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Unión Europea condena autoritarismo en Nicaragua y Daniel Ortega responde que mantendrá en prisión a presos políticos

* Este 14 de diciembre eurodiputados abordaron la nueva propuesta de resolución sobre la situación de Nicaragua en la que votarían este próximo jueves por sanciones a Daniel Ortega por «ser el único responsable de la situación en el país».

** El Parlamento Europeo condena la instalación del autoritarismo de en Nicaragua y persiste en su demanda de la liberación de los más de 170 nicaragüenses presos políticos, mientras Ortega desde Cuba advirtió que los mantendrá en prisión.

** Organización de las Naciones Unidas continúa desconociendo los comicios del 7 de noviembre y expuso este martes la situación permanente de violación derechos civiles y políticos en Nicaragua.


Expediente Público

La condena a la violencia y represión sistemática a líderes de la oposición y a la «pantomima electoral» orquestada por el régimen Ortega-Murillo, el llamamiento a favor de la liberación inmediata e incondicional de los más de 170 presos políticos, y la insistencia en un diálogo nacional como única solución a la profunda crisis sociopolítica en este país centroamericano, están dentro de la nueva propuesta de resolución sobre la situación de Nicaragua abordada por el Parlamento Europeo este martes 14 de diciembre.

La aplicación de sanciones a personas implicadas en la represión y el llamado del retorno al país centroamericano de los organismos internacionales de derechos humanos, seguirán siendo parte las acciones en apoyo al pueblo de Nicaragua, aseguró el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borell, durante su intervención.

Desde ahí acusó a la pareja presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo de utilizar «la violencia y represión contra su pueblo».

«Han acaparado ilegitimamente el poder en Nicaragua por sus intereses personales y los de una estrecha nomenclatura», añadió Borell.

Ortega reta

Sin embargo, Daniel Ortega se presentó este martes a la XX Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) que se realiza en Cuba, primer país al que viaja en el contexto de la pandemia de la Covid-19, y desde allá le advirtió a Estados Unidos y Europa que mantendrá a los líderes opositores en las cárceles.

“Existe en Nicaragua un sistema judicial, existen leyes y no podemos ahora que porque los yanquis lo dicen, que porque los europeos lo dicen”, dijo Ortega sobre dejar libres a los opositores a quienes llama “terroristas”.

Según Ortega, todo «el cuento» que financiaban organismos no gubernamentales ha sido «descubierto» y existen expedientes en manos del poder judicial, «que serán revelados en algún momento a la fiscalía».

Entre los presos políticos están siete que aspiraban a ser candidatos a la presidencia por la oposición: Cristiana Chamorro Barrios, Medardo Mairena, Arturo Cruz, Miguel Mora, Noel Vidaurre, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro a quienes detuvieron hace seis meses y les acusan entre otros delitos de «traición a la patria».

Victoria Cárdenas y Berta Valle, esposas de esposas de Chamorro y Maradiaga, también fueron acusadas por la fiscalía por los mismos delitos solo por denunciar en foros internacionales la detención ilegal y las condiciones de torturas que aseguran sufren los presos políticos en Nicaragua. Ambas están en el exilio.

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Nueva resolución: Nuevas sanciones

Esta no es la primera vez que los eurodiputados piden sanciones específicas para Daniel Ortega, por «ser el único responsable de la situación en el país» desde las protestas sociales de abril de 2018, que fueron reprimidas por el Estado.

El 9 de julio de este año (2021) la Eurocámara aprobó una resolución con una mayoría de 629 votos de 705 diputados, en la que pedía a los países miembros establecer sanciones contra el propio presidente Ortega y su círculo íntimo. Ya han sancionado a más de diez funcionarios sandinistas, entre ellos la vicepresidenta Rosario Murillo.

Por otra parte, los eurodiputados desde la propuesta de resolución, repudian la creciente persecución y ataque contra el periodismo y la libertad de prensa, así como la «privación al pueblo de Nicaragua de sus derechos civiles y políticos y de su libertad de expresión, asociación y reunión pacífica».

Además señalan cómo el régimen ha cancelado la personería jurídica de numerosas organizaciones de la sociedad civil, violando el respeto a sus compromisos en materia de derechos humanos y libertades fundamentales como lo respalda la Constitución Política del país, la Carta Democrática Interamericana y los pactos internacionales de los que Nicaragua forma parte.

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Ortega, en rechazo, no solo se ha expresado mal contra el pueblo nicaragüense, sino también contra la Unión Europea aseguró Borell, y personalmente contra él, lo ha hecho en los «términos más violentos que uno puede imaginar».

«Hemos recibido una respuesta tan absolutamente contraria a las normas internacionales de buena conducta», reiteró el alto representante.

La nueva propuesta de resolución a votarse este próximo jueves 16 de diciembre, considera que el pasado 7 de noviembre el régimen de Ortega orquestó «una pantomina intentando dar la apariencia de un proceso electoral en Nicaragua que no era ni libre ni justo que, en la realidad, era totalmente antidemocrático e ilegítimo».

La oposición y organismos de observación internacional y local han sostenido que Ortega, desde el año 2007 se mantiene en el poder a través de elecciones fraudulentas y con represión.

La resolución dice que no reconoce ni reconocerá a ninguna autoridad institucional que surja de la votación manipulada del pasado 7 de noviembre en Nicaragua.

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ONU expone arbitrariedades de comicios

Este martes también se realizó la actualización de la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, (OACNUDH) donde se expuso la situación «decadente» de derechos civiles y políticos en Nicaragua, particularmente bajo el contexto electoral.

«Esto tuvo como consecuencia la exclusión arbitraria de muchos nicaragüenses que no pudieron participar en las elecciones, especialmente aquellos que tienen opiniones diferentes», denunció la alta comisionada adjunta, Al-Nashif.

El proceso electoral en Nicaragua que se llevó cabo el pasado 7 de noviembre no ha tenido un reconocimiento nacional e internacional, salvo de regímenes aliados como Cuba, Rusia, Venezuela y Bolivia.

Los comicios orquestados por el régimen Ortega-Murillo estuvieron lleno de irregularidades y estrategias políticas que favorecieran su reelección sin mayores contratiempos, negando derechos a la oposición dentro del país e impidiendo la observación de la comunidad internacional, relató la alta comisionada adjunta.

Ella enfatizó el registro por parte de la OACNUDH de 39 detenciones arbitrarias, donde figuran líderes políticos, periodistas, defensores de derechos humanos, activistas, precandidatos presidenciales, empresarios, entre otros en Nicaragua.

«Ante esto es importante recalcar la instrumentalización de un sistema de justicia para criminalizar a la oposición», reiteró.

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Cívicus degrada más estatus del régimen en Nicaragua

Tras meses de intensa represión, la calificación del espacio cívico de Nicaragua fue rebajada de la categoría represivo a «cerrado», la peor calificación que otorga la organización internacional CIVICUS, porque impera una atmósfera de temor y violencia en la que se encarcela y ataca a las personas habitualmente por ejercer sus derechos cívicos, según lo informó una representante durante la sesión especial de la ONU.

Tanto la liberación de los presos políticos como el trato digno, según los estándares de la ONU, continúan siendo demandados por la comunidad internacional, mientras organizaciones defensoras de derechos humanos en Nicaragua mantienen la campaña navideña de liberación de presos políticos.

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