*En las votaciones del 6 de noviembre de 2022, el Consejo Supremo Electoral (CSE) asignó al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) las 153 alcaldías del país centroamericano.
**Juan Diego Barberena, miembro del Consejo Político de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco considera que habrá mayor “vigilancia” y el régimen busca “aumentar el control territorial” en los municipios.
***La opositora de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Daysi George West, dijo a Expediente Público que esto “reafirma que Nicaragua vive un totalitarismo”.
Expediente Público
La toma de posesión de los 153 alcaldes sandinistas este 10 de enero es el nuevo paso del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para consolidar su “sistema totalitario” esta vez desde todos los municipios en Nicaragua. El Consejo Supremo Electoral (CSE) entregará las credenciales a los ediles, tras avalar unas votaciones que se efectuaron con una oposición desarticulada, bajo coacción, con plenos indicios de fraude electoral y violencia política.
Rosario Murillo, quien actúa como vicepresidenta y coordinadora de comunicación, confirmó que este 10 de enero los alcaldes, que en su mayoría repiten en su cargo y algunos están sancionados por Estados Unidos y Reino Unido, “no solo recibirán sus credenciales y tomarán posesión”, sino que también escucharán un mensaje de Daniel Ortega durante la ceremonia oficial.
El acto protocolario en el que participan los magistrados electorales leales a Ortega y Murillo es solo el último paso para acelerar la implantación del régimen de partido único en Nicaragua, dijo a Expediente Público Juan Diego Barberena, miembro del Consejo Político de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).
“Con la asunción de toma de posesión del 10 de enero de todas las autoridades municipales alcaldes, vicealcaldes y concejales de los 153 municipios que fueron asignados al Frente Sandinista se termina con la formalidad de esa consumación del régimen totalitario y de partido único que la dictadura ha configurado”, señaló Barberena.
Sin libertades democráticas
Para Daysi George West, miembro de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) la toma de posesión de los alcaldes designados por las autoridades electorales es la última actividad de un proceso que no respondió a la “voluntad del pueblo” nicaragüense.
“El mundo fue testigo, el pueblo de Nicaragua fue testigo de que esas votaciones que se dieron el 6 de noviembre de 2022 no respondieron a la voluntad del pueblo. Con estos actos queda tan claro que tanto Daniel Ortega como Rosario Murillo han sido el hombre y la mujer más nefastos que Nicaragua ha tenido, porque hacen los actos a la vista de la gente y luego van con las mentiras a justificarse”, dijo George West a Expediente Público.
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Previo a las elecciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la ausencia de condiciones para la realización de elecciones municipales libres, justas y competitivas en Nicaragua.
Acabaron con todo partido opositor
La CIDH advirtió en un comunicado que las elecciones se realizarían en un contexto de “represión contra la oposición política, mediante la implementación de medidas tendientes a impedir su participación y la ausencia de reformas para la reestructuración del Consejo Supremo Electoral”, actualmente dominado por sandinistas.
En julio de 2022, los operadores políticos del FSLN, sustituyeron de facto a las autoridades de cinco alcaldías gobernadas por el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), cuya personería jurídica fue cancelada en 2021.
“Este 10 (de enero) lo que se va a instaurar es el totalitarismo de un gobierno dictador donde ya no existe ningún partido, porque solo ellos existen (…) Lo que ellos quieren imponer es la dinastía y entonces Nicaragua fue secuestrada como si fuera una finca para ellos, cómo devolverle el valor real al voto soberano es la lucha que tenemos”, indicó George West.
¿Qué pasa en los territorios?
El observatorio independiente Urnas Abiertas que desplegó una red ciudadana de más de 1,700 personas que observaron el desarrollo de la jornada de votaciones del 6 de noviembre de 2022 en 15 municipios del país concluyó que hubo una participación del 17.33% y que el índice de abstencionismo fue del 82.67%.
El agravamiento de la crisis sociopolítica en el país centroamericano y la sombra de las fraudulentas elecciones en 2021 fueron la antesala de un proceso que sirvió como un mero “trámite” en 2022 para que el régimen se tomara todos los gobiernos locales y pueda ejercer el control absoluto en las municipalidades.
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La “represión dura y cruda” que hay en Nicaragua se vive en cada uno de los municipios que serán controlados en su totalidad por los sandinistas, manifestó George West.
“Están intentando institucionalizar el miedo a todo, el miedo no es que la gente sea cobarde (…) Estamos viviendo una época donde la ciudadanía comienza a desconfiar de todo lo que esté a su alrededor. Ellos ya tenían el plan de que este año se iban a tomar todas las municipalidades y así lo hicieron”, dijo George West.
Barberena confirmó que la “vigilancia” por parte de las estructuras que conforman los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) se mantiene en los territorios.
“El controlar el poder local y todas las alcaldías de país tiene como objetivo aumentar el control territorial desde la perspectiva de vigilar, reprimir documentar y hacer una radiografía a la ciudadanía nicaragüense, a la oposición, a cualquier tipo de resistencia que pueda suscitarse dentro de Nicaragua”, manifestó Barberena.
Alcaldes violadores de derechos humanos
Urnas Abiertas documentó 5,821 anomalías durante el proceso de las votaciones en noviembre pasado. La violencia política se manifestó a través de capturas arbitrarias, hostigamiento, amenazas, agresiones físicas, presencia policial desproporcionada y presencia de paramilitares en los Centros de Votación.
El Frente Sandinista pasó de tener 135 alcaldías en las votaciones de 2017 a 153 en las más recientes votaciones. La mayoría de los funcionarios están repitiendo, pese a que tres ediles están sancionados por Estados Unidos.
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Los alcaldes Francisco Ramón Valenzuela, de Estelí; Sadrach Zeledón de Matagalpa y Leónidas Centeno, de Jinotega son acusados por Estados Unidos de ser violadores de derechos humanos. El 15 de noviembre de 2021, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a nueve funcionarios del régimen, tras la farsa electoral de ese año cuando Ortega y Murillo fueron confirmados para un nuevo periodo, incluyendo a los ediles.
Los alcaldes contribuyeron a la violencia que se ejerció contra las manifestaciones en las que participaron los ciudadanos nicaragüenses y que empezaron en abril de 2018, determinó Estados Unidos.
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“La violencia política y la vigilancia se está llevando a cabo contra la ciudadanía opositora y lo vimos al momento que apresaron a varios liderazgos que fueron apresados previo a las elecciones municipales para que la consumación al control totalitario fuese sin ningún tipo de impedimento”, argumentó Barberena.
Libertades reducidas a la mínima expresión
Desde 2020, cuando la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, la Ley de Ciberdelitos, la Ley de Soberanía que persigue a los que llama «traidores a la patria» y recientemente la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro de la República de Nicaragua que le ha permitido cancelar la personalidad jurídica de más de tres mil organizaciones, el régimen impuso restricciones contra la libertad de expresión y de asociación.
“El objetivo es cerrar y controlar todo el espacio, tener estabilidad en su objetivo de perpetuación del poder”, manifestó Barberena.
Según George West, ese triunfo que presentarán el 10 de enero es el inicio de la “decadencia” hacia la que está encaminándose el régimen de Ortega y Murillo.
Ambos opositores esperan acciones “coherentes” por parte de la comunidad internacional y una estrategia para identificar acciones conjuntas de mayor efecto.
