La violencia en Yorito dobla la “mano dura” de Asfura
Los cuatro ataques armados que dejaron 12 personas asesinadas en Yorito, entre ellas la defensora tolupana Delma Olvera, exponen la violencia que golpea a Yoro y ponen a prueba la estrategia de seguridad del Gobierno hondureño.

“Era una mujer luchona, de mucho carácter. No le temía a lo que pudiera enfrentarse, era muy valiente”. Así recuerda una fuente a Delma Yolanda Olvera Pérez, lideresa indígena asesinada el 18 de noviembre de 2026 en Honduras.
Olvera Pérez era primera regidora de la Corporación Municipal de Yorito y lideresa indígena de la tribu Mina Honda, perteneciente al pueblo tolupán. Durante más de una década defendió el territorio, los bosques y las fuentes de agua de su comunidad frente a proyectos de explotación minera.
La madrugada del miércoles 18 de noviembre fue asesinada junto con su esposo, Santos Pablo Corea, y una de sus hijas, de tres años, en la comunidad de El Pacayal, en Yorito, Yoro.
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Su muerte ocurrió durante una serie de cuatro ataques armados registrados en el municipio, que dejaron un saldo de 12 personas asesinadas.
“Tenemos miedo de hablar, miedo hasta de salir”, dice a Expediente Público una fuente de la comunidad de El Pacayal que, por razones de seguridad, pidió mantener su identidad en reserva.
Los crímenes ocurrieron en un contexto de endurecimiento de la política de seguridad hondureña, con reformas penales y discursos oficiales orientados a reforzar las medidas contra las maras y pandillas, a las que el Gobierno califica como organizaciones terroristas.
Sin embargo, la masacre plantea un desafío que va más allá de aumentar las capturas, el Estado debe demostrar que puede contener a las estructuras criminales, recuperar el control territorial y proteger a la población.
Desconfianza
La tragedia de Yorito refleja una crisis más amplia. Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), al 18 de noviembre Honduras registraba 33 homicidios múltiples, con 138 víctimas. Yoro encabezaba el registro nacional, con 12 escenas y 44 personas asesinadas durante 2026.
Para los pueblos tolupanes de Yoro, la defensa del territorio y de los bienes naturales se desarrolla en un contexto de amenazas, conflictos por la tierra y presencia de estructuras criminales.

Para la comunidad, resulta desgarrador que tengan que ocurrir tragedias de esta magnitud para que las autoridades anuncien medidas de seguridad, mientras persisten la percepción de impunidad y el abandono institucional.
“Del Estado ya no sé, será que no tienen la capacidad de hacerlo o no lo quieren hacer”, expresa la fuente de El Pacayal. Ante la falta de respuestas, dice, muchos vecinos sienten que solo les queda encomendarse a Dios.
Tras los ataques del 18 de noviembre, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) declaró territorios de alto riesgo a los municipios de Yoro y sectores aledaños. Las autoridades anunciaron el refuerzo de las operaciones policiales y militares, con medidas de vigilancia, control territorial y búsqueda de los responsables.
Las autoridades investigan la posible participación del denominado Cártel del Diablo en los ataques de Yorito. La estructura criminal se atribuyó los asesinatos en materiales difundidos en redes sociales, en los que también amenazó a personas señaladas de proporcionar información a la Policía.
El mismo día de la masacre, el Gobierno elevó a cinco millones de lempiras la recompensa por información que permita localizar y capturar a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, señalado por las autoridades como presunto cabecilla de esa estructura.
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¿Una respuesta?
Los ataques ocurrieron en medio de una ofensiva estatal contra estructuras criminales que operan en Yoro.
El 4 de noviembre, operativos conjuntos de la Policía Nacional y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en Yorito, Sulaco y Victoria dejaron 21 presuntos integrantes del Cártel del Diablo detenidos.
Durante las acciones, desarrolladas mediante 34 allanamientos, también fueron decomisadas mototaxis y motocicletas que, según las autoridades, presuntamente eran utilizadas para actividades relacionadas con el tráfico de drogas.
El 17 de noviembre, un día antes de los ataques, el Ministerio Público (MP) y la DPI ejecutaron dos órdenes de captura contra la madre y la hermana del presunto cabecilla de la estructura.
Según el MP, ambas mujeres presuntamente desempeñaban funciones de apoyo logístico, entre ellas el abastecimiento de alimentos y el traslado de sustancias ilícitas. Fueron requeridas por suponerlas responsables del delito de asociación terrorista.
Consultado sobre la posibilidad de que la ofensiva estatal haya provocado una escalada de violencia, el criminólogo Gonzalo Sánchez dijo a Expediente Público que las acciones contra las estructuras criminales pueden generar reacciones. No obstante, considera que la situación podría cambiar si el Estado logra recuperar el control sobre esos grupos.
“Ahorita se están escondiendo, porque si se van para El Salvador, es horrible porque van para el CECOT. Si agarran para Nicaragua también y Guatemala está en la misma posición que estos países centroamericanos, entonces están cercados”, comentó.
Sánchez considera que estas estructuras podrían desplazarse hacia pueblos y municipios del interior del país. Por ello, plantea que las autoridades también deben prestar atención a esos territorios y no concentrar sus operaciones únicamente en las principales ciudades.

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El límite de la mano dura
En los últimos meses, el Estado hondureño ha impulsado reformas penales y discursos orientados a endurecer las medidas contra las maras y pandillas, a las que las autoridades califican como organizaciones terroristas.
Mirna Flores advierte que estos esquemas punitivos se presentan como respuesta a la violencia, pero no resuelven por sí solos las causas y condiciones que permiten la expansión de las estructuras criminales.
Flores señala que casi dos décadas de políticas de mano dura no han solucionado el problema de fondo. Sin investigaciones sólidas ni políticas de prevención, las estrategias de seguridad corren el riesgo de quedarse en medidas de carácter punitivo.
“Tenemos casi dos décadas de estar con media mano dura”, expresa. A su juicio, el despliegue de más policías, militares o drones no sustituye la necesidad de fortalecer las investigaciones y la capacidad de las instituciones para esclarecer los delitos.
Además, explica que las estructuras criminales operan por motivos que van desde la supervivencia y el lucro económico hasta actividades como la extorsión y el narcotráfico.
La especialista señala que algunas personas son forzadas a cobrar extorsiones o a colaborar con estas organizaciones, mientras sus familias también quedan expuestas a las consecuencias de la violencia.
Flores advierte que la esperanza de contar con una Policía eficaz convive con la desesperanza de ver cómo se repiten las medidas de castigo sin que se consoliden políticas públicas de prevención.
Delma Yolanda Olvera Pérez fue la primera presidenta de la tribu Mina Honda. Su liderazgo contribuyó a que Yorito fuera declarado municipio libre de minería en septiembre de 2019. Lo que todavía no ha podido hacer el Estado, es “declararlo” libre de violencia.



