Régimen Ortega-Murillo estanca fiscalización presupuestaria

Régimen Ortega Murillo pone freno a fiscalización del Presupuesto

* Resultado de la Encuesta de Presupuesto Abierto mantiene a Nicaragua entre los cinco países con el índice de transparencia presupuestaria más bajo de Latinoamérica y 7 puntos por debajo de la media mundial.


Expediente Público

Nicaragua ocupa el puesto 14 de 18 países de América Latina en transparencia del dinero público en la más reciente edición de la Encuesta Presupuesto Abierto (OBS, por sus siglas en inglés).

A pesar de que el país mejoró de 42 a 44 puntos sobre 100 entre la edición de 2021 y la de 2023, el cambio resulta insignificante, particularmente cuando se analiza el indicador de fortaleza de las instituciones encargadas de vigilar la ejecución del Presupuesto y la participación ciudadana en el proceso presupuestario.

La encuesta realizada cada dos años, pone a Nicaragua sólo por encima de Trinidad y Tobago (38), El Salvador (24), Bolivia (11) y Venezuela (0).

Además, en todos los indicadores Nicaragua obtuvo calificaciones menores a la media global de 51 puntos, pero también a la latinoamericana y del Caribe que es de 49.

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A nivel global la encuesta incluyó a 125 países de los cuales 18 son de Latinoamérica. En esta ocasión como en las anteriores, se invitó a las autoridades nicaragüenses a contestar la encuesta, pero como ya es costumbre no hubo respuesta a la petición.

La Encuesta del Presupuesto Abierto la realiza cada dos años, desde 2006, la International Budget Partnership (IBP, por sus siglas en inglés) o Asociación Presupuestaria Internacional, con el apoyo de una red de organizaciones aliadas.

Régimen Ortega-Murillo estanca fiscalización presupuestaria

Qué mide la encuesta

La OBS mide tres dimensiones del proceso presupuestario: disponibilidad de la información presupuestaria para el público; oportunidades de participación ciudadana en el ciclo presupuestario y las políticas públicas; y supervisión de las instituciones que deben vigilar el proceso del presupuesto.

“Lo que pasó en esta ronda de la encuesta es que Nicaragua subió dos puntos en la Transparencia Presupuestaria, de 42 a 44. Esto se debe a la producción y publicación por primera vez del Presupuesto Ciudadano -Presupuesto del Pueblo Presidente es el nombre del documento- que básicamente es un resumen de la propuesta presupuestaria para los ciudadanos, para facilitar el acceso a la información, y es un documento más sencillo”, explica Alexandre Ciconello, oficial de programa del IBP.

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Los 44 puntos que Nicaragua obtuvo en el Índice de Transparencia la ubicaron en el puesto 14 del grupo de 18 países latinoamericanos liderado por México y Brasil empatados con 80 puntos.

El puntaje promedio de Transparencia Presupuestaria a nivel global se redujo en 1 punto, pasó de 52 en la OBS de 2021 a 51 en la de 2023; es decir que Nicaragua está 7 puntos por debajo de la media, esto impide un adecuado seguimiento del gasto público.

Leonardo Labarca, investigador de Expediente Abierto, detalla que los ocho documentos del Presupuesto que deberían presentarse son: el Presupuesto preliminar; la propuesta inicial; el Presupuesto ciudadano; el aprobado; informes periódicos de ejecución; un análisis exhaustivo de ejecución de medio año; el informe anual de ejecución; y las auditorías.

Pero el documento preliminar, el Presupuesto ciudadano y el informe de medio año, no se publican y en 2023 tampoco publicaron las auditorias.

Desde hace más de una década Nicaragua está estancada en el rango de los 40 puntos, no mejora, pero tampoco empeora demasiado como ha ocurrido con otros países, entre ellos El Salvador que en las últimas tres encuestas perdió alrededor de 30 puntos.

Credibilidad de datos públicos

El economista y exdiputado Enrique Sáenz indicó a Expediente Público que se debe considerar que este tipo de encuesta es útil, pero no se debe perder de vista que se realizan a partir del chequeo de listas.

Es decir, se quedan en la parte formal, ya que toman en cuenta si existe una ley, si se publica un documento, pero no escudriñan en lo que dice el documento ni en su origen.

Entonces en una democracia pueden retratar la realidad, pero en una dictadura que es el caso de Nicaragua, hay que tomar en cuenta que lo que se publica no es necesariamente la realidad, dijo el exdiputado.

Según Labarca, la publicación del Presupuesto Ciudadano siempre ha sido parte de las recomendaciones de la encuesta a Nicaragua, pero se desconoce qué motivó su publicación en 2023.

El investigador no descarta que haya sido un compromiso del régimen con algún organismo, porque en el proceso presupuestario de 2024 nuevamente, no se incluyó este documento.

Los bajos niveles de transparencia impiden hacer un seguimiento adecuado del manejo del gasto público. Además, Labarca considera que en el actual contexto de Nicaragua, donde es imposible hacer una crítica al Gobierno para que se realicen las modificaciones necesarias, el tema de la transparencia “desgraciadamente se ha vuelto irrelevante”.

La calificación está estancada desde hace una década en la que no puso en alerta a los organismos multilaterales ni frenó el flujo de recursos a los que el país accedió, dijo.

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Transparencia: más que un trámite o requisito

El economista y exreo político desterrado Juan Sebastián Chamorro asegura que existe evidencia bastante clara que demuestra que en países donde existen grados más altos de transparencia, hay mejores y más obras públicas y mejor ejecución del Presupuesto y utilización de los recursos para resolver los problemas de la población.

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El bajo nivel de transparencia tiene implicaciones económicas fuertes.

“No hemos ni siquiera tocado el tema de la corrupción que obviamente en el régimen Ortega Murillo se debe considerar”, agregó.

“Estos elementos de transparencia en la formulación, ejecución, liquidación del presupuesto cada año y de seguimiento a estas obras públicas, sirven precisamente para que la transparencia no quede en entredicho”, sostuvo Chamorro.

Estas obras deben servir a la comunidad y deben ser construidas e implementadas por contratistas públicos, “que den la cara frente a investigaciones, que deben de ocurrir en toda democracia, pero obviamente este no es el caso de Nicaragua”.

Además, Chamorro aseguró que los informes de ejecución del Presupuesto podrían tener más detalles, ya que a través del Sistema Integrado de Gestión Administrativa y Financiera (SIGAF) se cuenta con la información de cada centavo ejecutado, devengado y liquidado en el Presupuesto, sin embargo, no existe voluntad política de transparentar el gasto público.

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Por su parte, Saénz advirtió que en el largo plazo cuando se restablezca la democracia en el Nicaragua, la transparencia debe ser parte del proceso de cambio y una bandera fundamental en la formación de la ciudadanía, de las organizaciones civiles y políticas para que la gestión pública e incluso la privada sea escrutable, ya que eso frena la corrupción.

Por eso, considera que no es casualidad que ante los bajos niveles de transparencia que caracteriza actualmente al Presupuesto General de la República, Transparencia Internacional haya colocado a la dictadura Ortega Murillo en la cola del ranking en dicha materia.

“Es bastante decir que encabeza la lista, pero entre los peores en Centroamérica y que a nivel de América Latina se encuentre entre los tres peores calificados junto con Venezuela y además en la cola del ranking a nivel mundial. Esto tiene distintas consecuencias en primer lugar tiene consecuencias en los derechos económicos y sociales de la población”, concluyó Sáenz.