* La captura de un abogado constitucionalista opositor al mandatario Nayib Bukele es el último episodio de la ruta del autoritarismo salvadoreño.
**El presidente de El Salvador celebra seis años de gobierno con una alta popularidad, pero ofreciendo cárcel a detractores, particularmente periodistas y activistas sociales.
Eric Lemus / Expediente Público
La detención del abogado constitucionalista Enrique Anaya, hecha por fiscales vestidos de civil que llegaron a su domicilio la tarde del sábado 7 de junio, es el último paso del gobierno de Nayib Bukele tras advertir en redes sociales que tomaría medidas contra sus críticos.
“La oposición ha pasado todo el día amenazando públicamente a cualquier persona que apoye o trabaje para el Gobierno, incluso exponiendo a jueces, fiscales y periodistas que no se alinean con las órdenes de Open Society”, escribió el viernes 6 de junio en la red social X.
Bukele reaccionó después de que periodistas identificaron a los fiscales que llevaron el caso contra la abogada Ruth López, de la organización de derechos humanos Cristosal, quien fue presentada ante el Juzgado 12° de Paz.
“Les recuerdo que eso constituye delito, y que los días de impunidad ya terminaron. Después no digan que no se les advirtió”, amenazó Bukele.
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Detenciones de funcionarios de ONG en El Salvador
Dentro de la ola de detenciones, la Policía Nacional Civil (PNC) capturó la noche del 28 de mayo a la abogada Ruth Eleonora López, directora de la Unidad de Anticorrupción de Cristosal. Bukele acusa a la ONG de “hacer oposición política”.
López fue inicialmente acusada de peculado, un delito para funcionarios públicos, pero la Fiscalía General cambió este 4 de junio por la figura de “enriquecimiento ilícito”.
La presentación de la abogada en el Juzgado 12° de Paz fue realizada en un caótico traslado policial con empellones ante la prensa mientras López gritó: “¡No me van a callar! ¡Quiero un juicio público! ¡La gente merece saber!”.
Mientras en el caso de Anaya, él está siendo acusado por «lavado de dinero», pero su arresto se atribuye a su posición crítica contra Bukele, de quien sostuvo fue reelecto inconstitucionalmente.
De apresar pandilleros a callar detractores
“Dicen que encarcelamos defensores de derechos humanos, disidentes, opositores al régimen. Yo me pongo a pensar ¿cómo vamos a combatir la corrupción si toda la oposición tiene inmunidad?”, esgrimió Bukele el 1 de junio al Teatro Nacional de San Salvador cuando presentó el informe anual de Gobierno.
El gobernante salvadoreño hizo hincapié que sus principales adversarios políticos son las organizaciones no gubernamentales, así como los periodistas nacionales y extranjeros, al tiempo que reivindicó la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros.
La ley de agentes extranjeros al estilo de autocracias y dictaduras como la rusa y la nicaragüense, obliga a personas u organizaciones financiadas con fondos extranjeras a registrarse y declarar sus actividades ante el gobierno.
Fiel al estilo de su homólogo nicaragüense Daniel Ortega, Bukele aprovechó el día que iba a presentar un informe anual para convertirlo en una tribuna contra las organizaciones no gubernamentales y los periodistas a quienes acusa de ser parte de la oposición política.
Además, reivindicó el éxito de su plan de seguridad con la comodidad de seguir con más del 85% de aprobación en las encuestas publicadas a nivel nacional.
Además: El Salvador: Bukele copia Ley de Agentes Extranjeros de Ortega y se lanza contra ONGs
El Congreso, que está dominado por el partido oficialista Nuevas Ideas, aprobó este 21 de mayo la normativa mediante la cual El Salvador aplicará un impuesto del 30% a las donaciones que reciban las organizaciones civiles.
Contra periodistas y defensores de DD.HH.
Dicha ley demanda la inscripción en un registro gubernamental y la aplicación de multas de hasta por US$250,000 por incumplimiento.
El director de Cristosal, Noah Bullock, considera que «la ley pretende reprimir el periodismo independiente y las organizaciones de la sociedad civil que han constituido los últimos vestigios de la democracia en El Salvador».
Bullock participó en un encuentro virtual con periodistas internacionales, entre los que estuvo Expediente Público, y recordó que la iniciativa presidencial fue promulgada en una hora y 24 minutos sin debate legislativo.
Para el director de la organización internacional, «esta campaña de represión se ha visto reforzada por el acuerdo de Trump de pagar a Bukele por recluir deportados venezolanos en el Centro de Internamiento de Terroristas (Cecot)».
La abogada López Alfaro también dirigía el equipo legal que apoyaba a las familias de los detenidos venezolanos para documentar sus casos y presentar recursos de habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Escalada de persecución en El Salvador
En tanto, la jueza Mirna Estela González de Ardón, que lleva el proceso contra López, decretó prisión provisional por seis meses y solicitó que la acusada sea enviada a un centro penitenciario.
Organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) denunciaron una “escalada de persecución” contra los activistas y la prensa independiente.
Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch, afirmó a Expediente Público que la detención de López es “un punto de quiebre en la represión del gobierno de Bukele”.
Goebertus exhortó porque “la comunidad internacional debe alzar la voz con urgencia ante esta peligrosa escalada autoritaria”.
Durante la presentación del informe del primer año de gobierno de su mandato consecutivo, Bukele defendió la efectividad del régimen de excepción.
“Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles. Prefiero que me llamen dictador, pero que los salvadoreños podamos vivir al fin en paz. Que se queden ellos discutiendo su semántica y nosotros vamos a seguir enfocados en resultados”, afirmó adentro del Teatro Nacional, donde realizó el evento.
“Las fuerzas externas que ejercen su poder encubierto sobre países como El Salvador no están interesadas en el bienestar de nuestro pueblo, su objetivo es generar inestabilidad porque la inestabilidad mantiene a nuestras naciones dependientes de ellos. Los países del tercer mundo están destinados a seguir siendo del tercer mundo”, acusó.
Atención internacional
Ante el segundo mandato consecutivo de Bukele, organizaciones internacionales no dudan en llamar los acontecimientos “una escalada autoritaria” debido a la detención de activistas sociales y el uso de la cárcel de máxima seguridad para recluir a venezolanos deportados desde Estados Unidos.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) anunció “sobre las recientes detenciones de personas defensoras de derechos humanos recuerda que cualquier restricción a la libertad previa al juicio debe estar basada en los criterios de estricta necesidad y proporcionalidad, evitando así que la detención pueda llegar a ser arbitraria”.
39 meses bajo régimen de excepción
Los salvadoreños aplaudieron en la última encuesta de LPG Datos el régimen de excepción, a pesar de que tiene encarcelado al 2% de sus habitantes. El país centroamericano tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo.
La organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH) denunció que hasta este 4 de junio hay un total de 417 reos fallecidos bajo custodia del Estado. Además, el mismo gobierno informó que 8,000 personas fueron liberadas por falta de pruebas.
“De total, hay cerca de 60,000 detenidos que sí tiene vinculación con los grupos delictivos, pero el resto no”, dijo a Expediente Público el abogado de SJH Óscar Rosales.
En su discurso, Bukele también dijo que “había una masacre diaria antes del régimen”, pero esa afirmación es “engañosa”, en opinión de Rosales.
En contexto: Al menos 100,000 menores en desamparo por estado de excepción en El Salvador
Las pandillas ejecutaban predominantemente asesinatos contra personas que no pagaban las extorsiones, pero “si hubo dos masacres emblemáticas: la del microbús en el año 2010 y el fin de semana que desencadenó el régimen (de excepción)”.
La pandilla Barrio 18 atacó la noche del 20 de junio de 2010 un transporte público donde asesinó a 17 pasajeros, mientras que la Mara Salvatrucha (MS-13) ordenó asesinatos aleatorios del 25 al 27 de marzo de 2022.
¿Ley mordaza?
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció el 25 de mayo un aumento de la “persecución” contra la prensa independiente con el objetivo de “asfixiar” a quienes todavía fiscalizan la gestión pública.
El gremio exhortó a la fiscalía y la policía “a dejar de infundir un clima de temor en contra de periodistas y defensores de derechos humanos”.
En su comunicado, la APES exigió al gobierno que “deje de sembrar incertidumbre” y pidió a las autoridades que cesen la persecución de voces críticas. En el año 2024 un monitoreo efectuado por la asociación “registró un alarmante aumento de agresiones contra periodistas”.
Sin embargo, el mandatario recrudeció su posición ante quienes señalan el ascenso autoritario.
“Tristemente somos testigos de cómo países hermanos nuestros todavía creen en estos organismos internacionales, todavía creen en estos tratados que supuestamente son para ayudarnos a nuestros derechos humanos y algunos políticos de la región lamentablemente se prestan a este juego”, criticó en el evento oficial.
Pero estas últimas capturas se suman a los casos de Fidel Zavala, vocero de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDHEC), quien ya sobrevivió las cárceles de Bukele y denunció torturas y asesinatos. Fue recapturado acusado de estafa.
También están el abogado Alejando Henríquez, representante de la cooperativa El Bosque, y el presidente de dicha comunidad, el pastor evangélico José Ángel Pérez, detenidos por manifestarse en las cercanías de la residencia particular de Bukele.
En las cárceles salvadoreñas hay al menos 14 detenidos que adversaron el ascenso autoritario de Buekele, pero estás siendo procesados por otros delitos.
