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Asamblea General de la OEA camino a declarar ilegítimas elecciones en Nicaragua

*La mayoría de los cancilleres coincidieron en que las votaciones en las que se reeligieron Daniel Ortega y Rosario Murillo «no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática».

**Este viernes retoman la discusión sobre la crisis política-electoral en Nicaragua y podría activarse el mecanismo de la Carta Democrática Interamericana que conduciría a la suspensión del país centroamericano del organismo continental.

***A más tardar el 30 de noviembre el Consejo Permanente deberá presentar una evaluación y recomendar «las acciones apropiadas» a adoptarse contra el régimen sandinista.

Expediente Público

La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) podría aprobar este viernes una resolución en la que determinaría que las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua “no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”, y establecerá un plazo máximo del 30 de noviembre para que se planteen acciones en base a la Carta Democrática Interamericana para responder a la ruptura de la democracia por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esto podría conducir a la suspensión del país centroamericano como miembro del organismos hemisférico, aunque los cancilleres también optarían por dejar abierta la puerta para el diálogo con el gobierno sandinista, pero le demandan liberar a todos los presos políticos, restablecer los derechos a la libertad de expresión, de prensa y permitir el regreso de las misiones de derechos humanos a constatar la situación en Nicaragua.

Este viernes 12 de noviembre se retoma la Asamblea General donde se espera aprobar la resolución que, de ser aprobada finalmente, establece el próximo 30 de noviembre como plazo para que el Consejo Permanente, en virtud de la Carta Democrática Interamericana, realice una “evaluación colectiva” sobre la situación de Nicaragua y declarar ilegitimas las votaciones del pasado domingo en las que Ortega y Murillo se reeligieron para un cuarto y segundo período consecutivo, respectivamente.   

La mayoría de la comunidad internacional y la secretaría general de la OEA rechazan los comicios en los que el Consejo Supremo Electoral (CSE) declaró ganadora a la fórmula de Ortega y Murillo.

Los artículos 20 y 21 de la Carta Democrática Interamericana contemplan que la evaluación o «apreciación colectiva” es parte del procedimiento establecido para la suspensión de un Estado ante una comprobada ruptura del orden democrático.

El analista político y exembajador de Nicaragua en la Unión Europea y Venezuela, Róger Guevara Mena, explicó a Expediente Público que posterior a esa evaluación la Asamblea General de la OEA debería convocar a un período extraordinario de sesiones para aprobar la suspensión del Estado de Nicaragua del bloque, si así lo estima el Consejo Permanente en su informe.

«Sería la última evaluación y te da ese plazo e instruye a los representantes del Consejo Permanente para que se dé un informe definitivo para llamar a la salida. Creo que lo que se está haciendo es otra vez el rosario de condena y se le está dando largas para que Ortega recapacite, ya se han agotado todas las vías y esta última está demás», criticó Guevara Mena.

El documento, titulado “La situación de Nicaragua”, fue remitido por la delegación de Canadá en nombre de las misiones permanentes de Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, República Dominicana y Uruguay. 

La resolución se discute en el marco del quincuagésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA que se celebra de forma virtual, pero con Guatemala como sede del evento y en la que participan las delegaciones de todos los Estados miembros, quienes tienen derecho a hacerse representar y emitir su voto.  

Canadá: «No podemos quedarnos mirando»

La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, señaló que el gobierno canadiense está profundamente preocupado por lo que acaba de ocurrir en Nicaragua el pasado 7 de noviembre reiterando que no fueron elecciones libres y justas al encarcelar a los líderes de la oposición, a los periodistas y a los miembros de la sociedad civil.  

“El régimen de Daniel Ortega ha sacado a Nicaragua de las familias de la democracia del hemisferio. No podemos quedarnos mirando, debemos tomar acciones aquí colectivamente entre la Organización de Estados Americanos. Los nicaragüenses quieren un futuro justo y democrático, Canadá está firmemente al lado de ellos”, denunció Joly.  

La Carta Democrática Interamericana es el instrumento regional de defensa de la institucionalidad, que establece que “los pueblos de las Américas tienen derecho a la democracia y sus gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla”, recordaron los países que aprobaron la resolución.  

El proceso electoral de Nicaragua se caracterizó por un contexto de agravamiento de una crisis de derechos humanos, personas presas políticas, exiliados y la demanda de familiares de personas asesinadas durante las manifestaciones de 2018.  

Los Estados miembros que apoyan la resolución mostraron su preocupación por la forma en que el gobierno de Ortega “ha hostigado, restringido y arrestado a candidatos, partidos, medios independientes y sociedad civil en el proceso electoral”. 

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Las elecciones generales que se desarrollaron con una escasa participación ciudadana fueron declaradas ilegitimas por al menos 40 países, que concluyen que las mismas se efectuaron bajo restricciones a las libertades cívicas y políticas.  

Estados Unidos promulgó el 10 de noviembre la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (Renacer, por sus siglas en inglés) que restringe a los bancos multilaterales a otorgar préstamos e impone sanciones al régimen de Ortega y Murillo.  

Brian A. Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que la Ley Renacer es el reflejo de la «elección fraudulenta» que tuvo lugar en Nicaragua, donde se estima hubo un alto nivel de abstencionismo en rechazo a la farsa electoral.

«Con esta acción, Estados Unidos continúa demostrando nuestro apoyo al pueblo de Nicaragua que merece elecciones libres y justas, y un gobierno democrático», señaló Nichols.

“Con base en los principios establecidos en la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, las instituciones democráticas en Nicaragua han sido seriamente socavadas por el gobierno”, señala la resolución que será discutida por la OEA.  

«Nosotros hemos apoyado una resolución que condene al gobierno de Ortega en esta Asamblea General», señaló este jueves durante su intervención el secretario de Estado de los Estados Unidos Antony Blinken.

Acciones diplomáticas sin éxito 

Los Estados que presentaron la resolución deploran las iniciativas diplomáticas y técnicas realizadas entre el 5 de junio de 2018 por la OEA a fin de promover la “democracia representativa y la protección de los derechos humanos en Nicaragua”.  

“No han tenido éxito por haber sido ignoradas o rechazadas rotundamente por el gobierno de Nicaragua”, señala el documento presentado a los cancilleres de la Asamblea General.  

Un informe publicado el 9 de noviembre por la secretaría general de la OEA que preside el diplomático Luis Almagro concluye que el régimen orteguista fue “incapaz de emprender las reformas electorales” que permitiesen un proceso electoral que cumpliera con estándares internacionales, sino que procedió a eliminar toda “competencia real y cualquier capacidad de la oposición política para participar con mínimas garantías en la contienda electoral”.  

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El gobierno de Nicaragua también ignoró las recomendaciones formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de la grave crisis de derechos humanos iniciada en de abril de 2018.  

Los Estados se muestran alarmados por las conclusiones a las que llegó la CIDH en su informe «Nicaragua: Concentración de Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho”, publicado el 25 de octubre de 2021.  

“Señala que también se estableció un estado policial a través de represión, corrupción, fraude electoral e impunidad estructural diseñados por el gobierno para lograr su perpetuación indefinida en el poder y el mantenimiento de privilegios e inmunidades”, dice el documento sobre Nicaragua.  

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada insistió que desconoce las elecciones nicaragüenses, pero que las relaciones entre ambos países seguirán siendo efectivas entre Estados. «Nosotros siendo un Estado democrático tenemos relaciones con Estados democráticos y también tenemos relaciones con Estados que no son democráticos», mencionó el mandatario.

Costa Rica fue el segundo país, después de Estados Unidos, en desconocer y declarar ilegítimas las elecciones el mismo día que se realizaron.

«Lo más importante de lo que viene son las condiciones para que se restablezca la democracia en Nicaragua a eso está enfocado el proceso de Costa Rica (…) El canciller ha estado trabajando con los países europeos y con otros socios, nosotros vamos a trabajar en auspiciar que retorne la democracia en Nicaragua», dijo Alvarado Quesada este 11 de noviembre en conferencia de prensa.

En el marco de la Asamblea General, el canciller de Costa Rica, Rodolfo Solano, reiteró la exigencia a Ortega a permitir el ingreso al país centroamericano de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para establecer una «hoja de ruta en beneficio del pueblo de Nicaragua que tanto se lo merece».

Liberación de presos políticos

La delegación nicaragüense en la OEA rechazó la convocatoria del tema sobre Nicaragua, las que según el representante Michael René Campbell Hooker, no han sido solicitadas ni autorizadas por el gobierno y son parte de una “continua manipulación”.  

“Nicaragua se respeta señor presidente. Canadá pretende violentar la soberanía nacional de Nicaragua”, reclamando  Campbell Hooker al tomar la palabra durante la sesión de este jueves.

Campbell Hooker también atacó al canciller de Costa Rica aduciendo que «donde hay corrupción no puede haber una democracia genuina», sin embargo al representante nicaragüense se le olvidó que Costa Rica ocupa la casilla 42 del Índice de Percepción de la Corrupción 2020, mientras que Nicaragua el puesto 159 de 180 países.

El 21 de octubre de 2020, con 20 votos a favor, dos en contra y 12 abstenciones, la Asamblea General aprobó la resolución “Restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua mediante elecciones libres y justas”, pero la misma fue ignorada por Ortega y Murillo.  

En mayo de 2021, el Parlamento nicaragüense dominado por diputados sandinistas, aprobó reformas hechas a la medida de Ortega y eligieron magistrados del Consejo Supremo Electoral que son militantes del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), quienes terminaron designando ganador a la pareja presidencial para un nuevo período de cinco años.

La OEA observó con “extrema preocupación” que las reformas fueron en «contra de los principios y las recomendaciones realizadas por la comunidad internacional”, incluida la Misión de Observación Electoral de la OEA instalada en 2017.  

El documento reitera el llamado para la “liberación de todos los candidatos y presos políticos, la restitución de sus derechos democráticos, y el fin inmediato de la detención y hostigamiento de los medios de comunicación independientes y miembros de la sociedad civil”. 

Entre el 2 de junio y 24 de julio de 2021, siete precandidatos presidenciales fueron detenidos, en su mayoría bajo causas contenidas en la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.  

En septiembre pasado el régimen sumó a la persecución política emprendida contra destacadas figuras al escritor y exvicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez, y un mes antes de los comicios encarceló a los empresarios Michael Healy y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).  

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