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Ley Renacer amplía posibilidad de sancionar a funcionarios del régimen de Nicaragua

*El proyecto fue aprobado por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos y trae una enmienda que busca revisar la participación de Nicaragua en el DR-CAFTA. 

**El presidente del Senado, el demócrata Robert Bob Menéndez celebró la aprobación y afirma que no le queda ninguna “legitimidad” al gobernante centroamericano, Daniel Ortega. 

EXPEDIENTE PÚBLICO  

La Ley Reinforcing Nicaragua’s Adherence to Conditions for Electoral Reform (Renacer Act), aprobada este martes 22 de junio por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, amplía la posibilidad de establecer sanciones selectivas contra el régimen de Daniel Ortega, familia y funcionarios públicos o privados. 

Las acciones diplomáticas de los Estados Unidos están encaminadas a promover elecciones democráticas en el país centroamericano, donde hay más de 130 personas presas políticas y la política de represión ha incrementado en las últimas semanas.  

Al mismo tiempo, la enmienda aprobada en el marco de esta ley solicita al presidente Joe Biden, revisar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica (DR-CAFTA).  

En el caso de Nicaragua, el DR-CAFTA fue aprobado por el Parlamento nicaragüense el 10 de octubre de 2005 y entró en vigor el 1 de abril de 2006 bajo la administración del recién fallecido expresidente, Enrique Bolaños.  

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El senador demócrata Robert Bob Menéndez reconoció la necesidad de que el gobierno de Estados Unidos “envíe un mensaje claro al régimen de (Daniel) Ortega”, quien en las últimas semanas ha desatado una cacería contra líderes opositores, empresarios, banqueros, periodistas y otras voces disidentes.  

Ortega y Murillo “quieren robarse las elecciones” 

Por su parte, la congresista del Partido Republicano, María Elvira Salazar, celebró la aprobación de la iniciativa y señaló que Renacer Act es un vehículo para sancionar a los “personeros” de Daniel Ortega y Rosario Murillo. 

“Pobre los nicaragüenses se han encontrado con una clase política sandinista tan crápula que lo que está es obligando a la comunidad internacional a tener que castigarlos. Es una vergüenza que los Estados Unidos tengan que verse obligados a tener que hacer esto, porque Murillo y Ortega lo que quieren es no solamente robarse las elecciones del próximo 7 de noviembre, sino robarse el país”, señaló la congresista Salazar.  

La ley establece acciones de mayor control sobre los recursos que recibe el régimen de Ortega y Murillo provenientes de instituciones internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional.  

A la vez, promueve mecanismos para pedir “informes clasificados” sobre las actividades vinculadas al Gobierno de Rusia en Nicaragua.  

Al mismo tiempo, cabe la posibilidad de nuevas sanciones contra Ortega y su círculo familia, miembros de la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, funcionarios del Consejo Supremo Electoral (CSE) y personas que estén relacionadas a actos de corrupción de en el país.  

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En manos del Senado  

Luego de la aprobación por parte del Comité de Relaciones Exteriores le corresponde al Senado de Estados Unidos en pleno ratificar la ley, explicó el senador del Partido Republicano, Marco Rubio.  

“Ahora que el Comité de Relaciones Exteriores en el Senado aprobó mi proyecto de ley, trabajaremos para que sea aprobado en el pleno del Senado lo antes posible”, dijo a través de un comunicado el senador Rubio.  

El senador republicano recordó que el proyecto de ley pretender frenar los abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad nicaragüense.  

Además, requiere que el gobierno estadounidense aumente sanciones coordinadas con los gobiernos de Canadá y la Unión Europea.  

“Nuestro proyecto de ley bipartidista requiere sanciones contra funcionarios del régimen de Ortega y una investigación completa sobre el dinero que las Fuerzas Armadas de Nicaragua han invertido en Estados Unidos”, advirtió Rubio.  

Exilio y represión  

La aprobación de la Renacer Act, que fue presentada el pasado 30 de abril de 2021, se dio en un contexto de mayor represión en el país centroamericano, donde siguen dándose jornadas de allanamientos policiales y más personas siguen yéndose al exilio forzados por la represión del régimen.  

El periodista Carlos Fernando Chamorro confirmó este martes 22 de junio que se obligado a salir de Nicaragua junto con su esposa Desirée Elizondo, después del allanamiento policial en su casa ubicada en Intermezzo del Bosque, un residencial ubicado al sur de la capital nicaragüense.  

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El director de Confidencial y los programas Esta Noche y Esta Semana agregó que tuvieron que salir “para resguardar nuestra libertad”. 

“Hacer periodismo y reportar la verdad no es un delito. Seguiré haciendo periodismo, en libertad, desde fuera de Nicaragua”, mencionó Chamorro, quien denunció que después del allanamiento policial en su casa, tres vehículos “con civiles abordo” mantuvieron vigilancia hasta el amanecer del martes en las afueras de la casa su progenitora, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro.  

En medio de la ola de arrestos, también se conoció del exilio forzado del periodista Sergio Marín Cornavaca, director del portal digital La Mesa Redonda, tras recibir “amenazas” que ponían en riesgo su vida.  

Marín Cornavaca es miembro de la organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).  

La noche del lunes, mientras allanaban la vivienda de Chamorro, se conoció del arresto del periodista deportivo, Miguel Mendoza, un crítico del régimen orteguista que frecuentemente publicaba comentarios en sus redes sociales.  

En un comunicado, la Policía Nacional informó que el periodista Miguel Mendoza fue detenido bajo la acusación de realizar actos que “menoscaban la soberanía”, es decir por infringir la Ley número 1055, una iniciativa que ha sido ampliamente rechazada por la comunidad internacional.  

“Situación es grave” 

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michael Bachelet, expresó este martes que existe “un preocupante y acelerado deterioro” de la situación en el país, donde las autoridades del régimen no dan cuenta de las condiciones en que se encuentran los presos políticos, entre ellos los líderes de la oposición.  

Durante una actualización oral ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, durante la 47 sesión, Bachelet expresó que la situación actual “aleja la posibilidad” de los nicaragüenses puedan ejercer plenamente sus derechos políticos en las elecciones del 7 de noviembre próximo.  

Este 23 de junio, Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentará un informe sobre la crisis de derechos humanos en Nicaragua al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

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Mientras en Managua, capital nicaragüense, el equipo de abogados del politólogo y aspirante presidencial Félix Maradiaga denunció que nadie de la familia ha podido confirmar que el opositor nicaragüense esté recluido en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocido como “El Chipote”.  

No obstante, aseguran que las autoridades de “El Chipote” mandaron a pedir medicamentos a la familia de Maradiaga que “podrían poner en riesgo su salud” al no ser aprobados por su médico personal. 

Denunciaron que al opositor detenido el pasado 8 de junio, después de salir de una entrevista en el Ministerio Público, se le siguen violando sus derechos de reunirse con su abogado y recibir visita familiar.  

“Tampoco han aceptado los recursos de Exhibición Personal, situación gravísima (…) Mientras una persona no se exhibida a un familiar o abogado se encuentra en carácter de desaparecida, exigimos al Estado dar cuenta de su paradero”, denuncia su equipo de abogados.  

La semana pasada, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución en la que demandó la “liberación inmediata” de todas las personas presas políticas en Nicaragua.  

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