Ley de energía Honduras Centroamérica

Nueva Ley de energía en Honduras: ¿amenaza de expropiación?

*Expertos están de acuerdo en que la Empresa Nacional de Energía (ENEE) requiere reformas, puesto que acumula una deuda de 3,100 millones de dólares, lo que equivale al 60% de los ingresos del Estado en un año.

**La figura del justiprecio es vista como una amenaza para los inversionistas porque el concepto está fuertemente ligado a la expropiación.


Expediente Público

Más que una nueva ley que amenaza con comprar las generadoras de energía a un “justiprecio”, lo que necesita la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), de Honduras, son buenas prácticas administrativas, menos corrupción y que esté en manos de personal técnico y no de políticos, coincidieron representantes de la empresa privada consultados por Expediente Público.

La “Ley especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público y un derecho humano de naturaleza económica y social” fue aprobada por el Congreso Nacional el 11 de mayo, tras cinco horas de discusión en un segundo debate y con mayoría simple, es decir, 76 diputados votaron a favor, de un total de 128. En la sesión estuvieron presentes 109.

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El nuevo estamento legal reforma algunas disposiciones de la actual Ley General de la Industria Eléctrica, aprobada en 2014, entre ellas: desaparece al Operador del Sistema (ODS); condiciona las inversiones de la empresa privada, a ser inferiores a las del Estado; politiza la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica; promueve la renegociación de contratos con los generadores de energía, y en caso de no ser posible, “se autoriza plantear la terminación de la relación contractual y la adquisición por parte del Estado previo el justiprecio”.

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Diferentes sectores coinciden en que se necesitan cambios para salvar a una empresa cuya deuda histórica supera los 75,600 millones de lempiras (3,100 millones de dólares); que sus pérdidas son del 38 por ciento (8,000 millones de lempiras, unos 328 millones de dólares); y que se ha convertido en un lastre para que el país incluso pueda negociar créditos con organismos financieros internacionales. Cada punto porcentual de pérdidas en la ENEE, representa entre 15 y 17 millones de dólares anuales, según las autoridades de la misma. Sin embargo, no todos están de acuerdo con la nueva ley.

Una mejor administración

Para Kevin Rodríguez, experto en el tema energético y director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, la crisis financiera de la ENEE pasa por serias fallas administrativas y no es un tema de leyes. En primer lugar, porque históricamente nunca se han cobrado las tarifas reales. Al ser gerenciada por los políticos de turno, se ha privilegiado quedar bien con los votantes, creando un déficit creciente que ha sido compensado con endeudamiento.

Otro factor de afectación financiera son las pérdidas técnicas y no técnicas. Las pérdidas técnicas hacen referencia a toda aquella energía que no llega a los usuarios a causa de equipos obsoletos, pero que se debe pagar al generador; y las no técnicas, son las producidas por hurto de los consumidores. Estos factores generan una pérdida de casi 38 dólares por cada 100 facturados.

Costa Rica pierde poco más del 10 por ciento, mientras que en los países del primer mundo las pérdidas rondan el tres por ciento.

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Rodríguez confirmó también que existe una corrupción histórica al asignar contratos de emergencia, que son entregados a empresas para que produzcan energía en un corto tiempo, lo que genera cobros excesivos que se justifican en la falta de espacio para negociar mejores precios con sus proveedores de materiales.

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Rodríguez señala que esos problemas pueden superarse con buenas prácticas, como ejecutar licitaciones internacionales anticipadas; con el respeto a la independencia de las instituciones más allá del periodo de Gobierno; con la contratación de personal técnico y no político; y con el mantenimiento a los equipos, lo que tiene que ver con millonarias inversiones que no se están haciendo.

El problema del justiprecio

La nueva Ley de energía establece en sus artículos 4 y 5 la renegociación de los contratos de energía eléctrica en sus tecnologías térmicas, solar y eólica. Se especifica que de no llegar a un acuerdo en los precios del kilovatio/hora lo siguiente es la terminación contractual y “la adquisición por parte del Estado (de las plantas de energía) previo el justiprecio”.

El problema para los empresarios es lo que significa el justiprecio en los negocios. La Real Academia Española (RAE) lo define como una “indemnización que el beneficiario de la expropiación tiene que pagar al expropiado”.

Antes de ser aprobada, la ley fue socializada con autoridades de la ENEE, la comisión de energía del Congreso Nacional, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), los generadores de energía y la embajada de Estados Unidos.

Varios sectores en su momento recomendaron eliminar el término “justiprecio”, porque puede malinterpretarse como “expropiación”, pero esas observaciones no fueron aceptadas.

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El generador de energía, Samuel Rodríguez, indicó a Expediente Público que el concepto es perjudicial para la inversión, no solo por amenazar con expropiar o nacionalizar una planta energética, sino porque el concepto ahuyenta a los inversionistas.

“La jerga de los negocios es muy clara, un justiprecio en un contrato de negocios, yo no lo firmaría ¿Cómo usted y yo vamos a firmar un contrato hoy, si el día de mañana ya no está don Erick Tejada (ministro de Energía); (si no están) estas autoridades, sino que vienen otras autoridades que tal vez no tienen la suficiente capacidad y se les ocurre nacionalizar porque no llegamos a un precio? Créame que entonces yo voy a perder”, aseguró.

Cuestionó que se puedan hacer inversiones en un país donde “la misma Ley General de la Industria Eléctrica dice que si no nos ponemos de acuerdo en el precio vamos a llegar a un justiprecio”.

El ingeniero Mario Zelaya, especialista en temas energéticos, expresó que los contratos fueron firmados por ambas partes, por lo tanto, la renegociación debe ser de buena voluntad. Los empresarios se plantean “el peor de los escenarios, piensan ‘me van a quitar mi planta’, y están en su derecho”, reconoció.

Proyectó que Honduras necesitará en los próximos años al menos 2,500 millones de dólares para mantener los servicios de generación, transmisión y distribución de energía, y crear temor expropiando plantas, o comprarlas de modo forzoso, sería un grave error que limitaría las posibilidades de obtener estos recursos.

Bajo esas condiciones “es prácticamente imposible que alguien, persona jurídica, natural, los mismos Estados amigos, vengan a invertir en Honduras. Por lo tanto, esa posibilidad (comprar a justiprecio) debería ser inexistente, porque si sucede, habremos eliminado por completo la posibilidad de convertir la electricidad en un derecho humano”, reiteró Zelaya.

Insistió en que el Gobierno debe “construir confianza” para atraer las inversiones.

Sin embargo, el titular de la Secretaría de Energía, Erick Tejada, aseguró a Expediente Público que los artículos 4 y 5 de la Ley de Energía no tienen nada que ver con la “expropiación o nacionalización”, sino con llegar a un “común acuerdo”.

“Se plantea como una opción que, si alguien está interesado en explorar la posibilidad de vender una planta, que se haga de común acuerdo, mediante el justiprecio. El justiprecio no es más que el precio justo, o tasar o valorar algo. Es un artículo que autoriza y que en ningún momento es mandatorio. No tiene nada que ver con expropiación, ni con nacionalización, ni nada de eso”, enfatizó.

Sobre los diferentes criterios que auguran el distanciamiento de las inversiones extranjeras, los calificó de observaciones “erróneas y subjetivas” y adelantó que han “tenido contacto con múltiples inversionistas franceses, alemanes, brasileños y no han expresado ningún resquemor contra la ley y no les parece que merma el tema de las inversiones, no les da ninguna preocupación”.

Renegociación de contratos

El gobierno confirmó que existen 75 contratos de generación en operación comercial que facturan mensualmente 1,875 millones de lempiras aproximadamente (unos 77 millones de dólares). “Según estudios del BID hay contratos que sus ganancias superan en promedio el 30%”, señala la ley en su “exposición de motivos”.

Además, indican que en Honduras el costo medio de la energía es de aproximadamente 0.1336 centavos de dólar por kilovatio hora, y “debido al alto costo de los contratos, las pérdidas y el aumento de combustible, el precio del kilovatio hora de energía es el más caro de la región”. Según la ley se busca la “revisión de contratos y concesiones otorgadas que lesionan los intereses económicos del pueblo hondureño porque impactan en el precio de las tarifas”.

Sin embargo, datos de la Asociación de Generadores de Energía de Guatemala, revelan que el país con la energía de tipo residencial más cara de Centroamérica es Panamá, la más barata está en Guatemala, seguida de Honduras.

El director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Kevin Rodríguez, considera que es complejo revisar los contratos y que, producto de esa negociación, se logre una reducción de tarifas. Esto porque los contratos fueron firmados en años diferentes, con costos de operación y margen de utilidad distintas en cada uno de ellos; y al ser negociaciones individuales si se logra una reducción en uno, puede ser que el impacto sea mínimo, dependiendo del aporte de megavatios que haga al sistema.

Aclaró que el precio ofrecido al público es un promedio de todas las modalidades de energía (hídrica, solar, eólica, térmica); de generadores privados y del gobierno; desde la más barata hasta la más cara.

“Cuando se compara con otros países de Centroamérica, el precio en Honduras es muy parecido al de Guatemala. Pero Guatemala siempre lo va a tener más bajo, como un centavo o un centavo y medio más bajo, porque Guatemala utiliza mucho carbón, y eso es muy barato, pero es muy contaminante. Aun así, en Honduras es más barato que en El Salvador y Panamá, porque ellos utilizan otros combustibles y sus plantas son un poco más nuevas”, refirió Rodríguez.

Otro factor de complejidad en las negociaciones es que las finanzas de los proyectos son manejadas a través de fideicomisos a 10 o 15 años, administrados por los bancos que financiaron las obras. Por ello, a la larga con quien habría que negociar es con los mismos bancos, sostuvo Rodríguez.

Reformas al sistema

Para el experto Mario Zelaya, el sector electricidad funciona en completa ineficiencia desde hace 28 años, por lo que debe “haber obligatoriamente un cambio de rumbo”. Asegura que se siguen aplicando conceptos del siglo XIX, donde se esperaba que la competencia de mercado derramaría bienestar y se llegaría a “tarifas eficientes”, pero a su criterio eso no ha sucedido y ya “es suficiente para concluir que el sistema no sirve”.

El problema es que los artículos aprobados reforman algunos aspectos del sistema que al parecer era de lo poco que estaba funcionando. Uno de ellos es el Operador del Sistema (ODS), que ha sido eliminado. Era un ente técnico administrado por una directiva conformada por representantes de empresas generadoras, distribuidoras, comercializadores, consumidores calificados y transmisores.

Entre sus misiones principales estaba determinar la demanda de energía en los diferentes horarios e ir habilitando las plantas que entrarían a funcionar para suplir esa demanda; pero también estimaba la demanda futura, lo que permitía tomar decisiones. También determinaba si había una falla del sistema e informaba de inmediato cuál era el problema.

Para Kevin Rodríguez, la integración de la ODS por diferentes miembros de la industria permitía “un balance de fuerzas”, evitando la posibilidad que alguna empresa tomara ventaja al momento de poner la energía de su planta en el mercado.

Ahora esas funciones las desempeñará nuevamente la ENEE a través del Centro Nacional de Despacho. Un analista del sector, que pidió omitir su nombre, indicó que la decisión podría restar transparencia al manejo del sistema, pues en el pasado nunca había información disponible sobre el origen de la energía que se usaba o si una interrupción era por una falla, por mantenimiento o si era racionamiento por falta de capacidad.

Otro cambio es en la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), un ente que tiene diversas funciones, pero es conocida principalmente por calcular las tarifas que se aplican al usuario. Hasta ahora sus comisionados eran electos por 7 años a través de una junta nominadora y debían vacar escalonadamente para evitar la influencia presidencial. Ahora el periodo de esos funcionarios será de 4 años, que coincidirá con el mandato presidencial, y serán electos directamente por el Ejecutivo, dando un carácter político a un ente completamente técnico.

También, la nueva ley limita las inversiones privadas en un momento en que el sistema necesita 2,500 millones de dólares, pues según el artículo 3 los aportes privados no podrán “exceder en cada una de las áreas (generación, transmisión y distribución), a lo invertido por el Estado y la empresa pública”.

En este punto, el ejecutivo Kevin Rodríguez considera que la ley necesita aclarar si la inversión privada no debe exceder la cantidad de megavatios producidos por el Estado, como sucede en Costa Rica; o si no debe exceder las inversiones financieras, “porque si un privado tiene la intención de invertir ‘x’ cantidad de dinero, y eso supera la inversión estatal, no la podrá hacer”.

Energía y pobreza

La aprobación de la nueva ley generó en Honduras una serie de debates, en los que incluso intervinieron la embajadora estadounidense Laura Dogu y Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental.

“La reforma energética es crítica para el desarrollo económico. Estamos analizando la propuesta energética y como escrito nos preocupa el efecto que tendrá sobre la inversión extranjera y la independencia de la agencia reguladora”, escribió Dogu en su cuenta de Twitter.

Una hora después el canciller Eduardo Enrique Reina manifestó su preocupación “por su desacertada opinión sobre política interna, la que no contribuye a las buenas relaciones con EEUU”.

Días después, Brian Nichols aseguró que “Estados Unidos está listo para trabajar en estrecha colaboración con Honduras para realizar las reformas necesarias para mantener las luces encendidas y promover la seguridad energética para el pueblo de Honduras”.

Para el directivo Kevin Rodríguez el interés de Estados Unidos en el sector energético de Honduras pasa por la necesidad de crear condiciones apropiadas para que la gente tenga calidad de vida en el país. En los últimos años, este país centroamericano se ha convertido en uno de los principales expulsores de migrantes, con un grave impacto en Estados Unidos y los países de tránsito.

Explicó que Honduras necesita un crecimiento económico de un 6 por ciento (en el 2022 se proyecta un 4.1%) para equipararse con el crecimiento poblacional.

Para ello se necesita energía eléctrica de calidad, con buena potencia y sin interrupciones, para atraer empresas que ofrezcan empleos bien remunerados, estables y de largo plazo. Sin embargo, describió que en el país hay comunidades donde la gente enciende los bombillos a las 4 de la tarde para tener luz a las 6.

“Aquí se hablaba que quería venir Amazon, Google, IBM. Estas empresas utilizan mucha energía. Fabricar chips, Google o cualquiera de estas empresas, utiliza una gran cantidad de energía eléctrica porque todo es a través de Internet. Si el país no tiene la capacidad de suministrar un servicio de calidad no van a venir”, ejemplificó Rodríguez.

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció el 27 de mayo de 2022 el compromiso de 12 empresas y organizaciones para invertir en el Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) con el objetivo de frenar la migración.

“El sector privado tiene un papel importante que desempeñar. Hoy me reuní con los líderes de empresas y organizaciones que anunciaron compromisos de inversión en la región”, escribió Harris en su cuenta de Twitter. Este plan de Harris llamado “Call to Action” tiene el objetivo de crear empleos para frenar la migración.

De acuerdo a una nota de prensa publicada en el sitio de la Casa Blanca, entre las empresas de capital estadounidense e instituciones que se comprometieron en el “Call to Action” se encuentran: Acción, Bancolombia, Chobani, Davivienda, Duolingo, The Harvard T.H. Chan School of Public Health, Mastercard, Microsoft, Nespresso, Pro Mujer, the Tent Partnership for Refugees, y el Foro Económico Mundial.

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