* La vigencia del estado de excepción desde hace más de un año promedia la captura de unas 70,000 personas en el marco de la guerra contra las pandillas.
** Las organizaciones sociales estiman que 100,000 niños están en situación de desamparo sea porque el Gobierno capturó a su padre o madre, o ambos progenitores.
*** Organizaciones sociales advierten que los niños quedan al resguardo de un pariente cercano, mientras el Gobierno es incapaz de enfrentar el efecto colateral de las capturas masivas del régimen de Nayib Bukele.
Eric Lemus / Expediente Público
El 3 de marzo del 2022, Gabriela, la esposa de Nayib Bukele, prometió en calidad de primera dama la construcción del Centro de Maternidad Nacer con Cariño “El Nido” como un nuevo espacio de atención a la niñez de El Salvador.
A fines de ese mismo mes, el Gobierno inició el estado de excepción que permite la captura masiva de cualquiera que sea vinculado a las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13) a partir de una denuncia anónima.
18 meses más tarde, entre el anuncio de la cónyuge del mandatario del país centroamericano y la entrada en vigor de un régimen que suprime todas las garantías civiles, hay un total de 73,000 capturados y aproximadamente 100,000 niñas y niños en situación de desamparo debido a la captura de sus padres.
Los cálculos de organizaciones sociales como Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Tutela Legal Dra. María Julia Hernández y el Servicio Social Pasionista dan cuenta de las historias de desamparo en la medida llegan solicitudes de auxilio jurídico.
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Estado de excepción y miedo permanente
“Nosotros tenemos datos de 21,000 inocentes detenidos del total de 73,000 capturados. Dentro de ese universo tenemos una cantidad de niños que en términos generales y sin apoyarnos todavía en la estadística hay unos 100,000 que están en desamparo”, vaticina Óscar Rosales, coordinador jurídico de SJH.
Rosales, en conversación con Expediente Público, opina que “el hecho de que el padre o la madre haya cometido una falta no significa que el niño o niña sea culpable. Ellos son inocentes de cualquier decisión de los adultos y los niños no tendrían que pagar las consecuencias de los errores de sus padres”.
En contexto: Se documentan más de 300 denuncias de muertes en el Estado de excepción en El Salvador
Sin embargo, esta institución observa que las aprehensiones siguen un perfil determinado donde los detenidos suelen ser “vendedores ambulantes, trabajadores informales, campesinos con un elemento en común: viven en una pobreza material extrema”.
“Se está dando una situación bastante complicada, sea por odio o por venganza, por préstamos personales, donde alguien llama anónimamente y dice: ‘esta persona ha sido pandillero, me amenazó en tal fecha, andaba con ellos’. Entonces viene la policía y los lleva a la cárcel”, describe el abogado.
Una llamada anónima
Juan Ramos, de 30 años, estaba preparándose para ir al trabajo como lo hacía habitualmente los últimos ocho años. Eran las cinco de la mañana de un día de julio del 2022 cuando un grupo de policías rodeó la casa donde residía junto a sus padres.
La vivienda es una estructura modesta ubicada en un poblado indígena que está al sur de la capital.
La mayor de sus dos hijas, una niña ahora de siete años, vio cómo aquellos sujetos uniformados que solían resguardar el centro escolar a donde ella estudia, capturaron a su padre.
“Ella fue a hablar con su papá, fue a despedirse entre lágrimas sin entender lo que pasaba”, recuerda Guillerma, de 63 años, abuela paterna y quien ahora está a cargo de las dos niñas.
Estado viola derechos
“La policía llegó diciendo que tenían una llamada anónima y que se lo iban a llevar en vías de investigación por 15 días. Pero estos 15 días se hicieron 14 meses hasta la fecha sin ninguna noticia”, relata Óscar, el hermano mayor del detenido, a Expediente Público.
De Juan no tienen mucha información, salvo que está recluido en la cárcel de San Francisco Gotera, localizada casi 170 kilómetros al noreste de San Salvador.
La defensa del caso fue retomada por SJH desde agosto de 2023, luego de intentar con un abogado particular que no rindió frutos, como es el caso de miles que viven a diario este drama donde acaban perdiendo el poco dinero que reúnen.
“Mi hermano no tiene antecedentes penales ni es un delincuente. Es un hombre que iba de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Su vida eran sus hijas, que ahora preguntan por él”, insiste Óscar.
Una niñez lastimada
La sicóloga Andrea Guzmán, quien trabaja en el área de atención a víctimas de la violencia en el Servicio Social Pasionista (SSPAS), detalla a Expediente Público que los niños suelen presenciar la mayoría de las detenciones donde el uso de la violencia es predominante.
“Existe un trauma que se va profundizando con el paso del tiempo porque no solamente se ve fracturada su familia, sino que todo lo emocional y el hecho de sentir que no van a volver a ver a su papá, a su mamá, a su familiar”, explica Guzmán.
El SSPAS trabaja en El Salvador desde 1979 en Mejicanos, un municipio del norte de la ciudad, donde atiende a población vulnerable.
Impacto en la salud mental
“El hecho de que los niños escuchan y ven en las redes sociales lo que pasa en los centros penales es como una cuestión muy fuerte que no terminan de procesar, a veces por su corta edad», afirma.
«Cada niño lo puede expresar de diferente forma. Algunos pueden llorar, otros retraerse, no hablar o expresar nada, pero no significa que no estén sintiendo”, reconoce Guzmán.
“Es importante hacer énfasis en la niñez porque es una población que aparte que es muy vulnerable, también es muy invisibilizada. Vemos las afectaciones de los adultos, pero el tema de la niñez no los tomamos como personas o sujetos de derecho”, denuncia la sicóloga.
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“Los niños y las niñas casi siempre llegan a asistirse (emocionalmente) solos. Por eso creo que es relevante que se visibilice a esta población”, insiste.
18 meses en estado de excepción
El gabinete de seguridad solicitó a la Asamblea Legislativa el martes 12 de septiembre la décimo octava extensión del régimen de excepción. La medida fue aprobada por 30 días más con el respaldo del partido gobernante Nuevas Ideas (NI), que tiene mayoría en el pleno.
“En menos del primer quinquenio se ha logrado transformar la realidad de este país”, celebró ante la prensa el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro.
“Sepan que como gabinete de seguridad estamos analizando todas las condiciones y generando todas las acciones necesarias para seguir cazando, capturando y sometiendo a la justicia a los remanentes de estos grupos criminales, no solo en el país, sino también, fuera de nuestras fronteras”, dijo el funcionario.
Los resultados del estado de excepción del Gobierno
Sin embargo, una investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. investiga a la mano derecha de Villatoro, el viceministro Osiris Luna, quien está a cargo de las cárceles de El Salvador.
Expediente Público, que da cuenta del tema, reveló que una acusación de la Corte del Distrito Este de Nueva York indaga si Luna y otro funcionario de Bukele ofrecieron beneficios penitenciarios a cambio de una reducción de la violencia.
“Desde que entró en vigencia el régimen de excepción, el promedio de homicidios diario en El Salvador es de 0.55… Estamos ya por finalizar el año y la tendencia que lleva la seguridad es que terminemos con una tasa de homicidios de entre el 2.2 al 2.5 por cada 100,000 habitantes”, afirmó el ministro de la Defensa Nacional, el vicealmirante René Merino Monroy.
En tanto, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, anunció que “las estructuras criminales no han desaparecido en su totalidad. Sabemos que hay una degradación de más del 70% de las pandillas”.
Sin embargo, entre los familiares de detenidos sin vinculación con las llamadas maras existe la preocupación de que el Gobierno endurezca los procesos para liberar a los detenidos injustamente. En julio pasado, la Asamblea Legislativa aprobó medidas transitorias en la guerra contra las pandillas.
Alternativas mínimas para detenidos
Berta Julia es una mujer de 63 años que está a cargo de cinco niñas cuyas edades oscilan entre los 4 y 10 años. Sus madres y padres fueron capturados en el marco del régimen de excepción mientras trabajaban vendiendo frutas de forma ambulante en el centro histórico.
“Primero detuvieron a mi hija cuando iba con el carretón con frutas sin ninguna explicación. Eso fue el 24 de mayo. Cuatro días después se llevaron a mi otra hija por el mismo delito de vender en la calle”, recuerda.
“Luego fue mi nuera y un nieto. El 12 de junio se llevaron a mi último nieto, que siempre estaba pendiente de mis medicinas, de ayudarme, pero ahora ya no sé qué hacer”, solloza luego de compartir su testimonio con Expediente Público.
Niñez desamparada irá aumentando
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Socorro Jurídico Humanitario asiste a esta mujer que comparte vicisitud junto a una nieta con quien trata de superar el estigma y el acoso de la policía.
“Este segmento de la niñez desamparada va a ir creciendo bajo esa incertidumbre de lo que significa una familia, mientras siga el descuido del Estado porque sus instancias no están al alcance, ni a la altura de la demanda”, opina Óscar Rosales, el coordinador jurídico de SJH.
“Este Gobierno no tiene voluntad política ni proporciona recursos”, fustiga.
