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Sanciones a 18 funcionarios y golpe al manejo financiero del régimen de Daniel Ortega

*Estados Unidos, Canadá y Reino Unido actúan coordinados contra gobierno de Nicaragua en respuesta de lo que denominaron una “elección de pantomima” en Nicaragua.

**La lista del Departamento del Tesoro incluye al viceministro de Hacienda, el Superintendente de Bancos, funcionarios del sector energético y el Ministerio Público.

***Reino Unido sancionó a ocho funcionarios del régimen señalados de “socavar la democracia”, entre ellos la vicepresidenta Rosario Murillo.


Expediente Público  

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el gobierno de Reino Unido y Canadá sancionaron a 18 funcionarios claves del régimen nicaragüense, incluyendo a alcaldes sandinistas vinculados directamente a la masacre de las protestas sociales, a funcionarios que controlan las entidades de control financiero y del sector energético, así como a la vicepresidenta Rosario Murillo, por su papel en la represión contra la sociedad civil y en respuesta a la “farsa” electoral del pasado 7 de noviembre y a mantener las violaciones a los derechos humanos.

Las medidas imponen prohibiciones de viaje y congelación de activos contra los designados, a quienes señalan de socavar los principios e instituciones democráticos de Nicaragua.  

Las sanciones anunciadas este 15 de noviembre ocurren una semana después de las elecciones más cuestionadas en la historia de Nicaragua en la que fueron reelectos Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

Las votaciones, que tuvieron un nivel de abstención mayor al 80%, fueron rechazadas por al menos 40 países del mundo.  

Murillo, reelecta para un segundo periodo como vicepresidente en Nicaragua, fue designada por Reino Unido, una nación europea que se declara un “feroz defensor de la libertad en todo el mundo”.  

Razones sobre Murillo

“Hay motivos razonables para sospechar que, en su puesto de vicepresidenta, Murillo tenía autoridad y conocimiento de la represión de manifestaciones y actividades políticas respaldada por el estado”, explica el comunicado de la Oficina de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido.

Murillo es señalada de «socavar la democracia” y de implementar acciones de represión contra la sociedad civil y la oposición, por violaciones de derechos humanos,  el descrédito de los periodistas independientes y la exclusión de candidatos del proceso electoral del pasado 7 de noviembre.  

“El régimen de Ortega está negando al pueblo nicaragüense sus derechos humanos fundamentales. Las recientes elecciones presidenciales fueron manipuladas y políticos de la oposición y manifestantes pacíficos han sido encarcelados sistemáticamente por motivos políticos”, refirió Wendy Morton, Ministra para Europa y América de Reino Unido.  

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Funcionarios del sector energético  

Entre los sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos están miembros de la cúpula del sector energético de Nicaragua, entre ellos el ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell Castrillo y Rodolfo Francisco López Gutiérrez, director gerente de la Distribuidora Eléctrica del Norte (DISNORTE) y Distribuidora Eléctrica del Sur (DISSUR). 

Ambos funcionarios son claves dentro de las instituciones del sector energético , donde Daniel Ortega ejerce control en el negocio de la generación y distribución de la energía eléctrica que le ha dejado cientos de millones de dólares al régimen.  

El presidente del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), José Antonio Castañeda Méndez, también figura importante en el control del sector energético, fue designado por “ser funcionario del Gobierno de Nicaragua o por haberse desempeñado como funcionario» «en cualquier momento a partir del 10 de enero de 2007”.  

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Golpe al servilismo financiero

En la lista del Departamento del Tesoro también está Luis Ángel Montenegro Espinoza, superintendente de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF).

Fue incluido porque ordenó a los bancos a cumplir con una solicitud del Ministerio Público de “auditar y entregar información financiera de 13 altos ejecutivos y empresarios” de conformidad con la polémica Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.  

A Montenegro también se le señala de emitir en abril de 2020 un reglamento de la Ley de Protección al Consumidor y Usuarios, cuyas reformas aprobadas por la aplanadora sandinista en febrero de ese mismo año prohibió a los bancos en Nicaragua, sin razón reconocida por la ley nicaragüense, “negar servicios financieros a sus clientes”, incluyendo a sancionados por Estados Unidos, detalla la orden ejecutiva.  

Las sanciones son en respuesta a las “falsas elecciones nacionales” que fueron orquestadas por Ortega y Murillo, explicó el Departamento del Tesoro.  

“Esta acción está dirigida a quienes están reprimiendo a los nicaragüenses por ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales (…) Son partidarios clave del régimen y sus políticas antidemocráticas”, explica el comunicado de esta oficina estadounidense.  

Sancionado el viceministro de Finanzas

“El régimen de Ortega está usando leyes e instituciones para detener a miembros de la oposición política y privar a los nicaragüenses del derecho al voto”, dijo Andrea M. Gacki, directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. 

Ortega y Murillo ganaron las votaciones del pasado 7 de noviembre sin competencia alguna, debido a que encarcelaron a siete figuras claves de la oposición que gozaban de simpatía y de liderazgo entre los nicaragüenses.  

El viceministro de Hacienda y Crédito Público, José Adrián Chavarría Montenegro es otro de los funcionarios designados por su papel desempeñado cuando reemplazó, como miembro del directorio de la Compañía Nacional de Transmisión Eléctrica, al designado por Estados Unidos y actual ministro de esta cartera del gobierno, Iván Adolfo Acosta Montalván, quien organizó un importante apoyo financiero al régimen de Ortega. 

El régimen nombró viceministro a Chavarría Montenegro, quien se desempeñaba como secretario de Administración Financiera en Hacienda, para que firmara todos los documentos relacionados a la administración de las finanzas públicas en sustitución de Acosta, quien quedó imposibilitado después de las sanciones. Ahora Chavarría queda igual inhabilitado de suscribir acuerdos con organismos internacionales así como representante de Hacienda con los bancos.

Los alcaldes de la represión  

Los funcionarios designados este 15 de noviembre incluyen a varias personas implicadas en actos de violencia contra los manifestantes que participaron en las protestas de Nicaragua en 2018. 

La acción del gobierno estadounidense se ampara en la Orden Ejecutiva (EO) 13851, “Bloqueo de la propiedad de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua”, y la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 (NHRAA), ahora conocida como la Ley de Condicionalidad de Inversión de Nicaragua de 2018 (NICA).  

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Entre los sancionados están Francisco Ramón Valenzuela Blandón y Sadrach Zeledón Rocha, alcaldes de Estelí y Matagalpa, respectivamente, quienes tuvieron una participación muy activa en la represión contra manifestantes en las protestas de hace tres años en el país centroamericano. 

Alcalde ordenó uso de francotiradores 

A Valenzuela Blandón se le designa porque durante las protestas llevadas a cabo en ese departamento de Nicaragua, ubicado al Norte a unos 148 de la capital, ordenó «colocar francotiradores para apuntar a los manifestantes durante las protestas de 2018”. 

Mientras que el alcalde matagalpino se le designó porque contribuyó a la violencia infligida contra las manifestaciones de ciudadanos nicaragüenses que comenzaron en abril de 2018, después unas reformas al Seguro Social que fueron anunciadas por el régimen.  

“Estaba vinculado a las acciones de las fuerzas paramilitares, la Policía pro-Ortega y los grupos de choque que cometieron graves abusos contra los manifestantes”, señala el documento del Departamento de Estado.  

Una investigación de Expediente Público sobre el rol de las alcaldías reveló la organización y colaboración de los alcaldes y concejales del régimen en la represión y las violaciones a los derechos humanos.  

Perpetraron masacres en sus municipios

La investigación determinó que en Jinotega, Matagalpa, Jinotepe, Masaya y León, los gobiernos municipales “facilitaron recursos financieros y humanos, logística de transporte e infraestructura, pero también se involucraron directamente en acciones de represión en coordinación con las casas matrices del partido Frente Sandinista por zonas (conocidas como zonales), las delegaciones departamentales y municipales de la Policía Nacional y las delegaciones de ministerios”.  

El gobierno estadounidense incluyó en el listado al alcalde de Jinotega, Leónidas Centeno Rivera, quien está directamente “vinculado a instancias de represión” en este departamento del país, ubicado también al Norte de Nicaragua, donde se le conoce por ser una de las personas que organizó a los paramilitares.  

“En particular, los ataques con armamento pesado llevados a cabo por paramilitares mataron a cuatro personas, y miembros del personal de la alcaldía de Centeno participaron activamente en la represión de los manifestantes”, explica la nota del Departamento de Estado. 

Ministerio Público: instancia sancionada totalmente

Entre octubre de 2020 y junio de 2021, la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por Ortega y Murillo, aprobó seis leyes que facilitaron la represión del gobierno contra la oposición y eliminaron sus posibilidades en las elecciones de noviembre de 2021. 

Posterior a la aprobación de las leyes, el Ministerio Público se convirtió en la instancia para ejecutarlas, es decir es “responsable o cómplice o por haber participado o intentado participar directa o indirectamente en acciones o políticas que atentan contra los procesos o instituciones democráticos en Nicaragua”. 

Utilizando la Ley 1055, el Ministerio Público, dirigido por la ex policía Ana Julia Guido, abrió investigaciones “injustamente” a precandidatos presidenciales, incluso les impidió postularse para cargos públicos, “socavando así la democracia en Nicaragua” como ocurrió en junio de 2021 con la periodista Cristiana Chamorro, a quien investigaba por cargos infundados relacionados con “los delitos de blanqueo, falsificación de documentos oficiales y manejo abusivo”.  

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Esta instancia también inició investigaciones contra los principales candidatos presidenciales Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora, todos detenidos desde junio de este año previo a los comicios que han sido declarados por Estados Unidos como una “elección de pantomima que no fue ni libre ni justa, y ciertamente no democrática”. 

El Ministerio Público también es responsable de la detención de casi 40 personas desde fines de mayo, entre ellos líderes de la sociedad civil, el sector privado, estudiantes y periodistas.  

La lista de sancionados por Estados Unidos incluyó a Mohamed Farrara Lashtar, sobrino del fallecido dictador libio Muamar el Gadafi, quien se desempeña como embajador de Nicaragua en Argelia, Egipto, Jordania, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.  

¿Qué implican las sanciones de Estados Unidos? 

La respuesta de Estados Unidos a la “farsa electoral” ocurre una semana después de que la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (Renacer, por sus siglas en inglés) entró en vigor una vez que fue firmada por el presidente Joe Biden.  

Como resultado de la acción de este lunes, todas las propiedades e intereses en las propiedades que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses “están bloqueadas” y deben informarse a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), que es un organismo de control financiero dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.  

“Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más en total de una o más de esas personas”, señala la nota emitida este lunes.  

Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas. 

Las sanciones impuestas contra estos funcionados, según el Departamento del Tesoro, no pretenden ser permanentes, sino que se emiten para “fomentar un cambio positivo de comportamiento por parte de las personas identificadas y del régimen autoritario que apoyan”.  

Sanciones por impedir al pueblo elegir

El 2 de agosto de 2021, la Unión Europea amplió las sanciones contra el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua y Murillo encabezó la lista.  

Las sanciones impuestas por Reino Unido imponen prohibiciones de viaje y congelación de activos a las personas particularmente responsables de socavar los principios e instituciones democráticos de Nicaragua, vinculadas en graves violaciones de derechos humanos y la represión de la sociedad civil. 

El 8 de noviembre, un día después de la elección, un portavoz de la Oficina de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo señaló que la elección presidencial que tuvo lugar en Nicaragua el 7 de noviembre fue una “elección sólo nominal”.  

“Los abusos que se han cometido han impedido al pueblo nicaragüense tomar la decisión democrática que tiene derecho a tomar”, señaló el portavoz en un comunicado

Funcionarias del esquema judicial de la represión  

La medida de Reino Unido además alcanzó a Ana Julia Guido Ochoa, Fiscal General y Alba Luz Ramos Vanegas, presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, figuras claves dentro del esquema de represión judicial del régimen de Daniel Ortega.

Ana Julia Guido, exsubdirectora de la Policía Nacional, es señalada por Reino Unido de «socavar la independencia y competencia del Ministerio Público”, una institución a la que llegó como Fiscal Adjunta en 2007 y asumió el poder total en 2014 y desde entonces se encargó de la “represión de candidatos políticos”.  

Mientras que Ramos «ha minado la independencia del Poder Judicial”, negando el derecho a cientos de opositores a tener un juicio libre y justo.  

“Ella es responsable de socavar democracia y Estado de derecho, represión de la sociedad civil y la oposición democrática y por la violación de los derechos humanos”, señala la designación de Reino Unido.  La fiscal Guido y la magistrada Ramos también son parte de la lista de sancionados previamente por Estados Unidos y la Unión Europea.

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Gustavo Porras Cortés, actual presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, fue incluido entre los nuevos sancionados por el gobierno de Reino Unido, señalado como uno de los responsables de “socavar la democracia y el imperio de la ley” en Nicaragua para reprimir a la sociedad civil y la oposición democrática.  

“Ha presidido, presentado, votado, firmado y defendido públicamente leyes que socavan la democracia, violan los derechos humanos, y reprime la sociedad civil y la oposición democrática” en el país centroamericano. 

Entre los funcionarios de alto rango sancionados por las “violaciones de derechos humanos” está incluido Fidel Antonio Moreno Briones, secretario general de la Alcaldía de Managua y secretario de organización del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

También fue sancionado Lumberto Ignacio Campbell Hooker, actual magistrado del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, quien jugó un papel clave “disolviendo los partidos de la oposición”.  Porras, Campbell y Fidel Moreno ya son parte del listado de miembros del régimen que el Departamento de Estado y la Unión Europea sancionó previamente por su papel en la brutal represión y ruptura democrática.

Figuras de la Policía sancionadas  

El rango de personas que ingresaron a la lista negra de Reino Unido incluye al comisionado general Juan Antonio Valle Valle, jefe de la dirección de la Brigada de Tránsito de Managua, quien ha restringido reiteradamente la libertad de reunión y expresión de los nicaragüenses en la capital.  

En 2019 fue responsable del “hostigamiento policial” a personas que estaban resguardándose en un centro comercial de la capital.  

El comisionado Fidel Domínguez Álvarez, Jefe de la Policía del Departamento de León, lo sancionaron porque «él conoce y tiene autoridad sobre similares violaciones cometidas por sus subordinados dentro del Departamento de Policía de León”, dice el comunicado.  

Plana mayor policial y más sancionados

Tanto Valle como Domínguez ya habían sido sancionados anteriormente por la Unión Europea y Estados Unidos.

En mayo de 2020, Reino Unido también se sumó a las sanciones que la Unión Europea impuso a seis altos funcionarios del régimen entre ellos los comisionados Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional; al general Luis Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, y el comisionado general Justo Pastor Urbina, director de Operaciones Especiales.

También a Sonia Castro; asesora presidencial y exministra de Salud; Néstor Moncada Lau, asesor presidencial, y el director general de la Policía Nacional, Francisco Díaz 

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Todos fueron señalados de ser “responsables de graves violaciones de los derechos humanos y la represión de la sociedad civil en Nicaragua”. 

Canadá incluye a asesor económico

En respuesta a las continuas violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en Nicaragua el gobierno de Canadá también anunció sanciones en virtud del Reglamento de Medidas Económicas Especiales (Nicaragua).

La lista incluye a los mismos funcionarios designados por Estados Unidos, pero incluye la figura del asesor económico de la presidencia, Bayardo Arce Castaño.

El gobierno canadiense recordó que junto a la comunidad internacional han pedido repetidamente al régimen de Ortega que cambie de rumbo y busque una solución pacífica y democrática a la crisis actual, pero a la fecha se ha negado y sigue llevando a Nicaragua por el «camino del autoritarismo».

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«Canadá siempre abogará por la promoción y protección de los derechos humanos, y exigiremos cuentas a quienes los violen. Apoyamos al pueblo de Nicaragua en sus aspiraciones de un futuro más pacífico, justo y democrático», dijo Mélanie Joly, ministra de Relaciones Exteriores de Canadá.

Según Canadá, Ortega y Murillo robaron al pueblo nicaragüense su derecho humano fundamental a «votar en elecciones libres, justas e inclusivas» el pasado 7 de noviembre, motivo por el cual están utilizando sus herramientas diplomáticas para responsabilizar a «este régimen opresor y a aquellos que facilitan sus abusos».

Régimen amenaza con salirse de la OEA

Después del rechazo internacional en el seno de la Organización de Estados Americanos, donde aprobaron una resolución que declaró ilegítimas las elecciones generales en Nicaragua, el régimen amenazó con abandonar el foro regional.

El diputado sancionado Gustavo Porras calificó como «acciones injerencistas» los resultados de la Asamblea General de la OEA.

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Porras convocó a una sesión plenaria este martes 16 de noviembre a fin de «discutir y rechazar la resolución de la OEA», informó el portal oficial de la Asamblea Nacional.

«La OEA ha tenido una constante actividad injerencista desde hace varios años contra el pueblo de Nicaragua, pretendiendo incidir en las decisiones que solo le corresponde a los nicaragüenses», señala al portal de noticias de la Asamblea.

El legislador instó a Ortega a que en su papel de jefe de Estado denuncie la resolución de la OEA y a los demás Poderes del Estado a que también se manifiesten por lo que considera esas «acciones irrespetuosas e injerencistas por parte de dicho organismo que ha sido identificado como una colonia del imperio yanqui».

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