Migdonia Ayestas elecciones Honduras

Migdonia Ayestas, directora del Iudpas: Es posible que se repitan los conflictos en las elecciones en Honduras

*Analista de la sociedad civil advierte que el nivel de violencia política que se vive en Honduras previo a las elecciones generales del 28 de noviembre, podría incidir en la participación ciudadana y por ende en los resultados finales.

Expediente Público

La antesala de las elecciones generales del próximo 28 de noviembre en Honduras no genera confianza. El temor ciudadano es que se repitan los acontecimientos de violencia de los comicios de 2017, cuando hubo señalamientos de fraude electoral en la reelección del presidente Juan Orlando Hernández.

«Es muy probable que suceda», advierte Migdonia Ayestas, directora del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) en entrevista con Expediente Público.

Integrante de la Red por la Equidad Democrática en Honduras, una coalición civil que promueve la transparencia y la equidad en el proceso electoral, Ayestas comenta que el actual proceso en Honduras «está siendo especialmente violento».

Sangre y voto

«En 2013 hubo 48 homicidios políticos, 50 en 2017, y ahora que nos encontramos en las vísperas de las elecciones ya hay más de 30 casos. Esta violencia genera miedo y podría disminuir la participación electoral», señala Ayestas, también directora del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV), el principal centro de análisis en Honduras en temas de inseguridad.

Cabe recordar que en 2013 se llevaron a cabo las elecciones en las que resultó ganador por primera ocasión el presidente nacionalista Juan Orlando Hernández. En esos comicios, el Partido Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Anticorrupción (PAC), liderados por la familia de Manuel Zelaya y Salvador Nasralla, respectivamente, adujeron haber sido víctimas de un fraude electoral.

Cuatro años más tarde, en 2017, la crisis política se agravó aún más a raíz de la controversial reelección presidencial de Hernández.

En su informe, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) señaló que en las protestas poselectorales murió un policía y 22 civiles, de los que al menos 16 fallecieron por disparos de las fuerzas de seguridad.

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El análisis de Ayestas coincide con el de la alta comisionada de la OACNUDH, Michelle Bachelet, quien recientemente señaló estar «profundamente preocupada por lo que estamos observando en Honduras. Las elecciones todavía no se han celebrado, pero la violencia política ya ha alcanzado niveles inquietantes».

A menos de una semana de los comicios del 28 de noviembre, Expediente Público conversó con Migdonia Ayestas, quien fungirá como una de las principales observadoras del proceso electoral en Honduras.

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¿Cómo surge la Red por la Equidad Democrática en Honduras?

Iniciamos este proceso en las elecciones pasadas, con el apoyo del Instituto Nacional Demócrata (NDI). La Red es un conjunto de organizaciones que surge para promover la equidad, el respeto y la transparencia en las elecciones. Nos reunimos para observar todo el ciclo del proceso electoral.

¿Qué papel tendrá la red para el próximo 28 de noviembre?

Haremos una observación sistemática de las elecciones. Estudiaremos el desempeño de las instituciones electorales, el clientelismo y la compra de votos, el financiamiento de las campañas, el abuso del Estado, la violencia política y la participación política de las mujeres.

¿Qué escenarios prevén para estas elecciones?

Hacemos un llamado a las fuerzas políticas, porque el proceso electoral descansa en sus manos con sus representantes, ellos deben asegurar la transparencia. Y a la ciudadanía que acuda masivamente a votar en paz, sin confrontación. Los partidos deben respetar los resultados de las elecciones, esperando que el CNE cumpla con sus objetivos.

¿Se puede repetir el escenario de las elecciones del 2017?

Hay muchas probabilidades de que eso pase, primero porque tenemos las mismas tres fuerzas políticas peleando por el poder, porque la ley electoral no fue aprobada en su totalidad y porque el control del proceso electoral sigue recayendo en los partidos y no en la ciudadanía. Arrastramos esos vicios que nos hacen pensar que pueden repetirse los problemas. La recomendación es que los partidos respeten los resultados y confíen en ellos, precisamente porque ellos tienen su representación en las instancias electorales.

¿Qué representaría para la democracia hondureña otra crisis poselectoral?

Sería una catástrofe para Honduras.

¿Qué se espera en cuanto a la violencia política?

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Si las vísperas son como las tenemos, si lo comparamos con los procesos anteriores, este proceso ha sido el más violento desde 2013.

¿Un caso puede considerarse como violencia política a pesar que su móvil no sea propiamente político?

Cuando la violencia recae sobre un candidato, militante, simpatizante o dirigente de un partido, se convierte en una violencia política. Recordemos que en Honduras no todos los casos son investigados. Es violencia política porque al final están eliminando a un contrincante político.

En 2017 hubo mucha conflictividad política en zonas donde hay alta presencia de pandillas y narcotráfico, ¿qué intereses tienen estos grupos en las elecciones?

Cuando los candidatos reciben dinero de bandas delincuenciales, tienen un interés y es permitir el tráfico de drogas. Es un problema cuando estos grupos se inmiscuyen en temas de democracia, porque ellos tienen logística, armas, están preparados para intervenir en conflictos. Es importante que no intervengan, que la conflictividad sea social y no criminal. Este es un fenómeno poco estudiado en el país.

¿Qué papel tiene EEUU en las elecciones?

Es importante, pero también la de los demás países de la comunidad internacional. Ellos deben apoyar el proceso sin intervencionismo. Es importante que los países estén pendientes por la problemática y que mandan mensajes certeros para que el proceso sea transparente.

¿Cómo comprometer al Estado para que no reprima las eventuales protestas?

El Estado debería comprometerse a no usar las fuerzas represivas del Estado, las instituciones deben ser respetuosas de los derechos humanos. El problema es cuando las fuerzas de seguridad pública están al servicio de un Estado controlador.