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Pandora, la respuesta de las elites y la justicia a la lucha anticorrupción en Honduras

** En Honduras el sistema de justicia como otras instituciones públicas está generalmente subordinado a las élites políticas del poder Ejecutivo y Legislativo: los personajes corruptos son protegidos por esas élites, actúan en flagrancia y quedan impunes sistemáticamente en juicios e investigaciones.


La crisis que atraviesa el sistema de justicia en Honduras vuelve al centro del debate en medio de la pandemia del Coronavirus, tras la orden de libertad otorgada a importantes personajes de alto perfil político y publico implicados en hechos de corrupción que habían sido judicializados por la Maccih.

La Corte de Apelaciones desestimó dos de los 13 casos icónicos de corrupción presentados por el binomio Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) del Ministerio Público.

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El primero es la Caja Chica de la Dama, en que se involucra a la ex primera dama, Rosa Elena Bonilla, esposa del ex presidente Porfirio Lobo Sola, que gobernó el país de 2010 a 2014. La ex primera dama fue condenada el 4 de septiembre de 2019 a 58 años de cárcel por los delitos de apropiación indebida y fraude, pero el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción de Honduras determinó, por unanimidad, el 23 de julio de 2020, revocar la prisión preventiva y repetir el juicio por “quebrantamiento de forma” al considerar que hubo errores en la causa. La ex primera dama fue liberada y espera le fijen fecha para el nuevo juicio bajo las nuevas figuras que contempla el nuevo código penal, mismas que contemplen reducción de penas en delitos de corrupción.

El segundo caso es el sobreseimiento definitivo otorgado por los Magistrados de la Corte de Apelaciones Natural el  4 de agosto de 2020 a 22 imputados del caso Pandora, entre ellos diputados, ex diputados, funcionarios y ex funcionarios públicos, implicados en el desvío de 12 millones de dólares de fondos públicos que fueron a parar a campañas de partidos políticos, entre ellos el Nacional, en el poder, así como pago de cuentas al opositor Partido Liberal, pero en el caso de este último, los fondos nunca llegaron a las arcas de ese instituto político, sino a cuentas particulares de prominentes dirigentes. La Corte de Apelaciones Natural, integrada por magistrados de la suprema corte de justicia, días después amplió los sobreseimientos definitivos a otros dos imputados.

“Hay pruebas para que estas personas sean sentenciadas, pero parece que los magistrados fuesen los defensores de los imputados”, dijo a Expediente Público el fiscal de la Uferco, Luis Javier Santos, al conocer la decisión del tribunal. El Ministerio Público anunció que iba a presentar el recurso de amparo, y el fiscal general, Óscar Chinchilla, en su red social de Twitter se refirió al hecho como “inaceptable”, que seguirán luchando por la legalidad porque “Honduras tiene hambre y sed de justicia”, aseguró.

La puesta en libertad de los involucrados en corrupción en la red denominada Pandora, es la muestra concreta de la captura política y partidaria del sistema de justicia en Honduras que ha logrado encontrar mecanismos institucionales legales para reproducir el entorno de impunidad en ese país considerado en el último informe de Transparencia Internacional como uno de los más corruptos de América Latina.

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El caso Pandora consiste en una malversación sistemática de fondos públicos por parte de políticos, altos funcionarios y miembros de la familia del presidente Juan Orlando Hernández, quienes utilizaron organizaciones sin fines de lucro para sustraer unos 282 millones de lempiras (12.5 USD) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), recursos del Estado que iban destinados originalmente a proyectos de desarrollo en ese país, en el llamado corredor seco e iba dirigido a familias pobres, en especial mujeres solas, madres solteras, jefas de hogar.

Pandora fue el cuarto caso de corrupción presentado por la Maccih/Ufecic el 13 de junio de 2018 y fue el caso que estremeció a las elites políticas del país al poner a prueba no solo una red de sobornos en la política, también el uso de fondos públicos para el financiamiento de campañas electorales. Pandora fue el detonante que obligó a la elite política a blindarse con legislaciones en el parlamento, uno de los más cuestionados en el país, para evitar que las cabezas más visibles del congreso tuvieran un encuentro con la justicia.

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La noticia salió a la luz tras una investigación de Univisión publicada el 6 de agosto de 2019; el caso fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia por la Misión de Apoyo e Impunidad en Honduras, Maccih y la Unidad Fiscal Especial, Ufecic.

Con el desmantelamiento de la Maccih y de su brazo investigador, la Ufecic, los casos judicializados en los tribunales han comenzado a ser desmontados, poco a poco, siendo la Caja chica de la Dama y Pandora, los dos más sonados que pusieron en aprietos a la clase política hondureña.

Al conocer la acción de dejar en libertad a los principales imputados en el caso Pandora, la Unidad Fiscal Especial Contra las Redes de Corrupción (Uferco)—que sustituyó a la Ufecic–, procedió a denunciar ante la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia a los magistrados encargados de ese caso: Jorge Alberto Zelaya Zaldaña, María Fernanda Castro Mendoza y Edwin Francisco Ortez Cruz, por el delito de prevaricato negligente.

A criterio del fiscal Santos, la Corte Suprema de Justicia de Honduras no quiso que todos los involucrados en el Caso Pandora se expusieran en el juicio oral y público puesto que el Ministerio Público iba a solicitar que se evacuaran todos los medios de pruebas. «Esto linda entre lo legal y lo ilegal y creo que detrás de todas estas resoluciones hay otras situaciones”, acotó.

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Juez natural se rehusó a conocer todas las pruebas

El fiscal reveló que en la audiencia inicial los magistrados solo recibieron la evidencia mínima e hicieron como que esas pruebas eran todos los medios probatorios. “Nos privaron de presentar las demás pruebas y de la declaración de un testigo protegido:  Fernando José Suárez Ramírez. Cada uno de los imputados sobreseídos tienen su historia particular, pero la Corte analizó situaciones que sólo se pueden analizar en un juicio oral y público”.

Por ejemplo, -explicó Santos- en el caso de Jean Françoise de Peirecave, viudo de Hilda Rosario Hernández Alvarado, exministra de Comunicaciones y hermana del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, éste creó una empresa con la primera dama Ana Rosalinda García Carías. 

Esa sociedad mercantil nunca tuvo permiso de operación-dijo- y funcionó solo para recibir fondos sin justificación legal de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). Ese dinero fue retirado por el señor Jean Françoise de Peirecave y empleado para comprar muebles para su casa.

“Eso lo convierte en lavado de activo, según el artículo 3 de esa Ley, aunque se sepa que el dinero venía del Estado.  Eso es lo que la Corte no quiso ver; así sucesivamente todos los imputados recibieron dinero y lo usaron para pagar sus préstamos hipotecarios”.

En el caso del expresidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Elvin Ernesto Santos Lozano, no se justifica que le hayan depositado en una cuenta particular seis millones de lempiras.  El escándalo de la familia Santos abarca al padre, Elvin Santos Lozano, y al hijo, Elvin Santos Ordóñez, último que fue candidato presidencial por el Partido Liberal, y es actualmente diputado en el congreso nacional.Una vez sobreseído en forma definitiva en la causa, el ex presidenciable y diputado, Elvin Santos, sale nuevamente a la palestra pública y será uno de los coordinadores de campaña de un ex convicto aspirante presidencial por el partido liberal que acaba de concluir una corta condena de tres años en una celda en Estados Unidos, por el delito de lavado de dinero por narcotráfico. Este aspirante pertenece a una de las más prominentes y acaudaladas familias hondureñas que radica en la costa norte del país.

El fiscal Santos, en el caso de Pandora y otros en donde se pone en entredicho el actuar de la corte de justicia, es del criterio que debe haber una investigación exhaustiva del papel que están desempeñado los magistrados en la Corte Suprema de Justicia. “Jamás vamos a llegar a un juicio oral y público si el proceso sigue igual”, se quejó.

Amplió que-los magistrados- no son inmunes y que se pueden equivocar, pero hay situaciones que lindan entre lo lícito y lo ilícito.

“Estoy seguro que todos los casos que nosotros hemos presentado tendrán el mismo final que Pandora. Si cuando la Maccih ya estaba por irse, empezaron con todo esto; ahora que la Misión se fue del país, empiezan a anular todas nuestras acciones ante los tribunales”, advirtió el fiscal Santos.

Y fue más allá al asegurar que ya no se pueden repetir esos juicios porque el caso no pasó de una audiencia inicial y esas audiencias no pueden volver a repetirse, como es el caso de Caja Chica de la Dama.

En la audiencia inicial, el juez ve si el caso tiene pruebas para ir a juicio oral y público; es algo que se puede resolver en  medio día, pero aquí los jueces con el ánimo de que estas personas se defiendan en una audiencia que no es para eso, las extienden hasta por una semana o por quince días, se ilustró, al indicar que en casos de corrupción la justicia actúa de una manera, mientras en los delitos de narcotráfico de otra; por unos hay prisa por resolver, en otros, interés por alargar los procesos.

De acuerdo con la sentencia de los 22 personajes sobreseídos de Pandora, el Ministerio Público tipificó erróneamente a los imputados por el delito de lavado de activos y asociación ilícita en lugar de fraude y malversación de caudales públicos. No obstante, la acusación original fue por abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos en perjuicio de la administración pública y el Estado de Honduras, pero la juez natural que conoció el caso, la magistrada Lidia Álvarez, en la audiencia les modificó los delitos, entre ellos el de lavado de dinero, dejando abierta así la puerta para que nunca los imputados pisaran la cárcel.

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De 70 requerimientos, MP solo aceptó 38

Expediente Público dialogó con un funcionario internacional que estuvo en todas las líneas de investigación presentadas por el binomio Maccih-Ufecic. “Había alrededor de 70 imputados en el caso Pandora, sin embargo, horas antes de presentar el requerimiento ante juez competente, el equipo asesor del Ministerio Público decidió que sólo serían 38″, reveló la fuente, bajo la reserva del anonimato.

Entre los requerimientos que omitieron, unos supuestamente eran para miembros de la familia presidencial. “El equipo técnico del Ministerio Público argumentó que no podían presentar todos esos requerimientos porque estos personajes ya figuraban en otras líneas de investigación”, afirmó. “La Maccih apoyo en los equipos integrados con Ufecic en la investigación de los casos, pero la Facultad de presentar un requerimiento fiscal es exclusiva del Fiscal General” reveló la fuente.

En la conversación con Expediente Público, el experto que laboró con la extinta Maccih, fue consultado acerca del escenario de una inadecuada tipificación del delito (Lavado de activos y asociación ilícita) que ha conducido a que los acusados fuesen sobreseídos.

“No coincido con la tesis que el requerimiento estaba mal planteado, en este caso, se daban todos los elementos que exige la Ley para que se configuren los delitos de Lavado de Activos y la asociación ilícita, sin embargo, la juez natural asignada al caso, no quiso aceptar en la audiencia inicial todo el compendio de pruebas que el Ministerio Público había recabado en su investigación y esto favoreció a los involucrados. El decir que los casos estaban mal planteados es una estrategia de la defensa para desacreditar el trabajo de la Maccih y de la Ufecic. Si la juez no hubiera modificado los delitos, los acusados en el caso Pandora, aún estarían en prisión preventiva”.   

La fuente expresó que en el caso de las acusaciones contra los diputados Rodolfo Irías Navas, Celin Discua y otros congresistas, éstas fueron autorizadas “desde arriba”, mientras, contra el otro grupo que eran los jefes de campaña del Partido Nacional, no hubo anuencia del Fiscal General para emitir los respectivos requerimientos fiscales. Ello la señal que nos demostró que había una intención política, pero no de nosotros como Misión”, remarcó.

En el caso Pandora, el funcionario internacional reitera que el requerimiento fiscal fue bien sustentado y que configuraban las figuras de lavado de activos e incluso asociación ilícita, pero al ser desestimados por la juez natural Lidia Álvarez, el curso del caso cambió drásticamente.

Requerimientos sólidos frente a una estructura delictiva

Pandora fue un caso que determinó como operaban de forma organizada las redes de la corrupción para drenar fondos públicos y todo ello configuró los delitos de asociación ilícita y lavado de activos. “Lastimosamente las mafias relacionadas a este y otros casos no cayeron. Al leer los nombres se puede evidenciar que sí era lavado o asociación ilícita, algunos tenían vínculos muy estrechos con el crimen organizado, por ejemplo, uno de los involucrados en el caso Pandora y que también fue sobreseído es el ex alcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, señalado de dirigir una banda de sicariato y procesado por asuntos de narcotráfico”, recordó la fuente.

Para este experto investigador, el trabajo de esas redes es tal que lograron buenos equipos de defensa legal, ex fiscales y ex jueces y dos de ellos, dijo, estuvieron en el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) como Jefes de la Unidad Investigativa de esa Organización de Sociedad Civil, mientras otra profesional del derecho, fue asesora de la Unidad de Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos de la Ley de la Política Limpia, “es como si los hubieran mandado a entrenarse y conocer a fondo las debilidades del sistem ”, graficó en su extenso diálogo con Expediente Público.

“Son los mismos abogados que asesoraron el nuevo código penal. No quiero decir que está mal, porque es una cuestión de ética que cada quien representa lo que quiere y es una cuestión de oferta y demanda, pero como le digo, se actúa estilo “cofradía”, al puro estilo de   estructuras criminales. Es un grupo de abogados que están al servicio de estas elites corruptas del poder y que tienen jugosas ganancias con la representación de estos casos”.

Advierten libertad de ex ministro y testigo clave

Para el investigador extranjero la deuda de la justicia con Honduras sigue siendo una agenda pendiente y se atreve a aseverar que al Ministerio Público le faltó “agallas” para echar a andar otros requerimientos de impacto, pues de un total de 70 que estaban listos, apenas 30 fueron autorizados por ese ente responsable de defender a la ciudadanía frente a los abusos del Estado.

En términos de impacto en la lucha contra la impunidad, el caso Pandora seguirá dando de qué hablar pues de acuerdo al fiscal de la Uferco, Luís Javier Santos, los otros imputados del caso que guardan prisión como el ex ministro de la SAG, Jacobo Regalado y el testigo clave, Fernando Suárez, podrían quedar en libertad en un término de seis meses, ya que así lo establece el código penal en el sentido que el tiempo máximo que una persona puede estar en prisión preventiva es de dos años y medio, tiempo que ellos están por cumplir, y es difícil que en los próximos cinco meses de celebre un juicio oral y público si se analiza la tendencia del poder judicial de retener o archivar los expedientes en este tipo de casos.

La Maccih se estableció como parte de un acuerdo firmado entre el Gobierno de Honduras y la Organización de los Estados Americanos (OEA), el 19 de enero de 2016. Sus éxitos fueron fugaces pues a medida que avanzaba en sus investigaciones y judicializaba sus casos, en esa misma sintonía respondían las elites políticas y económicas que también se sintieron tocadas por la Misión. Se vino en paralelo una estrategia de blindaje legislativo para evitar su encuentro con la justicia. El 10 de diciembre de 2019, un informe del parlamento hondureño, elaborado contrarreloj, pide al poder ejecutivo que rescinda del convenio con la Maccih para otro período más. Eso sucedió el 10 de diciembre de 2019.

El 17 de enero de 2020, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado anunciando que, ante la falta de un acuerdo con el Gobierno de Honduras, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) no sería renovada y concluía sus funciones el 19 de enero de 2020.

El trabajo de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, Maccih, tuvo un impacto relativamente bajo porque no lograron disponer de los instrumentos legales necesarios que reforzaran sus objetivos para extender los procesos de investigación a personajes claves de las élites políticas vinculadas a la corrupción gubernamental y privada de ese país, quienes, además, optaron por legislar iniciativas para reforzar la impunidad y limitar las acusaciones de ese ente investigativo.

Una encuesta efectuada por el  Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), revela que en sus cuatro años, la Misión logró posicionarse entre los hondureños, más del 70 % de los consultados conocieron su trabajo y muchos destacaron como sus principales aportes la judicialización de casos emblemáticos en los tribunales, siendo Pandora, Caja Chica de la dama y Licitación Fraudulenta del IHSS, los más sonados entre los consultados; después sigue Corrupción sobre Ruedas, Red de Diputados, Caja Chica del Hermano y Narcopolítica, entre otros.

El 23 de enero de 2020, una semana después de concluir el mandato de la Misión, la Fiscalía anunció la creación de la Uferco, en sustitución de la Ufecic, que era el brazo fiscal que presentaba los casos en los tribunales. El anuncio indicaba que la Uferco estaría destinada al desmontaje de redes criminales de corrupción, pero la misma se ha visto limitada en sus funciones. En marzo de 2020, un tribunal anula el juicio “Caja chica de la dama”, el 25 de junio entra en vigencia el nuevo código penal que rebaja penas en delitos contra la corrupción, y en agosto se sobresee a la mayoría de imputados en el caso Pandora. De esta forma avanza el desmontaje de los casos más sonados presentados por la Maccih, mientras la corrupción sigue aflorando campante, ahora bajo la figura de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.

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