*Los proyectos de presupuesto del Gobierno central “no necesariamente refleja la planificación que espera ejecutar el Estado”, señala la encuesta de Presupuesto Abierto 2021.
**Economista sénior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Ricardo Castaneda, analiza cómo, al no existir separación de poderes, el Gobierno se salta los controles que permiten asegurar el buen uso de los impuestos que pagan los ciudadanos.
Expediente Público
Nicaragua sigue mostrando graves debilidades en materia de vigilancia presupuestaria, dado que los sistemas de rendición de cuentas del Gobierno central son débiles y no generan confianza, además que los entes encargados de fiscalización, como son la Asamblea Nacional y la Contraloría General de la República, no cumplen su rol, reveló la octava Encuesta de Presupuesto Abierto 2021 (OBS, por sus siglas en inglés) del International Budget Partnership (IBP).
La encuesta de Presupuesto Abierto es la única evaluación comparativa independiente y periódica del mundo en la que se miden los tres pilares de la rendición de cuentas presupuestaria: transparencia, vigilancia y participación pública en los presupuestos públicos.
La sólida supervisión legislativa y de auditoría del presupuesto se traduce en una «mejor gestión de los fondos públicos y una mejor prestación de servicios», reafirma IBP.
La mejor calificación obtenida por Nicaragua en la octava edición, presentada el 31 de mayo, fue en el pilar de la vigilancia presupuestaria, donde recibió una calificación de 59 puntos, similar a la de 2019, pero el puntaje sigue mostrando un nivel de control aún “limitado” sobre el gasto público.
La OBS analiza el papel que las legislaturas y las entidades de fiscalización superior (EFS) juegan en el proceso presupuestario y el grado en que proporcionan supervisión al gasto fiscal. Las EFS «protegen el interés público» determinando si el presupuesto, decisiones propuestas por el ejecutivo y aprobadas por la legislatura se implementan según lo previsto y entregan resultados, señala IBP.
«Los ejecutivos deben responder a la auditoría recomendaciones de manera adecuada y oportuna», señala la OBS.
De forma individual, en el caso nicaragüense, evalúa la vigilancia que ejerce la Asamblea Nacional y la Contraloría General de la República (CGR).
La Contraloría, que es la entidad encargada de esa vigilancia de auditoría, obtuvo un puntaje de 50 sobre 100, menor que los 56 puntos alcanzados en la encuesta de 2019, por lo que la OBS recomendó reforzar la independencia y mejorar la vigilancia de la auditoría.
En ese contexto, la Contraloría es la encargada de realizar auditorías para evaluar si las cuentas son precisas y confiables. En ese sentido, la OBS evalúa si los países tienen una marco institucional para las EFS que les proporciona la independencia y los recursos necesarios para una adecuada vigilancia.
Según la OBS, la Contraloría en Nicaragua presenta una revisión anual de los gastos públicos. Sin embargo, la misma se limita a una “validación documental” de que los gastos hayan sido realizados y estén documentados conforme a los estándares establecidos, pero no implican una “verificación de los resultados obtenidos”.
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Esos resultados tampoco establecen que las obras físicas realizadas con el presupuesto existan o hayan sido desarrolladas apropiadamente, ni tampoco incluyen recomendaciones sobre la efectividad de los recursos utilizados.
Contraloría obvia mayor control del presupuesto
La revisión de la Contraloría, además de que no muestra “concordancia con el bienestar del pueblo nicaragüense, no son un medio contundente para garantizar que en el futuro mejorará el uso de los recursos del Estado”, establece la encuesta.
La encuesta también revela que el presupuesto publicado por las autoridades nicaragüenses “contiene cifras que distan mucho del valor real de la ejecución”.
Los resultados muestran que la Asamblea Nacional, el otro órgano encargado de la vigilancia, obtuvo tres puntos más en comparación a la encuesta 2019, anotando 64 sobre 100, es decir su labor es “adecuada”.
Una investigación periodística de Expediente Público reveló en el año 2020 que a partir del pacto Ortega-Alemán la Controlaría quedó profundamente condicionada y limitada para garantizar la transparencia del Estado en el manejo de los recursos públicos.
La última investigación que la CGR dirigió con ahínco fue en contra del exalcalde del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de Mulukukú, Apolonio Fargas. En septiembre de 2019 la institución ordenó ejecutar auditorías financieras de la administración Fargas correspondientes a los años 2010, 2011, 2012 y 2018.
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«La CGR no tiene la independencia y la autonomía de un órgano para controlar a las instancias del Estado. No ha gozado del prestigio de su nombre y tampoco de la credibilidad», dijo en esa oportunidad el abogado Alberto Novoa, exprocurador General de la República.
Según la OBS, el valor de los presupuestos sometidos a aprobación a la Asamblea Nacional en los últimos meses de cada año calendario, regularmente “subestima el valor efectivo, tanto de los ingresos esperados para financiar el aparato público, como la utilización total de los mismos en el siguiente ejercicio fiscal”.
Leonardo Labarca, economista e investigador del centro de pensamiento Expediente Abierto, explica que el Legislativo tiene la facultad de “revisar cómo se va ejecutando el presupuesto» en el país centroamericano.
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“De hecho, hay una oficina de seguimiento al gasto público que en teoría debería hacer análisis de la ejecución del gasto público, eso se hace, pero no se publica en Nicaragua. No hay evidencia también de que se haga una revisión a los informes de auditoría, por ejemplo, y esa es una labor que tendría que hacer la legislatura”, mencionó Labarca.
Fallas del Legislativo sobre el presupuesto
Nicaragua es uno de los países de la región que requiere que el órgano legislativo cumpla con los procesos y mecanismos de vigilancia presupuestaria que legalmente existen, y sus resultados sean dados a conocer de manera “oportuna y pertinente”, refiere la encuesta.
Para mejorar la vigilancia, un comité legislativo debe examinar, tanto la implementación del presupuesto durante el año como el informe de auditoría. En ambas recomendaciones se deben publicar los informes con sus hallazgos en línea, señala la OBS.
En el proceso presupuestario, las legislaturas aprueban planes para recaudar ingresos y gastar fondos públicos.
El legislativo, en Nicaragua como otros países de la región, también debe monitorear la implementación del presupuesto y reforzar el trabajo de las instituciones de auditoría revisando informes de auditoría y el seguimiento del progreso del ejecutivo en implementar las recomendaciones de auditoría.
De manera general, la encuesta indica que la evidencia recopilada en los países indica que la pandemia de la Covid-19 fue «responsable de una supervisión legislativa más débil».
«La debilidad en la supervisión legislativa también refleja acciones tomadas por el ejecutivo que efectivamente restringen el poder de las legislaturas», revela la encuesta.
Como en rondas anteriores de la encuesta, las legislaturas «mostraron más compromiso» durante la fase de aprobación del proceso presupuestario que durante la ejecución y auditoría, señala el documento de IBP.
Estado debe mejorar condiciones de vida de la población
En países como Nicaragua, donde no hay separación de poderes, suele suceder que el Gobierno se salta los controles que permiten asegurar el buen uso de los impuestos que pagan los ciudadanos, explicó a Expediente Público Ricardo Castaneda, economista sénior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
“Cuando no hay separación de poderes eso se pierde y básicamente lo que se tiene es que el presupuesto depende de unas pocas personas, lo cual genera todavía espacios de mayor opacidad (…) El Congreso puede exigirles información a los ministros del por qué están ejecutando, interpelarlos y ser mucho más acuciosos al momento que aprueban el presupuesto”, señaló Castaneda.
El informe de auditoría debería de incluir un resumen ejecutivo del documento y una auditoría de los fondos extrapresupuestarios, sugiere la OBS.
“Los gobiernos deben utilizar ese dinero para mejorar las condiciones de vida de las personas. Es decir, devolverlo en educación, salud, seguridad y demás. Los gobiernos tienen que rendirnos cuentas para decirnos en qué se han utilizado. Significa que cuando esa transparencia fiscal no se está dando, pues hay una parte del contrato social que no se está cumpliendo”, afirmó Castaneda.
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En Nicaragua, el proyecto de presupuesto “no necesariamente refleja la planificación que espera ejecutar el Estado, ni en materia de ingresos públicos, ni en materia de gasto”, según hallazgos de la evaluación en términos de transparencia.
Si efectivamente existe un proceso de planificación interna sobre el gasto fiscal, el mismo “se mantiene en completa opacidad y reflejaría simplemente una necesidad burocrática interna”, refiere el análisis de la OBS sobre Centroamérica.
