de US$477 millones, un incremento masivo en solo cuatro años.
Para le 2026, el presupuesto será de casi US$504 millones, el más elevado en los últimos cinco años.
Sin embargo, la paradoja persiste. Mientras el Estado gasta millones, la extorsión sigue siendo el impuesto más efectivo cobrado en las calles.
Golpear las finanzas de las mafias
El criminólogo Gonzalo Sánchez sostiene que la extorsión persiste por la falta de articulación entre autoridades. «Sin el concurso de la Fiscalía, el Congreso y la Corte Suprema, difícilmente se logran los objetivos», afirmó a Expediente Público.
Argumentó que, mientras las autoridades tardan en organizarse, los antisociales aprovechan para seguir delinquiendo con impunidad.
El General en condición de retiro Luis Alonso Maldonado afirmó a Expediente Público que combatir la extorsión requiere golpear el flujo monetario.
«Este rastreo requiere de capacitación especial y también requiere de la coordinación interinstitucional», explicó.
Planteó que instituciones como la Comisión Nacional de Bancos y Seguros deben integrarse plenamente a la lucha. Sin un seguimiento al dinero, el castigo se queda en el sicario y no llega a la estructura que se enriquece, enfatizó.
Agregó que eso requiere de labores especializadas de inteligencia, pero que la realidad es que la inversión en esas instituciones sigue estancada.
El militar recomendó modelos como el de Estados Unidos para controlar los activos y circulantes vinculados al crimen.
Ambos expertos coinciden en que la respuesta debe ser técnica y financiera, no meramente un despliegue de patrullas.
