*El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas reconoce que existen 167 personas presas políticas, de ellas 157 fueron detenidas en el contexto de la crisis sociopolítica de 2018.
**Con la detención de líderes de la oposición el régimen apunta a descabezar a las organizaciones políticas que le adversan y denuncian las violaciones de derechos humanos en el país.
***Abogada y defensora de derechos humanos, Wendy Flores, afirma que este 10 de diciembre le recuerda el compromiso con las víctimas.
Expediente Público
Las 157 personas capturadas en el marco de la crisis sociopolítica sufren interrogatorios constantes, amenazas, aislamiento, malos tratos y torturas, una situación que, junto a las leyes represivas, las ilegítimas elecciones del 7 de noviembre, la censura y las agresiones a la libertad de expresión en este Día de los Derechos Humanos, confirman que en Nicaragua se siguen restringiendo gravemente las libertades fundamentales de asociación, reunión pacífica y expresión de las personas.
A las 157 personas detenidas durante la crisis sociopolítica se agregan 10 que estaban en la cárcel desde antes de 2018, para totalizar 167, según un informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, publicado el 7 de diciembre.
Cada 10 de diciembre se conmemora el día que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948.
En ese contexto, la situación que se vive en Nicaragua es insostenible, afirmó a Expediente Público la abogada y defensora del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Wendy Flores.
“Todos estos detenidos, de alguna forma, han sido sometidos a tortura y tratos crueles (…). Este 10 de diciembre a las defensoras y defensores de derechos humanos nos recuerda que tenemos desafíos de seguir en nuestra labor, pero tampoco queremos que eso implique la vida de los defensores y defensoras, ni de su libertad”, señaló Flores.
El tema del Día de los Derechos Humanos de este año está relacionado con la igualdad, según el artículo 1 de la Declaración Universal que proclama: “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.
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El Mecanismo registró un total de 43 detenciones por “motivaciones políticas” entre el 29 de octubre y el 30 de noviembre de 2021 en 11 de los distintos departamentos del país.
El mayor número de personas detenidas se registró entre el 5 y 7 de noviembre durante el contexto electoral.
Al 30 de noviembre, 28 personas todavía estaban detenidas, reveló el informe del Mecanismo.
La mayoría de estas detenciones se caracterizaron por haberse ejecutado de “forma arbitraria, sin presentar orden de captura ni brindar información a la persona detenida o sus familiares sobre el motivo de la detención”.
Las personas detenidas que se encuentran en el Sistema Penitenciario “La Modelo” son expuestas a castigos en celdas de “máxima seguridad” donde son aislados.
Mientras que las personas encarceladas en el contexto previo a las elecciones del 7 de noviembre del 2021 también son sometidas a violaciones de derechos humanos.
No se les permiten visitas de sus familias, los procesos judiciales están paralizados, no se les da alimentación adecuada, incluso a algunos no se les ha concedido permiso para asistir a funerales de sus familiares.
“¿Qué país es el que tenemos? No es un país democrático, no es un país en el que se esté asegurando la vida, la libertad y seguridad de las y los nicaragüenses. Los funcionarios se han deshumanizados por esta política de gobierno represiva, donde premian a los perpetradores de tortura, de asedios y amenazas”, denunció Flores.
Los datos actualizados por el Mecanismo son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El análisis jurídico “La acusación fiscal, Juzgado Quinto de Adiciencias Circunscripción Managua”, realizado por una experta penalista para Expediente Público, concluye que las “detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas sicológicas son considerados delitos de lesa humanidad tanto en la declaración universal de derechos humanos como el Estatuto de Roma que Nicaragua se ha negado a firmar”.
El Ministerio Público de Nicaragua (fiscalía) “ha formado una acusación e iniciado un proceso penal arbitrario, con prueba ilícita y sin fundamento legal en contra de los ciudadanos acusados”, concluye el análisis, que se basa en el expediente judicial 011964-0RM4-2021PN y el expediente fiscal 1747-240-2021JD.
El Ministerio Público, junto a otras instituciones del Estado, ha sido sancionado por Estados Unidos y otros países por violación de derechos humanos en el contexto de la represión desatada desde abril de 2018.
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Líderes de la oposición presos
En los últimos meses la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo estuvo dirigida, principalmente, contra dirigentes de las plataformas opositoras y sociales del país, quienes fueron detenidos arbitrariamente.
Esto respondió a sacarlos de la contienda electoral de noviembre pasado, desconocida ampliamente por la comunidad internacional.
Los liderazgos territoriales de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) fueron blanco de la cacería desatada por el régimen nicaragüense.
Alexa Zamora, integrante del Consejo Político de la UNAB, explicó a Expediente Público que el “nuevo objetivo del régimen” es acabar con los liderazgos territoriales de las diferentes expresiones organizadas.
Un total de 39 personas del liderazgo de la UNAB fueron detenidas entre mayo y noviembre, pero hay otros presos, cuyos nombres no son públicos debido a que sus familiares no lo autorizan.
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Entre los integrantes más conocidos de la UNAB encarcelados está el aspirante a la presidencia Félix Maradiaga, los exguerrilleros Dora María Téllez y Hugo Torres, las dirigentes Violeta Granera, Tamara Dávila, Suyen Barahona y Ana Margarita Vijil, el exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco, y el politólogo José Antonio Peraza.
El abogado Róger Reyes, la periodista Samantha Jirón y Yader Parajón, del Consejo Político de esta organización, también figuran entre los detenidos.
“Los presos no son monedas de cambio y este patrón del régimen debe cesar (…) Él ha pensado que encarcelando a estas personas va a lograr que la oposición organizada también desaparezca. No vamos a negar que fue un duro golpe operativo, esto fue un duro golpe también a nivel personal estamos hablando de personas con las que compartimos espacios, no ha logrado neutralizar a la oposición”, señaló Zamora.
La integrante del Consejo Político de esta organización reiteró que, debido a la persecución del régimen, los liderazgos territoriales de base en el país se encuentran en especial “situación de vulnerabilidad”.
“La parte que estamos exiliados transmitimos de manera pública las denuncias y amenazas que otros compañeros y miembros de nuestra organización no pueden por un tema de seguridad”, afirmó Zamora.
Los datos en el informe del Mecanismo son recopilados por medio de denuncias en redes sociales, monitoreo de medios, denuncias públicas, de familiares o la ciudadanía en general que interponen en las organizaciones de derechos humanos nacionales.
Subregistro de detenidos
La Alianza Cívica reporta oficialmente a nueve de sus liderazgos detenidos, según lista de la Comisión de Verificación y Seguridad (CVS), de la Alianza Cívica.
Armando Robles, coordinador de la Alianza Cívica en Morrito, Río San Juan, ubicado al Sureste de Nicaragua, fue apresado el 6 de noviembre.
Ese mismo día se reportó la detención de ·Nidia Barboza, representante del bloque opositor en el municipio de Nindirí.
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Los líderes estudiantiles Lesther Alemán Alfaro y Max Jerez Meza; el precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro; José Adán Aguerri, miembro fundador de la Alianza Cívica y el presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Michael Healy y Álvaro José Vargas, respectivamente son los otros liderazgos detenidos entre junio y octubre de 2021.
Un integrante de la Comisión de Verificación de la Alianza Cívica, que prefirió el anonimato para salvaguardar su integridad, señaló a Expediente Público que en la lista actual existe un subregistro de personas presas políticas.
“Hay muchas familias que no dan la autorización para que sus familiares aparezcan en la lista de presos políticos actual, pero siempre se lleva un registro aparte y se le da seguimiento bilateral y no pública”, señaló el integrante de la Alianza Cívica.
Victoria Cárdenas, esposa del exprecandidato presidencial y preso político Juan Sebastián Chamorro, participó en el foro Voces de Presos Políticos, en el marco de la Cumbre por la Democracia, celebrado de forma virtual en Estados Unidos esta semana, en donde denunció que Chamorro lleva seis meses arrestado y que su juicio está detenido ilegalmente.
“Durante muchos días no sabíamos si estaba vivo. Ha estado incomunicado por semanas, todos los días que está en esa celda, temo por su vida”, dijo Cárdenas sobre las condiciones de la detención del exaspirante presidencial, quien fue acusado por la Fiscalía sandinista por el presunto delito de “conspiración para cometer menoscabo de la integridad nacional”, que es penalizado con entre 15 y 20 años de prisión.
Según los familiares, a los presos políticos solo les permiten salir de sus celdas a tomar el sol cada 10 días.
Wilfredo Brenes, también miembro de la Alianza Cívica en el municipio de Masaya, al oriente del país, está en prisión después de ser detenido por cuarta ocasión el 30 de abril de 2020.
Actualmente se encuentra en las instalaciones del centro penitenciario “La Modelo”, ubicado en el municipio de Tipitapa, al oeste de la capital Managua.
La mayoría de los integrantes de la Alianza Cívica siguen en Nicaragua, aunque de bajo perfil.
Otros como la abogada María Asunción Moreno y la activista política de la Costa Caribe de Nicaragua, Daysi George, desde el exilio siguen denunciando al régimen de Ortega y Murillo.
“Hemos tomado un riesgo y un reto como organización opositora de seguir acá en el país, quizá no tan frontal, porque sabemos que las circunstancias son muy distintas. Hay mucha gente que se fue al exilio forzoso, pero tenemos el reto de salvaguardarnos y como oposición que nuestros liderazgos no estén en peligro, además el compromiso con nuestros compañeros detenidos, porque esto era una carrera de relevo”, dijo el integrante de la Comisión de Verificación de la Alianza.
Régimen viola documento histórico de Naciones Unidas
Las acciones llevadas a cabo por el régimen violan la Declaración Universal de Derechos Humanos, un documento histórico que proclama 30 derechos y libertades que son inalienables y que corresponden a toda persona.
El artículo 9 de este instrumento establece que “nadie podrá ser arbitrariamente detenido” y el 19 refiere que todo individuo tiene derecho a la “libertad de opinión y de expresión”, pero en Nicaragua esos derechos no se cumplen.
En los últimos meses además se registraron allanamientos ilegales y las personas opositoras fueron objeto de amenazas e insultos verbales durante el momento de la captura.
En otros casos las detenciones fueron realizadas por personas no identificadas vestidas de civil.
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“El pueblo de Nicaragua está expuesto cada vez más a violaciones de derechos humanos y a vivir en un país que no tiene garantías para nadie. La vida, la libertad, los derechos de todas las personas están en riesgo en este momento”, dijo Flores.
La abogada y activista del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más explicó que en el marco de la conmemoración de este 10 de diciembre cada uno de los derechos fundamentales están siendo “violentados” en el país centroamericano.
“Mientras el régimen quiere quitarnos nuestros derechos, quiere quitarnos nuestras esperanzas, nosotros tenemos que responder con más activismo, mayor compromiso y sobre todo con la esperanza que Nicaragua va a ser un país libre y democrático”, apuntó Flores.
El 19 de noviembre de 2021, el régimen denunció formalmente la Carta de la OEA con la intención de abandonar la Organización de Estados Americanos.
Aunque el proceso dura un periodo de dos años de completarse la salida el régimen quedaría al margen de sus obligaciones con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
Nicaragua: Espacio cívico “cerrado”
En el marco de unas elecciones fraudulentas el régimen aumentó el encarcelamiento de personas defensoras de los derechos humanos con el fin de impedir cualquier oposición.
Cada una de las acciones del régimen colocaron a Nicaragua en un descenso general de las calificaciones del espacio cívico de la región.
El informe 2021 de Civicus Monitor, una investigación realizada entre la alianza global de la sociedad civil, Civicus y más de veinte organizaciones, concluyeron que en Nicaragua cambió de una calificación “represivo” a “cerrado”.
El Civicus Monitor clasifica el espacio cívico de 197 países y asigna cinco categorías: abierto, estrecho, obstruido, represivo o cerrado.
La organización, con sede en Johannesburgo, Sudáfrica, evalúa el espacio cívico de cada país, definido como el respeto en la legislación, la política y la práctica de las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión, y la medida en la que el Estado protege estos derechos fundamentales.
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Desde el lanzamiento del Civicus Monitor en 2016, solo el espacio cívico de un país de las Américas había sido calificado como cerrado: el de Cuba. Ahora se le une Nicaragua.
El año 2021 en Nicaragua estuvo marcado por violaciones generalizadas del espacio cívico, como las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, la clausura de decenas de organizaciones de la sociedad civil, la censura y las redadas contra medios de comunicación independientes, la promulgación de leyes represivas, y los ataques sistemáticos contra personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.
