*El más reciente informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, revela que la situación de derechos humanos en el país centroamericano sigue sometida a “una amplia gama de medidas arbitrarias”.
**Monseñor Rolando Álvarez lleva más de un año detenido y ha sido condenado a 26 años de cárcel por alzar su voz contra las profundas violaciones de derechos humanos en Nicaragua.
***Al menos 50 personas ha sido detenidas y condenadas en los últimos meses mientras que la Universidad Centroamericana fue confiscada.
Expediente Público
Con la eliminación progresiva de todas las organizaciones civiles, el control de todas las instituciones públicas y el destierro de los principales dirigentes de la oposición, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo redujo el espacio cívico y democrático, lo que revela que la situación de los derechos humanos en el país centroamericano ha seguido “deteriorándose gravemente”, señala el más reciente informe del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).
El reporte ofrece una visión general de la situación desde el 15 de agosto de 2022 al 15 de junio de 2023.
“Las personas consideradas opositores al Gobierno son perseguidas y sometidas a una amplia gama de medidas arbitrarias que violan sus derechos humanos, incluidas penas de prisión dictadas sin juicio y la privación de la nacionalidad mediante decisiones judiciales que carecen de todo parecido con la legalidad”, señala en el informe el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.
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Ortega impone terror
Los familiares de estas personas, agrega el documento, también se han visto afectados por estas medidas arbitrarias del régimen Ortega Murillo.
“Ha tenido un efecto paralizador en la sociedad nicaragüense en general, dejando claro que cualquier persona que critique al Gobierno y sus familiares será castigada”, añade el documento publicado en el sitio web de Naciones Unidas.
Como en ocasiones anteriores, el régimen no ofrece ninguna explicación al Alto Comisionado sobre los hechos denunciados. En abril de este año, enviaron un “cuestionario integral” al régimen en el que se abordaría cada uno de los temas expuestos en el informe, pero no hubo respuesta.
Siguen detenciones arbitrarias
Naciones Unidas detalla que las detenciones arbitrarias de personas consideras opositoras, defensores de derechos humanos, opositores políticos, periodistas, trabajadores rurales y personas vinculadas a la Iglesia católica es una “tendencia” observada desde que comenzó la crisis de derechos humanos en 2018 y continuó en el periodo que abarca este informe.
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En este periodo unas 235 personas habrían sido detenidas, de los cuales 222 fueron desterrados a Estados Unidos el 9 de febrero de 2023.
Entre el 1 y el 23 de abril de 2023, la Oficina del Alto Comisionado recibió informes de 51 detenciones arbitrarias.
Se conoció en mayo del arresto de 63 personas (40 hombres y 23 mujeres) acusados de propagación de noticias falsas y socavar la integridad y soberanía nacionales, delitos ampliamente usados para intimidar y detener a opositores.
Al 15 de junio de 2023, sin embargo, el número de detenidos que se registran en el país centroamericano era de 54 personas (44 hombres y 10 mujeres). Entre los detenidos actuales se encuentran sacerdotes y periodistas.
Aunque el informe no lo detalla, después del cierre y confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA), en agosto pasado, el régimen continuó con las detenciones arbitrarias. Adela Espinoza Tercero, egresada de la carrera de Comunicación Social de la UCA, y Gabriela Morales, de la ilegalizada Universidad Juan Pablo II; además Mayela Campos, estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería UNI y Josseth Miranda fueron detenidas por la Policía Nacional.
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Naciones Unidas: nueva práctica de represión
En este periodo, el régimen puso en práctica una nueva modalidad. La mayoría de las personas detenidas fueron pronto liberadas con la condición de que se presentaran diariamente a firmar en los distritos policiales.
Naciones Unidas comprobó que en cada uno de los casos se continuaron violando los estandares internacionales, debido a que las autoridades “no informaron a los detenidos, en el momento del arresto, de los motivos de su arresto ni les informaron con prontitud de los cargos en su contra”.
En Nicaragua, según Naciones Unidas, se siguen violando las garantías procesales y del derecho a un juicio justo de personas consideradas opositoras del Gobierno.
“Las detenciones han seguido produciéndose sin órdenes judiciales ni información sobre los motivos de las detenciones. A los detenidos se les ha impedido comunicarse de manera oportuna, libre y confidencial con sus abogados y sólo han podido reunirse con sus abogados inmediatamente antes de las audiencias y bajo la supervisión de agentes de policía”, agrega el informe.
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Al menos en 49 casos, se constató que los jueces de ejecución “modificaron indebidamente las condenas”, aumentando las sentencias después de que se habían celebrado los juicios.
Naciones Unidas conoció de un caso específico en el que se condenó a una persona por el delito de socavar la integridad y la soberanía nacionales a 13 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos o empleos públicos.
Tres meses después, otro juez condenó a la misma persona por traición a la patria, sobre los mismos hechos, y lo condenó a la inhabilitación vitalicia para ejercer cargos públicos.
Agresiones contra la Iglesia católica
El régimen siguió cerrando los espacios de las organizaciones civiles. Entre el 15 de agosto de 2022 y el 15 de junio de 2023, la Asamblea Nacional y el Ministerio de Gobernación revocaron la personalidad jurídica de 1,988 organizaciones.
En el listado están incluidas 298 organizaciones extranjeras registradas en el país, en su mayoría asociaciones sin fines de lucro y universidades privadas, para un total de 3,338 personalidades jurídicas revocadas desde 2018, una “cifra sin precedentes”.
Por otro lado, esta oficina documentó las agresiones en contra de la Iglesia católica, que han sido objeto de ataques desde que comenzó la crisis de 2018. En este periodo, se produjo una “fuerte escalada en su frecuencia y gravedad”.
La expulsión del Nuncio Apostólico en marzo de 2022 marcó un precedente de los ataques que luego fueron intensificándose en el país centroamericano.
A la fecha, monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, sigue recluido en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro “La Modelo”.
El 27 de abril de 2022, la Comisión de Justicia y Jurídicos de la Asamblea Nacional emitió un informe en el que las presuntas víctimas de los hechos de 2018 pedían penas “más severas” a clérigos por su presunta participación en el “golpe de Estado”, constituyendo otro hecho que marcó la escalada represiva en contra de los sacerdotes.
Naciones Unidas pide liberar a presos políticos
La prohibición a nicaragüenses de retornar a su país, la clausura de medios de comunicación y la deportación de presos políticos; la revocación de su ciudadanía y la confiscación de sus propiedades, que se ha hecho extensivo a otros disidentes, también constituye una violación de sus derechos fundamentales y del derecho internacional considerados en este informe.
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Ante este panorama desolador en Nicaragua, el Alto Comisionado demanda al régimen la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente en relación con la crisis de derechos humanos de 2018.
Además, lo exhorta a restablecer la nacionalidad de todas las personas privadas de ella y permitir el retorno seguro de todos los nicaragüenses que deseen regresar al país.
Naciones Unidas urgent la emisión de documentos oficiales de viaje para permitir la salida de todas las personas que quieran salir de Nicaragua, especialmente los niños y cónyuges que busquen la reunificación familiar.
