Competencia por oro de minas en el Caribe Norte atrae la desgracia de las comunidades por los colonos, empresas, municipios y el gobierno central.

Oro y sangre en el Caribe de Nicaragua: riqueza minera en el conflicto indígenas-colonos

*Competencia por oro de minas en el Caribe Norte atrae la desgracia de las comunidades por la voracidad de colonos, empresas, municipios y el gobierno central.


Expediente Público

El oro se convirtió en el primer semestre de 2021 en el principal producto de exportación nicaragüense, con ventas por US$431.1 millones, informó la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN).

No solo la extracción del mineral subió 44.6% en relación con el primer semestre del 2020, también mejoró su precio 12.7%, precisó APEN. Si bien hay minas de oro en diversas partes del país, una de las zonas más ricas para su explotación es el Caribe Norte, particularmente la región circundante, el área de amortiguamiento y la reserva de la biósfera Bosawas.

En el Triángulo Minero, como se conoce a tres municipios de Nicaragua: Siuna, Rosita y Bonanza, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), el Ministerio de Energía y Minas (MEM) ha otorgado o renovado al menos 21 concesiones, a un plazo de 25 años cada una, repartidas entre la empresa de capital colombiano Hemco, la canadiense Calibre Mining (CxB) y la china Santa Rita Mining, la mayoría otorgadas en 2010, otras dos concesiones fueron solicitadas en Sisin y Walpa Tara en 2020.

Precisamente a 50 kilómetros de Bonanza ocurrió la masacre de doce indígenas el 23 de agosto 2021, quienes fueron atacados mientras explotaban una mina de oro artesanal en un lugar llamado Kiwakumbaih; los ejecutores eran colonos y comunitarios, pero la policía aseguró que el motivo fue disputas familiares entre etnias, dejando a un lado las investigaciones a invasores de tierra señalados por sobrevivientes y organizaciones de derechos humanos con nombres y apellidos, específicamente a los miembros de la banda de “Chabelo”, Isabel Meneses.

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El líder ambientalista Amaru Ruiz enfatizó, tras conocerse la versión policial, que en esta zona trabaja la Empresa Exportadora de Metales S.A. (EMSA) de capital nacional y dentro de ese mismo territorio ha pedido concesión Calibre Mining.

EMSA es propiedad de Edward Irías Pastora, sobrino del funcionario sandinista Edén Pastora, fallecido en 2020, a quien se le señaló de actuar como uno de los principales organizadores de los paramilitares durante las protestas sociales de 2018 en Nicaragua.

Calibre Mining explotará también la concesión de Borosí (Puerto Cabezas) y La Luz (Siuna); y Rosita Mining, incursionará el municipio de Rosita, informó a inicios de año la Cámara de Minas de Nicaragua (Caminic).

En la lista de solicitudes del MEM a junio de 2021, Calibre Mining ha solicitado decenas de minas, en su portal web ubica al menos 18 proyectos en el Triángulo Minero, los cuales se suman a los cinco establecidas.

Para ambientalistas y líderes comunitarios, el problema de los indígenas del Caribe Norte con el fomento de las actividades extractivas como la minería, es que el Estado de Nicaragua incentiva con esto la llegada de colonos por la fiebre de oro desatada en la región.

Los indígenas del Caribe de Nicaragua, misquitos, mayangnas, ramas y afrodescendientes llaman “colonos” a los invasores de tierras de otras regiones de ese país. Desde 2010 se vienen incrementando las tomas de tierra, siendo el año 2015, 2020 y el 2021, los más violentos.

Al menos 61 indígenas han sido asesinados desde 2011, producto de los conflictos de propiedad con los colonos, reportan organismos como el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan).

La situación es crítica por la pérdida de casi todas las tierras de cultivo, pesca, madera y caza con las cuales los indígenas subsisten. La desesperación económica motivó a varias familias misquitas a incursionar en la mina de Kiwakumbaih, explicaron el 9 de septiembre familiares de las víctimas de la masacre del 23 de agosto, durante una conferencia de prensa virtual. 

Una de las doce víctimas fue Kedelin Jarquín, una joven madre misquita, que partió de su comunidad a la mina en territorio mayangna para ganar algo de dinero para sus hijos de dos años y seis meses de edad, relataron sus padres Reylis Jarquín Wilson y Ermita Gutiérrez Empra.

También los padres de James, Wilmor Waldan y Alicia Salgado, otra de las víctimas de la masacre, dijeron que dejó huérfanos a dos niños, mientras “andaba buscando ingresos para la alimentación y estudio de sus hijos. Nuestro hijo no andaba robando, andaba trabajando en el cerro y fue ahí donde fueron asesinados por colonos y mayangnas”.

Juan Carlos Ocampo, director de la organización indígena Prilaka, explicó a Expediente Público que “la expansión de la minería artesanal es consecuencia de las invasiones, los colonos han traído ese conocimiento, los indígenas necesitan algo para vivir porque los bosques han sido destruidos, ya no hay madera para vender ni animales para cazar, más la crisis por los huracanes. En términos de la seguridad alimentaria, a muchos solo les queda lavar oro”.

Por su parte el presidente de Caminic, Sergio Murillo, dijo al diario La Prensa en marzo de 2021, que este año pretenden alcanzar un crecimiento del 12% en volumen y sobrepasar los 750 millones de dólares en exportaciones de oro, “lo que incluso tiene animado a inversores como Calibre y Hemco, que también tienen proyectos que promoverán el crecimiento de la producción del metal precioso”.

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Industria minera: fuego en un polvorín

En principio, los colonos llegan por actividades agropecuarias, pero los nichos de oro han sido siempre uno de los botines de aventuras que cada vez están mejor organizados. El líder de la organización Prilaka Limbort Bucardo es uno de los desplazados por colonos en zonas donde hay oro.

Bucardo proviene de la comunidad de Polo Paiwas, a orillas del río Waspúk, a pocos kilómetros al sur del río Coco, fronterizo con Honduras. La comunidad colinda con la mina Morobilas, que desde 2008 ha confrontado a los indígenas con los colonos y que desde entonces quedó en manos de mestizos.

El activista narró que su comunidad fue atacada por colonos el 28 de octubre de 2015, como ocurrió con muchos territorios ese año. Los invasores incendiaron todas las viviendas, unas 30 casas, y se llevaron el ganado; en el ataque murió un adolescente misquito.

Polo Paiwas es un territorio de 12,500 hectáreas concedido a excombatientes misquitos de la Contra, la guerrilla antisandinista de la década de los ochenta, pero el gobierno regional y territorial originaron el conflicto cuando alquilaron la mitad a una cooperativa mestiza, sin la autorización de la comunidad.

“Historias como estas son múltiples, prácticamente de las 12,500 hectáreas de esta comunidad, 6,500 fueron negociadas ilegalmente, y producto de eso, la totalidad de tierras está siendo ocupadas”, explicó Bucardo a Expediente Público.

Morobilas es una mina histórica de los misquitos, que ahora está en manos de colonos, quienes sacan el oro, la madera y usan la tierra para la ganadería, mientras los habitantes misquitos continúan viviendo como desplazados, aseguró el defensor indígena.

Bucardo explicó que las autoridades municipales locales dan la espalda a sus propias comunidades, en su caso, la Alcaldía de Waspán apoya la solicitud de los colonos de sacar sus productos por las comunidades indígenas y sus vías de acceso, pues hasta ahora lo hacen por trocha en la selva ante la indignación y temor de los comunitarios que con amenazas, chantaje y artificios ven menguadas sus tierras ancestrales.

“La municipalidad admite que los colonos pagan más ingresos que los indígenas y les convienen más”, indicó Bucardo.

El modelo de recaudación minera deja el 20% para el Consejo Regional y 35% para los municipios.

Por su parte, la Cámara Minera de Nicaragua (Caminic), que agremia a 49 empresas extractivas, incluyendo las ocho de extracción de metales, “impulsa el modelo de ordenamiento y desarrollo de la minería artesanal, que permite la transformación del sector en un modelo de negocios orientado al desarrollo sostenible”.

El portal digital oficial de Caminic declara que “el modelo se enfoca en estabilidad legal y ordenamiento, construcción de plantas exclusivas para la minería artesanal, entrenamiento en seguridad industrial y prácticas amigables con el medio ambiente”.

La empresa Hemco que tiene múltiples concesiones en el Caribe Norte, explica en su página web que “desarrollamos las operaciones de minería artesanal bajo el Modelo Bonanza o Plan de Ordenamiento de la Minería Artesanal (PODMA). Este modelo viene siendo desarrollado desde el año 2012 con el propósito de ordenar, regular y velar por el desarrollo integral de la minería artesanal en el municipio y localidades vecinas”.

Según la minera, el programa es impulsado por el gobierno municipal, las cooperativas el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Hemco construyó planteles industriales para uso exclusivo de la minería artesanal: Vesmisa y La Curva, con inversiones de 6 millones de dólares para procesar 100 toneladas diarias de materiales.

“En 2019, colectivos de mineros artesanales en coordinación con Hemco crearon las Unidades de Producción de Minería Artesanal (UPMA). Las UPMA son áreas de aprovechamiento exclusivas para colectivos, donde el dueño de la propiedad y los mineros artesanales reubicados, asumen una serie de compromisos para poner en práctica una minería artesanal bien hecha”. Estas unidades están en Tigre Negro y Atlas 650 (Bonanza) y Nueva América (Rosita).

Expediente Público solicitó a Hemco explicar cómo afecta la compra de oro artesanal en el conflicto colonos-indígenas, en concreto se hicieron las siguientes consultas:

  • Intereses económicos en el Caribe Norte que generan conflictos de propiedad en territorios indígenas, incluyendo la minería transnacional, como señalan comunitarios y ambientalistas.
  • En agosto de este año se dio una masacre, precisamente en una zona cercana a las concesiones de Hemco, en una mina artesanal. Nos interesa saber la posición de la empresa con el tema de las invasiones de tierras, en vista a sus intereses de explotación mineral en estos territorios, mayormente comunitarios. 
  • Preguntamos sobre la compra de oro a indígenas o colonos o la competencia con ellos en la extracción, si es el caso.
  • Quisiéramos saber si Hemco está pidiendo explotar en zonas comunitarias indígenas o si ya lo está haciendo.
  • También queremos saber si está respetando el bosque y la propiedad comunal de estos territorios.

La empresa describe en su respuesta a Expediente Público que “a través del Modelo Bonanza, una estrategia pionera en la región, promovemos una minería artesanal bien hecha con prácticas seguras y responsables con el medio ambiente y la comunidad. Sólo en 2021, 2,776 mineros artesanales han participado en 75 capacitaciones sobre la Ley de Minas, primeros auxilios, normas de seguridad, minería responsable con el medio ambiente, prohibición de trabajo infantil, entre otros”.

“Asimismo, estamos comprometidos con el bienestar de nuestros colaboradores, sus familiares y la comunidad. Gracias al Plan de Ordenamiento y Desarrollo Urbano (PODU) hemos desarrollado más de 50 proyectos y programas sociales, de infraestructura, educación, salud y deporte que proveen beneficios para todos”, indicó la empresa.

“Desde el inicio de nuestras operaciones en Nicaragua, en 2013, nos caracterizamos por el cumplimiento a las leyes, reglas y regulaciones nacionales e internacionales que rigen nuestra operación y el respeto a los derechos humanos de las comunidades donde tenemos presencia, basados en los principios rectores de Naciones Unidas, la declaración de la Organización Internacional del Trabajo y los principios del Pacto Global”.

“Bajo esta visión, todas las empresas de Grupo Mineros, del cual Hemco forma parte, cuenta con una política de Derechos Humanos que establece la obligación de identificar, prevenir, mitigar y responder a cualquier posible consecuencia negativa de nuestras actividades sobre los Derechos Humanos, de acuerdo con las normas internacionales establecidas y los convenios suscritos por cada país donde operamos”, dicta la comunicación escrita.

En 2017 la superficie total del país bajo concesión minera era de 2,600,000 hectáreas, colocando más del 20 por ciento de la tierra de Nicaragua bajo concesiones mineras, reportó el Oakland Institut; la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas) indica que están a disposición 14,980 kilómetros cuadrados, pero Caminic afirma que solo el 1% del territorio del país, de 120.339 kilómetros cuadrados de tierra firme sin incluir 10,033 km2 de lagos y lagunas, está concesionado.

La mayor parte del oro nicaragüense se exportó entre enero y agosto de 2021 a Estados Unidos (10,200 kilogramos) y una mínima parte a Europa (300 kilogramos), indicó el Banco Central de Nicaragua.

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El rol de la minera estatal Eniminas

Ortega nombró al tesorero del Frente Sandinista, Francisco López, como presidente de Eniminas, cargo que pudo ocupar el titular del MEM, Salvador Mansell Castrillo, pero lo retiró antes de las sanciones internacionales por acusación de corrupción en 2018.

La empresa de carácter público y descentralizada fue creada en 2017 con plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones para “asociarse, constituir compañías de economía mixta, celebrar asociaciones, uniones transitorias, alianzas estratégicas y en general todo acto o contrato permitido por las leyes nacionales, con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas”, según la ley creadora de la misma, número 953.

Uno de los pocos datos operativos disponibles de Eniminas están en el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza 2022-2026 donde se informa la concesión en 2020 de 1,641 hectáreas en el municipio de Villanueva, en el occidente del país, para la exploración de yacimiento de metales, en conjunto con la empresa peruana Contratistas Generales en Minería (Congemin). Así como la concesión de 2,088 hectáreas en 2018 en la mina El Santo II en la provincia de Chontales, en el centro del país, en conjunto con la canadiense B2Gold, la cual vendió a Calibre Mining sus operaciones en Nicaragua en 2019.

En la escasa información de su página web, Eniminas indica que “posicionamos una alianza entre el sector minero artesanal y a pequeña escala y la industria, como un eje de desarrollo sostenible emblema de nuestro país”.

Además, tiene entre sus objetivos “orientar a los pequeños mineros hacia las zonas más rentables para la extracción, a través de estudios geológicos en el área”.

¿Lavado de oro venezolano en Nicaragua?

El investigador y periodista estadounidense Douglas Farah señaló en una entrevista de abril de 2021 publicada en el  Diario de las Américas que Nicaragua es clave en el “blanqueo” del oro venezolano y explicaba así el incremento en la exportación minera del país centroamericano.

“Lo que vemos es que gran parte del oro de Venezuela va a Nicaragua y es exportado al mercado internacional como oro nicaragüense, es una manera de evitar sanciones”, aseguró Farah.

Por otra parte, “creo que lo que ha descubierto Venezuela es que, con una alianza con Rusia, Irán, China, asesores de países ya sancionados buscan cómo sobrevivir, no van a hacer lo que hacían antes, pero pueden sobrevivir. Todo eso se vincula con Nicaragua, todos están buscando lo mismo tratando de sobrevivir a las sanciones, eso implica tener nuevos socios, buscar nuevas maneras especialmente con Rusia y con China, aunque las monedas no son tan fáciles de movimiento en el mercado internacional, pero están fuera del sistema bancario de Estados Unidos y la Unión Europea”.

Los cuatro miembros de la Junta Directiva de la empresa estatal son nombrados directamente por el presidente Daniel Ortega, uno de ellos debe ser del sector privado; esta junta nombra al gerente general. 

El lugar de López lo ocupó el general retirado Ramón Humberto Calderón Vindell, quien se retiró de Petróleos de Nicaragua (Petronic), en 2019 tras las sanciones estadounidenses a la empresa Albanisa, de la que era socia la petrolera nacional.

Paul Oquist, secretario privado para Políticas Nacionales de la Presidencia de la República, fallecido en 2021, era parte de la directiva, también está Salvador Mansell, ministro de Energía y Minas. Eduardo Caldera May representaba al sector privado cuando se constituyó, postulado por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), según declaraciones de él mismo a El Nuevo Diario. 

Con las sanciones a Oquist en 2020, por acuerdo presidencial 152-2020 se nombró al exgerente de Albanisa Marco Aurelio Rivas Kauffman en la Junta Directiva de Eniminas, como de Petronic; se trata del hijo del director de la Dirección General de Ingresos, capitán en retiro de la Policía Nacional, Martín Gustavo Rivas Ruiz.

Ruy Delgado López, gerente general de Eniminas, en diciembre de 2002 fue señalado por las autoridades de traficar con madera preciosa desde el aserradero “RP”, ubicado en la comarca Sumubila y en otro depósito en la comunidad “Kilómetro Cuarenta y Tres”, en el Caribe Norte, donde se encontró caoba, cedro real y cedro macho, en total 70 mil metros cúbicos no autorizados por el Instituto Nacional Forestal.

En 2013 aparecía como director para Nicaragua de la compañía radicada en Nevada Maxam Gold Corporation.