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Salida de Nicaragua de la OEA empeorará condiciones de las víctimas de la represión del régimen sandinista

*Ramón Muñoz Castro, director de la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH) explicó que las víctimas no podrán acceder a los mecanismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

**La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola, insistió que mientras se complete la salida seguirán observando la situación en el país.

***Aunque Nicaragua salga del Sistema Interamericano de Derechos Humanos seguirá con sus obligaciones ante la Organización de Naciones Unidas.

Expediente Público

De completarse la salida de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos (OEA), el país quedaría al margen de las obligaciones en materia de derechos humanos y dejaría a las víctimas nicaragüenses sin la posibilidad de recurrir a las instancias internacionales que conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para buscar la justicia que les ha sido negada por las instituciones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Aunque la salida de Nicaragua no se hará efectiva hasta dentro de dos años, el anuncio que el 19 de noviembre de 2021 hizo el ministro de Relaciones Exteriores, Denis Moncada, es una “mala noticia”, no solo para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), sino especialmente para los nicaragüenses, explicó a Expediente Público el abogado Ramon Muñoz Castro, director de la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), una organización con sede en Ginebra, Suiza.

El director de la RIDH, quien ha dado seguimiento a la situación de Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, señaló que la decisión denota el marcado interés que tiene el gobierno de Ortega y Murillo de “aislarse aún más de la comunidad internacional” y de rechazar los intentos de los diferentes actores tanto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como el Sistema Interamericano (SIDH) que llaman a “dialogar y a mejorar la situación” del país, que vive una profunda crisis sociopolítica desde 2018.

Retiro vergonzoso y peligroso

El SIDH constituye el marco de normas y mecanismos que, en el marco de la OEA, cumple la función de promover y proteger los derechos universales en la región de las Américas, y atiende principalmente a quienes han sufrido alguna violación de derechos humanos.

El SIDH está conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en la ciudad de Washington y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en San José de Costa Rica, instancias que han dado seguimiento a las víctimas del régimen nicaragüense.

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“Eso va a tener implicaciones sobre la gente en Nicaragua, es decir, las personas en Nicaragua que sean víctimas de violaciones de derechos humanos (…) Llegar al punto de retirarse es vergonzoso y es extraño, es muy raro digamos. Esto solo había pasado en el caso de Venezuela”, dijo Muñoz Castro.

Las víctimas de la violencia estatal y paramilitar han contado hasta ahora con los recursos de los mecanismos que el Sistema Interamericano pone a su disposición a través de la CIDH y la Corte IDH para que “se garanticen sus derechos y se declare la violación”. Es la vía para que obtengan “las reparaciones y las indemnizaciones” necesarias.

«A partir del momento en que efectivamente salga Nicaragua (de la OEA) estas personas no van a tener ya más esa opción por el tiempo en que Nicaragua dure por fuera de la OEA”, enfatizó Muñoz Castro.

Según la CIDH, la represión como política de Estado del régimen sandinista ha causado 355 muertes, más de 2,000 heridos, más de 200 presos políticos, más de 1,000 detenciones arbitrarias y el exilio de más de 108,000 personas desde abril de 2018.

“Es fatal, no van a poder presentar quejas individuales los nicaragüenses, la Comisión, por ejemplo, no va a poder decretar medidas cautelares de protección para las personas como ha venido haciéndolo. Llega un momento en que ni siquiera el monitoreo de las obligaciones internacionales derivadas de la Carta y de la Convención se van a poder hacer, porque pues ya no van a ser miembros, entonces sí es preocupante para Nicaragua”, insistió Muñoz Castro.

Entre mayo y noviembre con la intensificación de la represión el régimen detuvo a 43 personas que se suman a la lista de los más de 130 presos políticos en el país.

El exembajador de Nicaragua ante la OEA en los años ochenta, Edgard Parrales; la joven universitaria Samantha Jirón; la defensora de derechos humanos Evelyn Pinto y Nidia Barbosa, integrante de la Alianza Cívica fueron las últimas personas capturadas por los operadores del régimen.

Denuncias pendientes siguen su curso

El 24 de junio de 2018 la CIDH instaló en el país centroamericano el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) con el fin de monitorear en terreno la situación de los derechos humanos, sin embargo, el mismo fue suspendido por el Estado de Nicaragua el 19 de diciembre de ese mismo año.

Desde entonces, la CIDH a través del Meseni ha dado seguimiento a la situación en el país, pero lo hace desde el exterior.

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Durante el 2021, la CIDH emitió 32 medidas cautelares que su mayoría fueron otorgadas a defensoras, líderes de opinión y/o opositoras al gobierno, líderes y lideresas de movimientos sociales, periodistas, mujeres defensoras y personas precandidatas presidenciales.

La Corte IDH también ha atendido las denuncias de las víctimas del Estado nicaragüense.

El 22 de noviembre de 2021, la Corte IDH declaró en “desacato” al Estado de Nicaragua por negarse a cumplir con las medidas provisionales de ese tribunal a favor de 21 personas presas políticas.

La Corte IDH advirtió que someterá a consideración de la Asamblea General de la OEA la decisión de este país.

“No hay ninguna voluntad de cumplir con lo ordenado por la Corte, constituye un acto de evidente desacato de las decisiones de esta Corte”, concluyó el tribunal en la resolución.

El director de RIDH explicó que las denuncias recibidas previo a la decisión de Nicaragua de abandonar la OEA seguirán su curso.

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“No es inmediato el efecto sobre las personas, porque todas las violaciones y todos los casos que pudieran llegar al Sistema Interamericano, Comisión y Corte, que son anteriores al retiro de Nicaragua del Sistema, todavía pueden ser asumidos y estudiadas las quejas individuales, pueden ser estudiadas por el Sistema Interamericano, pues los mecanismos del Sistema Interamericano conservan competencia para asumir el estudio de esos casos”, mencionó Muñoz Castro.

Nicaragua deberá cumplir obligaciones

La CIDH lamentó la decisión del Estado de Nicaragua que denunció la Carta de la OEA por los efectos que eso tendrá para el pueblo nicaragüense y para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, principalmente en un contexto de graves violaciones que son persistentes en el país.

El régimen orteguista denunció la Carta de la OEA conforme el artículo 143, que da inicio al retiro definitivo y renuncia de Nicaragua de esta organización.

El artículo 143, sin embargo, establece un periodo de dos años a partir de la fecha en que la Secretaría General recibe la notificación de denuncia, para que el Estado cumpla con las obligaciones emanadas de la misma antes de ser desligado de la organización.

“Mientras dure este este proceso de transición, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sigue teniendo plena competencia tal como la ha tenido todos estos años y vamos a continuar monitoreando la situación, recibiendo medidas cautelares. Vamos a continuar con el sistema de peticiones y casos, con los comunicados de prensa, los informes temáticos. Nada de aquello va a cambiar dentro de los próximos dos años”, explicó a Expediente Público Antonia Urrejola, presidente de la CIDH.

Si la denuncia se hace efectiva al término de dos años y el Estado de Nicaragua sale de la OEA, “sigue teniendo obligaciones internacionales respecto a aquellos tratados que ha ratificado”, uno de ellos los del Sistema de Naciones Unidas y los del Sistema Interamericano con los cuales la Comisión tiene competencia como la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención contra la tortura.

“En esos tratados internacionales ratificados por Nicaragua que hacen alusión a la labor de la Comisión, la Comisión va a seguir teniendo competencia independientemente de que (Nicaragua) sea o no sea miembro de la de la OEA”, aclaró Urrejola quien termina su mandato dentro del organismo el 31 de diciembre de 2021, debido a que no fue reelegida para un nuevo periodo.

CIDH llama al diálogo

El embajador Josué Fiallo, presidente del Consejo Permanente de la OEA, convocó a las delegaciones a una sesión extraordinaria virtual del Consejo Permanente a realizarse este 29 de noviembre para realizar una evaluación colectiva inmediata de la situación en Nicaragua de conformidad con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana.

Lo anterior, según el presidente del Consejo Permanente, se realizará en atención al mandato de la resolución “La situación en Nicaragua” que fue adoptada durante el quincuagésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA el pasado 12 de noviembre.

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La convocatoria se hizo a solicitud de las misiones permanentes de Chile y Canadá. Durante la sesión extraordinaria los países escucharán las presentaciones que realizarán la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet; el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y la presidenta de la CIDH.

De previo la CIDH hizo un llamado al Estado de Nicaragua a reconsiderar su decisión y llamó a los Estados miembros de la OEA a entablar un “diálogo genuino y de buena fe” y conforme con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

“En los siguientes dos años la Comisión Interamericana va a seguir ejerciendo plenamente su mandato de acuerdo como la estaba haciendo los años pasados y esperamos que los Estados miembros de la OEA junto al Estado de Nicaragua logren un espacio conversación para evitar que finalmente se haga efectiva la salida de Nicaragua de la OEA”, agregó Urrejola.

Sandinistas entierran los derechos humanos

El SIDH se fundamenta en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, adoptada en 1948, la Carta de la OEA y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, vigente desde 1978.

La Convención Americana protege el derecho a la igualdad, a la integridad personal, las garantías judiciales, de pensamiento y de expresión, de reunión y de asociación, entre otros que son también reconocidos.

La mayoría de estos derechos han sido conculcados por el régimen sandinista en Nicaragua.

Según el director de RIDH Nicaragua corre el riesgo que antes de que se cumpla el periodo de dos años el país sea expulsado de la OEA al aplicársele la Carta Democrática Interamericana.

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«Puede ser que haya una votación y se suspenda a Nicaragua de la OEA, en un momento determinado se aplique la Carta, vamos a ver si se consiguen los votos necesarios son 24 los que necesitan, pero Nicaragua está jugando tal vez a que no se consiguen los 24 votos necesarios para hacerlo. De todas maneras, es muy grave lo que está haciendo Nicaragua, porque es darle la espalda a todo el sistema de protección regional de los derechos humanos”, enfatizó Muñoz Castro.

El gobierno de Ortega con su política “antiimperialista” tacha al SIDH de servir a Estados Unidos.

Para Haydée Castillo, socióloga nicaragüense y defensora de derechos humanos que se vio obligada a exiliarse a raíz de la crisis sociopolítica, el régimen denunció la Carta de la OEA para evadir las conclusiones a las que ha llegado la CIDH a través de sus informes.

“A través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que es un órgano independiente, pero también de la OEA se le han hecho todos los señalamientos de sus violaciones a derechos humanos y se han documentado (…) Ellos saben que son ese organismo importantísimo donde están las pruebas, la documentación, la calificación de que cometieron crímenes de lesa humanidad y por tanto ellos quieren sacudirse de todo esto”, enfatizó Castillo.

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El 26 de noviembre de 2021 el Consejo Supremo Electoral (CSE) hizo la proclamación definitiva de electos de lo que fue considerado una “farsa electoral” por casi 40 países del mundo.

“Se declaran electos de manera definitiva como residente y vicepresidenta de la república de Nicaragua a los ciudadanos electos, José Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo Zambrana”, dice el comunicado del CSE.

Castillo recordó que “aunque ha tomado su tiempo” la OEA finalmente reconoció que las elecciones del pasado 7 de noviembre “no son legítimas”.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) señaló que la declaración del CSE reafirma “la continuidad de usurpación del poder y evidencia las migajas que el régimen ORMU repartió a sus aliados”.

Después que Guillermo Osorno, presidente del partido Camino Cristiano Nicaragüense, denunció “fraude” en las votaciones del 7 de noviembre, el CSE automáticamente retiró la única diputación que había logrado para ocupar en la Asamblea Nacional.

De Naciones Unidas no se pueden retirar

El director de RIDH recordó que Nicaragua forma parte del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el cual no puede evadir como pretende hacerlo con el SIDH.

La RIDH junto a otras organizaciones defensoras de derechos humanos que conforman una coalición están demandado a la ONU se cree un mecanismo de “rendición de cuentas”, para que se hagan investigaciones y se recopile información sobre Nicaragua para documentar todas las violaciones, incluidos posibles delitos de lesa humanidad.

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