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Nicaragua: Daniel Ortega inicia otro mandato aislado, sancionado y envejecido

*Daniel Ortega asume cuarto mandato consecutivo en un largo día de sanciones: Estados Unidos y Unión Europea castigan a funcionarios leales al régimen sandinista e instituciones claves en el engranaje de la represión y corrupción en Nicaragua  

**Durante su largo discurso plagado de errores, inexactitudes e incoherencias Ortega no ofrece diálogo nacional, reclama a Estados Unidos “indemnizar a Nicaragua” y aboga por presos políticos de otros países mientras calla sobre prisioneros de conciencia en el país.  

***A sus 76 años, inicia cinco años más de régimen bajo un rotundo aislamiento internacional, con un mayoritario desprecio nacional y manchado por las acusaciones de crímenes de lesa humanidad por sucesos de abril de 2018, ante los cuales clama «borrón y cuenta nueva»


Expediente Público

Estados Unidos (EE.UU.) y la Unión Europea saludaron con sanciones la última toma de posesión “ilegítima” de Daniel Ortega y Rosario Murillo, realizada este 10 de enero de 2022, golpeando fuertemente las estructuras del Ejército de Nicaragua, la Policía Nacional y su círculo familiar, lo que fue amargamente criticado por el anciano de 76 años que se atornilló en el poder cinco años más mediante unos comicios considerados «ilegítimos» por la mayoría de naciones democráticas del mundo.  

Ortega inició este 10 de enero su quinto mandato para el periodo 2022-2026, cuarto consecutivo y el segundo consecutivo de su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, bajo un profundo aislamiento internacional y rodeado de unos pocos aliados internacionales.  

El presidente del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel; el dictador venezolano Nicolás Maduro y el saliente presidente hondureño señalado de narcotráfico Juan Orlando Hernández, fueron los únicos jefes de Estado que asistieron a la toma de posesión de Ortega y Murillo.  

El expresidente guatemalteco Vinicio Cerezo, exsecretario general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA); los prófugos Salvador Sánchez Cerén y Mauricio Funes, ambos expresidentes de El Salvador y nacionalizados nicaragüenses tras ser acusados por actos de corrupción en su país, estuvieron en el acto. 

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La presidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE), Brenda Rocha, sancionada hoy por Estados Unidos y la Unión Europea, entregó a Ortega y Murillo las credenciales como presidente y vicepresidente del país centroamericano.  

Posteriormente, la pareja presidencial fue juramentada por el presidente de la junta directiva de la Asamblea Nacional, el también sancionado por corrupción y violación de derechos humanos, diputado Gustavo Porras.  

El legislador sandinista impuso la banda presidencial a Ortega, pero el antiguo guerrillero se la retiró antes de finalizar su discurso y el acto protocolario y la dejó olvidada en un mueble. 

Ortega a Biden: Indemnizar a Nicaragua  

Ortega se encuentra en el poder desde 2007 tras haber coordinado una Junta de Gobierno de 1979 a 1985, tras derrocar la dictadura somocista, y asumido cinco años de presidente de 1985 a 1990.  

En medio de la lluvia de sanciones impuestas por Europa y EE.UU., Ortega se refirió otra vez al fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de 1986 y demandó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cumplir con la sentencia.

“Yo le digo al presidente Biden que recuerde cuando él como vicepresidente de (Barack) Obama en la Cumbre de las Américas ahí le dije con toda claridad al presidente Obama que tenían que cumplir con lo que manda la ley. Tiene una oportunidad el presidente Biden en estos momentos de hacer un giro histórico, valiente, donde indemnice al pueblo nicaragüense. No estamos pidiendo limosnas, estamos pidiendo justicia”, dijo Ortega. 

En 1984, Nicaragua introdujo ante la CIJ, órganos de Naciones Unidas, una demanda contra los Estados Unidos acusándolo de financiar a las fuerzas contrarrevolucionarias.  La CIJ falló contra Estados Unidos en 1986 y Nicaragua estimó los daños en aproximadamente 17,000 millones de dólares.

Durante su discurso Ortega evitó referirse al diálogo nacional que anunció previo a las votaciones de 2021, con el cual se buscaría una salida democrática a la crisis iniciada en abril de 2018, aunque prometió “borrón y cuenta nueva” para dar continuidad a la supuesta bonanza que traía el país antes de las protestas de 2018, aplastadas por Ortega con saldo de 355 muertos, más de 2,000 heridos, cientos de presos y más de 100,000 nicaragüenses en el exilio.  

EE.UU. sanciona al Ejército  

El Consejo de la Unión Europea aprobó este 10 de enero sanciones previo al acto de toma de posesión, mientras que EE.UU. se unió en posición firme contra la “persistencia” de los abusos a los derechos humanos y la falta de respeto hacia el pueblo nicaragüense. 

El Departamento del Tesoro de EE.UU. adoptó sanciones contra seis funcionarios del Ejército de Nicaragua, el Ministerio de Defensa, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) y la compañía estatal Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas).  

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“La elección que montó el 7 de noviembre, cuyos resultados estaban determinados de antemano, no le otorga un nuevo mandato democrático, puesto que tal mandato solo puede obtenerse mediante elecciones libres y justas. El pueblo nicaragüense merece esa posibilidad y nada menos que eso”, señaló Antony Blinken, secretario de Estado del gobierno estadounidense. 

Estados Unidos sancionó al general de brigadas del Ejército Bayardo Pulido y al general Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, jefe de Estado Mayor de la fuerza castrense, ambos miembros de la junta directiva del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM). 

La ministra de Defensa Rosa Adelina Barahona, también miembro de la junta directa del IPSM del Ejército fue alcanzada por las sanciones estadounidenses.  

“El régimen de Ortega-Murillo sigue subyugando a la democracia al celebrar una farsa electoral, silenciar a la oposición pacífica y mantener encarcelados a cientos de presos políticos”, agregó el subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson. 

Del mismo modo, la directora general adjunta de Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) Celina Delgado Castellón, también miembro de la junta directiva de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel), fue incluida en la lista de sancionados de EE.UU.  

El Departamento del Tesoro, además designó a la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), empresa estatal creada en 2017 a través de la cual se incrementó la intervención del Estado en el sector minero lo que ha “generado ganancias para sus aliados en el sector privado”.  

Hijos de la pareja presidencial sancionados  

El Consejo de la Unión Europea sancionó al menos a siete funcionarios del régimen nicaragüense, incluyendo a Camila y Laureano Ortega Murillo, hijos de la pareja presidencial.  

El documento del Consejo refiere que Camila en su calidad de asesora presidencial participa en actividades de apoyo a la pareja presidencial y utilizó la plataforma de Nicaragua Diseña para apoyar las elecciones presidenciales y parlamentarias fraudulentas que tuvieron lugar el 7 de noviembre de 2021, mediante la “creación de cuentas falsas en diferentes plataformas de redes sociales”. 

Como directora de Canal 13 contribuye a difundir el “discurso de odio” del régimen de Ortega contra la oposición cívica, alertó la Unión Europea.  

Por su parte, Laureano está asociado con personas responsables de “reprimir a la sociedad civil y de graves violaciones de los derechos humanos”.  

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Laureano se desempeña como asesor en la Agencia Oficial de Promoción de Inversiones y Exportaciones de Nicaragua (ProNicaragua) y ha jugado un papel fundamental en la supresión del pluralismo político y en la desarticulación definitiva de la democracia nicaragüense. 

“Ha justificado y apoyado el encarcelamiento arbitrario e ilegal en Nicaragua de líderes políticos y precandidatos presidenciales, líderes estudiantiles y rurales o periodistas independientes, a los que ha calificado de terroristas”, señaló la Unión Europea.  

Magistrados del CSE en lista de la UE 

La presidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE), Brenda Rocha Chacón, y los magistrados Cairo Amador Arrieta, vicepresidente del Poder Electoral y Lumberto Ignacio Campbell, todos ellos miembros del Frente Sandinista, también fueron designados por los europeos.  

La Unión Europea explicó que el CSE es el “órgano responsable” de la preparación, celebración y certificación de las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021 que le dieron el triunfo a Ortega y Murillo.  

Los actos llevados a cabo desde el tribunal electoral son una muestra de cómo “socavaron las instituciones y los procesos democráticos por su falta de transparencia”.  

“El CSE privó a la oposición de la oportunidad de presentarse a unas elecciones libres y se aseguró de que los comicios se organizasen en condiciones antidemocráticas (…) Es responsable de la represión de la oposición democrática y de socavar la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua”, señaló el Consejo de la Unión Europea.  

Directora de Telcor y Superintendente de bancos  

Nahima Janett Díaz Flores, hija del sancionado director de la Policía Nacional Francisco Díaz y nuera de Ortega, fue incluida en la lista de sancionados de la Unión Europea porque como directora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), durante la campaña electoral “puso en marcha varias campañas de desinformación a gran escala”.  

Telcor es además el ente encargado de ejecutar la Ley de Ciberdelitos, una legislación aprobada en 2020 que amenaza con cárcel a periodistas y medios a quienes señalan de publicar «noticias falsas» en el país.  

“En el ejercicio de su cargo, Nahima Díaz Flores se ha mostrado partidaria del régimen de Ortega y ha dirigido y llevado a cabo actividades de desinformación y vigilancia de la sociedad civil”, señaló la Unión Europea.  

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Las sanciones alcanzaron también a Luis Ángel Montenegro, superintendente de Bancos y de Otras Instituciones Financieras de Nicaragua (Siboif), cargo que ocupa como “premio a su lealtad”, por ser responsable de la persecución de los agentes financieros que se oponen a las políticas del régimen de Ortega.  

En su cargo anterior, como contralor general de la República, veló porque las “actividades financieras corruptas de Ortega no fueron objeto de auditorías”.  

Policía Nacional en la lista  

La Policía Nacional, dirigida por el primer comisionado Francisco Díaz, consuegro de Ortega, junto al CSE y Telcor fue incluida en la lista de instituciones sancionadas por los europeos.  

La Unión Europea refirió que la institución policial es responsable de “infligir tratos degradantes, entre ellos torturas físicas y psicológicas” contra las personas que se opusieron al régimen de Ortega.  

Previo a los comicios de noviembre la Policía se encargó de encarcelar de forma “ilegal” a los precandidatos presidenciales, líderes de la sociedad civil, líderes estudiantiles y rurales o periodistas independientes, todo “sin garantías jurídicas ni democráticas”.  

Los asesinatos registrados durante las protestas cívicas de 2018 en toda Nicaragua se agregan a la lista de graves violaciones de derechos humanos ejercidos por esta institución.  

Previo a las elecciones de 2021, la Policía Nacional ejerció una “vigilancia y persecución continua de los líderes de la oposición”.  

En 2020, Estados Unidos también sancionó a la Policía Nacional y al jefe del Ejército, general Julio César Avilés Castillo.

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