Canadá sanciona a 15 funcionarios nicaragüenses por crímenes contra la población y abusos de derechos humanos cometidos a partir de 2018

Canadá responde insultos de vicepresidenta de Nicaragua con sanciones a funcionarios

*Debido a condena por encarcelamiento a opositores, Canciller del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo envió el primero de julio una nota de protesta al Gobierno canadiense por muertes de niños indígenas ocurridas en los siglos XIX y XX.

**Canadá respondió con sanciones a 15 funcionarios nicaragüenses por crímenes contra la población y abusos de derechos humanos cometidos a partir de 2018.


Expediente Público 

Una nueva lista de 15 funcionarios nicaragüenses sancionados por el Gobierno de Canadá este 14 de julio 2021, se suma a otros nueve que estaban en la lista negra de ese país desde el 23 de junio de 2019. 

Las Regulaciones de Medidas Económicas Especiales, nombre oficial de las sanciones, imponen a las personas incluidas en la lista la prohibición de realizar cualquier transacción financiera (efectivamente, una congelación de activos) con personas de Canadá, dentro y fuera de ese país norteamericano. 

Además, prohíben a los canadienses a participar en cualquier actividad relacionada con propiedades de los sancionados o proporcionándoles servicios financieros. Las personas que figuran en la lista de las regulaciones también se declaran inadmisibles en Canadá en virtud de la Ley de Protección de Inmigración y Refugiados. 

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“Canadá está con el pueblo de Nicaragua y su llamado por un futuro justo y pacífico enraizado en el fundamental respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión, el derecho a votar libre, a elecciones competitivas y transparentes. Llamamos a las autoridades nicaragüenses a liberar a los injustamente detenidos y a respetar el estado de derecho y sus obligaciones internacionales con los derechos humanos”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, Marc Garneau. 

Los 15 nuevos sancionados son los comisionados de la Policía Nacional Ramón Antonio Avellán Medal, Luis Alberto Pérez Olivas, Justo Pastor Urbina, Fidel Domínguez y Juan Antonio Valle. Además, la fiscal general  Ana Julia Guido de Romero, el magistrado electoral Lumberto Ignacio Campbell, el ministro de Hacienda Iván Adolfo Acosta, el señalado de ser testaferro económico de la familia Ortega-Murillo José Jorge Mojica.

El listado incluye al magistrado vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Marvin Ramiro Aguilar, los diputados sandinistas Wálmaro Antonio Gutiérrez y Edwin Ramón Castro, el presidente del Banco Central de Nicaragua(BCN), Ovidio Reyes, el director del Instituto de Previsión Social Militar, Julio Rodríguez y la hija del presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo, Camila Antonia Ortega Murillo. 

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Canadá también sancionó hace dos años a la vicepresidenta Rosario Murillo y su hijo Laureano Ortega, principal funcionario para la adquisición de inversiones, además, se incluyó en la lista el presidente del Parlamento, Gustavo Porras; la ministra de Salud, Sonia Castro; el director de Telecomunicaciones, Orlando Castillo, el ministro de Transporte, Óscar Mojica, el jefe de la Policía, Francisco Díaz, el secretario de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, y el asesor de seguridad, Néstor Moncada. 

“A pesar de los continuos llamamientos de Canadá, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y socios internacionales, el Gobierno de Nicaragua se ha negado a implementar reformas significativas para garantizar que su pueblo pueda tener elecciones libres y justas en noviembre de 2021. En cambio, el Gobierno de Nicaragua ha intensificado sus ataques a los derechos civiles y políticos y ha arrestado arbitrariamente a más de 20 destacadas figuras de la oposición y posibles candidatos presidenciales desde junio de 2021”, argumentó el país norteamericano en una nota prensa

“Desde 2018, el Gobierno de Nicaragua ha estado cometiendo violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos contra su pueblo, incluidas campañas de represión y violencia patrocinada por el estado contra las protestas públicas y la represión de cualquier oposición política”, explicó en el comunicado. 

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El anuncio de este martes 14 de julio “refuerza el apoyo de Canadá al pueblo nicaragüense y sus aspiraciones de un futuro más justo y democrático. Estas nuevas medidas se alinean con las acciones tomadas por los socios internacionales de Canadá y se suman a las sanciones canadienses impuestas anteriormente”. 

“Canadá sigue pidiendo la liberación inmediata de los candidatos políticos arrestados, encarcelados o detenidos arbitrariamente, así como la liberación de todos los presos políticos y el fin del arresto y el acoso de los medios de comunicación independientes y los actores de la sociedad civil. El Gobierno de Nicaragua debe garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales de todo su pueblo de acuerdo con el derecho internacional y su propia constitución”, instó el gobierno canadiense. 

Desde finales de mayo pasado, el régimen ha encarcelado a 25 opositores, entre ellos seis precandidatos presidenciales, líderes campesinos y estudiantes, políticos y empresarios. Según organizaciones opositoras son más de 130 personas adversarias políticamente al régimen en las cárceles.

El listado de funcionarios sandinistas sancionados por el gobierno de Justin Trudeau contra los que Estados Unidos ha aplicado medidas similares contra personeros del régimen Ortega-Murillo por los abusos a los derechos humanos y corrupción.

¿Respuesta a ataque diplomático de Murillo? 

La vicepresidenta Murillo, quien ya estaba sancionada desde 2019, aprovechó su alocución diaria en un canal propiedad de sus hijos para arremeter contra el Gobierno de Canadá, el primero de julio de 2021. 

El 11 de junio de 2021, el ministro Garneau, condenó por medio de una nota de prensa, el arresto de los primeros candidatos presidenciales y opositores, exigiendo a la vez su liberación y el respeto a los derechos humanos de los nicaragüenses. A la vez participó el 16 de junio, dentro de la OEA, en la firma de una nueva resolución por el alarmante deterioro político en Nicaragua, acta apoyada también por otros 25 países del hemisferio. 

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Ante el descubrimiento de fosas masivas en escuelas de asimilación cultural para indígenas canadienses, ocurridas entre los siglos XIX y XX, Murillo elevó “nuestro reclamo, protesta y condena a los representantes del Estado y de las instituciones involucradas en estas aberraciones allí en Canadá, dejando sentado que no tiene el Estado canadiense ninguna autoridad moral para reclamar absolutamente nada a nuestros pueblos, a nuestros programas, a nuestros proyectos”.

También la cancillería nicaragüense emitió una nota de protesta a Canadá, diciendo que “en contraste con las políticas canadienses, inmorales y absurdas de racismo exterminador, nada lejanas del nazismo hitleriano, en Nicaragua bendita, que tanto se atreven ellos a juzgar y condenar, vive Dios, como Sol Fraternal de Buena Voluntad, que nos ilumina y que nunca declina. Tanta hipocresía, tanta osadía, tanta miseria humana, no tiene nombre, ni perdón del Altísimo”. 

“Canadá seguirá pidiendo la liberación inmediata de los candidatos políticos arrestados, encarcelados o detenidos arbitrariamente, así como la liberación de todos los presos políticos y el fin del arresto y el acoso de los medios de comunicación independientes y los actores de la sociedad civil. El Gobierno de Nicaragua debe garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales de todo su pueblo de acuerdo con el derecho internacional y su propia constitución”, sostuvo el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores canadiense. 

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