* Al menos 20 presos políticos pasaron al régimen casa por cárcel, bajo vigilancia extrema que les prohíbe toda comunicación y les obliga a reportarse ante la policía.
** Expediente Público habló con familiares de los que dejaron sus celdas. “Es una prolongación de la cárcel”, afirmó uno de ellos.
*** La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo excarceló presos políticos, pero capturó a personas que festejaron la caída de Nicolás Maduro.
Eric Lemus / Expediente Público
Su vida ahora es una continuidad del encierro. Los 20 presos políticos que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo excarceló el 9 de enero cambiaron la celda por sus domicilios bajo estricta vigilancia policial que mide sus movimientos, les prohíbe toda comunicación y les exige reportarse cada semana ante una delegación.
No fue una liberación, sino un cambio de régimen. Este procedimiento se realizó al mismo tiempo que la dictadura ordenó la detención de al menos 60 ciudadanos rastreados a través de sus redes sociales que compartieron el regocijo por la caída del dictador Nicolás Maduro en Venezuela.
La medida del dueto Ortega-Murillo fue la respuesta al mensaje enviado por la Embajada de los Estados Unidos en Managua ese mismo día. “Venezuela dio un paso importante hacia la paz al liberar a un gran número de presos políticos. En Nicaragua, más de 60 personas siguen injustamente detenidas o desaparecidas”, decía el comunicado.
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Este se emitió una semana después de que la administración del presidente Donald Trump ordenara la operación militar que extrajo a Maduro la madrugada del 3 de enero.
Humillación y vigilancia
Los excarcelados salieron de las prisiones La Modelo, El Chipote y La Esperanza, situadas en el departamento de Managua. A todos, el régimen los sometió a arresto domiciliario por un periodo indefinido, una medida que se puso en una práctica arbitrariamente, sin orden judicial.
Expediente Público recogió los testimonios de familiares de los detenidos, quienes pidieron la reserva de sus identidades por seguridad. Contaron que la vigilancia es severa, ya que tienen prohibido todo tipo de visitas, el uso de cualquier dispositivo de comunicación o acceso a redes sociales, mientras afuera los agentes de la policía o paramilitares supervisan quién entra y sale del domicilio.
“Es una prolongación de la cárcel, a parte de la humillación de que afuera hay alguien revisando lo que entra y sale, que un día llega una patrulla, otro día un par de motorizados, o paramilitares de civil que pueden quitarnos nuestros teléfonos”, afirmó un testigo.
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Otro relató que generalmente son vigilados por unos motorizados, que a veces son rotados por otros que llegan de civil, mientras que adentro, en el domicilio, el detenido no puede hacer nada. “Ahí pasa sentado, en silencio, o se acuesta a que pase el día hasta que le toque salir para presentarse a firmar a la delegación de la policía”, aseguró.
También contó las dificultades para acceder a cuidados médicos. “Pero lo peor es que necesita atención médica por una enfermedad vieja que tiene y no puede salir hasta que den el permiso”, afirmó.
Y agregó: “Aunque todos están felices porque está afuera, nadie puede venirlo a ver o al menos a saludarlo porque no quieren meterse en problemas”.
Un régimen aislado
Tamara Dávila, una expresa política liberada el 9 de febrero de 2023 en el primer grupo que Managua expulsó hacia Estados Unidos, dijo a Expediente Público que “todos los hechos (de persecución y encarcelamiento) indican que la dictadura está cada vez más aislada, incluso a lo interno del país”.
Dávila, quien es psicóloga y activista política, pasó casi dos años en las mazmorras nicaragüenses y fue parte del primer grupo de los 221 reos expulsados, desterrados y desnacionalizados tan pronto aterrizaron en suelo norteamericano.
“Es una dictadura que le teme a la rebelión popular, que le teme a la capacidad de las nicaragüenses y de los nicaragüenses”, remarcó.
Decenas de presos y desaparecidos
Hasta el 9 de enero, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas registró 62 reos de conciencia en el país centroamericano, a los que habría que restar la veintena que fue excarcelada.
Pero la información es imprecisa porque el régimen oculta los nombres de las personas que, al no confirmarse su detención, están en situación de desaparición forzada. Entre estos se cuentan decenas de ciudadanos aprehendidos en los últimos días.
Uno de los casos más emblemáticos es el del líder miskito Brooklyn Rivera, cuya familia sigue esperando una prueba de vida desde que fue detenido en septiembre de 2023, luego de acusar al régimen por perpetrar abusos contra la comunidad del Atlántico nicaragüense.
Su hija, Tininiska Rivera, habló con Expediente Público. “Desde junio de 2025 mi familia va una vez por mes a la capital para buscar información, pero no tiene ninguna respuesta. No sabemos nada, si vive, dónde está detenido. No sabemos nada”, denunció.
Brooklyn Rivera encabezó Yatama, la principal organización indígena de Nicaragua, cuando llegó al Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas de las Naciones Unidas en 2023, donde arremetió contra Ortega-Murillo por los abusos y expropiaciones de la población originaria.
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La tortura
El exprecandidato presidencial y líder político Juan Sebastián Chamorro, a quien el régimen también encarceló dos años, considera que el caso de Rivera es el más serio de todos “por la gravedad del asunto, pues lleva más de dos años desaparecido”, señaló a Expediente Público.
“Eso es lo más horrible, sobre todo para la familia, que vive con la angustia de no saber dónde está, cómo está, si está vivo, si está bien de salud, etcétera. Una verdadera tortura. No me puedo imaginar el sufrimiento”, remarcó.
La hija de Brooklyn Rivera confirma el silencio de las autoridades.
“No dan ninguna información sobre mi padre, ni respuesta sobre la visita que hemos solicitado por escrito y verbalmente. Estos últimos seis meses hemos ido más seguido sin ninguna reacción”, reiteró.
Los “caídos en desgracia”
Al hacer un recuento de la identidad de los excarcelados, Chamorro destaca que el régimen incluyó en la lista a personas vistas como “caídos en desgracia” ante la dictadura Ortega-Murillo, como fue la situación de Nadezhda Obando Cerna, sobrina del antiguo jefe de inteligencia Lenín Cerna, o del juez Félix Salmerón Moreno.
Obando Cerna es una exfuncionaria judicial que fue condenada a 16 años de prisión por traición a la patria. Su encarcelamiento fue el resultado de una purga en el círculo de confianza del “orteguismo”.
Chamorro recuerda que el juez Salmerón Moreno fue el alfil del régimen que le dio la condena a 13 años de cárcel, pero luego cayó en desgracia.
Salen 20, entran más de 60
El economista nicaragüense, que ahora vive exiliado en EE. UU., también considera que la comunidad internacional debe denunciar lo que sucedió, en Nicaragua entre el 3 y el 9 de enero de este año. La policía detuvo a decenas de personas que celebraron en sus redes sociales la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro.
“Entonces, a esta liberación, le siguen las redadas que hubo del sábado 10 de enero a la fecha. Si ya había más de 60 presos políticos y agregamos estos otros 60 adicionales, ¡en realidad lo que ha habido en un incremento de presos políticos!”, denunció Chamorro.
El político habla de las personas que compartieron mensajes festejando el derrocamiento de Maduro y que la policía persiguió a lo largo de una semana hasta que apresó a más de 60.
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“Se está aplicando ‘la puerta giratoria’ típica que viene haciendo desde el año 2018, donde salen algunos presos por un lado y entran muchos otros por el otro. Pues sí, es un poco más de lo mismo”, fustigó.
Ortega usa a presos para negociar
El Congreso de los Estados Unidos recibió el pasado 15 de enero una iniciativa legislativa que propone aumentar la presión internacional contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo neutralizando la asistencia financiera internacional canalizada a través del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El proyecto, conocido como Ley para el Restablecimiento de la Soberanía y los Derechos Humanos en Nicaragua de 2026 (Ley HR 7055), fue propuesto por los republicanos María Elvira Salazar y Chris Smith.
Para Chamorro, la situación en su país de origen es sumamente compleja porque la excarcelación “solamente es una maniobra más de Daniel porque a él siempre le gusta ese elemento de aparentar que está negociando con los americanos, pero no es más que eso”.
En un mensaje difundido en la red social X, la embajada de EE. UU. criticó este 17 de enero las medidas adoptadas por Managua.
“Detener a nicaragüenses por darle ‘me gusta’ a publicaciones en redes sociales, demuestra lo paranoico que está el régimen ilegítimo de Murillo y Ortega. Exigimos la liberación incondicional de todos los presos políticos, sin excepciones, sin casa por cárcel, sin nuevas detenciones. Libertad significa poner fin al ciclo de represión del régimen”, publicó la sede diplomática.
