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Nicaragua: Seguro Social atrapado entre la corrupción y la reforma para salvarlo

*El economista Álvaro López afirma que cualquier mecanismo que se implemente para garantizar la sostenibilidad del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) será un proceso “doloroso” para los trabajadores.

**El INSS finalizó el año 2021 con un déficit financiero de 2,904.7 millones de córdobas (US$81 millones), según datos del Banco Central de Nicaragua (BCN), volviéndolo un sistema muy frágil en una economía resquebrajada.

***Para el economista Enrique Sáenz, los escándalos de “corrupción” no permiten la recuperación de las finanzas del INSS. 


Expediente Público

En Nicaragua los intentos por equilibrar las finanzas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y evitar su ruina han sido varios, pero ninguno ha tenido el éxito deseado. Y aunque en las condiciones actuales la única salida pareciera ser la implementación de otra reforma, dos economistas nicaragüenses insisten que esa vía para tratar de sanear las finanzas de la institución pondría mayor presión a la clase trabajadora.  

“Una reforma nuevamente pondría una mayor presión a los salarios de los trabajadores, a su bienestar. Sería políticamente muy costosa y todo apunta a que la solución a corto plazo sea recibir fondos del Gobierno central y ahí se utilizan fondos públicos para financiar un instituto que está dirigido para las personas que contribuyeron”, explicó el economista Álvaro López durante un foro virtual convocado por Nicaragua Investiga.  

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El INSS finalizó el año 2021 con un déficit de 2,904.7 millones de córdobas, menos que los 3,597.8 millones de 2020.  

El Banco Central de Nicaragua (BCN) en su Informe Anual 2021 afirma que el menor déficit es el resultado de un “mayor crecimiento de los ingresos por contribuciones sociales asociado al incremento en el número de afiliados a la seguridad social” tanto al régimen integral como facultativo.  

Aunque es “muy poco probable que el INSS quiebre” se deben buscar alternativas para aumentar los ingresos de la institución, afirmó López.  

El economista, sin embargo, insistió que una nueva reforma al sistema provocará un “incentivo a la no formalización”.  

“Eso lleva a que muchas personas se desincentiven a que participen de la seguridad social. Hay que tomar en cuenta que la relación de informalidad versus formalidad en Nicaragua, es alrededor de uno de cada cuatro de los trabajadores se encuentra en la formalidad, y tres no, y esto podría aumentar. Entonces, sí es una situación un poco compleja a la que se enfrenta en el mediano y largo plazo el Instituto como tal”, señaló López.  

Las fallidas reformas del régimen  

El 17 de diciembre de 2013, durante el segundo periodo del régimen de Daniel Ortega, el Consejo Directivo del INSS aprobó una serie de medidas que dieron oxígeno temporal a la necesidad de nuevos ingresos del INSS, pero que no fueron suficientes a largo plazo.  

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Una de las medidas que entraron en vigor en 2014 consistió en ajustar la fórmula de las nuevas pensiones para compensar el ritmo de crecimiento de los ingresos. 

Cuatro años después, en abril de 2018, el régimen intentó implementar una reforma que desató una crisis política y económica sin precedentes y que dejó 355 personas asesinadas, más de dos mil heridos y 144 mil exiliados, según organismos de derechos humanos.

   

En 2019, el régimen finalmente aprobó una reforma más agresiva que incrementó los aportes de cotización de la patronal y de los trabajadores. 

En el régimen integral, el aporte de los empleadores pasó de 19% hasta 22.5%. En el caso de los trabajadores el aporte pasó de 6.25% a 7%. 

En el régimen obligatorio la contribución de los empleadores pasó de 13% hasta 21.5% y los trabajadores pasaron de aportar 4.25% a 5%. 

Mientras que, en el seguro facultativo las contribuciones pasaron de 18.25% a 22.5%; y en el caso de Invalidez, Vejez y Muerte pasó de 10% a 14%, un incremento de cuatro puntos porcentuales en ambas categorías.

 

Para el economista Enrique Sáenz, las prácticas de “corrupción” y las fallidas reformas han llevado a la quiebra a la institución.

“El INSS expresa el fracaso del modelo económico y social de la dictadura (…) Mientras siga este modelo depredador del orteguismo difícilmente se van a generar los empleos suficientes y los salarios suficientes en los trabajadores para empujar las finanzas de la institución”, mencionó Sáenz.

La deuda histórica del régimen

Cuando Ortega llegó al poder en 2007 recibió el INSS con un superávit de 1,700 millones de córdobas, pero al cerrar el 2017, el superávit se había convertido en un déficit de 2,400 millones de córdobas, recordó Sáenz.

En el año 2014, el Ejecutivo reconoció un saldo de US$500 millones como deuda del Estado con el instituto y que se comprometió a pagar en cuotas anuales.

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Según el Informe de Liquidación del Presupuesto en 2021 el Gobierno central pagó 2,476.3 millones de córdobas (US$70.7 millones) en concepto de la deuda histórica que tiene con el INSS.

Esa deuda histórica tiene su origen en el primer gobierno sandinista en la década de los años 80 y que se fue aumentando en las siguientes administraciones.

“El último superávit que tuvo el INSS fue en el 2013 y a partir de ahí se volvió completamente deficitario sistemáticamente en los años posteriores. Gran parte de ese déficit se debe a cuestiones estructurales, como el ritmo de crecimiento poblacional o la poca absorción que tiene el mercado laboral en el empleo formal”, explicó López.

Según cifras del BCN, el número de asegurados activos del INSS al primer trimestre de 2022 sumó 786,531 personas.

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