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Transferencias municipales: Otra forma de control político a las alcaldías opositoras en Nicaragua

*Alcaldes de Ciudadanos por la Libertad y PLC confirmaron a Expediente Público que debido a los recortes presupuestarios se vieron limitados para ejecutar proyectos.

**A las alcaldías del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) les corresponde el 95.7% del pastel presupuestario 2022, y solo el 4.3% es para la oposición.

**El economista Enrique Sáenz afirma que la reducción en las transferencias municipales es parte del “control político” que ejerce el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.


Expediente Público

Este año, el presupuesto asignado a las 135 alcaldías del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo aumentó 10% en comparación a 2021. Sin embargo, los 18 gobiernos municipales de la oposición continúan siendo castigados y se les entregará menos dinero del Presupuesto General de la República, de lo que en base a la Ley de Transferencias Presupuestarias a los municipios de Nicaragua (Ley 466) les corresponde recibir, según un análisis de Expediente Público.

A mediados de mayo de 2022 algunas municipalidades todavía no recibían ni un centavo de la asignación presupuestaria correspondiente a 2022, constató Expediente Público. Es el caso de la alcaldía de San Sebastián de Yalí, uno de los gobiernos municipales opositores que fue tomado por el sandinismo este 4 de julio.

Está contemplado en el presupuesto 2022 que las alcaldías de Ciudadanos por la Libertad (CxL), Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) reciban en su conjunto 146.8 millones de córdobas (US$4.1 millones). Mientras que las municipalidades del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se llevarán 3,249.2 millones de córdobas (US$91.5 millones) del pastel presupuestario de este año.

FSLN se premia

Las alcaldías sandinistas llevan este año 10% más en comparación a 2021 cuando las 135 alcaldías recibieron 2,957.6 millones de córdobas (US$84.5 millones), es decir el 95.9% de los fondos presupuestados.

La alcaldía de San Sebastián de Yalí, que hasta este 4 de julio ocupaba el partido CxL, es uno de los gobiernos locales de la oposición que enfrentó dificultades a lo largo del periodo por la reducción en las transferencias.

En el Presupuesto General de la República 2022 se proyecta una asignación de 7.6 millones de córdobas (US$216,787) para esa municipalidad, pero a mediados de mayo todavía no había recibido ningún desembolso, confirmó Lenin Vladimir Trujillo, secretario del Consejo Municipal.

“Por ser una alcaldía opositora, realmente por eso es que nos han disminuido el presupuesto acá en Yalí (…) La mayoría de la población sabe lo que sucede, sabe lo que está pasando, saben que a la alcaldía no nos dan las transferencias, no tenemos dinero y no podemos ejecutar proyectos”, señaló Trujillo a Expediente Público previo a que los despojaran de la comuna.

Recibieron alcaldías “endeudadas”

En 2021, las transferencias municipales efectivas a la municipalidad de San Sebastián de Yalí fueron 7.8 millones de córdobas (US$221,995). Al comparar lo proyectado para este año que son 7.6 millones (US$216,787), se comprobó que le disminuyen un 2%, lo que limita la ejecución de programas de desarrollo en ese territorio, una zona que se caracteriza por la producción de café y granos básicos.

“Si uno llega a una comunidad y le decimos te vamos a apoyar, pero ayúdanos con un 50 por ciento, perfectamente, no nos dice no. Como tienen su cosecha de café, granos básicos, entre todos aportan un poquito (…) Con la demanda de la población nosotros vamos valorando y vemos qué podemos hacer primero”, comentó Trujillo.

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Como ocurrió en otros municipios opositores, el alcalde de San Sebastián de Yalí, Noel Moreno Talavera, recibió en 2018 una alcaldía “endeudada”. Fue heredada de la administración sandinista de Noel Rugama Dávila (2013-2017) y ascendía a 3.4 millones de córdobas (US$97,142), según el secretario de la comuna.

“Era un proyecto de adoquinado de aproximadamente unos dos kilómetros, esa fue una deuda que nosotros la recibimos y la tuvimos que pagar”, dijo Trujillo.

Castigo parejo

Ciudadanos por la Libertad, partido que perdió en 2021 su personería jurídica, controlaba oficialmente seis municipios, según resultados de las elecciones de 2017: San Sebastián de Yalí, El Cuá, Santa María de Pantasma, Murra, El Almendro y San Pedro de Lóvago, las cinco primeras fueron tomadas ilegítimamente por el FSLN en julio del 2022.

El análisis de Expediente Público sobre las transferencias municipales revela que, en los primeros cuatro años de gestión, es decir entre 2018 y 2021, a las alcaldías que gobierna CxL se les redujo las transferencias de recursos en 67.49%.

Mientras que la disminución presupuestaria en las alcaldías del PLC en ese mismo periodo fue de 74.10%, según el análisis.

Eso significa que los 11 alcaldes liberales que en 2018 recibieron 290.4 millones de córdobas (US$8.1 millones), en 2021 apenas recibieron 75.2 millones (US$2.1 millones).

Población obligada a asumir más gastos

El PLC gobierna en los municipios de Camoapa, San José de los Remates, Muelle de los Bueyes, Santo Domingo, La Trinidad, Ciudad Antigua, Mulukukú, Bocana de Paiwás, El Tortuguero, La Cruz de Río Grande y Wiwili de Jinotega.

Gretchen Martínez, alcaldesa del PLC en Camoapa, municipio del departamento de Boaco, ubicado en el centro del país, afirma que debido a los recortes presupuestarios en las transferencias municipales la población se puso a “trabajar de la mano” con su administración.

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“En las comunidades rurales donde necesitaban reparación de caminos se conformaban juntas directivas por parte de los productores o habitantes de las comunidades y recaudaban equis cantidad de fondos, entonces, nosotros poníamos el módulo (pequeños tramos de camino), que es un módulo de carreteras que no está en buenas condiciones y ellos ponían el combustible, los lubricantes y así hemos logrado avanzar”, explicó Martínez.  

Pese a las limitaciones económicas destaca la construcción del puente sobre el río Siquia, una obra que se hizo de manera tripartita entre su administración, la alcaldía liberal de Bocana de Paiwás y los productores de la zona que necesitan proyectos de este tipo para sacar sus cosechas.  

Alcaldes opositores relegados en todo

Para Martínez, los primeros tres años de su gestión fueron de mucha dificultad por la falta de recursos y la indiferencia con la que eran tratados en los ministerios gubernamentales donde ni siquiera los dejaban pasar de la recepción.  

“Hay un refrán que dice al entendido con seña y a veces yo digo para qué buscar información que no nos van a dar. Yo asumí en algún momento, porque siendo honestos 2018 marcó un antes y un después, que con todo lo acaecido en 2018 esa era una de las razones por la cual se redujeron y yo me mantuve al margen por mi investidura y de todas formas nos aplicaron (la reducción)”, manifestó Martínez. 

En 2022, está presupuestada una transferencia de 8.3 millones de córdobas (US$234,192) para la comuna de Camoapa, que en comparación a 2021 cuando le fueron transferidos 8.7 millones de córdobas (US$245, 996), significa una reducción del 5%.

En 2017, la alcaldía sandinista en ese municipio recibió 36.8 millones de córdobas (US$1.2 millones).

La única alcaldía del partido ALN está en San Francisco de Cuapa, en el departamento de Chontales, y sufrió una reducción del 63.64% en sus transferencias presupuestarias en el período de cuatro años. Expediente Público solicitó entrevista con la dirigencia de ALN pero se negaron a darla.

Parte del control político

El Estado está obligado “a destinar un porcentaje suficiente del Presupuesto General de la República a los municipios del país, el que se distribuirá priorizando a los municipios con menos capacidad de ingreso”, según la Ley de Transferencias Presupuestarias a los municipios de Nicaragua.

La legislación establece que a las alcaldías del país les corresponde el 10 % de los ingresos tributarios obtenidos en el Presupuesto General de la República. Pero desde el 2019, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público decidió solo repartirles el 4 %.

El economista Enrique Sáenz, explicó que la disminución en las transferencias es parte del “control político” que ejerce el régimen orteguista en contra de la oposición en el país y que va en contra de lo establecido en la ley.

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“Ortega actuando en contra de una ley, que ellos mismos cuando estaban en la oposición contribuyeron a promover, cercenó del 10 por ciento al cuatro por ciento el presupuesto general asignado a las alcaldías. Parte del control político se expresa precisamente en que la gran mayoría de alcaldías que están controladas por Ortega no dijeron ni ¡ay! con este cercenamiento que se ha repetido en los últimos años”, señaló Sáenz.

Crecimiento no se refleja en transferencias

Lo que Sáenz llama una “aberración” es mayor cuando los representantes de las entidades económicas del Gobierno central sostienen que la economía nicaragüense creció 10.3% en el año 2021.

“Proclaman que las recaudaciones crecieron de manera espectacular y, sin embargo, en el 2021, y en 2022, les vuelven a cercenar a las alcaldías, aunque sea las alcaldías controladas por Ortega, les vuelven a asignar el 4%”, manifestó el economista.

El alcalde electo de Santa María de Pantasma, Oscar Gadea, antes de ser despojado de la comuna, contó a Expediente Público que el impacto en la reducción de las transferencias se sintió desde el primer año de gestión municipal.

“Eso nos ha bloqueado bastante los proyectos (…) Siempre hay excusas y cuando argumentas por qué hay otras alcaldías que no son opositoras reciben el triple o una cantidad bastante abultada en comparación a nosotros, no nos saben dar una explicación, sino que son problemas por lo que se dio en el 2018 y esas son las afectaciones”, mencionó Gadea.

En 2018, a la alcaldía de Santa María de Pantasma se le transfirieron 31.2 millones de córdobas (US$1 millón), pero en el segundo año el golpe presupuestario fue mayor, ya que en 2019 apenas recibieron 6.6 millones de córdobas (US$206,070).

Para Sáenz, la estrategia del régimen también es parte del control que quieren ejercer sobre el derecho que tiene la ciudadanía de elegir libremente.

“Es parte del proyecto político global de control de cercenamiento de derechos ciudadanos, derecho a elegir, derecho de representación, que los representantes electos no puedan ejercer a cabalidad la función para la que fueron electos y este afán de aplastar cualquier tipo de autonomía municipal”, puntualizó Sáenz.

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